Integrand Assurance Company v. Codeco, Cigna Insurance Co.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 28, 2012
• Docket: AC-2010-98 cons. CC-2010-1027
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Integrand Assurance Company

Peticionaria

v.

Codeco, Cigna Insurance Co., Jonh Doe, Richard Doe, Compañía de Seguros X, Y y Z

Recurridos

Marcelino Fernández Corp., Newport Cold Storage, Inc., Food Services, Inc., Frozens, Inc., Fronda, Inc.

Demandantes-Interventores y Apelantes, ahora Apelada

Integrand Assurance Co., Codeco (hoy Promoexport) y Cigna Insurance Company (hoy Ace Insurance Co.) Certiorari

Demandados-intervenidos y Apelante 2012 TSPR 59 la Segunda, ahora Apelada y Apelante la primera 185 DPR ____ Integrand Assurance Company

Recurrido

Codeco, Cigna Insurance Co., Jonh Doe, Richard Doe, Compañía de Seguros X, Y y Z

Peticionarios

Marcelino Fernández Corp., Newport Cold Storage, Inc., Food Services, Inc., Frozens, Inc., Fronda, Inc.

Demandantes-Interventores y Peticionarios

Integrand Assurance Co., Codeco (hoy Promoexport) y Cigna Insurance Company (hoy Ace Insurance Co.)

Demandados-intervenidos y Peticionarios AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 2

Número del Caso: AC-2010-98 Cons. CC-2010-1027

Fecha: 28 de marzo de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Edwin Bonilla Vélez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Edgardo Rosario Madera Lcda. Carmen Muñoz Noya Lcdo. Francisco Colón Lcdo. Héctor Cuebas

Materia: Seguros – Doctrina de la antisubrogación; doctrina de la indemnización completa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Integrand Assurance Company Peticionaria

Codeco, Cigna Insruance Co., Jonh Doe, Richard Doe, Compañía de Seguros X, Y y Z Recurridos ________________________________ AC-2010-98 Marcelino Fernández Corp., Newport Cold Storage, Inc., Food Services, Inc., Frozens, Inc., Fronda, Inc. Demandantes-Interventores y Apelantes, ahora Apelada

v. cons. con Integrand Assurance Co., Codeco (hoy Promoexport) y Cigna Insurance Company (hoy Ace Insurance Co.) Demandados-intervenidos y Apelante la Segunda, ahora Apelada y Apelante la primera

Integrand Assurance Company Recurrido

v. CC-2010-1027 Codeco, Cigna Insruance Co., Jonh Doe, Richard Doe, Compañía de Seguros X, Y y Z Peticionarios __________________________________ Marcelino Fernández Corp., Newport Cold Storage, Inc., Food Services, Inc., Frozens, Inc., Fronda, Inc. Demandantes-Interventores y Peticionarios

Integrand Assurance Co., Codeco (hoy Promoexport) y Cigna Insurance Company (hoy Ace Insurance Co.) Demandados-intervenidos y Peticionarios AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 2

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, a 28 de marzo de 2012.

Se cuestiona en este recurso si la doctrina de la anti-

subrogación, que le niega a una aseguradora el derecho a

subrogarse contra su propio asegurado, tiene cabida en

nuestro ordenamiento jurídico. Si resolvemos en la

afirmativa, tenemos que precisar los contornos de dicha

doctrina y su aplicación a los hechos particulares de este

caso. De igual forma, debemos resolver si tiene cabida en

nuestro ordenamiento la doctrina de la indemnización

completa, que impide que una aseguradora subrogada recupere

del tercero causante del daño lo pagado a la víctima, antes

de que se haya indemnizado totalmente a ésta. Por último,

los hechos particulares de este caso nos requieren

determinar los efectos que puede tener una transacción sobre

el derecho de la aseguradora de recuperar sus gastos cuando

el asegurado y el tercero causante de los daños pactan sin

la participación de la aseguradora.

I.

El 7 de marzo de 1984, el Grupo Marcelino suscribió un

contrato de arrendamiento de varios espacios de

almacenamiento pertenecientes a la Compañía de Desarrollo

Comercial de Puerto Rico (CODECO).1 El 15 de julio de 1993,

1 El Grupo Marcelino es el nombre colectivo dado a varias personas jurídicas y naturales: Marcelino Fernández Corp., Newport Cold Storage, Inc., Maya Food Services Inc., AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 3

la aseguradora Integrand emitió una póliza múltiple

comercial (“commercial package policy”) a favor del Grupo

Marcelino. Dicha póliza incluía varias cubiertas, entre

ellas, una póliza de propiedad comercial (“commercial

property coverage plan”) y otra de responsabilidad comercial

general (“general commercial liability coverage plan”).

Mediante la primera, Integrand aseguraría la propiedad

comercial del Grupo Marcelino en caso de sufrir daños a

causa de terceros. Mediante la segunda, la aseguradora

respondería, en ciertas circunstancias, en caso de que el

Grupo Marcelino causara daños a terceras personas. La póliza

permitía la inclusión de asegurados adicionales si éstos

eran añadidos mediante endosos, los que podían corresponder

a la póliza entera o a algunas de las cubiertas particulares

dentro del plan. La póliza distinguía entre el Endoso A, que

incluía los llamados asegurados nombrados (“named insured”)

quienes estarían cubiertos por la totalidad de la póliza y

el Endoso B, que permitía incluir asegurados adicionales

(“additional insured”) pero solamente en cuanto a la

cubierta de responsabilidad comercial general. El Grupo

Marcelino añadió a CODECO como asegurado adicional bajo el

Endoso B.

El 21 de mayo de 1994, el techo del edificio comercial

arrendado por CODECO (hoy Promo Export) al Grupo Marcelino

se desplomó y destruyó un congelador industrial en cuyo

Frozens, Inc., Fronda, Inc., el señor Marcelino Fernández Conde y su sucesión. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 4

interior había un inventario considerable de carnes y

mariscos propiedad del segundo. Producto de la póliza de

seguro vigente, Integrand pagó al Grupo Marcelino la

cantidad de $596,595.2 En virtud de una cláusula de

subrogación establecida en la póliza, el 8 de junio de 1995,

Integrand presentó una demanda contra CODECO y su

aseguradora Cigna (hoy ACE), alegando que la pérdida del

inventario del Grupo Marcelino se debió a la negligencia de

CODECO.3 El 17 de noviembre de 1995, la aseguradora de

CODECO contestó la demanda y negó las alegaciones ahí

contenidas. De igual forma, Cigna alegó que la parte

demandante no tenía prueba de la alegada negligencia de

CODECO y presentó una reconvención contra Integrand por la

2 Esta cantidad responde a $494,095 producto de los daños a la mercancía directamente y $32,500 al Fireman‟s Fund Insurance. 3 Integrand Assurance v. CODECO, KDP 1995-518 (Tribunal de Primera Instancia). Integrand se reservó el derecho a enmendar la demanda en caso de que tuviera que efectuar algún pago adicional a favor del Grupo Marcelino. La cláusula de subrogación dispone así:

If any person or organization to or for whom we make payment under this Coverage Part has rights to recover damages from another those rights are transferred to us to the extent of our payment. That person or organization must do everything necessary to secure our rights and must do nothing after loss to impair them. But you may waive your rights against another party in writing: (1) Prior to a loss to your Covered Property or Covered Income; (2) After a loss to your Covered Property [or] Covered Income only if, at time of loss, that is one of the following: (a) Someone insured by this insurance; (b) A business firm: (i) Owned or controlled by you; or (ii) That owns or controls you; or (iii) Your tenant. This will not restrict your insurance. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 5

supuesta negligencia del Grupo Marcelino. El 15 de febrero

de 1996, CODECO contestó la demanda y presentó alegaciones

similares a las de su aseguradora.

De otra parte, el Grupo Marcelino y otras personas

naturales presentaron una demanda contra CODECO por

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios.4 En esa

demanda, el Grupo Marcelino reclamó por la pérdida directa

al inventario, que calculó en $893,577.60, la pérdida de

ingresos y operaciones de negocios, que calculó en

$7,446,997.00 y otros daños calculados en $81,343.87.5 Como

segunda causa de acción, el Grupo Marcelino reclamó a CODECO

por los daños sufridos debido a que otro congelador

arrendado sufrió desperfectos. Como tercera causa de acción,

el Grupo Marcelino alegó que las actuaciones de la parte

demandada pusieron en peligro su acreditación por la

U.S.D.A., reclamando el pago de $1,000,000. Ambas demandas

fueron consolidadas y se nombró un Comisionado Especial para

recibir la prueba.

4 Marcelino Fernández Corp. v. CODECO, KAC 1995-638 (Tribunal de Primera Instancia). 5 Las personas naturales co-demandantes en el caso también reclamaron daños y perjuicios ascendentes a $500,000 cada uno. La cantidad que Integrand pagó a Grupo Marcelino ($494,095), que fue por concepto de la pérdida al inventario, sería restada del total reclamado en caso de que el Grupo Marcelino resultase victorioso en su pleito. Las razones por las cuales Integrand no pagó la totalidad de la pérdida por dicho concepto no están ante nuestra consideración. De igual forma, tampoco está ante nuestra consideración la controversia entre el Grupo Marcelino e Integrand con relación a la reclamación sometida bajo la póliza de pérdida de ingreso (“business interruption”). AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 6

Durante la tramitación del pleito, el Grupo Marcelino

inició conversaciones transaccionales con CODECO y ACE

(previamente Cigna) sin la presencia de Integrand y sin que

ésta supiese de las mismas. Dichas conversaciones produjeron

un Acuerdo Confidencial de Transacción que tampoco incluyó a

Integrand. Mediante dicho acuerdo, el Grupo Marcelino

desistió voluntariamente de su demanda en el caso KAC 1995-

638 a cambio del pago de $4,000,000. De esa cantidad, los

demandados retuvieron $560,000 en caso de que tuviesen

alguna responsabilidad frente a Integrand en el caso KDP

1995-518.

El 25 de septiembre de 2006, el Tribunal de Primera

Instancia aprobó el desistimiento con perjuicio del primer

caso. Acto seguido, el Grupo Marcelino solicitó intervención

en el caso KDP 1995-518 alegando que Integrand no tenía

derecho a subrogarse en su lugar contra CODECO, por lo que

procedía la desestimación del pleito. De igual forma,

solicitó que se le entregaran los $560,000 retenidos por ACE

y CODECO producto del acuerdo transaccional.6 En su alegato,

el Grupo Marcelino sostuvo que CODECO era un asegurado

adicional de Integrand en la póliza emitida por ésta. Por

tanto, arguyó que la aseguradora no podía incoar una demanda

6 Según el acuerdo transaccional, ACE no podía disponer de dichos fondos sin el consentimiento escrito del Grupo Marcelino y sólo podía pagar cuando: (1) Integrand obtuviese sentencia final y firme a su favor, (2) se llegase a un acuerdo transaccional con el consentimiento previo del Grupo Marcelino, o (3) se desestimase el caso de manera final y firme. De haber un balance al finalizar la controversia, dicha cantidad sería entregada al Grupo Marcelino. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 7

de subrogación contra CODECO por impedírselo el

“antisubrogation rule” o doctrina de la anti-subrogación.7

Mientras tanto, el 8 de agosto de 2007, el Grupo Marcelino

envió una carta a Integrand renunciando a su derecho de

reclamarle a CODECO. Para ello se basó en una disposición de

la póliza múltiple que permitía al asegurado renunciar al

derecho de subrogación de la aseguradora en dos

circunstancias: (1) si la renuncia ocurría antes de que la

aseguradora emitiera algún pago, o (2) si se trataba de una

renuncia a favor de un co-asegurado bajo la “póliza”.8

El 25 de noviembre de 2008, más de catorce años después

que sucedieron los eventos que dieron inicio a esta

controversia, el foro primario dictó sentencia declarando

con lugar la demanda de subrogación presentada por

Integrand. Como consecuencia, ordenó a CODECO y ACE a pagar

$526,595 del dinero retenido conforme al acuerdo

transaccional, más el 6% en intereses y costas. También

ordenó al Grupo Marcelino pagar $3,500 en honorarios.

Inconforme, el Grupo Marcelino recurrió al Tribunal de

Apelaciones y alegó la comisión de tres errores. En primer

lugar, alegó que Integrand no tenía una causa de acción de

7 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, p. 10. Posterior a la intervención del Grupo Marcelino, Integrand solicitó copia del acuerdo transaccional. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar dicha solicitud, determinación que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y que advino final y firme tras una denegatoria de este Tribunal de expedir un auto de certiorari. 8 También permitía renunciar si era a favor de un tercero que era una subsidiaria o la matriz del asegurado renunciante, o si era su inquilino. Véase nota 3. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 8

la cual valerse. Esto, porque al ser CODECO un co-asegurado

adicional bajo la póliza de responsabilidad comercial

general, aplicaba la doctrina de la anti-subrogación. Adujo,

además, que el Grupo Marcelino había renunciado a los

derechos de subrogación de Integrand en la carta del 8 de

agosto. En segundo lugar, el Grupo Marcelino alegó que,

aunque procediera la demanda de subrogación, tanto el

artículo 1167 del Código Civil como la doctrina conocida

como “make whole doctrine” impiden que un acreedor subrogado

recupere su acreencia antes de que se haya indemnizado

totalmente a la víctima original del daño causado. En tercer

lugar, el Grupo Marcelino planteó que el foro primario erró

al no celebrar un juicio plenario para determinar la

responsabilidad de la parte demandada y los daños sufridos.

En vez, el Tribunal de Primera Instancia dispuso de la

controversia por la vía sumaria, al resolver que no había

controversia real sobre la negligencia de CODECO, ya que

dicha negligencia era la base del acuerdo transaccional que

culminó en la desestimación de uno de los pleitos

originales.

En una extensa y bien fundamentada sentencia, el

Tribunal de Apelaciones confirmó en parte la decisión del

Tribunal de Primera Instancia. En cuanto a la doctrina de la

anti-subrogación, el foro apelativo resolvió que ésta no

aplica a los hechos del caso, coincidiendo así con la sala

de instancia. Según ambos foros, para que aplique la

doctrina de la anti-subrogación en casos de co-asegurados AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 9

hace falta que ambos estén cubiertos por la misma póliza en

cuyo concepto se realizó el pago. Por tanto, como el pago

hecho por Integrand fue bajo la póliza de propiedad

comercial y CODECO era un asegurado adicional en la póliza

de responsabilidad comercial general, el Tribunal concluyó

que no cabía recurrir a la anti-subrogación.9

El Tribunal de Apelaciones discutió con detenimiento

esta doctrina. Según el foro intermedio, un asegurador no

tiene derecho a subrogarse en contra de su propio asegurado

o co-asegurado, “porque la subrogación sólo puede existir

respecto a los derechos de una aseguradora en contra de

terceras personas con las cuales no tenga obligación

alguna”.10 El foro apelativo señaló que en la mayoría de las

jurisdicciones de los Estados Unidos, la doctrina de la

anti-subrogación sólo aplica cuando el demandado es un

asegurado “bajo la misma cubierta que da origen al derecho

de subrogación”,11 mientras que en otras jurisdicciones se

ha adoptado una definición más amplia de dicha figura “para

incluir a cualquiera que esté asegurado por la misma

9 El Grupo Marcelino alegó que lo fundamental era determinar si Integrand pudo haber emitido el pago a su favor por concepto de la cubierta de responsabilidad comercial general en vez de la de propiedad comercial. No obstante, los foros inferiores correctamente determinaron que la póliza de responsabilidad comercial general no cubría el tipo de pérdida sufrida por el Grupo Marcelino, por lo cual no era necesario entrar en dicho asunto. 10 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pp. 22-23. 11 Id, p. 23. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 10

aseguradora, incluso bajo cubiertas distintas”.12 Acogiendo

la tendencia mayoritaria, el Tribunal de Apelaciones

resolvió que la doctrina de la anti-subrogación no aplica en

este caso.13

Además, el foro apelativo determinó que la renuncia al

derecho de subrogación que hizo el Grupo Marcelino por medio

de la carta del 8 de agosto no privó a Integrand de su

derecho a presentar una demanda de subrogación. Resolvió, en

primer lugar, que el Grupo Marcelino tenía que renunciar a

dicho derecho antes de que Integrand ejerciera su derecho a

la subrogación, mientras que la renuncia tuvo lugar después

de que Integrand le advirtiera al responsable del daño que

habría de hacer efectiva la acción de subrogación. En

segundo lugar, el foro intermedio resolvió que no se dieron

los requisitos establecidos en la póliza para poder

renunciar a la subrogación después de haberse ejercido el

derecho de subrogación porque para ello hacía falta, en lo

pertinente, que el causante del daño fuese un asegurado bajo

la misma póliza. Habiéndose resuelto que CODECO no era un

co-asegurado bajo la póliza de propiedad comercial, el

Tribunal de Apelaciones determinó que el Grupo Marcelino no

podía renunciar al derecho de subrogación después que

Integrand presentó su acción. Por tanto, concluyó que no se

cometió el primer error señalado.

12 Id. 13 De igual forma, el foro apelativo concluyó que se trataba de una defensa afirmativa que se renunció al no presentarse oportunamente. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 11

En cuanto al segundo señalamiento de error, el Tribunal

de Apelaciones discutió la doctrina de la indemnización

completa (“make whole doctrine”) que, según explicó, “impide

a una aseguradora invocar su derecho a la subrogación antes

de que el asegurado reciba una compensación completa por su

pérdida” con miras a evitar que la compensación del

asegurado pueda reducirse mediante la subrogación de la

aseguradora.14 Según el Grupo Marcelino, su derecho a ser

indemnizado por la totalidad de los daños sufridos, antes de

que la aseguradora pueda subrogarse, es superior al de ésta

y le faculta a recibir los $560,000 retenidos por ACE.

Plantea que ello es así porque Integrand aún no ha emitido

pago relacionado con la interrupción de negocios; además, lo

pagado por concepto de la póliza de propiedad comercial fue

menor que los daños efectivamente sufridos y Grupo Marcelino

sufrió otros daños que no fueron cubiertos por Integrand.

El foro apelativo concluyó que en nuestro sistema, el

objetivo de la doctrina de la indemnización completa está

contemplado en la preferencia concedida en el Artículo 1167

del Código Civil al acreedor a quien se hubiere hecho un

pago parcial.15 Sin embargo, la doctrina no aplica en un

caso como éste, en el que hay reclamaciones distintas, una

sobre propiedad comercial e interrupción de negocios y otra

sobre daños independientes, algunos de los cuales no estaban

cubiertos por la aseguradora. De igual manera, dado que

14 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, p. 34. 15 31 L.P.R.A. sec. 3251. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 12

Integrand pagó por concepto de la pérdida del inventario

hasta los límites de la póliza, el tribunal apelativo

determinó que no se podía catalogar su pago por ese concepto

como “parcial”.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó al

Tribunal de Primera Instancia al entender que no procedía

dictar sentencia de manera sumaria, ya que los demandados

habían negado la negligencia al contestar la demanda y no se

desprendía del acuerdo transaccional que hubo una admisión

de negligencia.16 Por tanto, devolvió el caso al foro

primario para la celebración de un juicio plenario en cuanto

la alegada negligencia de CODECO y el posible vínculo causal

con los daños producto del desplome del techo.

Tanto Integrand como el Grupo Marcelino y CODECO

recurren ante este Tribunal cuestionando la sentencia del

foro apelativo. Como único error, Integrand alega que

procedía la disposición sumaria del pleito, pues en el

acuerdo de transacción entre ACE, CODECO y el Grupo

Marcelino, se reconoció la negligencia de CODECO.17 Por su

parte, el Grupo Marcelino y CODECO reiteran los errores

planteados ante el Tribunal de Apelaciones. En primer lugar,

alegan que la doctrina de la anti-subrogación es cónsona con

16 Esta determinación fue hecha en Reconsideración, ya que en su Sentencia original el Tribunal de Apelaciones había confirmado la Sentencia de la sala de instancia en todos sus extremos. Sentencia del 30 de septiembre de 2010. 17 También alega que la conducta del Grupo Marcelino ha tenido como objetivo frustrar su derecho a la subrogación y que ha habido colusión entre éste y CODECO para evitar que recupere los pagos realizados. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 13

nuestro ordenamiento y que una correcta aplicación de la

misma resulta en que Integrand no puede subrogarse contra

CODECO por ser éste un co-asegurado bajo el contrato de

seguro.18 En segundo lugar, alegan que la doctrina de la

indemnización completa recogida en el artículo 1167 del

Código Civil aplica en este caso a pesar de que hubo una

transacción en el pleito presentado por el Grupo Marcelino.

En cuanto a la doctrina de la anti-subrogación, CODECO

y el Grupo Marcelino sostienen que, por consideraciones de

orden público, no debe permitirse que por subrogación

convencional una aseguradora pueda recobrar de un asegurado

los pagos hechos a favor de otro co-asegurado. Es decir, que

Integrand “sólo podía subrogarse en contra de un tercero

causante del daño que sea ajeno al contrato de seguro”.19 De

esta manera, sostienen, se protegen efectivamente los

intereses del asegurado. También alegan que la

interpretación del Tribunal de Apelaciones en cuanto al

alcance de la doctrina de la anti-subrogación es demasiado

estrecha y debe ampliarse para incluir a co-asegurados que

no estén bajo la misma cubierta por la que se emitió el

pago. Según el Grupo Marcelino y CODECO, “el criterio

18 Esta alegación tiene varias manifestaciones. Primero, que se trata de una única póliza que contiene varias cubiertas y que al CODECO ser asegurado adicional bajo la cubierta de responsabilidad comercial general, eso lo convierte en un co-asegurado para efectos de la totalidad de la póliza. Segundo, sostienen que debe aplicarse una definición amplia de la doctrina de la anti-subrogación en caso de que se entienda que se trata de pólizas distintas. 19 Petición de certiorari, p. 3. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 14

determinante para la aplicación de la doctrina de la anti-

subrogación es que la acción de subrogación esté basada en

riesgos o pérdidas para los cuales el causante del daño está

cubierto bajo la póliza, independientemente del tipo de

cubierta que origina el pago”.20 Por eso, exponen que tanto

el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de

Apelaciones erraron al determinar que se trataba de

múltiples pólizas dentro de un plan integral y que era

necesario precisar bajo cuál de las pólizas se emitió el

pago, en vez de múltiples cubiertas dentro de una misma

póliza. Por su parte, Integrand propone que los “tratadistas

y la jurisprudencia reconocen que la doctrina no aplica

cuando el tercero que causó el daño no está asegurado para

el riesgo o pérdida bajo la cual se pagó y se inicia la

acción de subrogación”.21

CODECO y el Grupo Marcelino también se reafirman en que

ellos renunciaron formalmente al derecho de Integrand a

subrogarse, por lo cual ésta carece de una causa de

acción.22 Igualmente, ofrecen una interrogante adicional: si

el daño causado por CODECO a la propiedad del Grupo

Marcelino está cubierto por la póliza de responsabilidad

comercial general de la cual CODECO es un asegurado

adicional. En otras palabras, si Integrand estaría obligado

20 Petición de certiorari, p. 21. 21 Alegato de Integrand, p. 21. 22 Esta alegación se basa tanto en la naturaleza general del derecho de subrogación como en el mecanismo de renuncia establecido por la póliza. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 15

a pagarse a sí mismo en caso de ganar su pleito contra

CODECO por tratarse de un acto negligente cubierto por la

póliza de la cual éste es un asegurado adicional.

