In Re: Lilliam Annette Ramos Bahamundi
Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Queja
In re:
2004 TSPR 29
Lilliam Annette Ramos Bahamundi 161 DPR ____
Número de los Casos: AB-2002-233
Fecha: 19 de febrero de 2004
Oficina del Procuradora General:
Lcda. Rosana Márquez Valencia Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Parte Querellada:
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional (La suspensión será efectiva el día 26 de febrero de 2004 fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.)
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TS-3961 2 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lilliam Annette Ramos Bahamundi AB-2002-233
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2004.
La licenciada Lilliam Annette Ramos Bahamundi fue admitida al ejercicio de la abogacía el 19 de septiembre de 1990. Fue admitida como notario público el 7 de mayo de 1991.
El 22 de mayo de 2002 el señor Porfirio Ramírez Díaz visitó la Oficina del Procurador General para quejarse contra la licenciada Ramos Bahamundi por incumplir con lo pactado en el contrato para la prestación de servicios profesionales por ésta última, en calidad de notario público. Alegó, el señor Ramírez Díaz
que la referida notario se comprometió a otorgar una escritura pública sobre compraventa y presentar copia certificada de la misma en el Registro de la Propiedad. El quejoso se comprometió a pagar por esos servicios la suma de mil tres dólares ($1,003). Alegó, que la querellada no cumplió con su obligación contractual y el quejoso está impedido de vender su propiedad, pues no está inscrita en el Registro de la Propiedad.
El 16 de agosto de 2002, compareció entre nos el Procurador General solicitando orden dirigida a la querellada para que proveyera a su oficina su versión de los hechos, después de solicitarle tal información por carta a su dirección postal, por correo certificado con acuse de recibo, resultando infructuosa tal gestión.
El 23 de agosto de 2002, emitimos una Resolución concediéndole un término a la querellada para contestar los requerimientos del Procurador General y para exponer por escrito las razones por las cuales no debía ser disciplinada por no contestar a lo requerido por dicho funcionario. Se le apercibió que el incumplimiento con lo ordenado por este Tribunal podría conllevar la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía. Dicha Resolución fue notificada a la querellada personalmente el día 17 de septiembre de 2002 con copia de la misma.
El 27 de septiembre de 2002 la querellada compareció por escrito ante nos y expresó que después de realizar un estudio de titulo otorgó el 23 de diciembre de 2000 la
escritura número 137 sobre Compraventa. Que el 3 de enero de 2001 presentó en el Registro de la Propiedad, Sección I de Caguas, copia certificada de la misma. Un año después el quejoso solicitó de su oficina una copia de la minuta de presentación y se la entregó. Posteriormente, el quejoso visitó la oficina de la querellada y le informó que el inmueble objeto de la escritura de compraventa otorgada por ella está inscrita a nombre de otra persona en el Registro de la Propiedad. La querellada alega que fue a indagar al Registro de la Propiedad sobre lo planteado por el quejoso y verificó que efectivamente el inmueble estaba inscrito a nombre de otra persona. Atribuyó tal situación a un error de los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad. Indicó que aunque no le correspondía hizo gestiones dirigidas a corregir el problema.
El 13 de diciembre de 2002 concedimos al Procurador General un término para expresarse sobre lo informado por la querellada. El Procurador General compareció por escrito, ante nos el 23 de diciembre de 2002. Nos informó que su oficina le había requerido a la querellada, mediante carta del 18 de octubre de 2002 y de 9 de diciembre de 2002, actualizar el estatus de sus gestiones, pero ésta aún no se ha comunicado.
El Procurador General expresó, que el incumplimiento de la querellada a sus requerimientos no le ha permitido a su oficina la evaluación de los méritos de la queja presentada. Solicitó orden dirigida a la querellada para
que proveyera la información solicitada, bajo apercibimiento de sanciones.
El 30 de diciembre de 2002 emitimos Resolución concediendo término a la querellada para que proveyera, sin dilación de clase alguna, la información solicitada por el Procurador General. Se notificó personalmente a la querellada con copia de la referida Resolución el 31 de enero de 2003.
El 20 de marzo de 2003 el Procurador General acudió por escrito, nuevamente ante nos. Expresó, que a pesar de que la querellada suministró en su escrito del 27 de septiembre de 2002 alguna información en cuanto a sus gestiones para corregir el problema no cuenta su oficina con información actualizada sobre el particular, en vista de que ésta no ha producido respuesta a sus requerimientos, a pesar de la orden a esos efectos emitida por este Tribunal el 30 de diciembre de 2002. Solicitó nuevamente de este Tribunal que le ordenara a la querellada actualizar su informe y aclarar la información que brindó en los párrafos 19 y 21 de su escrito del 27 de septiembre de 2002.
El 30 de mayo de 2003 emitimos Resolución concediéndole un término final a la querellada para cumplir con lo requerido por el Procurador General en su escrito del 20 de marzo de 2003. Le ordenamos que debía presentar un informe detallado sobre la inscripción de copia certificada de la escritura pública número 137, en el Registro de la Propiedad, y aclarar los párrafos 19 y 21 de su escrito
presentado el 27 de septiembre de 2002. Dicha Resolución fue notificada a la querellada el 4 de junio de 2003 a su dirección postal, Call Box 9000-200, Cayey, PR 00737-9000.
El 21 de agosto de 2003 el Procurador General acudió nuevamente ante nos e informó que la querellada no ha cumplido y por ende no le ha permitido a su oficina la evaluación de los méritos de la queja presentada. Solicitó orden a la querellada para que suministre la información solicitada.
El 10 de octubre de 2003 emitimos Resolución concediendo término a la querellada para cumplir con nuestra Resolución del 30 de mayo de 2003. Le ordenamos que, dentro de dicho término, debía comparecer a mostrar causa por la cual no deba ser sancionada. Fue notificada en su oficina con copia de dicha Resolución el 17 de octubre de 2003. Su secretaria le comunicó al alguacil de este Tribunal que la querellada había recibido la referida copia de la Resolución.
El 2 de diciembre de 2003 el Procurador General acudió nuevamente ante nos, y nos indica que la querellada no ha cumplido. Solicita la aplicación de las sanciones correspondientes.
La querellada no ha comparecido ante este Tribunal para informarnos sobre su cumplimiento con lo ordenado.
Reiteradamente, hemos señalado que los abogados tienen la ineludible obligación de responder diligentemente a nuestras órdenes y requerimientos. Hemos hecho claro que
la indiferencia de los abogados al no atender nuestros requerimientos u órdenes acarrea la imposición de severas sanciones disciplinarias.1 En el caso de autos la licenciada Lilliam Annette Ramos Bahamundi ha hecho caso omiso a nuestros múltiples requerimientos. Es evidente que la licenciada Ramos Bahamundi no tiene ninguna disposición de cumplir con los requerimientos del Procurador General y con nuestras órdenes. Con tal proceder ha desafiado nuestras advertencias previas.
Por todo lo antes expuesto, procede separar, de forma inmediata e indefinida, del ejercicio de la abogacía y de la notaría, en Puerto Rico a la señora Lilliam Annette Ramos Bahamundi.
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