La Jueza Asociada Señora Fiol Matta
emitió la opinión del Tribunal.
Nos corresponde determinar si un establecimiento comercial puede ser objeto de una reclamación en daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, por suministrar bebidas alcohólicas a una persona que está visiblemente intoxicada y que, posteriormente, causa daños al conducir un automóvil bajo la influencia del alcohol.
[144] Resolvemos en la afirmativa y concluimos que ambos foros inferiores se equivocaron al resolver, como cuestión de derecho, que la reclamación de responsabilidad civil ex-tracontractual presentada contra El Patio de Sam no tiene cabida en nuestro ordenamiento y al dictar sentencia sumaria desestimando la causa de acción por ese fundamento. Sin embargo, por la naturaleza de la norma adoptada en este caso, ejercemos nuestra discreción judicial para que tenga efectos prospectivos. Por esa razón, confirmamos la sentencia recurrida. A continuación relatamos los hechos según surgen de las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia y las declaraciones juradas e informes de la Policía de Puerto Rico contenidas en el expediente.(1)
I
En la madrugada del 21 de agosto de 1993 varios jóvenes estuvieron involucrados en un accidente automovilístico ocurrido en el expreso Luis Muñoz Rivera, en el sector Miramar. A raíz de este accidente fatal, Rafael Lugo Porrata Doria perdió la vida y Ricardo Calderón López resultó seriamente lesionado. Ambos jóvenes tenían veinte años de edad cuando ocurrió el accidente.
Según la declaración jurada de Jesús Martín Rosado, el viernes 20 de agosto de 1993 Víctor Pimentel, Gianni Tomasini Durán y él llegaron al restaurante-barra El Patio de Sam, localizado en el Viejo San Juan alrededor de las 10:45 de la noche. Allí se encontraron con José Carlos San[145] tiago Vázquez, Gary Rocaford, Miguel Príncipe Rodríguez y Néstor Curet Miranda. Luego arribaron Ricardo Calderón López y Rafael Lugo Porrata Doria, quienes venían de una fiesta. Según la declaración jurada, Jesús Martín Rosado, Ricardo Calderón López y Rafael Lugo Porrata Doria ingirieron bebidas alcohólicas en El Patio de Sam.
Todos los jóvenes se marcharon del establecimiento comercial aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del sábado 21 de agosto de 1993 y se dirigieron a buscar sus automóviles. Posteriormente se encontraron en el semáforo frente al Capitolio en dirección de San Juan hacia Hato Rey. Rafael Lugo Porrata Doria conducía un Chevrolet Beretta y Ricardo Calderón López iba de pasajero. José Carlos Santiago Vázquez, acompañado por Gary Rocaford, manejaba un Ford Mustang. Néstor Curet Miranda y Miguel Príncipe Rodríguez iban en un Honda CRX. Gianni Tomasini Durán conducía un automóvil marca Eagle, modelo Talón, en el que iban como pasajeros Víctor Pimentel y Jesús Martín Rosado.
Según el informe preparado por la Policía de Puerto Rico, los cuatro vehículos transitaban por el Expreso Muñoz Rivera en dirección de San Juan hacia Hato Rey a una velocidad mayor que la permitida por ley, haciendo carreras (“regateo”). Al llegar frente a la calle Central en el sector Miramar, uno de los vehículos impactó al automóvil Chevrolet Beretta que discurría por el carril izquierdo. El conductor del Chevrolet Beretta perdió el control del vehículo, pasó sobre la isleta del lado derecho y chocó con un objeto fijo de concreto utilizado para expresión pública. El conductor, Rafael Lugo Porrata Doria, falleció en el lugar del accidente. El informe de toxicología reflejó un 0.20% de alcohol /peso en la sangre. El pasajero, Ricardo Calderón López sufrió serias lesiones.
Como consecuencia del accidente se han presentado diversas reclamaciones en daños y perjuicios que han sido consolidadas en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Su[146] perior de San Juan. Entre éstas, se le imputa responsabilidad al restaurante-barra El Patio de Sam por alegadamente haber incurrido en conducta culposa o negligente al venderle bebidas alcohólicas al joven Rafael Lugo Porrata Doria a sabiendas, o debiendo saber, que éste conduciría un vehículo de motor al salir del establecimiento público, lo que fue la causa del fatal accidente.
El Patio de Sam solicitó la desestimación de esta reclamación mediante una sentencia sumaria, negando haber incurrido en negligencia y alegando que la causa próxima del accidente fue la negligencia de los jóvenes involucrados en el accidente al asumir un riesgo previsible con sus actuaciones.
El foro de instancia dictó una sentencia sumaria parcial el 27 de diciembre de 1999, desestimando la reclamación contra El Patio de Sam. Tal determinación se basó en que este Tribunal no ha reconocido que los negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas tengan un deber jurídico hacia sus clientes de actuar con especial cuidado. Dicho foro resolvió que “[a]ún asumiendo ciertos los hechos alegados contra el codemandado el Patio de Sam, la causa de acción torticera en la cual se fundamenta es inexistente en nuestro sistema de derecho, por lo que no se justifica la concesión de remedio”. Petición de certiorari, Apéndice, pág. 180. El tribunal apelativo confirmó la sentencia mediante una resolución dictada el 30 de junio de 2000, en la que determinó que “en el caso ante nuestra consideración al no estar en controversia que no existe en nuestro sistema de derecho una reclamación como la aquí solicitada, procedía como cuestión de derecho la sentencia sumaria solicitada”. íd., pág. 12.
Ana Teresa López, Ricardo Calderón López(2) y Jorge Calderón López (los peticionarios) recurren de esta deci[147] sión del foro apelativo. Plantean que el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones se equivocó al confirmar la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia y al resolver que El Patio de Sam no es responsable de los daños alegados en la demanda, como cuestión de derecho. El tribunal apelativo decidió que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una causa de acción como la alegada en este caso contra los negocios dedicados al expendio de bebidas embriagantes, porque no hay estatutos específicos que impongan tal responsabilidad ni jurisprudencia que reconozca que dichos negocios tienen un deber jurídico de especial previsión hacia sus clientes.
Expedimos el auto de certiorari el 30 de octubre de 2000 y procedemos a resolver con la comparecencia de todas las partes.
II
Contrario a otras jurisdicciones —y aparte de las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, supra, las cuales deben ser interpretadas de forma amplia— en Puerto Rico no tenemos una legislación especial que regule específicamente la controversia que este caso nos plantea. Sin embargo, contamos con expresiones categóricas de política pública en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas y la seguridad en el tránsito al conducir vehículos de motor.
La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000 (9 L.P.R.A. see. 5001 et seq.), establece como posición oficial y política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
... que el manejo de vehículos o vehículos de motor en las vías públicas bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, constituye una amenaza de primer orden a la seguridad pública y que los recursos del Estado irán dirigidos a combatir; en la forma más completa, decisiva y enérgica posible, con miras a la pronta y total erradicación, de [148] esta conducta antisocial y criminal que amenaza las vidas y propiedades de todos los ciudadanos, así como la tranquilidad y la paz social.
A tenor con lo dispuesto, será ilegal que cualquier persona bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas conduzca, haga funcionar cualquier vehículo o vehículo de motor, o posea cualquier envase abierto que contenga bebidas embriagantes en el área de pasajeros de cualquier vehículo o vehículo de motor. (Énfasis nuestro.) Art. 7.01 (9 L.P.R.A. sec. 5201).(3)
La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 132 de 3 de junio de 2004, que recientemente enmendó la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, señala:
En la actualidad, Puerto Rico se integra al movimiento mundial de cooperación internacional e intercambio de ideas innovadoras para combatir el crimen y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. ... El transitar con seguridad por las carreteras de un país es requisito básico del progreso económico, pero más a[ú]n, es indispensable para mantener la estabilidad social y emocional de la familia, así como de la clase trabajadora, dentro de la rápida y convulsa vida moderna. Siendo nuestro Puerto Rico, un país de indudable trayectoria progresista, se inclina a la misma protección del ciudadano que los países de avanzada. El tránsito por las vías públicas tiene que operar con orden y en forma reglamentada; la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” es el medio que la Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha suministrado para lograr el control del conductor ebrio o bajo los efectos de drogas o sustancias controladas —además de otras situaciones de riesgo, la cual es una amenaza constante y muy seria que atenta contra la seguridad de todos en las carreteras. 2004 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 615.
La infracción de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico acarrea serias penalidades. Los infractores pueden incurrir en delito menos grave o grave, dependiendo de las circunstancias, puntualizando de esta forma el compromiso del legislador con la supresión de este mal social. 9 L.P.R.A. sees. 5201-5209 y 5301.
[149] De igual forma, la Ley Núm. 470 de 23 de septiembre de 2004 (9 L.P.R.A. see. 2097) tiene el propósito de contribuir a la prevención de accidentes de tránsito por conductores ebrios y le impone como obligación a los negocios con licencia “para el expendio y venta de bebidas alcohólicas a consumirse en sus predios, colocar un rótulo en un área visible alertando a los consumidores que consumen bebidas alcohólicas que se le proveerá ayuda para obtener alternativas de transportación segura”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 470, supra, 2004 (Parte 2) Le-yes de Puerto Rico 3097. Esta ley también impone la obligación de “asistir a los consumidores para obtener alternativas de transportación segura si lo solicita. La asistencia proveerá el mínimo de tres (3) llamadas telefónicas a personas o proveedoras de transportación sin costo para el consumidor”. 9 L.P.R.A. sec. 2097(c).
Ill
No obstante las contundentes expresiones de política pública de las leyes citadas, ninguna atiende el caso específico que nos ocupa. Debemos, pues, recurrir a nuestro derecho general de responsabilidad civil extracontractual para, acorde con nuestra tradición civilista, construir el análisis a partir de la normativa que se deriva del Art. 1802 del Código Civil, supra. Dicho artículo dispone:
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. 31 L.P.R.A. see. 5141.
Como sabemos, las obligaciones “nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. Art. 1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2992. Conforme a esto, debemos recurrir a las disposi[150] dones sobre la naturaleza y los efectos de las obligaciones para otorgarle contenido a la amplia disposición del citado Art. 1802. El Art. 1057 del Código Civil señala:
La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. 31 L.P.R.A. see. 3021.
Añade el Art. 1058 de este Código:
Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, hieran inevitables. 31 L.P.R.A. see. 3022.
Hemos reiterado en numerosas oportunidades que todo perjuicio, material o moral, “da lugar a reparación si concurren tres requisitos o elementos: (1) tiene que haber un daño real; (2) debe existir nexo causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona, y (3) el acto u omisión tiene que ser culposo o negligente”. Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 610 (1987).
Respecto al concepto de la culpa, hemos señalado que “es tan infinitamente amplio como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño”. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 579 (1982). Es decir, incluye todo tipo de transgresión humana, tanto en el orden legal como en el orden moral. Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 313 (1970). Por lo tanto, “el actuar que da lugar a responsabilidad civil ha de ser ilícito, contrario a la ley, orden público o buenas costumbres ...”. Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1974, pág. 339.
Se actúa de manera culposa, según explicamos en Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853, [151]*151860 (1976), cuando no se obra como una persona de diligencia normal u ordinaria, es decir, como un buen padre de familia, conforme a las circunstancias del caso. Lo determinante es cómo se hubiese desenvuelto en una situación parecida una persona “de prudencia común u ordinaria”, íd. La culpa “es la falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias”. Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 (1997). Es también “ la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso’”. Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 (1997), citando a C. Rogel Vide, La responsabilidad civil extracontractual en el Derecho español, Madrid, Ed. Civitas, 1976, pág. 90.
Otro requisito esencial de la causa de acción bajo el referido Art. 1802 de nuestro Código Civil es el daño. Éste se ha definido como “todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder otra”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. 2, Vol. 3, pág. 92. Sin daño o peijuicio no existe la obligación de indemnizar. íd., pág. 91. La responsabilidad civil “trata de reparar un peijuicio y si éste no queda demostrado, no existirá acto ilícito civil .... El actor ha de demostrar, por tanto, la realidad del daño que le ha sido inferido y su cuantía”. íd.
Por último, el deber de indemnizar “presupone nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la indemnización”. Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852, 856 (1980). En Puerto Rico rige la doctrina de la causalidad adecuada, lo cual significa que “ ño es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que [152] ordinariamente lo produce según la experiencia general’ (Enfasis nuestro.) Soc. de Gananciales v. Jeronimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974), citando a J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 215 y ss. Este concepto de la causa postula, además, que la ocurrencia del daño que da base a la reclamación era previsible dentro del curso normal de los acontecimientos. Es decir, causa es la condición que ordinariamente produce el daño, según la experiencia general, y este nexo causal puede romperse ante la ocurrencia de un acto extraño. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 310 (1990).
IV
La norma amplia y general del Art. 1802 del Código Civil, supra, y los conceptos generales en los que dicha norma está cimentada permiten que el derecho de responsabilidad civil extracontractual responda a los cam-bios y a las necesidades sociales de la época. G. Visintini, Tratado de la Responsabilidad Civil (A. Kemeljamer de Carlucci, trad.), Buenos Aires, Ed. Astrea, 1999, T. 2. Esta norma le otorga al juez amplio margen para dar contenido concreto al momento de dictar sentencia. íd. Para alcanzar dicha finalidad, el juzgador de hechos está llamado a interpretar la norma a partir de los hechos a los que se enfrenta. Explica Puig Brutau que “se habla de interpretación cuando ... se exige cierto esfuerzo reflexivo o de razonamiento. Interpretar significa alcanzar la compresión de unos hechos significativos a través de una actividad razonadora que permite pasar de lo dudoso a lo cierto, de lo desconocido a lo conocido”. J. Puig Brutau, Introducción al Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, pág. 302. A través de esta actividad razonadora logramos ajustar las nor-mas existentes a los cambios de la época. Es por esto que en el campo del derecho de responsabilidad civil extracon[153] tractual la jurisprudencia “se rectifica a sí misma con mucha frecuencia, en busca de mayor justicia y de la mejor compensación de los intereses ajenos vulnerados. Asimismo, busca un ajuste más armónico con los cambiantes intereses, ideas, principios, valores y aspiraciones de la sociedad, los que son muy dinámicos”. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, pág. 1. Las finalidades de la responsabilidad civil resultan del plexo de aspectos que ésta debe satisfacer tanto en el contexto social como en atención a la víctima del daño. G.N. Messina de Estrella, Función actual de la responsabilidad civil, en F.A. Trigo Represas, Derecho Civil, Ira Parte, Buenos Aires, Eds. La Rocca, 1996, págs. 44-45. Por lo tanto, la responsabilidad civil no sólo sirve el propósito de indemnizar a la víctima, sino que también sirve como instrumento de regulación social. Id. Según mencionáramos en Borinquen Furniture v. Tribunal de Distrito, 78 D.P.R. 901, 905 esc. 8 (1956), citando a J. Castán Tobeñas, Teoría de la aplicación e investigación del Derecho: metodología y técnica operatoria en derecho privado, Madrid, Ed. Reus, 1947, pág. 241,
“... el análisis de los motivos y finalidades de la norma jurídica supone una delicada y compleja apreciación de intereses prácticos y de ideales éticos y culturales. Sobre todo exige ahondar en las realidades de la vida, en sus exigencias económicas y sociales. Y en esta idea fundamental están conformes las representantes de las más opuestas escuelas.” (Enfasis nuestro.)
No hemos hallado jurisprudencia o expresiones de tratadistas de países civilistas que contemplen, desde una perspectiva u otra, hechos similares a los del caso de autos. Sin embargo, al recurrir a las fuentes de derecho comparado hemos constatado que en Estados Unidos se vive una situación muy parecida a la nuestra, con una creciente incidencia de accidentes automovilísticos causados por con[154] ductores ebrios.(4) Por eso, como parte del esfuerzo reflexivo e interpretativo que conlleva la aplicación del Art. 1802 del Código Civil, supra, a la situación que presenta el caso de autos, resulta oportuno enriquecer nuestro análisis mediante el examen de los escritos y la jurisprudencia desarrollada en Estados Unidos. Sobre la utilidad de acudir a las soluciones propuestas por jurisdicciones del “common law” en ciertas situaciones, hemos expresado que, si bien no es permisible intentar resolver nuestros problemas de responsabilidad extracontractual a espaldas de la doctrina civil aplicable, “[l]as reglas del derecho común [common law] y de otros sistemas jurídicos pueden constituir materia útil para el estudio comparado y en ocasiones el desarrollo de instituciones autóctonas”. Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., supra, pág. 855. De esa forma, el préstamo jurídico consciente, en circunstancias en que es evidente su necesidad para atender las realidades del país, puede contribuir al desarrollo de doctrinas del derecho civil puertorriqueño. J. Trías Monge, El choque de dos culturas jurídicas en Puerto Rico: el caso de la responsabilidad civil extracontractual, San Juan, Ed. Equity Publishing, 1991, págs. 367-369.
En este marco, exponemos la doctrina desarrollada en el derecho norteamericano para atender situaciones similares a la que nos plantea el caso de autos.
V
Tradicionalmente, el derecho común angloamericano no reconocía una causa de acción contra el dueño de un negocio que vendía bebidas alcohólicas a una persona que posteriormente causaba daños. N.J. Emerson y S.B. Stroebel, [155] Another Look at Dram Shop Liability, 73 Wis. L. 14, 16 (2000); D.D. Sipes, The Emergence of Civil Liability for Dispensing Alcohol: A Comparative Study, 8 Rev. Litig. 1, 3 (1988). Se razonaba que la causa próxima del daño era el consumo y no el suministro de alcohol. Para la década de los setenta un creciente número de tribunales se alejaban de este razonamiento, imponiendo responsabilidad a quienes vendían bebidas alcohólicas a personas que estaban visiblemente intoxicadas o a menores de edad, quienes luego causaban daños.(5) íd. En síntesis, esos tribunales resolvieron que
... no existe fundamento válido para relevar a una persona autorizada a vender bebidas alcohólicas del deber de cuidado que tiene todo individuo. El vendedor debe actuar como una persona razonable de acuerdo a las circunstancias. Imponer esta obligación no es una carga indebida ya que el operar un negocio de este tipo es un privilegio y no un derecho que el gobierno puede regular. (Traducción nuestra.) I Mosher, Liquor Liability Law Sec. 11.02 [2] [c] (2004).(6)
Eventualmente, diferentes estados fueron adoptando leyes, conocidas comúnmente como Dram Shop Acts, para regular estas situaciones y establecer parámetros a la nor[156] mativa jurisprudencial imperante.(7) Algunos comentaristas clasifican estas leyes en dos grupos: las que reconocen una causa de acción contra el vendedor y las que prohíben o restringen dicha causa de acción.(8) Las leyes que reconocen la causa de acción responden, primordialmente, al interés social de compensar adecuadamente a las víctimas y evitar los accidentes automovilísticos causados por conductores ebrios. Emerson y Stroebel, supra. El razonamiento es que la posibilidad de responsabilidad civil debe incentivar a los dueños de negocios que venden bebidas alcohólicas a operar de manera más responsable. Más aún cuando estos establecimientos públicos, especialmente los bares y restaurantes, son los que principalmente suministran alcohol a estos conductores ebrios. Emerson y Stroebel, supra.
Varios estados han preferido no legislar y mantener la normativa desarrollada por los tribunales. Estas jurisdicciones también se dividen entre los que atribuyen responsabilidad a los vendedores de bebidas alcohólicas y los que no reconocen dicha responsabilidad. Los primeros derivan la responsabilidad del deber de cuidado que corresponde a los modernos estándares de negligencia o de los estatutos criminales que prohíben el suministro de bebidas embriagantes en ciertas circunstancias. Mosher, supra, Sec. [157]*15712.02[3][a].(9) Los segundos, que son los menos, se niegan a reconocer una causa de acción contra los vendedores de bebidas alcohólicas por entender que ello implica consideraciones significativas de política pública cuya determinación le corresponde a la Legislatura.(10)
Respecto a la persona visiblemente intoxicada, aquellos tribunales estadounidenses que han reconocido una causa de acción contra el vendedor han señalado que, para liberarse de responsabilidad, éste tiene el deber de observar la apariencia física y el comportamiento del consumidor en búsqueda de signos de intoxicación, y así determinar el momento cuando se le debe suspender la venta de bebidas, ante el riesgo de intoxicación. Mosher, supra, Sec. 13.03[1] [a].(11) Algunos estados han aclarado que el demandante, por su parte, debe demostrar que el vendedor sabía o debió haber sabido que el cliente estaba intoxicado. Copeland v. Tela Corp., 996 P.2d 931 (Okla. 1999).
Además, ciertas jurisdicciones han requerido que se demuestre: (1) que el vendedor le suplió licor a una persona intoxicada; (2) que la persona estaba visiblemente intoxicada al momento en que se le sirvió la última bebida alcohólica; (3) que el vendedor sabía o cualquier persona prudente y razonable hubiera sabido que la persona estaba visiblemente intoxicada en ese momento, y (4) que la negligencia en servir el licor a la persona intoxicada sea la causa próxima de los daños del demandante. Beaulieu v. The Aube Corp., 796 A.2d. 683 (Me. 2002).
También se ha definido una persona intoxicada como aquella que se encuentra en un estado en el cual las facultades mentales o físicas están afectadas por el uso del [158] licor o drogas. Por otro lado, se ha establecido que una persona está visiblemente intoxicada cuando la intoxicación está acompañada por un acto perceptible o una serie de actos visibles que claramente manifiestan el estado de intoxicación. Ante dicha manifestación, es previsible que la persona intoxicada pueda cometer actos que resulten en perjuicio suyo o de terceros. Brannigan v. Raybuck, 667 P.2d. 213 (Ariz. 1983).
En cuanto al elemento de causalidad, el razonamiento tradicional de que la causa próxima del accidente es el con-sumo y no el suministro de alcohol, ha quedado rezagado en Estados Unidos. Ante la innegable realidad del gran número de personas que diariamente discurren por las vías públicas en vehículos de motor y la alta incidencia de accidentes automovilísticos causados por conductores ebrios, los tribunales actualmente se inclinan a resolver que resulta previsible que el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad o a personas visiblemente intoxicadas pueda ser causa de un accidente automovilístico.(12) Mosher, supra, Sec. 14.04[1].
Al presente, la responsabilidad del vendedor de bebidas alcohólicas en los diferentes estados de Estados Unidos depende de que algún estatuto regule dicha responsabilidad o que los tribunales reconozcan una causa de acción bajo los preceptos básicos del common law. El alcance de esta causa de acción variará, a su vez, conforme al peso que cada jurisdicción otorgue a varios factores, entre estos: si el suministro de alcohol fue a un menor de edad o a un adulto; si el alcohol fue suministrado por un vendedor en un establecimiento comercial o por un anfitrión social, y si el peijudicado fue el consumidor del alcohol o un tercero inocente. 2 Dobbs, The Law of Torts Sec. 332, págs. 900-902 (2001).
[159] VI
En el caso de autos, el joven Rafael Lugo Porrata Doria condujo su automóvil en estado de embriaguez. Dicha actuación claramente viola las disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, y la política pública que impera en nuestro sistema jurídico. Desde principios del siglo pasado resolvimos que teniendo en cuenta el efecto que las bebidas alcohólicas causan en los sentidos y facultades motoras de las personas, el conductor que maneja un vehículo de motor en estado de embriaguez incurre en negligencia. Pueblo v. De Jesús, 18 D.P.R. 960 (1912). Sin embargo, la negligencia del conductor no ex-cluye, de suyo, la responsabilidad de posibles cocausantes del daño. Tampoco queda excluida la responsabilidad de un posible cocausante por la sola razón de que no hay un estatuto que le imponga un deber de actuar de manera específica. Nuestro derecho de daños no requiere que se demuestre la violación a una ley; sólo requiere que se prueben los elementos previstos por el Art. 1802 del Código Civil, supra. Incluso, cabe señalar que
... el cumplimiento con un estatuto o un reglamento no exime de por sí de responsabilidad, si ante las circunstancias particulares del caso un hombre prudente y razonable hubiese tomado precauciones adicionales. De otra parte, el incumplimiento de un estatuto o un reglamento no conlleva de por sí responsabilidad a menos que exista relación causal entre el resultado dañoso y el incumplimiento. Brau del Toro, op. cit., pág. 175.
Por lo tanto, no se debe excluir, de entrada, la posible responsabilidad de un establecimiento comercial dedicado al expendio de bebidas alcohólicas por el daño causado por un conductor ebrio por la sola razón de que a estos establecimientos no se les haya impuesto por ley la obligación de llevar a cabo determinados actos frente a un [160] cliente embriagado.(13) La legislación que regula la obligación extracontractual proveniente de actos culposos o negligentes no exime a los negocios dedicados al expendio y a la venta de bebidas alcohólicas de actuar responsablemente. Esta conclusión encuentra apoyo en la política pública que se desprende de la legislación anteriormente citada. En Ramos v. Cario, 85 D.P.R. 353, 359 (1962), señalamos:
[L]a necesidad de una convivencia social ordenada impone un deber general de corrección y de prudencia en relación con los demás ciudadanos, y el acto es ilícito en el sentido extracontractual cuando viola los deberes generales de corrección social o de conducta correcta, deberes que no están escritos en los códigos pero que representan el presupuesto mínimo sobreentendido del orden de la vida social. (Énfasis nuestro.)
Igualmente hemos explicado, al referirnos al deber de diligencia plasmado en el Art. 1057 del Código Civil, supra, que “el deber social de prever el daño a otro es [161] inmutable. No cambia. Sí hay mudanza, con el correr de los tiempos, en lo que respecta a las cosas y riesgos a preverse. Así, con plena conciencia de las mutaciones sociales, el Art. 1057 proyecta ad infinitum el deber de no causar daño, en las variantes circunstancias de cada época”. (Enfasis nuestro.) Rivera v. Maryland Casualty Co., 96 D.P.R. 807, 811 (1968).
Resolvemos que viola el deber general de corrección y de prudencia quien actúa en claro menosprecio de la seguridad de los demás, al vender bebidas alcohólicas irresponsablemente a sabiendas del riesgo que crea. Después de todo, la concesión de una licencia es un privilegio y no un derecho. Belmonte v. Mercado Reverón, Admor., 95 D.P.R. 257, 261 (1967). Quien se lucra económicamente de una actividad que pone en riesgo la salud y vida de las personas tiene el deber de actuar prudente y diligentemente. Existe en nuestro ordenamiento un deber moral, social y jurídico de actuar responsablemente de parte del que consume y del que se lucra del suministro de bebidas alcohólicas.
Por lo tanto, claramente procede una causa de acción en daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, para responsabilizar a un establecimiento comercial por suministrar bebidas alcohólicas a una persona visiblemente intoxicada —quien posteriormente causa daños al conducir un automóvil bajo la influencia del alcohol— si se demuestra que dicho establecimiento actuó culposa o negligentemente y que existe un nexo causal entre la venta negligente de alcohol y el daño causado. Erraron ambos foros inferiores al determinar en contrario y desestimar la reclamación, como cuestión de derecho, vía sentencia sumaria.
Corresponde aclarar que este deber de diligencia al suministrar bebidas alcohólicas sólo se extiende a los establecimientos públicos dedicados a la venta de bebidas [162] alcohólicas. Según nuestro ordenamiento, el grado de diligencia exigible depende de las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Art. 1057 del Código Civil, supra. La persona dedicada a la venta de bebidas alcohólicas, a diferencia de un anfitrión social, se lucra económicamente del suministro de alcohol y tiene, por lo tanto, un incentivo para alentar el consumo en exceso. Además, puede asegurar su negocio por los riesgos que asume al ponerlo en marcha. Véase Mosher, supra, Sec. 12.06[2]. Estas circunstancias justifican que no extendamos a los anfitriones sociales este deber de diligencia en el expendio de bebidas alcohólicas.
VII
Ahora bien, resulta necesario considerar varias interrogantes que surgen de la amplitud de esta norma en las circunstancias que presenta el caso de autos. En particular, debemos precisar qué constituye negligencia en la venta de bebidas alcohólicas y cuándo hay un nexo causal entre el suministro de alcohol y los daños causados, cuando quien lo consume ocasiona un accidente automovilístico por conducir en estado de embriaguez.
Según la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, en nuestra jurisdicción es ilegal que una persona mayor de dieciocho años de edad “conduzca o haga funcionar un vehículo de motor, cuando su contenido de alcohol en su sangre sea de ocho (8) centésimas del uno (1) por ciento (.08%), o más, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento”.(14) 9 [163] L.RR.A. sec. 5202. No podemos utilizar esta prohibición legal como base suficiente para imponer responsabilidad civil a quien haya suministrado alcohol a una persona que ha alcanzado ese nivel de alcohol en la sangre. No obstante, el índice de alcohol en la sangre podrá ser un elemento a considerar al momento de determinar si, en efecto, hay tal responsabilidad. No se trata, pues, de que las personas que operan negocios de venta de bebidas alcohólicas estén obligadas a suministrar las pruebas para determinar el contenido de alcohol en la sangre de sus clientes. Simplemente resolvemos que están sujetos a un comportamiento responsable, según las circunstancias de cada caso en particular.
Los síntomas de intoxicación varían según la persona y sus circunstancias particulares. Dependerá de la sustancia y cantidad ingerida, el ritmo de consumo, el metabolismo del individuo y otros factores. 5 Medical Library: Lawyers Edition Secs. 6:16 y 8:58, págs. 77-87 y 437 (1990). Según un estudio realizado por el entonces Departamento de Servicios contra la Adicción, junto con la Administración del Derecho al Trabajo, los efectos negativos más frecuentes por el consumo de alcohol se clasifican por sus efectos en el sistema neuromuscular (temblores, nerviosidad, problemas de coordinación de piernas y rodillas, lengua pesada, mareos, sueño y dolor de cabeza), en el sistema gastrointestinal (nauseas, vómitos, diarreas, dolor de estómago, acidez y pérdida de apetito) y efectos mentales (pérdida de la memoria, depresión, mal humor, agresividad, tristeza y desinhibición). Magnitud y patrones de con-sumo de alcohol en Puerto Rico, Secretaría Auxiliar de Institutos y Servicios Especiales del Departamento de Servicios contra la Adicción, enero 1983, pág. 83.(15) Algu[164] nos de estos síntomas de intoxicación se manifiestan en el comportamiento, de manera que, ordinariamente, pueden resultar suficientes, por sí solos o unidos a otras circunstancias, para alertar a una persona de diligencia normal u ordinaria de que el bebedor está intoxicado. En vista de esto, adoptamos el concepto “visiblemente intoxicado”, desarrollado en el derecho común norteamericano para limitar el ámbito de responsabilidad en estos casos.(16) Claro está, el deber comienza al primer indicio de intoxicación, para así evitar el riesgo potencial que representa un conductor ebrio en nuestras carreteras.
La previsibilidad es un elemento esencial para determinar tanto el acto negligente como la relación causal entre éste y el daño reclamado. Por eso, para que ocurra un acto negligente “es suficiente que el actor haya previsto que su conducta probablemente resultaría en daños de alguna clase a alguna persona aunque no hubiese previsto las consecuencias particulares o el daño específico que resultó, ni el mecanismo particular que lo produjo, ni la persona específica del perjudicado”. Brau del Toro, op. cit., págs. 184-185.
Es claro que, según hemos expresado, el deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable que pueda amenazar la seguridad de las personas; la norma de responsabilidad es que el riesgo que debe preverse [165] debe estar basado en probabilidades y no en meras posibilidades. Véanse: Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031 (1960); Brau del Toro, op. cit., pág. 185. Resulta altamente previsible que una persona intoxicada, al conducir un automóvil, constituya una amenaza para su seguridad y la de terceros. También resulta previsible, para una persona que en la actualidad se dedica a la venta de bebidas alcohólicas en Puerto Rico, que una persona que acuda a su negocio conducirá un automóvil al salir del establecimiento. El accidente puede ser, por lo tanto, un incidente o efecto normal del riesgo creado. Resto v. P.R. Telephone Co., 97 D.P.R. 313 (1969).
Lo importante, para propósitos de precisar la responsabilidad civil del que vendió la bebida, es determinar el estado de la persona al momento en que se le sirvió. Esto resulta particularmente importante ante la dificultad de imputarle al dueño o al empleado del negocio conocimiento sobre el alcohol consumido por el cliente antes de llegar a su establecimiento. Véase Williams v. Kingston Inn, Inc., 58 Wash. App. 348 (1990). Por lo tanto, el juzgador de hechos determinará, caso a caso, si las circunstancias posteriores a la entrada del cliente al negocio eran tales que el empleado o dueño sabía, o debía saber, que la persona estaba visiblemente intoxicada —a la luz del estándar del buen padre de familia que impone nuestro ordenamiento civilista— y que con toda probabilidad conduciría un automóvil al abandonar su negocio.
El establecimiento que responde es aquel que previo o pudo haber previsto las consecuencias racionales de continuar suministrando bebidas alcohólicas a personas visiblemente intoxicadas. Esto significa que al determinar si un establecimiento debe responder, se deben examinar las circunstancias específicas de cada caso. Así, deben considerarse circunstancias como el tiempo que la persona permaneció en el local, la cantidad de bebidas alcohólicas ingeridas antes de abandonar el establecimiento, el tipo de [166] bebida consumida, la cantidad de dinero gastado para comprar alcohol, la combinación de consumo de alcohol y comida, el tiempo transcurrido entre el acto dañino y el con-sumo de alcohol, y la distancia entre el accidente y el establecimiento. Véanse: Steak & Ale of Texas, Inc. v. Borneman, 62 S.W.3d 898 (Tex. 2002); Bruce v. KKB., Inc., 52 S.W.3d 250 (Tex. 2001); Adkison v. Thompson, 650 So.2d 859 (Ala. 1994); Hutchens v. Hankins, 303 S.E.2d 584 (N.C. App. 1983); Beaulieu v. The Aube Corp., supra; Hocker v. O’KLock, 158 N.E.2d 7 (Ill. 1959). Buchanan v. Merger Enterprises, Inc., 463 So.2d 121 (Ala. 1985); Ontiveros v. Borak, 667 P.2d 200 (Ariz. 1983).
En resumen, debe hacerse un balance entre el deber que tiene el establecimiento de observar la conducta de los consumidores y los factores que puedan afectar su percepción. A fin de cuentas, lo que se requiere es que, dentro de sus circunstancias particulares, el establecimiento actúe responsablemente.
Debemos aclarar que la norma que hoy adoptamos no constituye una norma de responsabilidad absoluta para los negocios de venta de bebidas alcohólicas. La responsabilidad en que incurren estos negocios dependerá de las circunstancias de cada caso específico y corresponderá al juzgador de los hechos determinar, mediante preponderancia de la prueba, si hubo culpa o negligencia en la venta de bebidas alcohólicas y si era previsible que el cliente conduciría un vehículo de motor. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10(F).
Respecto al nexo causal, resolvemos que el suministro de alcohol, y no sólo su consumo, podría constituir la causa adecuada de un accidente como el de autos.(17) La doctrina de la causalidad adecuada requiere de índices o criterios fundados en la experiencia y el conocimiento de [167] causas y efectos para darle contenido. Brau del Toro, op. cit, Vol. II, pág. 697. Coincidimos con el profesor Brau del Toro quien, citando a De Cossio, señala:
[A] firmar que una causa es adecuada equivale a decir que puede producir un efecto, que es idónea para causarlo; no que necesariamente haya de dar lugar al mismo. El juicio de posibilidad, nos dice, deberá comprender todas aquellas circunstancias que existan en el momento de llevarse a cabo la acción (aunque fueran conocidas después) y además aquellas otras cuya producción posterior, según la experiencia humana, debía ser prevista en cuanto favorecidas por aquel acto. Este conocimiento ... será el que habría tenido un hombre medio por regla general pero también habrán de ser tenidas en cuenta las condiciones que por razón de su profesión o cualquier otra circunstancia pudo tener el agente al efectuar el acto. Brau del Toro, op. cit, pág. 697, citando a A. De Cossio, La Causalidad en la responsabilidad civil: estudio del Derecho español, XIX An. Der. Civ. 531-532 (1966).
La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 132, supra, para enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, que recoge estadísticas para el año 2001, indica que cuatrocientos noventa y seis personas murieron en accidentes de tránsito ese año. El sesenta y cinco por ciento de esas muertes eran de personas que se encontraban entre los dieciséis y treinta y nueve años de edad. Doscientas treinta y siete —casi la mitad de esas fatalidades— ocurrieron entre las seis de la tarde y las tres de la mañana, mientras que el sesenta por ciento ocurrieron entre viernes, sábado y domingo. Para ese mismo año, la Policía de Puerto Rico reportó sobre catorce mil intervenciones por conducir en estado de embriaguez, de las cuales sobre doce mil dieron resultados de más de ocho por ciento de nivel de alcohol en la sangre. En el ejercicio responsable de nuestra función adjudicativa, no podemos abstraemos de estos datos que surgen del proceso legislativo.
Ante la alta incidencia de accidentes automovilísticos causados por conductores ebrios y el gran número de puertorriqueños que conducen vehículos de motor, resol[168] vemos que la venta de bebidas alcohólicas a una persona que está visiblemente intoxicada sería una actuación negligente que podría constituir la causa adecuada de un accidente ocasionado por conducir en estado de embriaguez.(18) Una vez más, corresponderá al juzgador de los hechos determinar si a la luz de las circunstancias particulares de cada caso procede imponer responsabilidad y si existió alguna causa interventora que, conforme a la normativa de la responsabilidad aquiliana, rompa el nexo causal entre el suministro negligente del alcohol y los daños causados.(19)
[169] Por todo lo antes expuesto, resolvemos que erraron los foros inferiores al determinar que no procede, como cuestión de derecho, la reclamación instada en el caso de autos contra El Patio de Sam. En virtud de esta determinación, procedería revocar la determinación sumaria del foro de instancia y devolver el caso a ese Tribunal para la continuación de los procedimientos. Sin embargo, confirmamos la sentencia recurrida por entender que concederle efectos prospectivos a la norma pautada es lo que en justicia procede. Esta determinación corresponde al ejercicio de nuestra discreción judicial, fundado en consideraciones de política pública y orden social, y teniendo siempre presente que nuestro norte debe ser conceder remedios justos y equitativos que respondan a la mejor convivencia social. Rexach Const. Co., Inc. v. Mun. de Aguadillo, 142 D.P.R. 85 (1996). En el caso de autos, a pesar de que la norma pautada se desprende claramente del Art. 1802 del Código Civil, supra, reconocemos que sería injusto darle efectos retroactivos, ante las dificultades que plantea su aplicación debido a la ausencia de parámetros y expresiones anteriores por parte de este Tribunal. Por lo tanto, resolvemos que la norma pautada deberá aplicarse a hechos que suijan con posterioridad a esta decisión.
Se dictará sentencia dé conformidad.
El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión disidente. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.
“Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa dispone que todo negocio, comercio o establecimiento con licencia para el expendio y venta de bebidas alcohólicas para consumirse en sus predios, no permita la salida de ningún consumidor en estado de intoxicación y embriaguez, sin antes cerciorarse de que éste tiene conocimiento de que se le puede asistir para la obtención de alternativas de transportación segura.
“Por otro lado, esta ley pretende imponer responsabilidad civil a toda persona, negocio, comercio o establecimiento en casos de accidentes de tránsito causados o sufridos por algún consumidor, bien fuere como conductor o peatón, que surjan como consecuencia del expendio o venta ilegal de bebidas alcohólicas. La venta o expendio ilegal incluye aquella hecha a menores de edad; a una persona que se encuentre en aparente estado de intoxicación y embriaguez o durante horas o días en que esa venta o expendio estén prohibidos por ley.” Exposición de Motivos, P. del S. 1014 de 11 de octubre de 2005.
Por otro lado, el 29 de agosto de 2005 se presentó el Proyecto de la Cámara de Representantes Núm. 1887, que dispone:
“(1) Se instituye como requisito indispensable para la expedición y renovación de licencias de bebidas alcohólicas la certificación de cumplimiento con un curso de capacitación para la venta responsable de alcohol. ... Se dispone que dicho curso atenderá con énfasis prioritario la necesidad de evitar el acceso al consumo de alcohol por parte de la población menor de 18 años y restringir la venta desmesurada de alcohol en la población general, de manera que no se le provea más alcohol a personas intoxicadas o con altas probabilidades de serlo.” Art. 1 del P. de la C. 1887 de 29 de agosto de 2005.
La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico prohíbe “terminantemente las carreras de competencia o regateo, los concursos de velocidad y los concursos de aceleración en las carreteras estatales y municipales de Puerto Rico ...”. 9 L.P.R.A. see. 5127. Esta legislación define “regateo” de la manera siguiente:
“Significará el uso no autorizado por el Secretario de uno (1) o más vehículos o vehículos de motor, en un intento, exista o no mutuo acuerdo, por rebasar, o impedir que otro vehículo o vehículo de motor le pase para llegar a un lugar delante de otro vehículo o vehículo de motor, o para probar la resistencia física de los conductores a través de largas distancias. A los fines de este capítulo, se entenderán incluidos dentro de esta definición, las carreras de competencia, los concursos de velocidad y los concursos de aceleración, incluyendo aquellas ilegales que se llevan a cabo en áreas o vías públicas no autorizadaspara este tipo de evento.” 9 L.P.R.A. see. 5001(84).