Finalmente, alegan que la aplicación de la doctrina de la

indemnización completa evita que Integrand sea indemnizada

por sus gastos hasta tanto el Grupo Marcelino no sea

compensado por la totalidad de los daños sufridos.

El 15 de abril de 2011 expedimos el auto de ceritiorari

solicitado por CODECO y el Grupo Marcelino, y lo

consolidamos con la apelación presentada por Integrand, que

también acogimos como certiorari. Ambas partes han

comparecido y estamos en posición de resolver.

II.

Mediante un contrato de seguros “una persona se obliga

a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio

específico o determinable al producirse un suceso incierto

previsto en el mismo”.23 En estos contratos se transfiere el

riesgo a la aseguradora, cuya obligación de responder por

los daños económicos sufridos por el asegurado surge si

ocurre dicho suceso.24 En caso de que el daño se materialice

y se deba a las actuaciones culposas o negligentes de un

tercero, la aseguradora, una vez emita el pago a favor de su

asegurado, le sustituye y podrá reclamarle a dicho tercero

23 Artículo 1.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 102. Véase Coop. Seguros Múltiples v. Carlo, 2011 T.S.P.R. 99 en la pág. 4, 182 D.P.R. ___ (2011); Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 209 (1994). 24 Coop. Seguros Múltiples v. Carlo, supra, pp. 4-5. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 16

por los daños causados. Es decir, surge el derecho de la

aseguradora de subrogarse en la posición de su asegurado con

relación a todas las acciones y remedios a los cuales éste

tiene derecho y puede recuperar de esos terceros causantes

del daño la cantidad que en concepto de indemnización pagó

al asegurado.25 En estos casos, la aseguradora no representa

a su asegurado, sino que le sustituye, aunque sólo para

recobrar del tercero lo pagado por ella, según los términos

de la póliza.26 El alcance de esta sustitución “está

claramente delimitado y se circunscribe a reclamar los

derechos y remedios que tenía el asegurado frente al

causante de los daños, relativos al pago que la compañía

aseguradora le hizo al asegurado”.27

Este tipo de subrogación constituye una novación

modificativa subjetiva de la parte activa que no extingue la

obligación original sino que la preserva con un acreedor

nuevo. La subrogación puede operar por virtud de la ley o

como producto de un contrato. A la primera se le conoce como

subrogación legal y a la segunda como subrogación

convencional. Típicamente, la subrogación que opera a favor

de la aseguradora es de esta segunda modalidad, pues los

contratos de seguros normalmente incluyen una cláusula de

subrogación. En estos casos, lo acordado delimita su

25 Id, pp. 5-6. Véase además Gen. Accident Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 D.P.R. 523, 532 (1999); Aseg. Lloyd‟s London v. Cía. Des. Comercial, 126 D.P.R. 251, 267 (1990). 26 Coop. Seguros Múltiples v. Carlo, supra, pp. 5-6. 27 Id, p. 6. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 17

extensión, condiciones y alcance pues “la relación entre una

aseguradora y su asegurado es de naturaleza contractual y se

rige concretamente por lo pactado en el contrato de seguros,

que es ley entre las partes”.28 Si no hay una cláusula

contractual de subrogación, hay que analizar si el pago de

la aseguradora le faculta para ejercer una acción de

subrogación legal.

En nuestra jurisdicción el negocio de seguros está

revestido de un interés público sustancial.29 La

interpretación de los contratos de seguro se hará

globalmente, a base del conjunto total de sus términos y

condiciones y analizando sus diferentes cláusulas las unas

con las otras.30 Por otra parte, las cláusulas oscuras se

interpretarán a favor del asegurado y las cláusulas de

exclusión serán interpretadas restrictivamente.31 Las dudas

serán resueltas “de modo que se cumpla con el propósito de

la póliza”.32

El propósito de la póliza está directamente relacionado

con los riesgos cubiertos por ésta. La asunción de riesgo

28 Gen. Accident Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, p. 531. 29 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 901 (1994). 30 Véase artículo 11.250 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 1125. 31 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, p. 902. Véase además Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 691 (2001); artículo 11.140 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 1114. 32 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra (Énfasis suplido). AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 18

por parte de la aseguradora “es uno de los elementos

principales de[l] contrato de seguro”.33 Por tanto, al

determinar la responsabilidad de ésta frente a su asegurado,

lo fundamental es analizar cuál fue el riesgo cubierto por

la póliza y cuál fue el riesgo materializado. Como veremos,

esto es crucial al decidir si aplica la doctrina de la anti-

subrogación, pues para distinguir entre quién es un

asegurado y quién es un tercero, particularmente en una

póliza múltiple como en el caso de autos, hace falta

determinar cuál fue el riesgo cubierto, cuál fue el riesgo

materializado y, más importantemente, en virtud de cuál

cubierta se indemnizó al asegurado. El elemento del riesgo

cubierto permite que en algunas circunstancias una persona

sea un asegurado, co-asegurado o asegurado adicional,

mientras que en otras sea considerado un tercero.

Generalmente, mediante una póliza de propiedad

comercial, la aseguradora indemnizará al asegurado en caso

de que su propiedad sufra daños.34 Por otro lado, en una

póliza de responsabilidad comercial general, la aseguradora

protege al asegurado en caso de que éste cause daños a

terceros, sean físicos o a su propiedad.35 Como manifestamos

33 Aseg. Lloyd‟s London v. Cía. Des. Comercial, supra, p. 267. 34 Los daños pueden ser causados por un tercero, un asegurado adicional, un co-asegurado o el propio asegurado. La póliza particular determinará cuáles de estos riesgos estarán cubiertos y serán indemnizados. 35 Véase PFZ Props. Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, p. 908. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 19

en Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., los seguros de

responsabilidad general generan en la aseguradora “la

obligación de indemnizar a un tercero por los daños y

perjuicios causados por el asegurado”.36 Claro está, la

determinación del tipo y límite de una cubierta dependerá

fundamentalmente de la póliza específica que exista entre

las partes.

Con este trasfondo en mente, nos corresponde

determinar, en primer lugar, si aplica en nuestra

jurisdicción la doctrina de la anti-subrogación. Ésta, según

hemos explicado, establece que una aseguradora que emite un

pago a favor de su asegurado no puede subrogarse contra éste

en caso de que el asegurado sea el responsable del daño

sufrido. De esa forma, no se permite a la aseguradora

cobrarle a su asegurado por un riesgo que la propia

aseguradora asumió.

III.

La doctrina de la anti-subrogación, según aplica a los

contratos de seguro, existe tanto en sistemas civilistas

como en el common law. Dado que, “en materia de seguros, la

praxis de este Tribunal ha consistido en utilizar las normas

más avanzadas del derecho anglosajón y del derecho civil”,37

analizaremos dicha doctrina según ha sido desarrollada por

ambas tradiciones jurídicas y veremos si esta figura tiene

cabida en nuestro Derecho puertorriqueño de seguros,

36 129 D.P.R. 521, 537 (1991). (Énfasis súplido.) 37 Coop. Seguros Múltiples v. Carlo, supra, p. 15. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 20

aplicando normas generales de derecho, particularmente la

equidad, y las limitaciones que por razones de orden público

tiene la libertad de contratación en nuestro ordenamiento.

En síntesis, la doctrina de la anti-subrogación evita

que una aseguradora se subrogue contra su propio asegurado.

Es decir, si un asegurado sufre daños por su propia

negligencia, no se permite que, una vez la aseguradora le

indemnice por los daños según los términos de la póliza,

ésta se subrogue contra el asegurado y le exija un

reembolso. De permitirse ello, la aseguradora se estaría

apropiando de las primas del asegurado sin correr riesgo

alguno, pues recobraría lo que pagó de la persona cuyo

riesgo asumió. Según esta doctrina, el derecho de

subrogación de una aseguradora se limita a casos en que el

daño causado sea producto de la culpa o negligencia de un

tercero propiamente. Claro está, la doctrina de la anti-

subrogación no aplica si ha habido fraude por parte del

asegurado o si existe colusión entre éste y el tercero.38 En

ambos casos, la aseguradora se podrá subrogar contra su

asegurado. Dicho esto, debemos recurrir al derecho

comparado, analizando con mayor detenimiento el desarrollo

de esta doctrina tanto en España como en los Estados Unidos,

con miras a identificar la viabilidad de esta figura en

nuestro ordenamiento.

38 Véase por ejemplo 16 Couch on Insurance 3d, infra, p. 224-26; Am. Nat‟l Dire Ins. Co. v. Hughes, 658 N.W.2d 330, 334 (2003); Sherwood Medical Co. v. B.P.S. Guard Servs., 882 S.W.2d 160, 162 (1994) (Missouri). AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 21

En España, la doctrina de la anti-subrogación tiene

rango estatutario.39 En lo pertinente, el artículo 43 de la

Ley de Contratos de Seguros española dispone así:

El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización.

[…]

El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que conviva con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato.40

Como regla general en el derecho español, una

aseguradora no puede subrogarse contra su propio asegurado.

Según el Tribunal Supremo de España, “la excepción a la

regla general de subrogación de la aseguradora está

inspirada en el propósito de posibilidad que el seguro sea

útil al asegurado, de modo que no se vea en la precisión,

por razones jurídicamente valorables, de tener que aportar

39 Vale aclarar que esta doctrina no tiene génesis directa en el Código Civil, sino en una ley especial. 40 RCL 1980, 2295 (Énfasis suplido). Más adelante citaremos la parte restante del artículo 43, pues ésta se refiere a la doctrina de la indemnización completa (“make whole doctrine”), asunto que discutiremos posteriormente. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 22

fondos para rembolsar al asegurador todo o parte de lo que

de él hubiera cobrado”.41

En los Estados Unidos, la doctrina de la anti-

subrogación es de origen jurisprudencial y, además, ha sido

ampliamente discutida. Al igual que en España, la regla

general en casi la totalidad de las jurisdicciones de los

Estados Unidos, incluyendo la federal, es que una

aseguradora no puede subrogarse contra su propio

asegurado.42 Según el tratadista Couch: “Durante mucho

41 Sentencia del 12 de febrero de 2008, Repertorio de Jurisprudencia 5492, Aranzadi, p. 13254. Véase además la Sentencia del 24 de julio de 2007, Repertorio de Jurisprudencia 4706, Aranzadi, p. 10087: “El propio art. 45 de la Ley de Contrato de Seguro […] impide el ejercicio de la acción subrogatoria que establece en perjuicio del propio asegurado”. 42 Véase por ejemplo Great Lakes Transit Corp. v. Interstate S.S. Co., 301 U.S. 646 (1937), Luckenbach v. W.J. McCahan Sugar Refining Co., 248 U.S. 139 (1918), Wager v. Providence Ins. Co., 150 U.S. 99 (1893) en la jurisdicción federal; Vanliner Ins. Co. v. Sampat, 320 F.3d 709 (7th Cir. 2003) en Indiana; Jos. A. Bank Clothiers v. Brodsky, 950 S.W.2d 297 (1997), Sherwood Medical Co. v. B.P.S. General Servs., 882 S.W.2d 160 (1994) (Missouri); Am. Nat‟l Fire Ins. Co. v. Hughes, 658 N.W.2d 310 (2003), Community Credit Union v. Homeliving, 487 N.W.2d 602 (1992) (Dakota del Norte); Aetna Casualty & Surety Co. v. Urban Impel Bldg. & Rental Corp., 526 N.E.2d 819 (1987) (Ohio); Stetina v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 243 N.W.2d 341 (1976) (Nebraska); Home Ins. Co. v. Pinski Bros., 500 P.2d 945 (1972) (Montana); Glens Falls Ins. Co. v. City of New York, 293 A.D.2d 568 (2002)”, Commerce & Indus. Ins. Co. v. Admon Realty, 168 A.D.2d 321 (1990), Pennsylvania General Ins.Co. v. Austin Powder Co., 502 N.E.2d 982 (1986) (Nueva York); Contl Divide Ins. Co. v. Western Skies Mgmt., Inc., 107 P.3d 1145 (2004) (Colorado); Curles v. United States Fid. & Guar. Co., 403 S.E.2d 458 (1991) (Georgia); State ex re. Regent of N.M. State Univ. v. Siplast, Inc., 877 P.2d 38 (1994) (Nuevo México); Hanover Ins. Co. v. Honeywell, Inc., F.Supp.2d 1305 (N.D. Okl. 2002) en Oklahoma; Great Am. Ins. Co. v. Bar Club, 921 P.2d 626 (1996) (Alaska); Lexington Ins. Co. v. Raboin, 712 A.2d 1011 (1998) (Connecticut). AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 23

tiempo se ha sostenido que no puede surgir un derecho de

subrogación a favor de una aseguradora contra su propio

asegurado”.43 Es decir, la regla general de la subrogación

en el campo de seguros parte de la premisa de que el daño ha

sido causado por un tercero, por lo que la facultad de

subrogación de la aseguradora se limita a ir contra éste.

Según Couch: “Por definición, la subrogación surge

únicamente en cuanto a los derechos del asegurado contra

terceras personas a quienes la aseguradora no tiene deber

alguno”.44

La doctrina de la anti-subrogación en los Estados

Unidos tiene como fundamento consideraciones de política

pública, pues, según explica Couch: “[Una] aseguradora no

debería poder transmitir su pérdida a su propio asegurado,

evitando así la cubierta que su asegurado obtuvo y pagó

mediante primas”.45 Ahora bien, dado que el propósito de la

43 16 Couch on Insurance 3d, Thomson West (1995), p. 224-12. “[I]t has long been held that no right of subrogation can arise in favor of an insurer against its own insured”. 44 16 Couch on Insurance 2d, §61:136, p. 195. “[B]y definition subrogation arises only with respect to rights of the insured against third persons to whom the insurer owes no duty”. Según Ostrager & Newman:“Where an insurer indemnifies an insured who is entitled to recover compensation for that loss from a third party, the insurer is subrogated to the insured‟s rights of recovery from that third party”. Barry R. Ostrager & Thomas R. Newman, Handbook on Insurance Coverage Disputes, 10th ed., Aspen Law & Business (2000), p. 272 (Énfasis suplido). Véase además Pennsylvania General Ins. Co. v. Austin Powder Co., 502 N.E.2d 982, 985 (1986); Stetina v. State Farm Mut. Auto Ins. Co., 243 N.W.2d 341, 346 (1976) (Nebraska). 45 16 Couch on Insurance 3d, Op.Cit., p. 224-18. “The antisubrogation rule is intended to prevent an insurer from recovering back from its insured that loss or damage the AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 24

doctrina de la anti-subrogación es evitar que la aseguradora

recobre de su asegurado lo pagado como resultado del riesgo

asumido en la póliza, es importante determinar quién es un

asegurado para efectos de esta doctrina. Así se reconoce

tanto en la tradición angloamericana como en el derecho

civil.46

En un contrato de seguros pueden haber dos tipos de

asegurados: un asegurado o asegurados principales y un

asegurado adicional; éste, a su vez, puede ser implícito o

nombrado. El asegurado principal es la persona a cuyo favor

se emite la póliza y a quién ésta cubre en su totalidad.

Puede tratarse de más de una persona, si así se dispone

expresamente en la póliza. El asegurado adicional implícito

se refiere a los llamados “asegurados automáticos” que no

son nombrados expresamente en la póliza.47 No hace falta

añadirlos mediante endoso porque su cobertura se desprende

de la póliza.48 Finalmente, el asegurado adicional nombrado

risk of which the insured had passed along to the insurer under the policy […] [An] insurer should not be able to pass its loss to its own insured, thus avoiding coverage which its insured has purchased and paid in the form of premiums”. (Énfasis suplido). Véase además Home Ins. Co. v. Pinsky Bros., 500 P.2d 945, 949 (1972) (Montana). 46 Douglas R. Richmond, The Additional Problems of Additional Insureds, 33 Tort & Ins. L.J. 945 (1998). Véase Sentencia del 12 de febrero de 2008, Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 5492. 47 Douglas R. Richmond, The Additional Problems of Additional Insureds, supra, p. 946. 48 Un ejemplo de esto es una póliza que mencione a los familiares del asegurado. No hace falta mencionar sus nombres o añadirlos mediante endoso, pues se desprende de la póliza que esa persona, por el hecho de ser familiar, está cubierto. En algunas jurisdicciones, se ha resuelto que la AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 25

es aquella persona, natural o jurídica, añadida expresamente

por el asegurado principal por vía de un endoso.49 El

ejemplo que da Richmond es muy ilustrador para el caso de

autos:

Asuntos sobre los asegurados adicionales surgen generalmente en casos que involucran propiedad comercial. Los arrendadores comerciales típicamente insisten en que se les nombre como asegurados adicionales en las pólizas [de Responsabilidad Comercial General] de sus arrendatarios para protegerlos contra la responsabilidad vicaria producto de los actos u omisiones negligentes de sus arrendatarios, o para protegerse contra responsabilidad por los sucesos que ocurran en la propiedad arrendada.50

Normalmente, el asegurado principal goza de mayores

derechos bajo una póliza que el asegurado adicional

nombrado.51 En algunos casos, el asegurado adicional

nombrado puede ser añadido a la totalidad de la póliza o

póliza de seguro del propietario arrendador cobija implícitamente a su arrendatario, pero que la póliza del arrendatario no cubre al propietario arrendador. Véase por ejemplo Hanover Ins. Co. v. Honeywell, Inc., 200 F.Supp.2d 1305 (N.D. Okl., 2002); Lexington Ins. Co. v. Raboin, 712 A.2d 1011 (1998) (Connecticut); Great Am.Ins. Co. v. Bar Club, 921 P.2d 626 (1996) (Alaska); Community Credit Union v. Homeliving, 487 N.W.2d 602 (1992) (Dakota del Norte). 49 Douglas R. Richmond, The Additional Problems of Additional Insureds, supra, p 948. 50 Id, p. 946. “Additional insured issues also commonly arise in cases involving commercial real estate. Commercial lessors typically insist that they be named as additional insureds on their lessees‟ [Commercial General Liability] policies to protect against vicarious liability for their tenant‟s negligent acts or omissions, and to guard against liability for occurrences on leased premises”. La protección así otorgada al dueño de un inmueble arrendado, al incluirlo como asegurado adicional nombrado en la póliza de responsabilidad comercial general, es para los actos u omisiones negligentes del arrendatario y los actos u omisiones negligentes del propio arrendador contra terceros. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 26

solamente a algunas de sus partes.52 Por tanto, en cuanto

aquellas partes que le cubren, será un co-asegurado y

operará la doctrina de la anti-subrogación.53 En aquellas

partes que no le cubren, será considerado como un tercero y

no aplicará dicha figura.

La doctrina de la anti-subrogación únicamente aplica si

la aseguradora pretende subrogarse contra un asegurado o co-

asegurado bajo la misma cubierta por la cual se materializó

el riesgo previsto y se emitió el pago correspondiente. Por

tanto, la aseguradora no podrá subrogarse contra un

asegurado adicional nombrado si el riesgo materializado y el

pago emitido responden a una de las cubiertas de la póliza

en la cual se le incluyó como asegurado adicional. Por el

contrario, si el riesgo materializado y el pago emitido

responden a una de las cubiertas en las que no se le

adicionó, será considerado un tercero y la aseguradora podrá

subrogarse en su contra.

La importancia de la materialización del riesgo

previsto como elemento necesario tanto para el pago, como

para la subrogación y la limitación al derecho a la

subrogación, ha sido un factor en la jurisprudencia del

51 Id, p. 947. 52 Id, p. 948. 53 16 Couch on Insurance 2d, supra, p. 197. “No right of subrogation arises against a person who holds the status of an additional insured…”. Según Richmond: “The antisubrogation doctrine bar extends to additional insureds”. Richmond, The Additional Problems of Additional Insureds, supra, p. 979. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 27

Tribunal Supremo de España.54 Lo mismo es cierto respecto a

la jurisprudencia y tratadistas de Estados Unidos quienes

han discutido el asunto en mucho detalle. En particular, la

concreción del riesgo es fundamental cuando se trata de un

asegurado adicional nombrado únicamente en algunas de las

cubiertas de una póliza. Como plantean Ostrager y Newman, si

el asegurado adicional nombrado fue incluido en la cubierta

bajo la cual se materializó el riesgo y se emitió el pago al

asegurado adicional, la aseguradora no podrá subrogarse

contra éste.55 Por el contrario, si el riesgo realizado y el

pago emitido corresponden a una pérdida distinta al riesgo

al cual se le adicionó en la póliza, no operará la doctrina

de la anti-subrogación. Esta es la conclusión que propone

Couch:

Estas declaraciones amplias [sobre la doctrina de la anti-subrogación] generalmente son correctas pero tienden a obviar una limitación crucial a la regla: la prohibición a la subrogación de la aseguradora contra sus propios asegurados aplica a reclamaciones que surgen del mismo riesgo por el cual el asegurado estaba cubierto por la aseguradora.56 54 Véase por ejemplo la Sentencia del 19 de junio de 2007, Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 5570, en donde el alto foro español discutió la importancia del riesgo materializado en el contexto de permitir la acción de subrogación de la aseguradora contra un tercero. 55 Ostrager & Newman, Op.Cit., p. 273. (Énfasis suplido). “When the third party against whom the insurer seeks subrogation is a named insured in relation to the loss at issue or is an additional insured with respect to that loss, the general rule is that the insurer may not bring a subrogation action against its own insured”. 56 16 Couch on Insurance 3d, Op.Cit., p. 224-15 (Énfasis suplido). “These broad statements [about the antisubrogation rule] are generally accurate but tend to leave out a crucial boundary to the rule: the prohibition on insurer‟s AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 28

Por tanto, la doctrina de la anti-subrogación es una limitación al derecho de subrogación de la aseguradora cuando el subrogado y el tercero son ambos asegurados por la misma aseguradora bajo la misma reclamación, por lo que la aseguradora que provee cubierta a ambas partes de una acción contra tercero está imposibilitada de recuperar de uno de los asegurados –el tercero demandado- por el pago que hace a nombre de otro asegurado –el tercero demandante-.57

En su sentido tradicional y puro, la aplicación de la doctrina de la anti-subrogación contempla al mismo asegurador, al mismo asegurado y a hechos idénticos que generan responsabilidad bajo la misma póliza.

La aplicación de la doctrina de la anti- subrogación se complica aún más en el contexto de múltiples pólizas, múltiples asegurados y múltiples riesgos, al igual que cuando hay múltiples aseguradoras.58 […]

[L]a doctrina de la anti-subrogación se entiende inaplicable cuando están envueltas pólizas de seguro distintas y separadas […] De

subrogation against their own insureds applies to claims arising from the very risk for which the insured was covered by that insurer.” 57 Id, pp. 224-18-19 (Énfasis suplido). “Accordingly, the antisubrogation rule is a limitation on the insurer‟s right of subrogation when the subrogor and third party are both insureds of the same carrier on the same claim, whereby the insurer which provides coverage to both sides of a third- party action is prevented from recouping from one insured – the third-party defendant- a payment it makes on behalf of another insured –the third-party plaintiff-.” 58 Id, p. 224-57 (Énfasis suplido). “In its traditional and pure sense, the application of the antisubrogation rule contemplates the same insurer, the same insured, and identical facts triggering liability under the same policy. Application of the antisubrogation rule is further complicated in the context of multiple policies, multiple insureds and multiple risks, as well as when there are multiple insurers”. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 29

igual forma, la doctrina de la anti-subrogación no aplica cuando el riesgo cubierto por la misma aseguradora es distinto ya sea bajo la misma póliza o bajo pólizas separadas.59

La jurisprudencia de las diferentes jurisdicciones de

los Estados Unidos está acorde con esta visión de la

doctrina de la anti-subrogación. Ello es así,

particularmente en cuanto a la necesidad de que el riesgo

materializado sea el mismo que el riesgo cubierto,60 la

aplicación de la doctrina a favor de co-asegurados y

asegurados adicionales,61 y la limitación de esta a casos en

que el daño sufrido sea del tipo previsto por la cubierta a

la que fue añadido el asegurado adicional.62

59 Id, p. 224-61 (Énfasis suplido). “[T]he antisubrogation rule has been deemed inapplicable when a distinct and separate insurance policies are involved […] Similarly, the antisubrogation rule does not apply when the risk covered by the same insurer differs either under the same policy. or under separate policies.” 60 Vanliner Ins. Co. v. Sampat, 320 F.3d 709, 712 (7th. Cir. 2003): “[F]or the risk that it has agreed to insure”; Glens Falls Ins. Co. v. City of New York, 293 A.D.2d 568, 570 (2002) (Nueva York); Curles v. United States Fid. & Guar. Co. , 403 S.E.2d 458, 459 (1991) (Missouri); Am. Nat‟l Fire Ins. Co. v. Hughes, supra, p. 334: “However, an insurer is not entitled to subrogate from its own insured for a claim arising from the very risk for which the insured was covered”. 61 Curles v. United States Fid. & Guar. Co., supra; Am. Nat‟l Fire Ins. Co. v. Hughes, supra, p. 334: “An insurer is not entitled to subrogation from entities named as insureds in the insurance policy, or entities deemed to be additional insureds under the policy”. 62 Peavey Ins. Co. v. M/V ANPA, 971 F.2d 1168, 1177 (5th. Cir. 1992) aplicando la normativa de Luisiana: “An insurer cannot by way of subrogation recover against its insured or an additional insured any part of its payment for a risk covered by the policy” (Énfasis suplido); Wager v. Providence Ins. Co., 150 U.S. 99 (1893); Curles v. United States Fid. & Guar. Co., 403 S.E.2d 458, 459 (1991) AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 30

Los tribunales de algunas jurisdicciones en los Estados

Unidos se han enfrentado a situaciones parecidas a la

controversia del caso de autos, en las que existe tanto una

cubierta de propiedad comercial y una de responsabilidad

comercial general. En cuanto a la diferencia entre estos dos

tipos de cubiertas, el tipo y límite de su protección y su

interacción con la doctrina de la anti-subrogación, el

análisis de estos tribunales confirma el nuestro y es

altamente ilustrador.

En Contl. Divide Ins. Co. v. Western Skies Mgmt., Inc.,

el tribunal apelativo de Colorado explicó lo siguiente

cuando una aseguradora pretendía subrogarse contra una

persona que era asegurado suyo en una póliza que no cubría

el riesgo materializado:

Los tribunales reconocen una excepción a la doctrina de la anti-subrogación. Si una aseguradora paga a nombre de uno de sus asegurados por daños causados por otro asegurado, bajo una póliza que no cubre al segundo por la pérdida, la aseguradora puede recobrar del otro asegurado por vía de la subrogación. Esta excepción a veces es conocida como la „excepción de cero cubierta‟.

La excepción de cero cubierta únicamente surge cuando la póliza excluye cobertura por un tipo particular de riesgo.63

(Missouri); Jos. A. Bank Clothiers v. Brodsky, 950 S.W. 2d 297, 303 (1997): “[S]ubrogation arises only with respect to the rights of the insured against third party persons to whom the insurer owes no duty. No right of subrogation arises against a person who holds the status of an additional insured […] The parties may pursue claims against their co-insured for risks not covered under the policy.” 63 107 P.3d 1145, 1148 (Énfasis suplido). “Courts recognize an exception to the antisubrogation rule. If an insurer pays on behalf of one insured for damages caused by a second AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 31

Es decir, si la póliza que cubre al asegurado adicional

no contempla el riesgo materializado, no hay deber de la

aseguradora para con éste y no opera la doctrina de la anti-

subrogación.

En Insurance Corp. of N.Y v. Cohens Realty Asoc.,

L.P.,64 el asegurado principal, arrendatario de un inmueble,

estaba cubierto por una póliza de propiedad comercial y una

de responsabilidad comercial general. Mediante endoso, el

asegurado principal añadió al propietario del

establecimiento como asegurado adicional nombrado únicamente

en la póliza de responsabilidad comercial general. Tras un

fuego que destruyó varios bienes del arrendatario, la

aseguradora emitió un pago bajo la póliza de propiedad

comercial y se subrogó en los derechos de éste. Acto

seguido, demandó al propietario del inmueble. Éste alegó que

aplicaba la doctrina de la anti-subrogación por ser un co-

asegurado. El tribunal resolvió que dado que el propietario-

arrendador era un asegurado adicional únicamente bajo la

cubierta de responsabilidad comercial general del

arrendatario y no fue nombrado bajo su cubierta de propiedad

insured, under a policy that does not cover the second insured for the loss, the insurer may recover from the second insured by subrogation. This exception is sometimes called the „no coverage exception‟. […] [T]he no coverage exception arises only when the policy excludes coverage for a certain type of risk”. 64 50 A.D. 3d 1228 (2008). AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 32

comercial, la aseguradora no tenía deber hacia el

arrendador.65

En cuanto al argumento del arrendador de que su estatus

como asegurado adicional bajo la póliza de responsabilidad

comercial general cubría el daño causado, el tribunal

resolvió que era evidente que el lenguaje de la cubierta de

responsabilidad comercial general solamente se refería a

aquella responsabilidad que surgiera de reclamaciones de

terceras personas y no a la responsabilidad potencial del

dueño de la propiedad.66 La doctrina de la anti-subrogación

no operaba en ese caso porque: el arrendador era un

asegurado adicional únicamente en cuanto a la póliza de

responsabilidad comercial general; el daño sufrido y el pago

emitido fue en virtud de la póliza de propiedad comercial;

el arrendador no era un asegurado adicional bajo esa póliza

y, por último, la póliza de responsabilidad comercial

general únicamente le protegía frente los daños causados a

terceros.67 Esta conclusión está acorde con el criterio

expuesto por Couch:

65 Id, p. 1229. “Since [landlord] was only an additional insured under [the tenant‟s Commercial General Liability] coverage and not named under its business owner‟s property coverage […] defendant [the insurer] had no duty [towards the landlord]”. 66 Id, pp. 1229-30 (2008) (Énfasis suplido). “[I]t is apparent that this language [in the Commercial General Liability coverage] only refers to liability stemming from third-party claims, not any potential liability of the landlord or property owner”. 67 Véase también Glens Falls Ins. Co. v. City of New York, supra; Commerce & Indus. Ins. Co. v. Admon Realty, 168 A.D.2d 321 (1990); Great Am. Ins. Co. v. Bar Club, supra; AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 33

En muchas instancias, se ha resuelto que la doctrina de la anti-subrogación no aplica para evitar la subrogación de la aseguradora contra un tercero que está asegurado para algunos propósitos, cuando la reclamación subrogada envuelve riesgos y pérdidas para los cuales el tercero no está, de hecho, cubierto por la póliza.68

De otra parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de

España del 22 de diciembre de 1999 también es altamente

ilustrativa para resolver la controversia de autos. En ese

caso, la aseguradora adicional fue añadida únicamente al

seguro de responsabilidad civil, no al de incendio. El

tribunal resolvió que no procedía aplicar la norma

estatutaria de la anti-subrogación, dado que el riesgo

materializado fue el previsto por el segundo, la demandada

no fue añadida como asegurada respecto a éste y el seguro

que le cobijaba no cubría el daño causado a la asegurada

principal. Según explica el Tribunal: “[L]a Sociedad Control

no tiene la condición de asegurada, dado que, es preciso

insistir en ello, la repetida cláusula 23.1(d) contemplaba

un seguro de responsabilidad civil, en tanto que la póliza

State ex rel. Regents of N.M. State Univ. v. Siplast, Inc., 877 P.2d 38 (1994) (Nuevo México). 68 16 Couch on Insurance 3d, Op.Cit., pp. 224-62-63 (Énfasis suplido). “In many instances, the antisubrogation rule has been held inapplicable to bar an insurer‟s subrogation action against a third party which is insured for some purposes, where the subrogation claim involves risks or losses for which the third party is not, in fact, covered by the policy”. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 34

por la que litiga la actora es de incendio y otros

eventos”.69

Lo anterior pone en evidencia una doctrina que es

fundamental tanto en la tradición angloamericana como en

derecho civil: una aseguradora no puede subrogarse contra su

propio asegurado. Esto es así tanto en la subrogación legal

como en la convencional. Permitir lo contrario desvirtuaría

completamente el propósito del contrato de seguro y

relevaría a la aseguradora del riesgo asumido a cambio del

pago de unas primas. Claro está, hace falta que se trate de

un asegurado, sea principal o adicional, bajo la póliza que

prevé el riesgo materializado. De lo contrario el supuesto

asegurado será, realmente, un tercero y la aseguradora podrá

El artículo 7 del Código Civil le ordena a los

tribunales dirimir las controversias sometidas ante su

consideración y les prohíbe rehusarse a emitir un fallo “a

pretexto de silencio, obscuridad, o insuficiencia de la

ley…”.70 Por el contrario, dispone este artículo que

“[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal

resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá

en cuanta la razón natural de acuerdo con los principios

generales del derecho, los usos y costumbres aceptados y

69 Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 1290, p. 2013 (Énfasis suplido). 70 31 L.P.R.A. § 7. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 35

establecidos”.71 En cuanto al rol de la jurisprudencia en el

desarrollo del derecho, hemos resuelto que ésta “interpreta

y aplica la ley a los casos concretos, llena las lagunas

cuando las hay y, en lo posible, armoniza las disposiciones

de ley que estén o que parezcan estar en conflicto”.72

De igual forma, en cuanto la adopción de doctrinas

empleadas en otras jurisdicciones, reiteramos que no nos

mueve “el hecho de que ésta sea una de mayor o menor

aceptación, sino que el criterio rector es que tal doctrina

se adapte a nuestro derecho vigente y que éste sea a su vez

la solución más indicada y conveniente para nuestra realidad

económica, social y cultural”.73 En particular, hemos

recurrido al derecho común anglosajón debido a que en el

caso de autos estamos ante una controversia relacionada al

derecho de seguros que en nuestra jurisdicción ha

incorporado elementos de ambas tradiciones jurídicas, lo

cual refuerza la utilidad de un enfoque comparativo.74

En atención a lo anterior, resolvemos que la doctrina

de la anti-subrogación, según ha sido descrita en esta

Opinión, es compatible con nuestro ordenamiento y nuestro

derecho de seguros. Esta figura aplicará tanto en la

subrogación legal como en la convencional.75 Examinemos,

71 Id. 72 Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870, 874 (1975). 73 Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 83 (1967). 74 Véase Id. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 36

entonces, el papel que desempeña esta doctrina en el caso de

autos.

Hemos visto que el Grupo Marcelino era el asegurado

principal tanto en la póliza de propiedad comercial como en

la de responsabilidad comercial general.76 Por su parte,

CODECO fue añadido mediante el Endoso B únicamente a la

póliza de responsabilidad comercial general. Los daños

sufridos por el Grupo Marcelino y el pago emitido por

Integrand respondían al riesgo cubierto por la póliza de

propiedad comercial. Por su parte, CODECO no era un

asegurado adicional bajo la póliza de propiedad comercial.

Por tanto, se trata de una excepción a la doctrina de la

anti-subrogación. De igual forma, dado que la póliza de

responsabilidad comercial general no cubría el riesgo

materializado, pues se limitaba únicamente a proteger al

Grupo Marcelino y a CODECO de los daños que éstos causaran a

terceros, la conclusión obligada es que el estatus de CODECO

como asegurado adicional bajo dicha póliza no le protege del

daño que alegadamente le causó al Grupo Marcelino y por el

cual Integrand se subrogó en su contra.

75 En cuanto la subrogación convencional, si bien en nuestro ordenamiento rige el principio de libertad de contratación, por consideraciones de orden público no se puede validar un pacto mediante el cual la aseguradora pueda subrogarse contra su propio asegurado, salvo en situaciones donde haya intención, fraude o diseño. Véase el artículo 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3372. 76 No hace diferencia distinguir entre pólizas y cubiertas. En caso de que concluyéramos que se trata de una sola póliza con varias cubiertas, el hecho de que se añadiera a CODECO únicamente para efectos de una sola cubierta no cambia el resultado de nuestro análisis. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 37

Los peticionarios también alegan que la carta enviada

por el Grupo Marcelino a Integrand el 8 de agosto de 2007

constituye una renuncia válida al derecho de subrogación de

la segunda. Sin embargo, como señalamos antes, a esa fecha

ya Integrand había emitido el pago. Sabemos que el derecho

de subrogación que adquiere el nuevo acreedor que emite un

pago a favor del acreedor original, tanto en la subrogación

legal como en la convencional, surge al momento de

efectuarse el pago y que desde ese momento el que paga se

convierte en el acreedor de la obligación.77 Cualquier

renuncia al derecho de subrogación que pueda hacer el

acreedor original deberá hacerla antes de que el nuevo

acreedor emita su pago. De lo contrario, estaría renunciando

a un derecho que ya no es suyo.78

En segundo lugar, aunque la póliza permite al asegurado

renunciar al derecho de subrogación después que la

aseguradora haya hecho el pago, la carta del Grupo Marcelino

no cumplió con el procedimiento establecido en la póliza.

Por eso no constituyó una renuncia válida. La póliza

claramente requiere que la parte liberada por la renuncia

sea alguien asegurado por la póliza de propiedad comercial

(“under this Coverage Part”), o, en la alternativa, una

77 Como veremos a continuación, en caso de que el pago realizado sea menor a la totalidad del crédito del titular original, la subrogación del nuevo acreedor será parcial. En esas circunstancias, habrán dos acreedores por cantidades distintas que sumarán el crédito total. 78 Esta realidad está contemplada en la póliza en el caso de autos que permite la renuncia al derecho de subrogación si AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 38

entidad propiedad de o controlada por el asegurado, una

entidad que sea dueña o que controle al asegurado, o el

inquilino del asegurado.

En este caso, la renuncia al derecho de subrogación se

hizo después del pago hecho por Integrand y CODECO no era

inquilino del Grupo Marcelino, como tampoco ninguno era

dueño o controlaba al otro. Como hemos visto, CODECO

únicamente fue añadido en la póliza de responsabilidad

comercial general, por lo cual, para efectos de la póliza de

propiedad comercial, CODECO era un tercero. Por todo lo

anterior, no están presentes los elementos necesarios para

que el Grupo Marcelino pueda renunciar al derecho de

subrogación de Integrand después de haberse realizado el

pago.79 Siendo ello así, la carta del 8 de agosto no tuvo

efecto alguno sobre el derecho de subrogación de Integrand.

ésta es: “Prior to a loss to your Covered Property or Covered Income”. 79 La parte peticionaria insiste en que no debemos aplicar la misma definición de co-asegurado o asegurado adicional para efectos de la doctrina de la anti-subrogación y para la interpretación contractual de la cláusula de renuncia de subrogación de la póliza, porque ello haría que la segunda fuese meramente una repetición de la primera. En otras palabras, que si ambas exigen que se trate de un asegurado bajo la cubierta ejercitada, la cláusula contractual carecería de sentido porque operaría la limitación de la doctrina de la anti-subrogación y no sería necesario renunciar al derecho de subrogación de la aseguradora. Ese argumento sería más persuasivo si no fuera por el hecho que, hasta esta Opinión, en Puerto Rico no operaba la doctrina de la anti-subrogación. Por tanto, no se puede hablar de redundancia, pues si hubiésemos resuelto que la doctrina de la anti-subrogación no aplicaba en Puerto Rico y CODECO hubiese sido un asegurado adicional bajo la póliza de propiedad comercial, entonces el Grupo Marcelino hubiera podido ejercer su derecho bajo la cláusula de renuncia. Además, no podemos obviar lo evidente: la cláusula que AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 39

IV.

Como segundo señalamiento de error, los peticionarios

alegan que Integrand no puede recuperar contra CODECO y su

aseguradora porque el Grupo Marcelino aún no ha sido

indemnizado por la totalidad de sus daños. Por el contrario,

alegan que los fondos separados en el acuerdo transaccional

para pagarle a Integrand, en caso de que ésta ganara su

pleito contra CODECO, deben ser entregados al Grupo

Marcelino para indemnizar los daños no satisfechos. Para

ello, citan el artículo 1167 del Código Civil y la doctrina

de la indemnización completa o „make whole doctrine‟

empleada en los Estados Unidos en el campo del derecho de

seguros. Por su parte, Integrand alega que según el acuerdo

transaccional que el Grupo Marcelino firmó con CODECO, sin

la participación y sin el conocimiento de Integrand, los

daños sufridos por el Grupo Marcelino fueron satisfechos.

Por tanto, corresponde que se le haga entrega de los

$560,000 separados en dicho acuerdo para pagarle a

Integrand. Analizaremos conjuntamente el citado artículo del

Código Civil y la doctrina de la indemnización completa para

precisar los contornos del primero, la compatibilidad de la

segunda con nuestro ordenamiento y la interacción de ambas

figuras.

El artículo 1167 del Código Civil dispone como sigue:

El acreedor, a quien se hubiere hecho un pago parcial, puede ejercitar su derecho por el resto

permite la renuncia al derecho de subrogación expresamente dispone que la misma aplica a la póliza de propiedad comercial, de la cual CODECO no es un co-asegurado. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 40

con preferencia al que se hubiera subrogado en su lugar en virtud del pago parcial del mismo crédito.80

Este artículo se refiere a la subrogación parcial que

ocurre cuando el pago emitido por el nuevo acreedor es menos

que la totalidad del crédito del acreedor original. En casos

de seguros, esto ocurre, por ejemplo, cuando el tope de la

póliza es menor que la totalidad de los daños sufridos por

el asegurado. En este supuesto, dado que no satisfizo la

totalidad del crédito, el nuevo acreedor solamente podrá

subrogarse hasta el monto del pago realizado y el acreedor

original retendrá el crédito remanente. El artículo 1167

regula la relación entre ambos acreedores frente al deudor.

Al referirse al artículo 1213 del Código Civil español,

análogo a nuestro artículo 1167, Manresa concluye que esta

“subrogación parcial” supone la “subsistencia de los

derechos del acreedor primitivo […] y [el artículo 1213]

expresamente reconoce, aun cuando sea para considerar

preferentes aquéllos, la coexistencia de los que adquiere el

tercero subrogado”.81 Según el tratadista, este artículo

aplica tanto a la subrogación legal como a la

convencional.82 Continua explicando Manresa que en estos

casos “[s]ubsisten dos créditos, y si el total entre éstos

dividido tenía afectas algunas garantías especiales,

80 31 L.P.R.A. 3251. 81 J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Reus, S.A., Madrid, 1967, p. 928. 82 Id. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 41

seguirán estándolo a uno y otro de aquellos, si otra cosa no

se hubiere determinado”.83 Sobre el efecto de este artículo

sobre los derechos de cobro de ambos acreedores, Manresa

expresa lo siguiente:

En cuanto a la preferencia de que goza el primer acreedor, no se limita exclusivamente a las especiales garantías de crédito, sino que se extiende a todo el patrimonio del deudor, y así como en un procedimiento particular se antepondría respecto de las primeras al crédito del acreedor subrogado, en un juicio universal, ostentaría análoga preferencia en la misma comparación.

Pero a la expresada preferencia no puede dársele un sentido exagerado, que estorbe las reclamaciones del acreedor subrogado o impida el pago a éste, porque aún no se haya hecho al primitivo ni éste haya utilizado sus derechos, pues llegar a tanto sería como dejar los del acreedor nuevo al arbitrio del antiguo.84

De lo anterior se desprende que el acreedor original

tiene preferencia sobre el acreedor subrogado en el cobro

del crédito debido. Sin embargo, ni la dejadez, y menos aún

el estorbo, del acreedor original pueden impedir el derecho

del acreedor subrogado a ejecutar su crédito.85

El artículo 1167 es una disposición amplia que aplica

como regla general a la subrogación. Al haber confrontación

en este caso entre el derecho del asegurado a ser

83 Id. 84 Id., pp. 928-929 (Énfasis suplido). 85 Véase además M. Albaladejo, Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, Revista de Derecho Privado, Tomo XVI, Vl. 1, 1991, p. 792. Según Albaladejo, este artículo “abarca todos los supuestos de subrogación”. Id. Véase además, F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1951, T. IV, Vl. I, p. 196. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 42

indemnizado totalmente y el derecho de la aseguradora a

subrogarse, aunque sea parcialmente, y cobrar al tercero

causante del daño lo que pagó al asegurado, nos vemos

obligados a analizar las soluciones propuestas por las

doctrinas civilistas y de derecho común. En particular,

debemos determinar cuáles son los efectos, si alguno, de que

el asegurado llegue a una transacción con el alegado

causante del daño.

La doctrina de la indemnización completa, que según el

reconocido tratadista Couch, presenta algunas de las

cuestiones más complejas en el campo de la subrogación en el

derecho de seguros,86 proviene de principios tradicionales

de equidad que proponen que el asegurado tiene derecho a ser

indemnizado totalmente antes de que su aseguradora pueda

recuperar del tercero mediante una demanda de subrogación.87

Esta puede aplicarse mayormente en dos situaciones. Primero,

cuando el tope de la póliza de la aseguradora es menor a la

totalidad de los daños sufridos cubiertos por dicha póliza;

segundo, cuando el asegurado sufre daños no contemplados en

la póliza pero que surgen del mismo evento. Couch advierte

sobre la dificultad de establecer una regla abarcadora para

cuando los daños exceden el pago realizado por la

aseguradora, pues puede haber una disposición estatutaria o

una obligación contractual que vaya por encima de cualquier

86 16 Couch on Insurance 3d, p. 223-145. “[O]ne of the most difficult questions in the field of insurer subrogation”. 87 Id, p. 223-146. “[T]he insured is entitled to be made whole before the insurer recovers on its subrogation claim”. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 43

norma general.88 En particular, reconoce la dificultad de

establecer, más allá de una estipulación o una determinación

judicial, cuál es la cantidad definitiva de los daños

sufridos.89 No hay duda que si el asegurado ha sido

indemnizado totalmente por la aseguradora, la subrogación de

ésta contra el tercero es total.90 Los problemas surgen si

se alega que lo pagado por la aseguradora no contempla la

totalidad de los daños, si el asegurado sufrió otros daños

no contemplados por la póliza o si el monto recuperado del

tercero es menos que la totalidad de los daños.

En cualquier caso, el primer paso es, sin duda,

determinar la cuantía total de los daños sufridos por el

asegurado. Se trata de la determinación legal de dicha

cuantía, ya que no basta con una mera alegación o

estimado.91 Cuando esto se hace por vía de una sentencia

final y firme hay certeza legal sobre la cuantía de los

88 Id, p. 223-147. Posteriormente analizaremos, en primera instancia, si el artículo 1167 limita la aplicación de esta figura. En segunda instancia, si la cláusula de subrogación contenida en la póliza también altera los derechos de la aseguradora y el asegurado en cuanto a cobrar del causante del daño. 89 Id, p. 223-151. “Whether an insured has been „made whole‟ is a relative concept that depends upon the insurance contract, the nature and extent of the underlying claim or lawsuit between the insured and third party, and the dollar amounts collected”. 90 Id. 91 Id, p. 223-168. Según Couch, el peso de la prueba de demostrar que el asegurado ha sido indemnizado totalmente corresponde a la aseguradora. Id, p. 223-170. Véase Rimes v. State Farm Mut. Auto Ins. Co., 316 N.W.2d 348 (1982) (Wisconsin); Illinois Auto. Ins. Exch. V. Brown, 124 A. 691, 693 (1924) (Pennsylvania). AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 44

daños.92 Igual ocurre cuando éstos son estipulados por todas

las partes. Ausente esta certeza, como explica Rinaldi,

sería mucho más difícil dividir proporcionalmente la

compensación obtenida de un tercero causante del daño en

situaciones en las que el asegurado alega que no se le ha

compensado totalmente.93 Algunos tribunales en los Estados

Unidos han recurrido a la figura del „juicio dentro del

juicio‟ en la acción de subrogación para determinar la

cuantía de los daños totales sufridos por el asegurado.94 Es

decir, para saber si aplica la doctrina de la indemnización

completa hace falta saber la cuantía exacta de los daños

causados, ya sea mediante sentencia final y firme en el

pleito por daños, estipulación por todas las partes o por

determinación judicial en el pleito de subrogación. En

cuanto a si dicha cuantía se debe limitar a los daños

contemplados en la póliza, por lo cual la controversia

estaría ceñida a la diferencia entre lo pagado y lo sufrido

por esa razón, o si, por el contrario, se trata de todos los

daños causados por el acto u omisión negligente, existe una

fuerte división entre las diferentes jurisdicciones de los

Estados Unidos.95 Nos persuade la vertiente que concluye que

92 Elaine M. Rinaldi, Apportionment of Recovery Between Insured and Insurer in a Subrogation Case, 29 Tort & Ins. L.J. 803, 805 (1994). 93 Id. 94 Véase por ejemplo Rimes v. Sate Farm Mut. Auto Ins. Co., supra. 95 Véase por ejemplo Rimes v. State Farm Mut. Auto Ins. Co., supra, en donde el Tribunal Supremo de Wisconsin resolvió AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 45

la doctrina aplica cuando hay una diferencia entre lo pagado

por la aseguradora y la suma correspondiente al daño sufrido

que está cubierto bajo la póliza por la cuál se pagó.

El segundo paso en la aplicación de esta figura es

analizar qué ocurre cuando, en efecto, lo pagado por la

aseguradora es menor al daño sufrido. Es decir, en caso de

una subrogación parcial en la que tanto la aseguradora como

el asegurado son titulares de parte del crédito original,

hace falta determinar cuál será el orden de preferencia en

la recuperación contra el tercero. Ya hemos visto que el

artículo 1167 de nuestro Código Civil propone que el

acreedor original tendría derecho a recuperar primero, a

menos que se cruce de brazos o estorbe los derechos del

acreedor subrogado. Pero también hemos visto que el artículo

1167 abarca situaciones generales de subrogación y no casos

de seguros. Por tanto, con miras a analizar la

compatibilidad entre dicho artículo y la doctrina de la

indemnización completa, recurrimos nuevamente, en un

ejercicio de derecho comparado, a la normativa vigente en

las jurisdicciones de los Estados Unidos.96

que lo fundamental es determinar la totalidad de los daños sufridos independientemente de si solamente algunos son cubiertos por la póliza. Por otro lado, en Ludwig v. Farm Bureau Mut. Ins. Co., 393 N.W.2d 143 (1986), el Tribunal Supremo de Iowa expresamente rechazó el fallo de Rimes y resolvió que la doctrina solamente aplica en caso de que el pago hecho por la aseguradora no indemnice totalmente a su asegurado en cuanto a esa partida. 96 En la medida que el derecho español ha optado por atender estos casos mediante legislación especial que desplaza la normativa del Código Civil, no habremos de examinarlo en AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 46

Si lo pagado por la aseguradora no cubre el daño

sufrido por el asegurado, la doctrina y los tribunales

estadounidenses están divididos en cuanto al remedio que

debe otorgarse.97 Según la doctrina, hay hasta cinco

alternativas en estas situaciones. Según la primera, una vez

la aseguradora se subroga, ésta es la única titular de la

causa de acción y tiene derecho a hacer suya toda la

cantidad recuperada del tercero. La segunda propone que la

aseguradora subrogada cobre su partida primero y luego, del

sobrante, se pague al asegurado. Como tercera alternativa,

se puede prorratear lo recuperado en proporción a los

créditos de ambas partes. En cuarto término, el asegurado

puede cobrar su crédito primero y luego, del sobrante, se

pagará a la aseguradora. Por último, se puede concluir que

la víctima es la única titular de la causa de acción y le

corresponde todo lo recuperado del tercero.98

Evidentemente la primera y quinta alternativas no

tienen cabida en nuestro ordenamiento, porque parten de la

imposibilidad de la subrogación parcial y la división del

crédito. Los tribunales de las jurisdicciones de los Estados

detalle. Véase Artículo 43 de la Ley de Contratos de Seguro, RCL 1980, 2295. 97 Rinaldi, Apportionment of Recovery, supra. 98 Dado el hecho de que ninguna jurisdicción ha asumido ni la primera ni quinta alternativa, los tratadistas Keeton y Widiss proponen que, en efecto, solamente existen las restantes tres alternativas. R.E. Keeton & A.I. Widiss, Insurance Law, West Publishing Co., 1988, pp. 234-236. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 47

Unidos se han dividido, mayormente, entre la segunda y

cuarta alternativas.99

Finalmente, examinemos cómo el estado de Luisiana ha

abordado controversias similares tomando como punto de

partida su Código Civil, que contiene una disposición

similar a la nuestra. En Southern Farm Bur. Cas. Ins. Co. v.

Sonneier,100 un Tribunal Supremo dividido resolvió que cuando

concurren asegurador y asegurado, primero recupera éste

totalmente y luego, de haber sobrante, recupera el

asegurador. Al adoptar esta norma el Tribunal recurrió a una

interpretación del Código Civil de Luisiana y la

jurisprudencia francesa.101 Según el alto foro estatal, se

trata de una controversia de subrogación parcial y división

del crédito, en donde el acreedor original tiene preferencia

sobre el acreedor subrogado. Es decir, la decisión se basó

99 Rinaldi, Apportionment of Recovery, supra, p. 806. La mayoría de las jurisdicciones han optado por la cuarta alternativa (Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Luisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nueva Jersey, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia Occidental, Washington y Wisconsin. La tendencia minoritaria ha optado por la segunda alternativa (California, Idaho, Nebraska, Ohio, Virginia y Wyoming). Véase, además, Roger M. Baron, Subrogation: A Pandora‟s Box Awaiting Closure, 41 S.D. L. Rev. 237, 253 (1996); 16 Couch on Insurance 3d, Op.Cit., p. 223-154. Por su parte, el derecho español opta por la tercera opción, es decir, la división a prorrata, mediante ley especial. Artículo 43 de la Ley de Contratos de Seguro, RCL 1980, 2295. 100 406 So.2d 178 (1981). 101 En particular, el Tribunal citó el artículo 2162 del Código Civil de Luisiana, actualmente codificado en el artículo 1828, parecido a nuestro artículo 1167. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 48

en la regla general de subrogación parcial del derecho

civil.102

Consideradas las distintas alternativas, nos parece más

afín con nuestro ordenamiento el que el asegurado, como

acreedor original del crédito, tenga prelación sobre la

aseguradora. Llegamos a esta conclusión por dos razones. En

primer lugar, es evidente que cuando un asegurado recibe de

su aseguradora un pago que no alcanza la totalidad de los

daños cubiertos por la póliza se produce una división del

crédito. Igualmente evidente es que, en esos casos, el

asegurado es el acreedor original y la aseguradora es la

acreedora subrogada. Dado que en Puerto Rico no hay ley

especial en esta materia que desplace al artículo 1167 del

Código Civil, ésta es la disposición legal aplicable. En

segundo lugar, no podemos olvidar que el propósito de la

doctrina de la indemnización completa es proteger y

favorecer a la víctima y asegurarse que se le restituya a su

estado original, en cuanto sea posible. Sería un sinsentido

que una víctima asegurada que recibe de su aseguradora un

pago que es menor a la totalidad de los daños sufridos quede

en una posición más desventajosa que un acreedor ordinario

bajo el artículo 1167.

Hemos visto que el artículo 1167 de nuestro Código

Civil no distingue entre la subrogación legal y la

convencional. En Estados Unidos, la doctrina de la

102 Curiosamente, la disidencia en ese caso adoptó la división a prorrata del crédito, alternativa codificada en el derecho español. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 49

indemnización completa en materia de seguro está dividida en

cuanto a este asunto, aunque la mayoría coincide con la

doctrina general española recogida en el artículo

mencionado.103 Esta tendencia, que coincide con la norma

general española sobre subrogación, nos parece la más

persuasiva en el contexto de nuestro derecho de seguros.

La doctrina estadounidense también está dividida sobre

el efecto que pudiera tener sobre el derecho de subrogación

de una aseguradora un acuerdo de transacción. Esto tiene

mucha relación con la primera parte del análisis pertinente

a la doctrina de indemnización completa que, como

explicamos, requiere determinar la cuantía de los daños

sufridos, pues en una transacción no hay determinación

judicial de los daños ni estipulación vinculante que

establezca una cantidad cierta. La primera interrogante es

si una transacción, de por sí, determina automáticamente que

el asegurado ha sido indemnizado totalmente por sus daños.

La tendencia en los Estados Unidos se inclina hacia la

negativa. En vez, se ha resuelto que se trata de una

cuestión de hecho. Por consiguiente, le corresponde al

103 En Ex parte State Farm Fire & Cas. Co., 764 So.2d 543 (2000), el Tribunal Supremo de Alabama resolvió que esta figura era modificable mediante contrato. A semejante conclusión llegó el Tribunal Supremo de Ohio en Peterson v. Ohio Farmers Ins. Co., 191 N.E.2d 157 (1963). En dicho caso, el alto foro estatal determinó que si la cláusula de subrogación en la póliza incluía un lenguaje abarcador mediante el cual la aseguradora se subrogaba en todos los derechos, ello derrota la doctrina de la indemnización completa. Otros estados han resuelto que esta doctrina no es modificable mediante contrato. Véase por ejemplo Eastwood v. Gelns Falls Ins. Co., 646 S.W.2d 156 (1983) y Wimberly v. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 50

tribunal determinar si una transacción en particular es

suficiente como para hacer inaplicable la doctrina de la

indemnización completa. El hecho de la transacción en sí es

insuficiente como cuestión de derecho.104

Ahora bien, según Couch, el elemento decisivo para

determinar los derechos de la aseguradora es si ésta fue

parte de la transacción acordada. Nos explica el tratadista

que si el asegurado transigió con el tercero sin la

participación de la aseguradora, los derechos de ésta no se

afectan y podrá recuperar la totalidad de sus daños, salvo

pacto en contrario. Si ambos cooperaron en la transacción y

la razón por la cual acordaron una cuantía menor es el

límite de la póliza de seguro del demandado o porque el

demandado no tiene otra forma de pagar, la división será a

prorrata. Si se ha pagado hasta el límite de la póliza y el

asegurado y la aseguradora llegaron a una transacción con el

causante de los daños que es menor que los daños sufridos

por el asegurado, la aseguradora no podrá recobrar porque no

ha logrado una compensación completa.105 No obstante lo

American Casualty Co., 584 S.W.2d 200 (1979) (Tennessee); Rimes v. State Farm Mut. Auto Ins. Co., supra (Wisconsin). 104 Complete Health v.White, 638 So.2d 784 (1994) (Alabama, revocado por otras razones en Ex parte State Farm Fire & Cas.Co., supra); Abbott v. Blount County, 207 S.W.3d 732 (2006) (Tennessee); Rimes v. State Farm Mut. Auto Ins. Co., supra (Wisconsin). Véase además 16 Couch on Insurance 3d, Op.Cit., p. 223-175. 105 El asunto de la participación de la aseguradora en las negociaciones y eventual acuerdo de transacción ha sido atendido por los tribunales de algunas jurisdicciones de los Estados Unidos. Véase por ejemplo Illinois Auto. Ins. Exch. v. Brown, supra (Pennsylvania); Morgan v. General Ins. Co., AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 51

anterior, si el acuerdo de transacción incluye una partida

específicamente destinada a la aseguradora por el pago que

haya realizado, ésta tendrá derecho a recuperarla.106

En vista de lo anterior, resolvemos que la doctrina de

la indemnización completa, según ha sido discutida en esta

Opinión, es compatible con el artículo 1167 del Código Civil

y con nuestro derecho de seguros. Examinemos ahora los

hechos del caso de autos a la luz de esa doctrina.

El Grupo Marcelino sufrió daños al desplomarse el techo

del almacén que arrendó a CODECO. Integrand emitió un pago

ascendente a $596,595, a favor del Grupo Marcelino, por

concepto de la propiedad destruida por el desplome. El Grupo

Marcelino alegó que su pérdida por dicho concepto superó esa

cantidad y que el evento le causó otros daños, además de la

pérdida de la propiedad. Por tanto, argumentó que no fue

indemnizado completamente, primeramente porque Integrand

pagó menos de la totalidad de los daños sufridos producto de

la pérdida de la propiedad y, en segundo lugar, porque el

Grupo Marcelino sufrió otros daños adicionales a esa

partida. Alega entonces que la cantidad de $560,000 que fue

retenida por ACE en el acuerdo de transacción le pertenece,

181 So.2d 175, 178-179 (1965) (Florida); Ludwig v. Farm Bureau Mut. Ins. Co., supra (Iowa). 106 16 Couch on Insurance 3d, Op.Cit., p. 223-110; North River Ins. Co. v. McKenzie, 74 So.2d 599 (1954) (Alabama); Ludwig v. Farm Bureau Mut. Ins. Co., supra (Iowa); Voss v. Mike and Tony‟s Steakhouse, 230 So.2d 470 (1969) (Luisiana); Ortiz v. Great Southern Fire & Casualty Ins. Co., 597 S.W.2d 342 (1980). AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 52

ya que lo pagado por Integrand más lo pagado por ACE no

cubre la totalidad de sus daños.

En primer lugar, no sabemos hasta cuánto ascienden los

daños sufridos por el Grupo Marcelino pues no ha habido

sentencia judicial o estipulación vinculante a todas las

partes sobre esto. Por tanto, resulta imperativo determinar

si los daños causados exceden los $596,595 pagados por

Integrand y si esta cantidad es menor a la cubierta de la

póliza en virtud de la cual se hizo el pago. De ser esa la

realidad, aplica la doctrina de la indemnización completa.

No podemos, sin embargo, obviar que en este caso hubo una

transacción,107 en la cual la aseguradora no participó, y que

en el mismo acuerdo se separó una cantidad específica de

fondos para satisfacer a Integrand por el pago realizado, en

caso de que la aseguradora tuviera éxito en su demanda de

subrogación. Como hemos visto, ambas circunstancias, por sí

solas, serían suficientes para facultar a la aseguradora a

cobrar la totalidad de su pago. Pero aun más, ambas

circunstancias constituyen excepciones reconocidas a la

doctrina de la indemnización completa. Por eso, si Integrand

logra probar la razón de su demanda, tendría derecho a los

$560,000 retenidos por ACE.

107 Si hubiera recaído una sentencia judicial que estableciera los daños y el pago de la aseguradora fuera menor a ésta, el Grupo Marcelino tendría prelación frente a Integrand y su crédito sería satisfecho primero. Si tras compensársele completamente por sus daños hubiera un sobrante, entonces le correspondería a Integrand cobrar su crédito. AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 53

En cuanto a la alegación de Integrand, de que procede

la resolución sumaria de este pleito, cabe destacar que aun

no se ha determinado la negligencia de CODECO, ni que dicha

negligencia fue la causa de los daños sufridos por el Grupo

Marcelino. De igual forma, nada en el acuerdo de transacción

permite concluir que CODECO o ACE admitieron su

responsabilidad. Más bien, en su contestación a la demanda

de subrogación, ambos negaron toda responsabilidad por el

desplome del techo. Por tanto, hay una controversia genuina

sobre hechos materiales que debe ventilarse en sus méritos.

En conclusión, la alegación de Integrand es inmeritoria.

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se

confirma la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de procedimientos consistentes con esta

Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Codeco, Cigna Insruance Co., Jonh Doe, Richard Doe, Compañía de Seguros X, Y y Z Recurridos ________________________________ AC-2010-98 Marcelino Fernández Corp., Newport Cold Storage, Inc., Food Services, Inc., Frozens, Inc., Fronda, Inc. Demandantes-Interventores y Apelantes, ahora Apelada

v. cons. con Integrand Assurance Co., Codeco (hoy Promoexport) y Cigna Insurance Company (hoy Ace Insurance Co.) Demandados-intervenidos y Apelante la Segunda, ahora Apelada y Apelante la primera

v. CC-2010-1027 Codeco, Cigna Insruance Co., Jonh Doe, Richard Doe, Compañía de Seguros X, Y y Z Peticionarios __________________________________ Marcelino Fernández Corp., Newport Cold Storage, Inc., Food Services, Inc., Frozens, Inc., Fronda, Inc. Demandantes-Interventores y Peticionarios

Integrand Assurance Co., Codeco (hoy Promoexport) y Cigna Insurance Company (hoy Ace Insurance Co.) Demandados-intervenidos y Peticionarios AC-2010-98 cons. con CC-2010-1027 2

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se confirma la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de procedimientos consistentes con esta Opinión.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres concurre con el resultado y expresa lo siguiente:

Estoy conforme con el resultado al que se llega sobre la doctrina de la anti-subrogación. Sin embargo, es improcedente la discusión sobre la doctrina de la indemnización completa. El Grupo Marcelino trajo por primera vez esa teoría ante el Tribunal de Apelaciones. No la presentó ante el foro primario. Es norma de derecho apelativo que “este Tribunal, no considerará cuestiones que no fueron planteadas por las partes ni consideradas por el tribunal inferior”. Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426 (1965). Claro está, esa norma no es un “dogma inquebrantable”. E.L.A. v. Northwestern Selecta Inc., Op. de 27 de marzo de 2012, 2012 T.S.P.R. __, 2012 J.T.S.__, 184 D.P.R. __ (2012). Aunque en ciertas ocasiones hemos permitido que una parte modifique su teoría del caso en apelación, este no es el escenario para permitir la excepción. Íd.

El Juez Presidente señor Hernández Denton y el Juez Asociado señor Rivera García concurren con el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo