EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2019 TSPR 153
203 DPR ____ Roberto Márquez Sánchez
Número del Caso: AB-2018-178 (TS-10,353)
Fecha: 6 de agosto de 2019
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lorena Cortés Rivera Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Oficina de Inspección de Notarías:
Manuel E. Ávila De Jesús Director
Materia: La suspensión será efectiva el 3 de septiembre de 2019, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Roberto Márquez Sánchez (TS-10,353) AB-2018-0178
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 6 agosto de 2019.
El 24 de junio de 2019 le concedimos un término
final de siete días al Lcdo. Roberto Márquez Sánchez
para que contestara una queja presentada en su contra
y el interrogatorio que la Oficina del Procurador
General le sometió. Le advertimos que, de incumplir
con lo ordenado, se exponía a la suspensión inmediata
e indefinida de la abogacía. Ya que no recibimos
respuesta de su parte, procedemos con la suspensión.
I
En enero de 2016, el licenciado Márquez Sánchez
comenzó a representar a la Sra. Marilyn Martínez
Rodríguez en una reclamación por despido
injustificado. Según la señora Martínez Rodríguez, AB-2018-178 2
la comunicación entre ambos no fue efectiva. Sostuvo que, tras
el paso del Huracán María, se deterioró aún más.
Presuntamente, el licenciado le informó que se encontraba
fuera de la isla y que referiría el caso a otro abogado, pero
nunca le proveyó la información del abogado sustituto ni este
se comunicó con ella. La señora Martínez Rodríguez nos
presentó entonces una queja contra el licenciado Márquez
Sánchez el 16 de julio de 2018.
El 10 de agosto de ese año, la Subsecretaria de este
Tribunal le envió una comunicación al licenciado Márquez
Sánchez a su dirección postal obrante en el Registro Único
de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Le concedió
diez días para contestar la queja. Ante el silencio de este,
la Subsecretaria le envió una segunda comunicación con un
término final de diez días para contestar la queja, esta vez
a las dos direcciones de correo electrónico registradas en
el RUA.
El licenciado Márquez Sánchez no compareció, por lo que
la Subsecretaria refirió la queja a la Oficina del Procurador
General para investigación e informe. El 2 de octubre de
2018, dicha oficina le concedió un término final de diez
días para contestar la queja y un interrogatorio. La Oficina
del Procurador General recibió el acuse de recibo del que
surge que la comunicación fue recibida. No obstante, el
licenciado Márquez Sánchez no cumplió con lo ordenado. El 20
de noviembre de 2018, la Oficina del Procurador General nos AB-2018-178 3
presentó un informe en el que recomendó la suspensión del
abogado.
El 13 de diciembre de 2018 emitimos una Resolución
mediante la que le concedimos un término de veinte días al
licenciado Márquez Sánchez para expresarse sobre el Informe
del Procurador General, so pena de que tomáramos una
determinación sin el beneficio de su comparecencia. No lo
hizo. El 6 de mayo de 2019 le concedimos un término final e
improrrogable de diez días para expresarse. Le apercibimos
de que su incumplimiento con esa resolución desembocaría en
su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía.
En esta ocasión, el licenciado sí compareció, aunque
tardíamente. Reconoció que no había contestado las
comunicaciones que le habían sido enviadas y ofreció sus
explicaciones para ello. Sostuvo que el Huracán María
provocó un disloque en su práctica legal y que su salud se
deterioró como consecuencia de la falta de electricidad,
pues él necesita una máquina respiratoria para dormir.
Expresó que, por los meses sin poder trabajar y generar
ingresos, él y sus socios se vieron obligados a cerrar la
oficina. Un compañero abogado le cedió un espacio en su
oficina en San Juan para que el licenciado Márquez Sánchez
recibiera correspondencia. Así lo enmendó en el RUA.
También, señaló que perdió su residencia en Puerto Rico al
vencerse el contrato de arrendamiento de su vivienda y que,
desde finales de septiembre de 2017, vive en Florida. AB-2018-178 4
En respuesta a la comparecencia del licenciado Márquez
Sánchez, emitimos una resolución el 24 de junio de 2019. Le
concedimos siete días para contestar la queja y el
interrogatorio ante la Oficina del Procurador General.
Además, le apercibimos de que se exponía a la suspensión
inmediata e indefinida de la abogacía si no comparecía en el
plazo señalado. Por otro lado, le ordenamos a la Oficina de
Inspección de Notarías (ODIN) que compareciera dentro de ese
mismo término para que nos informara sobre el estatus
notarial del licenciado Márquez Sánchez.
El Director de la ODIN compareció el 28 de junio de
2019. Nos informó que el licenciado Márquez Sánchez no había
solicitado la baja voluntaria de la notaría ni había
designado a un notario sustituto, a pesar de residir ahora
en Florida. También, nos expresó que desconoce la ubicación
de la obra notarial del licenciado Márquez Sánchez. Por ello,
solicitó que ordenáramos su incautación inmediata.
II
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, dispone que los abogados deben “observar para con los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto”. Como corolario de ese deber, se exige que los
abogados atiendan pronta y diligentemente las órdenes de
todos los tribunales. In re Crespo Peña, 195 DPR 318, 321
(2016). Esa obligación se hace más patente cuando dichas
órdenes se refieren a procedimientos sobre su conducta
profesional. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 123 AB-2018-178 5
(2013). También se extiende para con las entidades públicas
que intervienen en ese proceso disciplinario, como es el caso
de la Oficina del Procurador General. In re Rodríguez Cintrón,
198 DPR 561, 565 (2017). Al igual que cuando se ignoran los
requerimientos de este Tribunal, procede la suspensión
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del
letrado que ignora los requerimientos de la Oficina del
Procurador General. Íd.
III
El licenciado Márquez Sánchez no ha sido diligente con
nuestros requerimientos. Tampoco con los de la Secretaría de
este Tribunal y los de la Oficina del Procurador General. La
Subsecretaria le requirió en dos ocasiones que contestara la
queja. La Oficina del Procurador General le exigió lo mismo.
Este Tribunal solicitó su comparecencia tres veces. El
licenciado solo compareció, tardíamente, en una ocasión para
reconocer su incumplimiento. Expresó que se debió al paso
del Huracán María y a que su salud se deterioró durante ese
periodo.
Ahora bien, también expresó que, a los pocos días del
paso del huracán, logró salir de la Isla; que desde entonces
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2019 TSPR 153
203 DPR ____ Roberto Márquez Sánchez
Número del Caso: AB-2018-178 (TS-10,353)
Fecha: 6 de agosto de 2019
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lorena Cortés Rivera Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Oficina de Inspección de Notarías:
Manuel E. Ávila De Jesús Director
Materia: La suspensión será efectiva el 3 de septiembre de 2019, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Roberto Márquez Sánchez (TS-10,353) AB-2018-0178
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 6 agosto de 2019.
El 24 de junio de 2019 le concedimos un término
final de siete días al Lcdo. Roberto Márquez Sánchez
para que contestara una queja presentada en su contra
y el interrogatorio que la Oficina del Procurador
General le sometió. Le advertimos que, de incumplir
con lo ordenado, se exponía a la suspensión inmediata
e indefinida de la abogacía. Ya que no recibimos
respuesta de su parte, procedemos con la suspensión.
I
En enero de 2016, el licenciado Márquez Sánchez
comenzó a representar a la Sra. Marilyn Martínez
Rodríguez en una reclamación por despido
injustificado. Según la señora Martínez Rodríguez, AB-2018-178 2
la comunicación entre ambos no fue efectiva. Sostuvo que, tras
el paso del Huracán María, se deterioró aún más.
Presuntamente, el licenciado le informó que se encontraba
fuera de la isla y que referiría el caso a otro abogado, pero
nunca le proveyó la información del abogado sustituto ni este
se comunicó con ella. La señora Martínez Rodríguez nos
presentó entonces una queja contra el licenciado Márquez
Sánchez el 16 de julio de 2018.
El 10 de agosto de ese año, la Subsecretaria de este
Tribunal le envió una comunicación al licenciado Márquez
Sánchez a su dirección postal obrante en el Registro Único
de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Le concedió
diez días para contestar la queja. Ante el silencio de este,
la Subsecretaria le envió una segunda comunicación con un
término final de diez días para contestar la queja, esta vez
a las dos direcciones de correo electrónico registradas en
el RUA.
El licenciado Márquez Sánchez no compareció, por lo que
la Subsecretaria refirió la queja a la Oficina del Procurador
General para investigación e informe. El 2 de octubre de
2018, dicha oficina le concedió un término final de diez
días para contestar la queja y un interrogatorio. La Oficina
del Procurador General recibió el acuse de recibo del que
surge que la comunicación fue recibida. No obstante, el
licenciado Márquez Sánchez no cumplió con lo ordenado. El 20
de noviembre de 2018, la Oficina del Procurador General nos AB-2018-178 3
presentó un informe en el que recomendó la suspensión del
abogado.
El 13 de diciembre de 2018 emitimos una Resolución
mediante la que le concedimos un término de veinte días al
licenciado Márquez Sánchez para expresarse sobre el Informe
del Procurador General, so pena de que tomáramos una
determinación sin el beneficio de su comparecencia. No lo
hizo. El 6 de mayo de 2019 le concedimos un término final e
improrrogable de diez días para expresarse. Le apercibimos
de que su incumplimiento con esa resolución desembocaría en
su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía.
En esta ocasión, el licenciado sí compareció, aunque
tardíamente. Reconoció que no había contestado las
comunicaciones que le habían sido enviadas y ofreció sus
explicaciones para ello. Sostuvo que el Huracán María
provocó un disloque en su práctica legal y que su salud se
deterioró como consecuencia de la falta de electricidad,
pues él necesita una máquina respiratoria para dormir.
Expresó que, por los meses sin poder trabajar y generar
ingresos, él y sus socios se vieron obligados a cerrar la
oficina. Un compañero abogado le cedió un espacio en su
oficina en San Juan para que el licenciado Márquez Sánchez
recibiera correspondencia. Así lo enmendó en el RUA.
También, señaló que perdió su residencia en Puerto Rico al
vencerse el contrato de arrendamiento de su vivienda y que,
desde finales de septiembre de 2017, vive en Florida. AB-2018-178 4
En respuesta a la comparecencia del licenciado Márquez
Sánchez, emitimos una resolución el 24 de junio de 2019. Le
concedimos siete días para contestar la queja y el
interrogatorio ante la Oficina del Procurador General.
Además, le apercibimos de que se exponía a la suspensión
inmediata e indefinida de la abogacía si no comparecía en el
plazo señalado. Por otro lado, le ordenamos a la Oficina de
Inspección de Notarías (ODIN) que compareciera dentro de ese
mismo término para que nos informara sobre el estatus
notarial del licenciado Márquez Sánchez.
El Director de la ODIN compareció el 28 de junio de
2019. Nos informó que el licenciado Márquez Sánchez no había
solicitado la baja voluntaria de la notaría ni había
designado a un notario sustituto, a pesar de residir ahora
en Florida. También, nos expresó que desconoce la ubicación
de la obra notarial del licenciado Márquez Sánchez. Por ello,
solicitó que ordenáramos su incautación inmediata.
II
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, dispone que los abogados deben “observar para con los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto”. Como corolario de ese deber, se exige que los
abogados atiendan pronta y diligentemente las órdenes de
todos los tribunales. In re Crespo Peña, 195 DPR 318, 321
(2016). Esa obligación se hace más patente cuando dichas
órdenes se refieren a procedimientos sobre su conducta
profesional. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 123 AB-2018-178 5
(2013). También se extiende para con las entidades públicas
que intervienen en ese proceso disciplinario, como es el caso
de la Oficina del Procurador General. In re Rodríguez Cintrón,
198 DPR 561, 565 (2017). Al igual que cuando se ignoran los
requerimientos de este Tribunal, procede la suspensión
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del
letrado que ignora los requerimientos de la Oficina del
Procurador General. Íd.
III
El licenciado Márquez Sánchez no ha sido diligente con
nuestros requerimientos. Tampoco con los de la Secretaría de
este Tribunal y los de la Oficina del Procurador General. La
Subsecretaria le requirió en dos ocasiones que contestara la
queja. La Oficina del Procurador General le exigió lo mismo.
Este Tribunal solicitó su comparecencia tres veces. El
licenciado solo compareció, tardíamente, en una ocasión para
reconocer su incumplimiento. Expresó que se debió al paso
del Huracán María y a que su salud se deterioró durante ese
periodo.
Ahora bien, también expresó que, a los pocos días del
paso del huracán, logró salir de la Isla; que desde entonces
vive en Florida, y que enmendó su dirección en el RUA luego
de mudarse de Puerto Rico y cerrar la oficina que tenía en
San Juan. Además, la queja se presentó en julio de 2018,
casi un año luego del paso del huracán, y el primer
requerimiento de nuestra Secretaría le fue enviado al mes
siguiente. Por eso, el paso del huracán no justifica la poca AB-2018-178 6
atención que el licenciado Márquez Sánchez dio al proceso de
queja en su contra. Tampoco el huracán justifica que el
abogado no haya solicitado la baja voluntaria de la notaría
y haya abandonado su obra notarial sin designar un notario
sustituto.
A pesar de que sus razones son insuficientes, le
concedimos un término adicional para contestar la queja y el
interrogatorio ante la Oficina del Procurador General, pero
no lo hizo. Su conducta demuestra indiferencia ante nuestros
apercibimientos de sanciones disciplinarias y poco interés
en practicar la abogacía y la notaría en esta jurisdicción.
IV
Así pues, nos vemos obligados a suspender al licenciado
Márquez Sánchez inmediata e indefinidamente del ejercicio de
la abogacía y, como consecuencia, de la notaría. Se le impone
el deber de notificar a sus clientes de su inhabilidad para
seguir representándolos, devolverles cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en los que tenga algún asunto pendiente.
Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con
lo anterior dentro del término de treinta días a partir de
la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se ordena al Alguacil de este Tribunal incautar
inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Márquez
Sánchez y entregarlos al Director de la ODIN para el
correspondiente examen e informe. La fianza notarial queda AB-2018-178 7
automáticamente cancelada, pero se considerará buena y
válida por tres años después de su terminación en cuanto a
los actos realizados por el señor Márquez Sánchez mientras
la fianza estuvo vigente.
Notifíquese inmediatamente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al señor Márquez Sánchez vía correo electrónico y
correo certificado con acuse de recibo a sus últimas
direcciones conocidas en San Juan y en Florida.
Se dictará Sentencia en conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, nos vemos obligados a suspender al licenciado Márquez Sánchez inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y, como consecuencia, de la notaría. Se le impone el deber de notificar a sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Márquez Sánchez y entregarlos al Director de la ODIN para el correspondiente examen e informe. La fianza notarial queda automáticamente cancelada, pero se considerará buena y válida por tres años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por el señor Márquez Sánchez mientras la fianza estuvo vigente. AB-2018-178 2
Notifíquese inmediatamente esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor Márquez Sánchez vía correo electrónico y correo certificado con acuse de recibo a sus últimas direcciones conocidas en San Juan y en Florida.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no intervino.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo