Hon. Eduardo Bathia Gautier v. Hon. Ricardo Rosselló Nevárez

2017 TSPR 173

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: September 15, 2017
• Docket: CC-2017-668
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico

Recurrido Certiorari

v. 2017 TSPR 173

Hon. Ricardo Rosselló Nevares, 198 ____ en su carácter de Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto

Peticionarios

Número del Caso: CC-2017-668

Fecha: 15 de septiembre de 2017

Región Judicial de San Juan, Panel Especial OA TA – 2017-128

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis R. Román Negrón Procurador General

Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas Procuradora General Auxiliar

Abogada de la parte Recurrida:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Materia:

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico

Recurrido CC-2017-668 Certiorari v.

Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2017.

Debido al alto interés público del que están

revestidos los asuntos presentados ante nuestra

consideración, procedemos a resolver si correspondía la

desestimación del caso, según solicitado por el Gobierno de

Puerto Rico y su Gobernador, el Hon. Ricardo A. Rosselló

Nevares (Gobierno o peticionarios).1 De la contestación ser

en la negativa, corresponde dictaminar si fue oportuna la

orden del foro primario para que se entregara, para

inspección en cámara, la propuesta de presupuesto sometida

por el Gobierno ante la Junta de Supervisión y

_________________________ 1 Tratándose de una moción de carácter dispositivo, su denegatoria era revisable por el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari, en virtud de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V (Supl. 2015). CC-2017-668 2

Administración Financiera para Puerto Rico (Junta) el 30 de

abril de 2017. Veamos.

I

El 4 de mayo de 2017 el Hon. Eduardo Bhatia Gautier

(Senador o recurrido), en su carácter como Portavoz del

Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico,

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición

de mandamus mediante la cual solicitó que se le ordenara al

Gobierno publicar una copia del Proyecto de Presupuesto

sometido el 30 de abril de 2017 ante la Junta,2 y que se le

hiciera llegar una copia a él.

Luego de varios incidentes procesales, el 26 de junio

de 2017, el Gobierno solicitó la desestimación3 de la

petición de mandamus amparado en las siguientes razones:

(1) que el Senador carece de legitimación activa; (2) que

la causa de acción se tornó académica, pues el proyecto de _________________________ 2 Por disposición expresa de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Ley PROMESA, por sus siglas en inglés), 48 USCA sec. 2101 et seq., el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, estaba obligado a someter la propuesta de presupuesto ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta), previo a remitir la misma ante la consideración de la Legislatura de Puerto Rico. 48 USCA sec. 2142. Cabe señalar que la Sección 101(c) de la Ley PROMESA, 48 USCA sec. 2121(c), establece lo siguiente:

“SEC. 101. JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

(c) TRATAMIENTO.- Una Junta de Supervisión conforme a lo establecido bajo esta Sección- (1) se creará como una entidad dentro del gobierno del territorio, para lo cual se establece a tenor con el presente título; y (2) no se considerará un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del Gobierno Federal”. (Subrayado nuestro). Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico, Ciento Decimocuarto Congreso de los Estados Unidos de América, en el Segundo Periodo de Sesiones, en: https://juntasupervision.pr.gov/wp- content/uploads/2017/02/PROMESA_SpanishVersion_02-22-17.pdf (última visita, 14 de septiembre de 2017).

3 Conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V (2010). CC-2017-668 3

presupuesto final fue entregado a los cuerpos legislativos

para su consideración y aprobación; (3) que el Senador no

cumplió con los requisitos estatutarios para la

presentación de la petición de mandamus, en particular con

el requerimiento de agotar los procesos parlamentarios

disponibles previo a acudir al tribunal, y (4) que conceder

el reclamo solicitado implicaría intervenir con las

funciones del Primer Ejecutivo y de la Asamblea

Legislativa, lo que quebrantaría la separación de poderes.

Planteó, además, que el documento solicitado es

confidencial, por tratarse de un documento de trabajo

preparado durante la etapa deliberativa previo a la toma de

las decisiones finales, y que, por lo tanto, se encuentra

cobijado bajo el privilegio ejecutivo.

El 29 de junio de 2017 el Senador presentó una

Oposición a Moción de Desestimación. Alegó que goza de

acción legitimada, pues ha estado expuesto a una violación

clara y palpable de sus prerrogativas como legislador.

Igualmente invocó su derecho constitucional de acceso a

información y a documentos públicos. Adujo, además, que su

petición no se tornó académica, pues el Gobierno no

acreditó si el documento que le entregó a la Junta es el

mismo que se sometió ante la consideración de la Asamblea

Legislativa. En la alternativa, planteó que se trata de un

reclamo susceptible de repetición y capaz de evadir la

revisión judicial. Por otro lado, sostuvo que satisfizo

todos los requisitos para la expedición de su petición de

mandamus. Por último, aludió a que el documento solicitado CC-2017-668 4

no es un borrador, ni un documento pre-decisional que

contenga la sustancia de los procesos deliberativos previos

a la adopción del presupuesto, por lo que no estaba

cubierto por el privilegio ejecutivo. Por lo tanto,

concluyó que tenía que ser divulgado conforme al derecho

constitucional de acceso a la información pública.

El 17 de julio de 2017 el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Orden mediante la cual señaló una

vista argumentativa para el 26 de julio de 2017 y le

solicitó al Senador que: (1) colocara al tribunal en

posición de determinar si su petición de mandamus se tornó

académica luego de la aprobación del Presupuesto 2017-2018;

(2) convenciera al foro primario a los efectos de que el

caso no se trataba del “traslado del debate legislativo al

foro judicial y sí de una verdadera lesión a sus

prerrogativas legislativas” y (3) que demostrara que “agotó

todos los remedios que tuvo a su disposición para lograr

que se le permitiera y reconociera su derecho a fiscalizar

el proceso de aprobación del Presupuesto 2017-2018”. En

cuanto al Gobierno, le solicitó que aclarara si la

información solicitada por el Senador se hizo pública en

algún momento.4 Por último, le requirió a ambas partes que

comparecieran preparadas para argumentar sus respectivas

posiciones en torno a la naturaleza de la documentación

solicitada, es decir, si la misma era pública o si contiene

información cobijada bajo el privilegio ejecutivo.

_________________________ 4 El Tribunal de Primera Instancia le otorgó a las partes hasta el 21 de julio de 2017 para que presentaran lo solicitado por escrito. CC-2017-668 5

Contando con los escritos de ambas partes y con una

moción conjunta, en la que se estipularon ciertos hechos y

documentos y se delimitaron las controversias de derecho,

el 26 de julio de 2017 se celebró la vista argumentativa.

Esa misma tarde, el foro primario dictó y notificó una

Resolución y Orden denegando la moción de desestimación del

Gobierno. Concluyó que la controversia era justiciable,

puesto que el Senador tenía legitimación activa y la causa

no se había tornado académica. En consecuencia, le

concedió al Gobierno un término de diez (10) días para que

sometiera el Proyecto del Presupuesto en controversia

dentro de un sobre sellado para inspección en cámara. Ello

con el propósito de examinar si, por virtud del privilegio

ejecutivo, no procede la divulgación del mismo. Además,

los peticionarios debían presentar una moción en la cual

detallarían las razones por las cuales reclamaban que la

información solicitada es privilegiada. Véase la

Resolución y Orden de 26 de julio de 2017 emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, a la pág. 3.

En desacuerdo con la determinación del foro primario,

el 4 de agosto de 2017 el Gobierno de Puerto Rico recurrió,

vía certiorari y moción en auxilio de jurisdicción, ante el

Tribunal de Apelaciones. Ese mismo día, dicho foro

notificó una Resolución mediante la cual denegó la

expedición del auto de certiorari solicitado.5 Inconforme

con dicha decisión, el 7 de agosto de 2017, el Gobierno _________________________ 5 Dicha Resolución fue suscrita por los Jueces de Apelaciones Ramírez Nazario y Romero García. Por el contrario, la Jueza de Apelaciones Colom García hizo constar en la misma que hubiera expedido el recurso. CC-2017-668 6

acudió ante nos alegando la comisión de los siguientes

errores:

Primer Error Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el auto de certiorari solicitado y al no revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó la dispositiva moción de desestimación presentada, permitiendo así que el caso se atienda en los méritos, a pesar de que se trata de un asunto que no es justiciable, por razón de que el Senador demandante carece de legitimación activa y de que su reclamo advino académico.

Segundo Error Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el auto de certiorari solicitado y al no revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó la dispositiva moción de desestimación incoada, permitiendo así que el caso se atienda en los méritos, a pesar de que el Senador demandante no agotó los remedios disponibles en el ordenamiento jurídico antes de canalizar su reclamo a través del foro judicial.

Tercer Error Erró el Tribunal de Apelaciones al no revocar la resolución y orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó desestimar la demanda de mandamus de epígrafe, a pesar de que en este caso resulta improcedente la expedición de tan extraordinario y privilegiado auto.

Los peticionarios además invocaron y discutieron,

tanto en la Moción Urgente Reiterando Desestimación

presentada ante el foro de instancia, en la Petición de

Certiorari sometida ante el Tribunal de Apelaciones, así

como en la Petición de Certiorari presentada ante nos, que

el documento solicitado por el Senador está protegido por

el privilegio ejecutivo, por lo que no procede su

producción.6 El 7 de agosto de 2017, el Senador

_________________________ 6 Conjuntamente con la Petición de Certiorari, el Procurador General, en representación del Gobernador y del Gobierno de Puerto Rico (Gobierno o peticionarios), presentó una Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción mediante CC-2017-668 7

también compareció ante nos mediante una Urgente Oposición

a Moción de Auxilio de Jurisdicción y Oposición a Petición

de Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

expedimos el auto de certiorari solicitado y atendemos el

recurso de epígrafe sin trámite ulterior, conforme a la

Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B

(2012).

II

A. Legitimación Activa

Los tribunales solamente podemos evaluar aquellos

casos que son justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011). Una controversia no es

justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión

política; (2) una de las partes carece de legitimación

activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito han

tornado la controversia en académica; (4) las partes están

tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se

intenta promover un pleito que no está maduro. Íd.

En particular, hemos definido la legitimación activa

como la capacidad que se le requiere a la parte promovente

de una acción para comparecer como litigante ante el

tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de

________________________________________________ la cual solicitó la paralización de los procedimientos ante el foro primario, en particular, los efectos de la Resolución y Orden dictada por dicho foro el 26 de julio de 2017. En la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia le ordenó al Gobierno, entre otras cosas, que entregara la propuesta de presupuesto en un sobre sellado.

En vista a que el último día para someter el documento en cuestión era el 7 de agosto de 2017, y con miras a que la controversia no se tornara académica, ese mismo día emitimos una Resolución concediendo la moción en auxilio de jurisdicción y paralizando los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, hasta tanto este Tribunal proveyera otra cosa. CC-2017-668 8

esta forma, obtener una sentencia vinculante. R. Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho procesal

civil, San Juan, Pubs. LexisNexis de Puerto Rico, Inc.,

2017, pág. 121; J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., Colombia, [s. Ed.], 2012,

pág. 132. La doctrina de legitimación activa tiene como

propósito demostrarle al foro adjudicador que el interés

del demandante en el pleito es de tal índole que, con toda

probabilidad, proseguirá su causa de acción de manera

vigorosa. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157

DPR 360 (2002); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR

407 (1982).

Para demostrar que ostenta legitimación activa, el

promovente tiene que establecer que: “(1) ha sufrido un

daño claro y palpable; (2) el referido daño es real,

inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe

una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción

ejercitada, y (4) la causa de acción surge al palio de la

Constitución o de una ley”. Sánchez et al. v. Srio. de

Justicia et al., supra, pág. 371. Véase, además, Torres

Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760 (2016); Hernández

Torres v. Hernández Colón et al., 131 DPR 593 (1992).

Anteriormente hemos expresado que estos criterios deben

interpretarse de manera flexible y liberal cuando se trate

de una acción en contra de agencias y funcionarios

gubernamentales. Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, CC-2017-668 9

156 DPR 754 (2002).7 Además, se debe hacer un análisis de

las alegaciones de la manera más favorable y liberal para

la parte promovente del pleito. García Oyola v. J.C.A.,

142 DPR 532 (1997); Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual

Center, 124 DPR 559 (1989); Salas Soler v. Srio. de

Agricultura, 102 DPR 716 (1974).8

En cuanto a la legitimación activa de los

legisladores, hemos reconocido, entre otras instancias, que

éstos poseen acción legitimada para “vindicar un interés

personal en el ejercicio pleno de sus funciones

legislativas afectadas por actuaciones u omisiones del

poder ejecutivo”.9 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406,

428 (1994). Véase, además, Hernández Torres v. Gobernador,

129 DPR 824 (1992). En esos escenarios, deberá demostrar

que ostenta derechos de índole constitucional o estatutario

que han sido vulnerados. Hernández Torres v. Gobernador,

supra.

De igual modo, para que un legislador demuestre que

posee legitimación activa debe cumplir con los requisitos

exigidos a los ciudadanos particulares. Hernández Torres

v. Hernández Colón et al., supra. Para ello tendrá que

establecer que ha sufrido un daño claro e inmediato a sus

_________________________ 7 Véase, además, J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., Colombia, [s. Ed.], 2012, pág. 132. 8 Íd. 9 Cabe señalar que también le hemos reconocido legitimación activa a un legislador, por ejemplo, para “defender un interés individual tradicional vinculado con el proceso legislativo e invocado frente a funcionarios de dicho Cuerpo tanto en su calidad individual de legislador como en representación de un grupo de dicho Cuerpo”. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 428 (1994). Asimismo, para “impugnar una actuación ilegal del ejecutivo”, como representante autorizado del Senado o de la Cámara de Representantes. Íd. CC-2017-668 10

prerrogativas legislativas. Íd. Al cumplir con dicha

exigencia tiene que asegurarse que no está invocando una

prerrogativa abstracta y desligada del ejercicio de sus

funciones legislativas. Íd. En particular, cuando un

miembro de la legislatura alegue que se ha visto afectado

porque no se le permite llevar a cabo su función

fiscalizadora adecuadamente, debe tener presente que esto

sólo implica contar con los mecanismos razonables y

necesarios que permitan su participación plena en todas las

etapas del proceso legislativo. Íd. En cuanto al reclamo

del derecho a fiscalizar, el legislador deberá agotar todos

los remedios que tenga a su disposición en aras de que se

le permita y reconozca dicho derecho. Íd. Igualmente, el

legislador deberá probar que existe una conexión entre el

daño que alega haber sufrido y la acción que ejercita. Íd.

El Gobierno alegó, entre otras cosas, que el recurrido

carecía de legitimación activa basado en las siguientes

premisas: (1) que las alegaciones del Senador eran de

carácter genérico; (2) que el Senador no demostró cómo se

vieron menoscabadas sus prerrogativas legislativas al no

obtener la propuesta de presupuesto solicitada; (3) que las

prerrogativas legislativas, en cuanto a la aprobación del

presupuesto, se activan cuando el Gobernador lo somete a la

Legislatura; (4) que no existe un deber ministerial de

divulgar el “primer borrador” de proyecto de presupuesto,

por lo que no se le causó un daño claro y palpable que

justifique el reclamo realizado por el Senador, y (5) que el

recurrido no agotó los procedimientos del Senado CC-2017-668 11

específicamente diseñados para canalizar las solicitudes de

información de sus miembros.

Luego de un análisis del derecho aplicable y de la

información que surge del expediente, entendemos que el

recurrido posee legitimación activa para realizar su

reclamo en su capacidad de legislador. Veamos.

El recurrido señaló, entre otras cosas, que “[l]a

falta de acceso al documento de presupuesto adoptado por el

Gobernador y enviado a la Junta, ha coartado y lesionado la

facultad del Senador Bhatia de ejercer su prerrogativa y

rol como legislador, y de evaluar y aprobar el presupuesto

contando con el beneficio de un documento público que

incide sobre la decisión atinente a la idoneidad del

presupuesto sometido a la consideración del Senado”.

(Énfasis nuestro). Oposición a Moción de Desestimación,

pág. 9. Posteriormente, añadió que “[l]a negativa del

Gobernador de divulgar y entregarle al Senador Bhatia el

presupuesto que el Gobernador adoptó y que le remitió a la

Junta, ha interferido y sigue interfiriendo con las

prerrogativas del Senador Bhatia de evaluar el presupuesto

con el beneficio de escudriñar todos los documentos que han

servido de base para la presentación a la Asamblea

Legislativa, del proyecto de presupuesto aprobado por la

Junta”. (Énfasis nuestro). Oposición a Moción de

Desestimación, pág. 10. Aludió también a que se coartó su

prerrogativa de asegurar la buena marcha de los

procedimientos de aprobación del presupuesto y de velar por

la transparencia entre el Primer Ejecutivo y la Junta. CC-2017-668 12

A tales efectos, entendemos que el recurrido

particularizó su reclamo en torno a cómo la ausencia del

documento en cuestión afectó su proceso de análisis, previo

a la aprobación del presupuesto sometido ante los cuerpos

legislativos. Asimismo, cabe señalar que el reclamo del

Senador en su carácter oficial igualmente estuvo

fundamentado en el derecho constitucional de acceso a la

información pública.10 Entendemos entonces que el

recurrido, en su rol de legislador, reclamó válidamente que

sufrió un daño claro y palpable que impactó sus

prerrogativas legislativas, el cual se produjo al coartarle

el acceso a lo que él alega es información pública,

vulnerando así el derecho constitucional antes indicado.

Asimismo, existe conexión entre el daño reclamado y la

causa de acción que ejercitó.

Por último, y como veremos más adelante, en la medida

en que el recurrido acudió en calidad de Senador, amparado

en su derecho constitucional al acceso a la información

pública y particularizó cómo la transgresión a dicho

derecho afectó sus prerrogativas legislativas, entendemos

que no era necesario que agotara trámite parlamentario

alguno antes de acudir al foro judicial.

B. Academicidad

_________________________ 10 Es importante mencionar que, a diferencia de los casos anteriores atinentes a la legitimación activa de legisladores, en la situación de autos la controversia no se desarrolla en el ámbito legislativo, sino como un reclamo individual del Senador en su carácter oficial para cumplir con sus funciones legislativas. De este modo, no existe riesgo alguno de que la determinación de este Foro interfiera con la separación de poderes entre la Rama Legislativa y la Rama Judicial. CC-2017-668 13

Según mencionado anteriormente, la academicidad es una

de las doctrinas que acotan los límites de la función

judicial. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 (1993).

Requiere que, en todo pleito presentado ante un tribunal,

exista una controversia real entre las partes. Amador

Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268 (2014). Un caso se

torna académico cuando la cuestión en controversia sucumbe

ante el paso del tiempo, ya sea porque ocurrieron cambios

en los hechos o el derecho, y la misma se vuelve

inexistente. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307

(2012); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253

(2010); Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 DPR 924

(2000). Ello tendrá como consecuencia que el dictamen que

en su día emita el tribunal no surtirá efecto práctico

entre las partes. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. Es

decir,

[l]os tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, pág. 935.

Por imperativo constitucional (ausencia de caso o

controversia) o por motivo de autolimitación judicial, los

tribunales debemos abstenernos de considerar los méritos de

un caso cuando determinemos que el mismo se ha tornado

académico. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR

149 (2006); Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704

(1991). No obstante, pueden surgir escenarios en los CC-2017-668 14

cuales los tribunales atenderán el caso, aunque sea, a

todas luces, académico. Emp. Pur. Des., Inc. v.

H.I.E.Tel., supra; C.E.E. v. Depto. de Estado, supra.

Acorde a lo anterior, las excepciones a la academicidad

operan cuando: (1) se plantea ante el foro judicial una

cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir y que

tienda a evadir la revisión judicial; (2) cuando la

situación de hechos ha sido modificada por el demandado,

pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) cuando se

tornan académicos aspectos de la controversia, pero

subsisten consecuencias colaterales vigentes. Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Rullán v. Fas

Alzamora, 166 DPR 742 (2006).

En el caso de autos, el Gobierno alegó que la

controversia se tornó académica al culminar el proceso de

aprobación del presupuesto para el año fiscal 2017-2018 y

en consideración a que el Senador tuvo la oportunidad de

evaluar el mismo cuando fue sometido ante los cuerpos

legislativos.

No obstante, coincidimos con el foro primario en

cuanto a que los peticionarios nunca demostraron que, en

efecto, el documento que fue sometido para la consideración

y evaluación de los cuerpos legislativos era el mismo que

fue presentado ante la Junta el 30 de abril de 2017.

Conforme a lo anterior, entendemos que este litigio se

podría haber tornado en uno académico si se hubiera CC-2017-668 15

divulgado el mismo documento que fue solicitado, pero ese

no fue el caso.11

Por otro lado, independientemente que se haya aprobado

el presupuesto, por tratarse de otro documento que no ha

sido producido, y del mismo ser público, el Gobierno

tendría que divulgarlo, a menos que aplique algún

privilegio que lo impida.

Como resultado de lo antes indicado, concluimos que el

asunto objeto del presente recurso no se ha tornado

académico.

C. Mandamus

El Código de Enjuiciamiento Civil establece el

mandamus como un recurso extraordinario “altamente

privilegiado”, dirigido a una persona natural o jurídica

con el propósito de exigirle judicialmente el cumplimiento

de un deber ministerial en función del cargo que ocupa.

Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

_________________________ 11 El 17 de julio de 2017 el Tribunal de Primera Instancia le ordenó al Gobierno que aclarara si la información solicitada por el Hon. Eduardo Bhatia Gautier (Senador o recurrido) se había hecho pública. Ello pues, según sostuvo el foro primario, “de los argumentos de Rosselló Nevares pareciera surgir que la información solicitada por Bhatia Gautier -el Proyecto de Presupuesto presentado por Rosselló Nevares a la Junta el 30 de abril de 2017- no es la misma información que aquella que fue hecha pública por la parte demandada”. Véase la pág. 4 de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de 2017. En respuesta a lo anterior, el 21 de julio de 2017 el Gobierno presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que sostuvo que “el Presupuesto sometido ante la Asamblea Legislativa fue el aprobado por la Junta de Control Fiscal luego de incorporar las enmiendas requeridas por ésta al Gobernador, de conformidad con el trámite dispuesto en PROMESA. El borrador de presupuesto entregado a la Junta no se ha hecho público, constituyendo el mismo un documento de trabajo que correspondía -como en efecto lo fue- ser revisado por la Junta de Control Fiscal y devuelto al Gobernador para luego someter la versión final a la Asamblea Legislativa”. (Énfasis en el original). Véase la pág. 6 de la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por el Gobierno ante el foro primario el 21 de julio de 2017. Asimismo, en la Petición de Certiorari presentada ante nos el Gobierno alegó que el recurrido no particularizó su reclamo de menoscabo a sus prerrogativas legislativas al “no contar con el borrador de la propuesta inicial de presupuesto que el Gobernador le remitió a la Junta, un documento que no es el proyecto de presupuesto que fue sometido ante la consideración de la legislatura, para su discusión, análisis y aprobación”. (Bastardillas en el original; negrillas y subrayado nuestro). Véase la pág. 15 de la Petición de Certiorari. CC-2017-668 16

3422 (2004). En otras palabras, está de por medio una

obligación cierta que no admite el ejercicio de discreción

en su cumplimiento. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178

DPR 253 (2010); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR

382 (2000). Debido a su naturaleza privilegiada, el propio

estatuto dispone que no procede el mandamus cuando existen

remedios adecuados y eficaces disponibles al promovente.

Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3423 (2004). Asimismo, como regla general, previo a acudir

al tribunal, la parte interesada debe haber interpelado al

funcionario responsable de cumplir la obligación

ministerial que se exige. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A.,

supra. Se exime del requisito de interpelación cuando

hacerlo hubiese resultado inútil o cuando el deber que se

reclama es de carácter público. Es decir, que afecta al

público en general y no exclusivamente a la parte

promovente de la acción instada. Íd.

De otra parte, hemos reconocido que, de ordinario, el

mandamus resulta el mecanismo indicado para lograr la

inspección y para obtener copia de documentos públicos.

Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001).

Al atender una petición de mandamus, los tribunales

evalúan el posible impacto de su determinación en los

intereses públicos implicados y procuran evitar una

intromisión indebida en las gestiones del poder ejecutivo.

AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra; Báez Galib y otros

v. C.E.E. II, supra; Noriega v. Hernández Colón, supra. CC-2017-668 17

Los peticionarios argumentan que la petición de

mandamus sometida en este caso es defectuosa por dos (2)

razones. Primeramente, aducen que el Senador, a nivel

personal, no cursó un requerimiento previo al Gobernador.

A esos efectos, plantean que la carta enviada por el

recurrido requiriendo copia del documento en disputa se

remitió exclusivamente en su capacidad de Senador.

Asimismo, apoyan la desestimación de la petición de

mandamus argumentando que el recurrido no agotó los

remedios provistos en el Reglamento del Senado de Puerto

Rico, adoptado mediante la R. del S. 13 de 9 de enero de

2017 (Reglamento del Senado), que establece un

procedimiento para solicitar documentos en su capacidad

oficial a través del Senado.

i. Requerimiento

Los peticionarios aducen que el Senador no hizo un

requerimiento para la producción del documento en su

carácter personal. Sostienen que, en la carta12 remitida al

Gobernador con ese propósito, fechada el 2 de mayo 2017, el

recurrido compareció exclusivamente en calidad de

legislador. Coincidimos con esta apreciación.

Para comenzar, el escrito se redactó en papel oficial

del Senado de Puerto Rico, en el que aparecía el nombre del _________________________ 12 Dicha carta lee de la siguiente manera en su parte pertinente: “He advenido en conocimiento que, el pasado domingo, 30 de abril de 2017, su equipo de trabajo sometió a la Junta de Supervisión Fiscal un Proyecto de Presupuesto correspondiente al año fiscal 2017-2018, según requerido en la Ley Federal PROMESA, 48 U.S.C. § 2101. Nuestro Tribunal Supremo ha discutido extensamente el tema del acceso a la información, y ha establecido de manera clara e inequívoca que la información en posesión del Estado es pública y debe estar accesible a la ciudadanía en general. Es por ello que le solicito que haga pública copia del mencionado Proyecto de Presupuesto, y comparta una copia con este servidor inmediatamente”. CC-2017-668 18

recurrido como Portavoz del Partido Popular Democrático.

En ningún momento en la carta éste intimó que su reclamo al

derecho constitucional al acceso a la información era en

otro rol que no fuese el de funcionario público. Asimismo,

al examinar la petición de mandamus presentada escasamente

a los dos (2) días de haberse enviado esta misiva, podemos

corroborar que los planteamientos del Senador según allí

consignados, giraron estrictamente en su capacidad oficial.

No es hasta después de que se presentó la solicitud de

desestimación en el caso, que el recurrido enmendó su

petición de certiorari para insertar por primera vez

referencias a su carácter personal.

De otra parte, no está en controversia que el Senador,

en su carácter oficial, cursó un requerimiento previo al

Gobernador para la producción del documento en cuestión.

Ahora bien, es menester examinar si, en esa capacidad,

venía también obligado a cumplir con algún trámite

reglamentario ulterior.

ii. Reglamento del Senado

Los peticionarios centran su argumento en contra de la

viabilidad del auto de mandamus presentado por el Senador

en su capacidad como legislador, por alegadamente no

valerse de los remedios disponibles en ley para canalizar

su reclamo a través del Reglamento del Senado.

El poder de investigación de la Asamblea Legislativa

constituye un componente integral de su función CC-2017-668 19

legisladora. De una parte, esta potestad sirve de

mecanismo valioso para llevar a cabo aquellas

averiguaciones necesarias para evaluar legislación futura.

Pueblo v. Pérez Casillas, 117 DPR 380 (1986). Asimismo,

aparte de promulgar leyes, este Cuerpo realiza otras

funciones vitales conducentes a robustecer nuestro sistema

democrático de gobierno. Entre ellas, se destacan la

fiscalización del gobierno, promover el debate de asuntos

de interés general y mantener al país informado de los

aconteceres públicos. Rullán v. Fas Alzamora, supra; Silva

v. Hernández Agosto, 118 DPR 45 (1986); Pueblo v. Pérez

Casillas, supra; Exposición de Motivos de la Ley Núm. 100

de 23 de junio de 1955, según enmendada, 2 LPRA 151 (2009)

(Ley Núm. 100). Este proceso investigativo comúnmente se

realiza a través de las diversas comisiones o subcomisiones

de ambos cuerpos. Pueblo v. Pérez Casillas, supra; Silva

v. Hernández Agosto, supra.

La facultad de la Asamblea Legislativa para compeler

la comparecencia de testigos y la producción de documentos

aparece consignada en el Código Político. Como parte del

trámite estatutario, se requiere que cualquier citación a

esos efectos esté firmada, ya sea por el Presidente del

Senado, el de la Cámara de Representantes o de la comisión

ante la cual debe comparecer el testigo. Art. 31 de la Ley

Núm. 100, 32 LPRA sec. 151(a).

En caso de incumplimiento, la Asamblea Legislativa

tiene a su discreción utilizar, ya sea la vía penal o el

trámite judicial civil, para exigir que se cumpla con lo CC-2017-668 20

provisto en la citación. Así pues, se le autoriza a

presentar el asunto ante el Secretario de Justicia quien

“tendrá el deber de formular las acusaciones

correspondientes ante el Tribunal de Primera Instancia”.

Art. 34 del Código Político, 2 LPRA sec. 154 (2009). La

presentación de cargos no es discrecional. Es decir, de

cumplirse con las exigencias estatutarias, se le impone la

obligación al ministerio público de iniciar un proceso

penal. Pueblo v. Pérez Casillas, supra. Igualmente, podrá

acudirse al tribunal para requerir el cumplimiento a través

de un proceso de desacato civil. Art. 34-A del Código

Político, 2 LPRA sec. 154a (2009).

A tono con lo anterior, y con el propósito de

viabilizar estas facultades investigativas amplias, se

promulgó el Reglamento del Senado mediante el cual se

implanta el mecanismo aplicable para la expedición formal

de citaciones. Así pues, la Regla 13 del Reglamento del

Senado gobierna lo concerniente a citaciones que forman

parte de procesos ante comisiones legislativas. En estos

casos, se exige que la citación lleve la firma del

Presidente del Senado o del Presidente de la Comisión que

corresponda. Regla 13, sec. 13.14 del Reglamento del

Senado.

De otra parte, la Regla 18 del Reglamento del Senado

dictamina el trámite atinente a Resoluciones del Senado.

Entre otras, se define el término “Resolución” como aquella

medida que utiliza el Cuerpo para formular peticiones del

Senado, así como ordenar estudios o investigaciones. Regla CC-2017-668 21

18, sec. 18.1(a) y sec. 18.1(d) del Reglamento del Senado.

En la eventualidad de que un senador interese solicitar

información a cualquiera de las otras Ramas del Gobierno,

sus funcionarios o empleados, “a nombre del Senado”, deberá

someter una petición verbal o escrita ante el Cuerpo a esos

efectos y, de haber objeción, la petición se llevará a

votación. Si, luego de cumplirse con los trámites de

rigor, el funcionario o empleado concernido no acata el

requerimiento antes señalado, el Senado podrá acudir al

tribunal para exigir su cumplimiento. Regla 18, sec. 18.2

del Reglamento del Senado.

Como podemos notar, el Reglamento del Senado vislumbra

dos (2) métodos alternos para los senadores obtener

documentos a través del proceso reglamentario.

Primeramente, conforme a la Regla 13 del Reglamento, se

autoriza la citación para producir documentos como parte de

las labores de investigación, estudio o evaluación de

alguna medida legislativa o asunto bajo la consideración de

una comisión del Cuerpo Legislativo, previa autorización

del Presidente del Senado o del senador que la presida.

Habida cuenta de que la solicitud en controversia en este

caso no está asociada a comisión alguna, esta disposición

resulta inaplicable.

La Regla 18, sec. 18.2 del Reglamento del Senado

tampoco es de aplicación a la controversia planteada ante

nos. Esta disposición establece el trámite a seguir cuando

algún legislador interesa obtener información de

funcionarios de cualquiera de las Ramas del Gobierno a CC-2017-668 22

través de una Resolución a nombre del Senado. Este método

resulta altamente efectivo en la medida en que establece un

mecanismo para compeler la divulgación de la información

requerida mediante el procedimiento de desacato judicial.

Sin embargo, nada impide que un senador, amparado en

su derecho constitucional al acceso a la información,

procure información pública directamente de algún

funcionario o entidad gubernamental. No obstante, al así

hacerlo, no podrá contar con el beneficio del trámite

provisto para compeler la producción de la información

solicitada, según dispuesto en el Reglamento del Senado.

De interesarle hacer valer su requerimiento, la parte

promovente tendrá que gestionar el correspondiente mandato

judicial por su cuenta.

Por lo tanto, rechazamos el argumento basado en el

alegado incumplimiento del Senador con las disposiciones

En conclusión, el Senador podía utilizar el auto de

mandamus para realizar su reclamo.

D. Derecho Constitucional de Acceso a la Información Pública

Hace ya más de tres décadas que, en Soto v. Srio. de

Justicia, 112 DPR 477 (1982), reconocimos el derecho de la

prensa y de los ciudadanos en general a tener acceso a la

información pública como un derecho fundamental de estirpe

constitucional. Este derecho está firmemente ligado al

ejercicio de los derechos de libertad de palabra, prensa y

asociación formalmente consagrados en el Art. II, Sec. 4 de CC-2017-668 23

la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1 (2016). Trans

Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 56 (2008); Ortiz

v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000).

El acceso a la información pública constituye un pilar

fundamental en toda sociedad democrática. Este

conocimiento permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar

la función pública adecuadamente a la vez que contribuye a

una participación ciudadana efectiva en los procesos

gubernamentales que impactan su entorno social. Trans Ad

de P.R. v. Junta de Subastas, supra; Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, 170 DPR 582 (2007). Se abona de este

modo a la transparencia en la función gubernamental y se

promueve una sana administración pública. C.F. Ramos

Hernández, Acceso a la información, transparencia y

participación política, 85 Rev. Jur. UPR Núm. 4, pág. 1015

(2016).

No podemos olvidar que, en nuestra realidad política,

el gobierno como entidad, existe en función del Pueblo al

que sirve.

Cualquiera que sea la definición que ascribamos al concepto “democracia”, su principio cardinal es que el poder político ha de residir en el pueblo y que los gobernantes ejercen sus funciones para el pueblo y por mandato de éste. Mal podría gobernarse a sí mismo un pueblo que estuviere ajeno a cuanto sucede en la conducción de sus asuntos. E. Rivera Ramos, La libertad de información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR, Núms. 1-2, pág. 69 (1975).

Asimismo, no es posible ejercer efectivamente los

derechos cobijados bajo el Art. II, Sec. 4 de la CC-2017-668 24

Constitución de Puerto Rico, supra, si no existe constancia

de los quehaceres de aquellos elegidos a gobernar.

La premisa es sencilla, si el Pueblo no está debidamente informado del modo en que se conduce la gestión pública, se verá coartada su libertad de expresar, por medio del voto o de otra forma, su satisfacción o insatisfacción con las personas, reglas y procesos que le gobiernan. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 175.

El Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil

reconoce el derecho de todo ciudadano a inspeccionar y

copiar cualquier documento público de Puerto Rico. 32 LPRA

sec. 1781 (2004). Ahora bien, el derecho a la información

no opera en el vacío. Es necesario que el documento que se

pretende divulgar goce, en efecto, de esa condición

pública. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra.

Nuestro ordenamiento define el término “documento

público” de la siguiente manera:

[T]odo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar […] permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos. Art. 3(b) de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, según enmendada, 3 LPRA sec. 1001(b) (2011).

Así pues, el derecho a la información no es absoluto y

estará sujeto a aquellas limitaciones que, por necesidad

imperiosa, el Estado imponga. Ortiz v. Dir. Adm. de los

Tribunales, supra. Sin embargo, estas restricciones deben CC-2017-668 25

estar debidamente justificadas puesto que no puede negarse

el acceso a información pública de manera caprichosa y

arbitraria. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra.

Y es que, dada su condición de derecho fundamental, para

prevalecer, las restricciones impuestas por el aparato

gubernamental deben responder a un interés apremiante del

Estado. Nieves v. Junta, 160 DPR 97 (2003); Noriega v.

Gobernador, 130 DPR 919 (1992).

En nuestra jurisdicción no se ha legislado

específicamente para delimitar el acceso a documentos

gubernamentales del escrutinio público.13 Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, supra. Ahora bien, a través de las

controversias traídas ante nuestra consideración para

atender esta problemática, hemos podido delinear los

siguientes supuestos en que le está permitido al Estado

reclamar válidamente la confidencialidad de información que

obra en su poder. Éstos son, cuando: (1) una ley así lo

declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de

los privilegios evidenciarios que pueden invocar los

ciudadanos; (3) revelar la información puede lesionar

derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de la

identidad de un confidente, y (5) sea “información oficial”

conforme a la Regla 514 de Evidencia, 2009, 32 LPRA Ap. VI

(2010) (anteriormente la Regla 31 de Evidencia). Colón _________________________ 13 A diferencia de nuestro sistema legal, a nivel federal, se ha reglamentado esta materia estatutariamente y la evaluación de las solicitudes de información gubernamental dirigidas a los diferentes componentes de la Rama Ejecutiva se rige por las disposiciones del Freedom of Information Act (FOIA), 5 USCA sec. 552 (2007). Este estatuto aplica exclusivamente a las agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno Federal y no aplica al Gobierno de Puerto Rico. Véase 5 USCA sec. 551(1)(C) (2007 y Supl. 2015) y 5 USCA sec. 552(f)(1) (2007 y Supl. 2015). CC-2017-668 26

Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra. Es importante tener

presente que le corresponde al Estado el peso de probar la

aplicación de alguna de las excepciones antes enumeradas

para poder validar su reclamo de confidencialidad. Colón

Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra.

E. Privilegio sobre la Información Oficial – En General

Un reclamo de confidencialidad por parte del gobierno

puede prosperar cuando se trate de información oficial

privilegiada, entre otros. Colón Cabrera v. Caribbean

Petroleum, supra; Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR

153 (1986). Así pues, la Regla 514 de Evidencia, supra,

establece en nuestro ordenamiento el denominado privilegio

sobre información oficial.14 Dicha disposición define

“información oficial” como “aquélla adquirida en confidencia

por una persona que es funcionaria o empleada pública en el

desempeño de su deber y que no ha sido oficialmente revelada

ni está accesible al público hasta el momento en que se

invoca el privilegio”. Regla 514(a) de Evidencia, supra.15

Este privilegio se activa “si el tribunal concluye que la _________________________ 14 Ante la ausencia de legislación especial que regule el privilegio de información oficial en nuestra jurisdicción, procede utilizar, como derecho supletorio en esta materia, la Regla 514 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI (2010). E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, República Dominicana, Ed. Corripio, [s. año], T. I, págs. 304-305, basado en Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153 (1986). Valga señalar que el citado Tratado de derecho probatorio del profesor Chiesa Aponte analiza la derogada Regla 31 de Evidencia de 1979, 32 LPRA Ap. IV, la cual es equivalente y sustantivamente idéntica a la vigente Regla 514 de Evidencia, supra. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 164. 15 Para determinar si una información fue adquirida en confidencia se debe considerar “la totalidad de las circunstancias que rodean la comunicación, así como su propia naturaleza”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 307, citando a Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra, pág. 162. Por ejemplo, en el contexto de un ente administrativo, en López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 233-234 (1987), expresamos que, ante un reclamo de confidencialidad por parte del gobierno, se debe examinar, entre otras cosas, “la propia naturaleza y contenido del documento, y el efecto de la divulgación sobre intereses del Estado”. CC-2017-668 27

materia es información oficial y su divulgación está

prohibida por ley, o que divulgar la información en la

acción sería perjudicial a los intereses del gobierno”.

Regla 514(b) de Evidencia, supra.16

El profesor Chiesa Aponte explica que:

El privilegio se funda, por un lado, en la necesidad que tiene el gobierno de mantener confidencial cierta información para la buena marcha del gobierno, particularmente en relación con la franca discusión de las alternativas gubernamentales o posibles cursos de acción para atender los múltiples problemas sociales, económicos — y de otra índole — del Estado […]”. E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, República Dominicana, Ed. Corripio, [s. año], T. I, pág. 292.

Ahora bien, este privilegio no es absoluto, sino

cualificado, sujeto a un análisis de balance de intereses.

Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág.

292. Así pues, al evaluarlo, se tiene que sopesar, por un

lado, la necesidad de que el gobierno mantenga confidencial

cierta información sensitiva y el perjuicio que pueda

invocar el gobierno y, por otro lado, la necesidad de la

parte que solicita la información y su derecho a obtenerla.

E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San

Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 164. Así pues, sólo cabe hablar

del privilegio cuando “se trata de ‘información oficial’ y

si el balance de intereses se inclina a favor de la

confidencialidad”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho

probatorio, op. cit., pág. 307. Al reclamar la _________________________ 16 Ahora bien, para establecer el privilegio, no es suficiente demostrar que la divulgación sería perjudicial a los intereses del gobierno, “[h]ay que atender al grado de perjuicio en comparación con el perjuicio que sufre la persona o entidad que solicita la información si no se ordena la divulgación”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 308. CC-2017-668 28

confidencialidad de información oficial, le corresponde al

gobierno probar, de manera precisa e inequívoca, la

aplicabilidad del privilegio. Santiago v. Bobb y El Mundo,

Inc., supra.

Como explicamos previamente, “[l]a alta jerarquía del

derecho constitucional de acceso a información hace difícil

el reclamo gubernamental de confidencialidad,

particularmente ante la ausencia de un estatuto regulador”.

304. Véase, además, Colón Cabrera v. Caribbean Pretroleum,

supra. En esa línea, dada la falta de legislación que

delimite el privilegio, éste “debe escudriñarse con

particular recelo”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho

probatorio, op. cit., pág. 304, citando a Peña Clos v.

Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 599 (1983).17 Así pues, ante

un balance inclinado en contra del privilegio, el gobierno -

en su momento- tendrá la obligación de “presentar prueba y

demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor

jerarquía que los valores protegidos por este derecho de

libertad de información de los ciudadanos”. Chiesa Aponte,

Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 308, citando a

Noriega v. Gobernador, supra, pág. 938. En consideración a

ello, el gobierno no puede invocar el privilegio de manera

generalizada. Santiago v. Bobb y el Mundo, Inc., supra;

véase, además, Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, _________________________ 17 Del mismo modo, “los estatutos que restringen el derecho de acceso a información gubernamental son objeto de escrutinio judicial estricto y se interpretan restrictivamente”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 305. Véase, además, Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982). CC-2017-668 29

op. cit., pág. 310. El profesor Chiesa Aponte también opina

que “[e]l derecho del ciudadano a acceso a información de

los asuntos del gobierno justifica poner una seria carga de

persuasión en el gobierno cuando reclama el privilegio de

información oficial”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho

probatorio, op. cit., pág. 295.

En fin, los tribunales debemos ser “cautelosos en

conceder livianamente cualquier pedido de confidencialidad

del Estado”. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra, pág.

159. Al evaluar si procede reconocer el privilegio, “[l]as

alternativas de inspección en cámara o proveer acceso

limitado al expediente confidencial siempre están

disponibles”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio,

op. cit., pág. 310.18 Ahora bien, como discutiremos más

adelante, la opción de examen en cámara puede limitarse en

consideración a las circunstancias presentes en cada caso.

F. Privilegio sobre la Información Oficial – La Información Decisional en los Procesos Deliberativos sobre Política Pública

Entre las categorías fundamentales de información

oficial privilegiada está la utilizada por funcionarios

públicos durante los procesos deliberativos relacionados al

desarrollo de política pública. Chiesa Aponte, Tratado de

_________________________ 18 Cuando estamos ante un reclamo del privilegio sobre información oficial, no aplica “el escepticismo sobre la intervención y revisión judicial que se advierte en relación con [el privilegio sobre] los secretos de estado […]”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 295. Nótese que los secretos de estado constituyen un privilegio de alto rango, en consideración a aspectos de seguridad nacional, lo que incluye secretos militares. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 288. Por lo tanto, en el caso de secretos de estado, se podría reconocer el privilegio sin la necesidad de una inspección en cámara. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., págs. 289-290, discutiendo el caso de United States v. Reynolds, 345 US 1 (1953). CC-2017-668 30

derecho probatorio, op. cit., págs. 292-293.19 Esta

categoría del privilegio de información oficial busca

“promover la más franca comunicación entre los funcionarios

gubernamentales encargados de decidir y hacer valer la

política pública del Estado”. Chiesa Aponte, Tratado de

derecho probatorio, op. cit., pág. 293.20 Conforme a lo

anterior, entendemos que el profesor Chiesa se refiere al

privilegio cualificado sobre procesos deliberativos del

gobierno o deliberative process privilege. Véase 6 Moore’s

Federal Practice Sec. 26.52[5] (3ra ed. 2016) y 26A Wright

& Graham, Federal Practice and Procedure: Evidence Sec.

5680 (1992).

Este privilegio evita que se afecte la calidad de las

decisiones gubernamentales y de las funciones consultivas

de las agencias. P.F. Rothstein y S.W. Crump, Federal

Testimonial Privileges: Evidentiary Privileges Relating to

Witnesses & Documents in Federal Law Cases, 2da ed., West,

2012, Sec. 5:3, págs. 431-432. En esa línea, se ha

reconocido que “[…] a substantial public interest exists in

maintaining and ensuring full, frank, open exchanges of

ideas between members of the agency and other advisors and _________________________ 19 Nótese que, previo a este caso, no habíamos tenido la oportunidad de expresarnos en cuanto a esta categoría, reconocida en la esfera federal. No obstante, la discutiremos en la medida que nos ilustra en cuanto a su aplicabilidad en relación al privilegio sobre información oficial antes discutido. 20 En Estados Unidos, este privilegio está regulado por la quinta excepción del FOIA, la cual expresamente protege comunicaciones (cartas y memorandos) dentro de una agencia, como también entre agencias de gobierno. 5 USCA sec. 552(b)(5) (2007). Véanse Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 293, y 26A Wright & Graham, Federal Practice and Procedure: Evidence Sec. 5680 (1992).

Igualmente, cabe señalar que el privilegio se ha extendido jurisprudencialmente para proteger requerimientos presupuestarios (budget requests) de una agencia. Wright & Graham, supra, pág. 133. CC-2017-668 31

the decision maker”. Rothstein y Crump, op. cit., pág.

433. Además, el restringir el acceso a este tipo de

comunicaciones protege “against premature disclosure of

proposed policies and decisions before they have been

finally formulated or adopted”. (Énfasis nuestro).

Rothstein y Crump, op. cit., pág. 436.

Para beneficiarse del privilegio sobre procesos

deliberativos, el gobierno debe cumplir con el siguiente

proceso: (1) el jefe de la agencia que controla la

información debe reclamarlo formalmente, esto luego de

ponderarlo; (2) un oficial de la agencia debe proveer las

razones precisas por las cuales se reclama la

confidencialidad de la información o los documentos, y (3)

el gobierno debe identificar y describir la información o

los documentos que interesa proteger. Moore’s Federal

Practice, supra, pág. 26-412.10(1). Véase, además, United

States v. Reynolds, 345 US 1 (1953).

Además, para que se active el privilegio, el gobierno

debe demostrar que el documento en cuestión es

“deliberativo” y “pre-decisional”. Moore’s Federal

Practice, supra, pág. 26-412.8. Una información es

deliberativa en la medida en que se relaciona a un proceso

en el que se desarrolla o formula política pública.

Moore’s Federal Practice, supra, pág. 26-412.9. Un

documento es “pre-decisional” cuando es preparado para

asistir en la toma de decisiones del gobierno, es decir,

previo a tomar las mismas. Moore’s Federal Practice, CC-2017-668 32

supra, págs. 26-412.8 y 26-412.9.21 Por lo tanto, “tampoco

queda protegida la información o documentación posterior a

la decisión gubernamental[…]”. Chiesa Aponte, Tratado de

derecho probatorio, op. cit., pág. 293; N.L.R.B. v. Sears,

Roebuck & Co., 421 US 132 (1975).

Conforme a lo anterior, este privilegio no cubre lo

relacionado a hechos (factual matters).22 Chiesa Aponte,

Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 293. Tampoco

protege material objetivo ni documentos en los que la

agencia adopta su posición sobre un asunto o controversia.

Moore’s Federal Practice, supra, págs. 26-412.6 y 26-412.7.

Por ejemplo, este privilegio no incluye “advisory opinions,

recommendations, and communications relating to policy

formulations”. Moore’s Federal Practice, supra, pág.

26-412.8.

Para determinar si prevalece este privilegio, al igual

que el privilegio sobre información oficial, el tribunal

debe realizar un análisis de balance de intereses. Chiesa

Aponte, Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 293.

Entre los factores que el tribunal debe considerar al

ponderar el balance de intereses, se encuentran: “[…] the

interests of the private litigant, the need for accurate

_________________________ 21 Para determinar si un documento es pre-decisional, se puede tomar en cuenta el propósito de la asesoría y el efecto que podría provocar la divulgación sobre las discusiones y la toma de decisiones dentro de o entre la(s) agencia(s) concernida(s), es decir, “[…] the purpose of the advice and whether disclosure of the communication would be the type that is likely to chill intra- and inter-agency discussion and decision-making”. 6 Moore’s Federal Practice Sec. 26.52[5], pág. 26-412.9 (3ra ed. 2016). 22 En varios foros federales se ha determinado que los factual matters pudieran estar cobijados bajo el referido privilegio en la medida que estén entrelazados con procesos decisionales o materiales deliberativos protegidos. Moore’s Federal Practice, supra, pág. 26-412.7 esc. 24.2. CC-2017-668 33

judicial fact finding, the public’s interest in learning

how effectively the government is operating, the relevance

of the evidence sought, the availability of other evidence,

the role of the government in the litigation and issues

involved, and the impact on the effectiveness of government

employees”. Moore’s Federal Practice, supra, 2012, pág. 26-

412.11. Además, se debe evaluar el impacto que provocaría

la divulgación en el proceso de discutir francamente las

políticas y decisiones en cuestión. F.T.C. v. Warner

Commun. Inc., 742 F.2d 1156 (9no Cir. 1984). En fin, este

privilegio puede ceder cuando se demuestra cabalmente que

existe una necesidad particularizada de obtener la

información que es de mayor peso que las razones para la

confidencialidad. Moore’s Federal Practice, supra, pág.

26-412.11.

Los tribunales debemos tener flexibilidad al momento

de evaluar este privilegio para así poder asegurar la

protección del proceso deliberativo. Moore’s Federal

Practice, supra, 2016, pág. 26-412.10. No obstante,

nuestro ordenamiento probatorio exige una interpretación

restrictiva al determinar la existencia de un privilegio.

Regla 518 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI (2010).23

G. Privilegio Ejecutivo

El privilegio ejecutivo fue reconocido en nuestro

ordenamiento en Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra,

derivado de la Constitución de Puerto Rico. Art. I, Sec. 2 _________________________ 23 Esta interpretación restrictiva no le aplica a los privilegios de rango constitucional establecidos en las Reglas 501, 502 y 512 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI (2010). CC-2017-668 34

y Art. IV, Secs. 1 y 4, Const. PR, LPRA, Tomo 1 (2016).24

Este privilegio busca proteger las comunicaciones entre el

Primer Ejecutivo y sus respectivos subalternos, asesores o

ayudantes. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas,

op. cit., pág. 165; J.J. Álvarez González, Derecho

constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales

con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 363;

311.

En comparación con el privilegio sobre secretos de

estado, el privilegio ejecutivo es de menor jerarquía.

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, op. cit.,

pág. 165. Este último es cualificado, por lo que no le

concede a la Rama Ejecutiva una facultad absoluta “de

retener información sobre la base de su alegada

confidencialidad”. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra,

pág. 598. Véase Wright & Graham, supra, pág. 52. Así pues,

debemos reiterar que “una alegación desnuda de privilegio

público, sin apoyo en legislación adecuada, debe

escudriñarse con particular recelo”. Peña Clos v. Cartagena

Ortiz, supra, pág. 599.

Por lo tanto, “[l]e corresponde también a la Rama

Judicial en última instancia precisar las fronteras de ese

[privilegio]”. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, pág.

_________________________ 24 Así pues, el privilegio se adoptó como corolario del principio de separación de poderes. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, op. cit., pág. 165, al discutir el caso de Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983). Véase, además, J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 363. CC-2017-668 35

598. Véase, además, United States v. Nixon, 418 US 683

(1974) y Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, op.

cit., pág. 312. Para ello, como ya indicamos, generalmente

se ha utilizado “el método de sopesar los intereses en

conflicto”. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, pág. 598.

Véase, además, United States v. Nixon, supra.

H. Inspección en Cámara

Por su valor ilustrativo, es menester adentrarnos en la

jurisprudencia federal basada en el Freedom of Information

Act (FOIA), 5 USCA sec. 552 (2007), en cuanto a la necesidad

de una inspección en cámara. Veamos.

A pesar de que el FOIA, 5 USCA 552(a)(4)(B) (2007),

permite el examen de documentos en cámara, los foros

federales han manifestado, en reiteradas ocasiones, que esta

alternativa es desfavorable en casos donde se reclaman

ciertos privilegios gubernamentales. Véanse, por ejemplo,

Smith v. U.S. Marshals Serv., 517 Fed. Appx. 542 (9no Cir.

2013); Lion Raisins v. U.S. Dept. of Agriculture, 354 F.3d

1072 (9no Cir. 2004) derogado en parte en otros extremos por

Animal Legal Def. Fund v. U.S. Food & Drug Admin., 836 F.3d

987 (9no Cir. 2016); Turner v. U.S. Dept. of the Treasury,

Núm. 15-CV00007-DAD-SKO, 2017 WL 1106030 (E.D. Cal. 2017);

Truthout v. Dept. of Justice, 20 F. Supp. 3d 760 (E.D. Cal.

2014), aff'd, 667 F. Appx. 637 (9no Cir. 2016).25 Incluso,

no debe ser la primera alternativa, ya que se le debe dar, _________________________ 25 Véanse, además, Lane v. Dept. of Interior, 523 F.3d 1128 (9no Cir. 2008); Schell v. U.S. Dept. of Health & Human Services, 843 F.2d 933 (6to Cir. 1988); Mead Data Cent., Inc. v. U.S. Dept. of Air Force, 566 F.2d 242 (D.C. Cir. 1977), y 33 Wright & Koch, Federal Practice and Procedure: Judicial Review Sec. 8440, pág. 524 (2006). CC-2017-668 36

inicialmente, una oportunidad al Estado de justificar y

demostrar su reclamo de confidencialidad. Lion Raisins v.

U.S. Dept. of Agriculture, supra; Conservation Force v.

Jewell, 66 F. Supp. 3d 46 (D.D.C. 2014), aff’d, Núm. 15-

5131, 2015 WL 9309920 (D.C. Cir. 2015); Truthout v. Dept. of

Justice, supra. Esto se puede lograr permitiéndole al

Estado que presente una explicación detallada del privilegio

reclamado, lo cual podría sustituir la inspección en cámara

del documento en disputa. Solers, Inc. v. Internal Revenue

Serv., 827 F.3d 323 (4to Cir. 2016); Hamdan v. U.S. Dept. of

Justice, 797 F.3d 759 (9no Cir. 2015); Ethyl Corp. v. U.S.

E.P.A., 25 F.3d 1241 (4to Cir. 1994). En otras palabras, el

tribunal puede descansar en prueba suplementaria para

determinar si procede el privilegio reclamado por el Estado.

Lane v. Dept. of Interior, 523 F.3d 1128 (9no Cir. 2008);

Lion Raisins v. U.S. Dept. of Agriculture, supra. De

determinarse, en esa etapa, que procede el privilegio, la

inspección en cámara no será requerida. Lewis v. I.R.S.,

823 F.2d 375 (9no Cir. 1987).

Para propósitos del presente caso, encontramos muy

revelador y pertinente lo indicado en el historial

legislativo de una de las enmiendas al FOIA en relación a la

inspección de documentos en cámara. Según indicado:

H.R. 12471 amends the present law to permit such in camera examination at the discretion of the court. While in camera examination need not be automatic, in many situations it will plainly be necessary and appropriate. Before the court orders in camera inspection, the Government should be given the opportunity to establish by means of testimony or detailed affidavits that the documents are clearly exempt from disclosure. CC-2017-668 37

The burden remains on the Government under this law. (Énfasis nuestro). S. Rep. Núm. 93-1200, pág. 9 (1974), reimpreso en 1974 USCCAN 6285, 6287-88. Véase, también, Lewis v. I.R.S., supra, pág. 378 esc. 4.

En fin, en algunos casos particulares, el examen en

cámara puede ser innecesario. Véanse: Hamdan v. U.S. Dept.

of Justice, supra; Aids Healthcare Foundation v. Leavitt,

256 Fed. Appx. 954 (9no Cir. 2007); Lion Raisins v. U.S.

Dept. of Agriculture, supra; Vaughn v. Rosen, 484 F.2d 820

(D.C. Cir. 1973); Turner v. U.S. Dept. of the Treasury,

supra. En particular, en el caso de Lion Raisins v. U.S.

Dept. of Agriculture, supra, se determinó que, al no haber

una controversia en cuanto al tipo de información contenida

en el documento en disputa, la inspección en cámara sería un

ejercicio fútil.26

Ahora bien, cuando el expediente y la prueba

suplementaria del Estado no justifique satisfactoriamente el

privilegio gubernamental, entonces el tribunal podrá

inspeccionar en cámara los documentos en disputa. Islamic

Shura Council of Southern California v. F.B.I., 635 F.3d

1160 (9no Cir. 2011); Lane v. Dept. of Interior, supra.

Véase, además, 33 Wright & Koch, Federal Practice and

Procedure: Judicial Review Sec. 8440, pág. 524 (2006).27

III

_________________________ 26 Véase Harvey's Wagon Wheel, Inc. v. N.L.R.B., 550 F.2d 1139 (9no Cir. 1976). 27 No debemos perder de vista que, aunque se tomen medidas cautelares, la inspección en cámara involucra ciertos riesgos a la confidencialidad de la información. 33 Wright & Koch, Federal Practice and Procedure: Judicial Review Sec. 8440, pág. 524 (2006). CC-2017-668 38

En el presente caso, el foro primario determinó que,

para evaluar si el documento en disputa es de naturaleza

pública y si está cobijado por un privilegio, debía

realizar una inspección en cámara del mismo.28 En el

recurso de certiorari ante nos, el Gobierno alegó que la

inspección en cámara de un documento de trabajo constituye

una interferencia indebida con los procedimientos y

funciones de la Rama Ejecutiva.29 En particular, se

argumentó que existen privilegios gubernamentales que

protegen la confidencialidad de documentos relacionados al

ejercicio de las prerrogativas y funciones del Gobernador,

a saber: el privilegio ejecutivo y el privilegio sobre los

procesos deliberativos.

En esa línea, los peticionarios adujeron que el

proyecto de presupuesto en disputa “constituye una

comunicación interagencial producida durante el curso de un

proceso deliberativo y de formación de política pública

presupuestaria de dicho funcionario” (refiriéndose al

Gobernador).30 Por otro lado, el Senador reclamó que le

asiste el derecho constitucional al acceso a la información

pública.

_________________________ 28 Véanse las págs. 2-3 de la Resolución y Orden de 26 de julio de 2017 emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 29 Petición de Certiorari, pág. 23. 30 Petición de Certiorari, pág. 24. Los peticionarios objetaron, además, la presentación del documento en controversia ante el Tribunal de Primera Instancia para inspección en cámara. Véase la pág. 19 de la Petición de Certiorari (“En este caso el foro de instancia claramente abusó de su discreción al acceder a resolver en los méritos el reclamo del Senador Bhatia Gautier, ordenándole al Primer Ejecutivo que le entregara el documento en pugna, en un sobre lacrado, para inspeccionarlo en cámara y determinar si es confidencial”). CC-2017-668 39

A base de lo anterior concluimos que, en el presente

caso existe una controversia de derecho justiciable y

genuina entre las partes. Por tratarse de un asunto de

alto interés público que interpone derechos

constitucionales de integrantes de las otras dos Ramas del

Gobierno, es menester intervenir en este momento para

considerar la necesidad de la inspección en cámara a priori

del documento en cuestión que ordenó el foro primario.31

La inspección en cámara podría ser el vehículo a

utilizarse en el contexto adecuado. Véase Santiago v. Bobb

y El Mundo, Inc., supra. Ahora bien, por tratarse de una

controversia de derecho y por el tipo de documento en

cuestión, entendemos que, en el presente caso, una

inspección en cámara del mismo en este momento no aportaría

al análisis del balance de intereses. Basta con examinar

el proyecto de presupuesto final para conocer de qué

consiste el documento en disputa.

Así pues, nos preguntamos, ¿qué exactamente es lo que

se podría encontrar al inspeccionar el documento en

cuestión con el propósito de tomar una determinación en el

caso? No podemos pensar de qué manera esto sería relevante

a la verdadera controversia en el caso, a saber: si el

Estado puede cumplir con su carga probatoria para sustentar

los privilegios reclamados. Claro está, previo a ello, se

debe determinar si el documento en cuestión es

efectivamente de naturaleza pública. _________________________ 31 Según anteriormente indicado, la utilidad de la inspección en cámara se ha reconocido en múltiples ocasiones como un vehículo supletorio para dirimir conflictos concernientes a reclamos de privilegio. CC-2017-668 40

Para poder emitir una determinación, en el balance de

intereses, en cuanto a si procede o no privilegio alguno en

el presente caso, las partes deben primero, poner al

tribunal en posición en cuanto a cuáles son los intereses

en conflicto. Luego, de surgir razones de peso, y el

tribunal entender que el examen del documento en cuestión

es esencial a su análisis, entonces el foro primario podría

solicitar el documento para una inspección en cámara. No

antes.

Debemos recordar que, en el presente caso, el Estado

reclamó unos privilegios gubernamentales a base de la

alegada confidencialidad del documento en disputa. Entre

éstos, alegó el privilegio ejecutivo, el cual tiene base

constitucional. Ante un reclamo de un privilegio de esta

índole, los tribunales debemos ser muy cautelosos en el

manejo de la información en controversia. Tanto así, que no

se debe ordenar la producción del documento para inspección

en cámara a menos que sea estrictamente necesario.

Consecuentemente, opinamos que, en el caso ante nos, el

foro primario denegó correctamente la moción de

desestimación presentada por el Gobierno pero debió,

inicialmente, ordenar a las partes someter sus respectivos

memorandos de derecho para que éstas le pusieran en posición

de determinar si el documento es de naturaleza pública y, de

ser así, si proceden los privilegios alegados.32 Sólo así,

_________________________ 32 Cabe mencionar que, mediante su Resolución y Orden de 26 de julio de 2017, el Tribunal de Primera Instancia no sólo ordenó al Gobierno producir “el Proyecto de Presupuesto presentado a la Junta el 30 de abril de 2017, para inspección en cámara”, sino también “presentar una moción en la que explique en CC-2017-668 41

y en consideración al balance de los intereses implicados,

podría entonces el foro primario determinar si proceden o no

los privilegios alegados.

Por el contrario, el foro primario ordenó la producción

del documento en cuestión para inspección en cámara, antes

de determinar si el mismo es de naturaleza pública y de

resolver si la confidencialidad del documento en sí está

protegida por alguno de los privilegios alegados. Abusó de

su discreción al así hacerlo.

Por lo tanto, concluimos que erró el Tribunal de

Apelaciones al negarse a expedir el recurso que le fuera

presentado, al igual que el foro primario al ordenar la

producción del documento en cuestión para inspección en

cámara en la etapa que lo hizo, sin contar aún con las

justificaciones específicas del Estado para negarse a

divulgarlo.

IV

De conformidad con lo anteriormente indicado, sin

ulterior procedimiento y al amparo de la Regla 50 del

Reglamento de este Tribunal, supra, se expide el auto de

certiorari solicitado y se revoca en parte la Resolución y

Orden de 26 de julio de 2017 emitida por el Tribunal de

Primera Instancia respecto a la producción del documento

en controversia para inspección en cámara. Fuera de esto,

se confirma dicha Resolución y Orden en los demás extremos

no incompatibles con lo aquí dispuesto. Se deja sin

________________________________________________ detalle las razones por las cuales la información solicitada, o parte de ella, cualifica para la aplicación del privilegio invocado”. (Énfasis en el Original). Véase la Resolución y Orden de 26 de julio de 2017, a la pág. 3. CC-2017-668 42

efecto la paralización ordenada y se devuelve el caso al

foro primario para la continuación de los procedimientos

de conformidad con lo indicado en la presente Opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico Recurrido v. CC-2017-668 Certiorari

Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionarios

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, sin ulterior procedimiento y al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B (2012), se expide el auto de certiorari solicitado y se revoca en parte la Resolución y Orden de 26 de julio de 2017 emitida por el Tribunal de Primera Instancia respecto a la producción del documento en controversia para inspección en cámara. Fuera de esto, se confirma dicha Resolución y Orden en los demás extremos no incompatibles con lo dispuesto en la Opinión. Se deja sin efecto la paralización ordenada y se devuelve el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo indicado en la Opinión.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil o correo electrónico y posteriormente, por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de Conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez Asociado señor Colón Pérez emitieron Opiniones Disidentes.

Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico

Recurrido

v. CC-2017-668 Certiorari Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

Del expediente en este caso surge claramente el

hecho de que el documento en controversia constituye un

borrador. Esto es, un documento que no es final, pues aún

existe la posibilidad de que sea modificado antes de ser

notificado a su destinatario. La parte recurrida insiste

en argumentar que el mencionado documento no es un

borrador, sino un “proyecto de presupuesto” o una

“propuesta” dirigida a la Junta de Supervisión y

Administración Financiera para Puerto Rico (Junta de

Supervisión Fiscal). Sea cual fuere la forma en que se

intitule el referido documento, en lo que no existe CC-2017-668 2

controversia es que éste era un documento sujeto a cambios

y, por lo tanto, no era final hasta que se enviara a su

destinatario. Lo cierto es que lo que el Ejecutivo preparó

y que es objeto de esta controversia fue el proyecto de

presupuesto que, conforme a disposición constitucional, le

es requerido enviar a la Asamblea Legislativa todos los

años.33 Ese es el trámite constitucional y ha sido el mismo

que se ha seguido correctamente desde la aprobación de

nuestra Ley Suprema. La única diferencia en esta ocasión

es que la Ley para la Supervisión, Administración y

Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus

siglas en inglés)34 dispone que tal borrador de proyecto de

presupuesto sea verificado por la Junta de Supervisión

Fiscal, creada por la referida ley federal. Durante más de

60 años, el Ejecutivo ha preparado el borrador del

presupuesto teniendo el espacio para, como borrador al

fin, hacer los cambios que sean necesarios antes de

enviarlo a la Asamblea Legislativa.

Siendo así, ¿cuál es la ley que convierte en

documento público el borrador del presupuesto que el Poder

Ejecutivo envió, no a su destinatario -la Asamblea

Legislativa- sino a la Junta creada por legislación

federal? ¿Convierte la conocida Ley PROMESA ese documento

en uno público? De no ser así, ¿la Sec. 1001 de la Ley de

_________________________ 33 Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 34 Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, 48 USCA sec. 2101 et seq. CC-2017-668 3

Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico35

enmarca esta situación particular? La contestación a estas

preguntas es en la negativa, y me parece que no podría ser

de otra forma. El derecho del Pueblo a saber, el cual

emana de la Primera Enmienda de la Constitución federal y

de nuestra Carta de Derechos como piedra angular de

nuestra democracia, no incluye ni puede incluir -bajo los

parámetros del sentido común y la justicia- el borrador de

lo que en un momento podría llegar a ser un documento

público. De otra manera, las ideas, el sentir y los

pensamientos de los funcionarios en su gestión pública

sucumbirían ante la posibilidad de llegar a ser rehenes

(entre otros males) de la terrible demagogia (aunque

ciertamente no podría especular que sería éste el caso).

No debemos pasar por alto que, aunque los términos

“democracia” y “demagogia” podrían tener alguna similitud

fonética, son ciertamente muy distintos. La democracia

constituye la raíz y la razón de ser del derecho del

Pueblo a saber, del cual es garante la Primera Enmienda de

la Constitución federal y nuestra Carta de Derechos.

Mientras que la demagogia, aunque protegida por esas

mismas garantías constitucionales, constituye un terrible

germen maligno de nuestra democracia, el cual no

conviene alimentar.

Establecer, como pretende la parte recurrida, que un

borrador que no ha sido enviado a su destinatario

_________________________ 35 3 LPRA sec. 1001. CC-2017-668 4

constituye de por sí un documento público, no obedece al

derecho positivo y, peor aún, abre la puerta a situaciones

que en nada ayudan al buen desarrollo de la función

pública. Por tal razón, estoy conforme con la Opinión

emitida por la Mayoría del Tribunal.

A. El derecho de los ciudadanos al acceso de “documentos públicos” En una sociedad como la nuestra, es necesario

reconocerle a todo ciudadano “el derecho legal de examinar

e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a

aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad

pública”. (Énfasis suprimido).36 Así, hemos reconocido el

derecho de acceso a información pública como un corolario

necesario al ejercicio de los derechos de libertad de

palabra, prensa y asociación consagrados en el Art. II,

Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado, LPRA,

Tomo 1.37 El propósito primordial de esa sección es

garantizar la libre discusión de los asuntos de gobierno.38

Por ello, es necesario facilitar a todos los ciudadanos de

nuestro País el derecho a examinar el contenido de los

expedientes, informes y documentos que se recopilan en la

gestión de gobierno.39 Ello pues, “si el Pueblo no está

debidamente informado del modo en que se conduce la

_________________________ 36 Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982). 37 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000). 38 Íd. 39 Íd. CC-2017-668 5

gestión pública, se verá coartada su libertad de expresar,

por medio del voto o de otra forma, su satisfacción o

insatisfacción con las personas, reglas y procesos que le

gobiernan”.40

Ahora bien, aunque el derecho de acceso a la

información pública es uno fundamental por el estrecho

vínculo que existe con los derechos a la libertad de

expresión, asociación y a pedir al Gobierno reparación de

agravios, éste no es absoluto ni ilimitado.41 Este derecho

puede ser limitado por el Estado si existe un interés

apremiante que lo justifique.42 Por tal motivo, este

Tribunal ha establecido que el derecho de acceso a

determinada información en poder del Estado depende, en

primer lugar, de si la información solicitada es en

realidad información pública.43 A esos fines, nuestro

ordenamiento jurídico ha dado varias definiciones al

término “información pública”. Una de ellas es la

dispuesta en el Art. 1(b) de la Ley Núm. 5 de 8 de

diciembre de 1955 (Ley Núm. 5), según enmendada, conocida

como la Ley de Administración de Documentos Públicos de

Puerto Rico, 3 LPRA secs. 1001-1013.

El Art. 1 de la Ley Núm. 5, supra, dispone que el

propósito del estatuto es “establecer un programa _________________________ 40 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 175. 41Íd.; López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 228 (1987); Soto v. Srio. de Justicia, supra, pág. 493. 42 López Vives v. Policía de P.R., supra, pág. 229. 43 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 176; Pueblo v. Tribunal Superior, 96 DPR 746, 755 (1968). CC-2017-668 6

sistemático de conservación de documentos, que en

consideración a su valor histórico, legal, administrativo

o informativo merecen preservarse por mucho más tiempo, y

la eliminación de aquellos documentos que no solamente

carecen de valor permanente, sino que además han perdido

ya toda su utilidad administrativa”. (Énfasis nuestro).

3 LPRA sec. 1001 nota.

En particular, el inciso (b) del Art. 3 de la Ley

Núm. 5, supra, define “documento público” de la manera

siguiente:

Es todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.

Por su parte, el Art. 1170 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 3271, establece que “son documentos públicos los

autorizados por un notario o empleado público competente,

con las solemnidades requeridas por ley”.

Por consiguiente, cuando un documento cumple con lo

dispuesto por alguna de estas definiciones, el ciudadano

común tiene derecho a solicitar acceso a la información y CC-2017-668 7

el Estado sólo podrá negar válidamente el acceso en un

número determinado de supuestos.44

A base de lo anterior, al evaluar la controversia

ante nuestra consideración, el primer análisis que debemos

realizar es si un “borrador”, preparado por un funcionario

en el ejercicio de su cargo, que no ha sido enviado a su

destinatario constituye de por sí un documento público.

En Pueblo v. Tribunal Superior, 96 DPR 746 (1968),

este Tribunal tuvo ante sí una controversia que, aunque en

un escenario distinto al que nos ocupa, indudablemente nos

ayuda a ilustrar la naturaleza especial de los documentos

que son preparados y circulados en el curso del cargo de

un funcionario para fines internos de la entidad

gubernamental. Allí, se le imputaron tres cargos al

acusado por infringir la Ley de Contribuciones sobre

Ingresos. A esos efectos, el acusado solicitó al Tribunal

de Primera Instancia que ordenara al Secretario de

Hacienda que le suministrara copia de los informes

preparados por los Inspectores del Negociado de

Contribuciones sobre Ingresos (Inspectores) en cuanto a su

caso, ya que el Secretario de Hacienda se había negado a

proveerlos.45 El foro de instancia denegó dicha petición

_________________________ 44 Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 176. 45 Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 748. CC-2017-668 8

por el fundamento de que esos documentos no estaban bajo

la custodia del Fiscal.46

Inconforme con esa determinación, el acusado

solicitó una reconsideración mediante la cual invocó que

los informes preparados por el Negociado de Contribuciones

sobre Ingresos, productos de la investigación

administrativa del caso, no formaban parte del trabajo del

Fiscal, no eran declaraciones juradas y no tenían la

protección de la Regla 95 de Procedimiento Criminal.47

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el

tribunal de instancia reconsideró su determinación y

resolvió que debía proporcionarse al acusado copia del

informe presentado al Secretario de Hacienda por los

Inspectores o permitírsele examinarlo o fotografiarlo.48

Al evaluar la naturaleza y el propósito de los

documentos, este Tribunal resolvió que, a la luz del

Art. 1170 del Código Civil, supra, “un informe, memorando

o escrito preparado por un empleado o funcionario en el

ejercicio de su cargo o empleo para su superior o para

fines internos de las decisiones y actuaciones

departamentales no son documentos públicos que, conforme

_________________________ 46 Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 748. 47 Íd., págs. 748-749. 48 Íd., pág. 749. CC-2017-668 9

al Art. 47 de la Ley de Evidencia, todo ciudadano tiene

derecho a inspeccionar”. (Énfasis nuestro).49

En ese sentido, concluimos que, a pesar de que el

informe de los Inspectores, preparado en el curso de sus

cargos y presentado a su superior (el Secretario de

Hacienda) para las determinaciones de éste, probablemente

podía tener materia de evidencia propia para desfilar en

el juicio, no había duda de que también contenía otras

materias que no lo eran; entre ellas: las interpretaciones

de esos funcionarios de determinados hechos, sus

conclusiones subjetivas de tales hechos, así como sus

conclusiones a tenor de la ley contributiva que

administran y, en lo que a la acción criminal respecta,

también podía contener el método de trabajo o el enfoque o

la estrategia de los funcionarios del Estado para sostener

la acusación.50

Nuestra determinación en ese caso se basó en motivos

de orden público y en las implicaciones que resolver lo

contrario podría tener en el funcionamiento efectivo del

Gobierno. Específicamente, indicamos lo siguiente:

_________________________ 49Pueblo v. Tribunal Superior, supra, págs. 755-756. Véanse, además, a modo ilustrativo: Barr v. Matteo, 360 US 564 (1959); Howard v. Lyons, 360 US 593 (1959); Denman v. White, 316 F.2d 524 (1er Cir. 1963); Pagano v. Martin, 275 F. Supp. 498. En estos casos se consideró que gozaban de un absoluto privilegio, con total inmunidad para su autor contra reclamaciones por libelo o difamación, documentos surgidos en el curso del desempeño del cargo o empleo y tramitados por los canales oficiales para fines oficiales; a pesar del hecho de que en algunos de esos casos el funcionario hizo alguna divulgación fuera del cauce departamental. 50 Pueblo v. Tribunal Superior, supra, págs. 756-757. CC-2017-668 10

Por razones de orden público; porque ello afectaría el efectivo funcionamiento del gobierno e impediría que los funcionarios actuaran con entera libertad y entereza, sin temor o inhibición alguna en la preparación de informes, memorandos u otras expresiones o comunicaciones en el curso de sus cargos, para fines departamentales, debemos concluir que el Informe que aquí se interesa, como tal, no está sujeto a inspección bajo la Regla 95 como un “documento” o “papel” obtenido por El Pueblo, de otra persona. (Énfasis nuestro).51

De lo anterior surge que, en un contexto criminal,

en el cual está involucrado uno de los derechos

fundamentales más importantes, el derecho a la libertad de

un individuo, este Tribunal no permitió descubrir bajo la

Regla 95 de Procedimiento Criminal aquellos escritos

preparados por un funcionario en el curso de su cargo para

fines internos de la agencia por no tratarse de documentos

públicos.

Por otro lado, en varias instancias el Secretario de

Justicia de Puerto Rico ha emitido su opinión en

contestación a consultas realizadas a su Oficina en

relación con el asunto de “documentos públicos”. Veamos.

En el 1957, el entonces Gobernador de Puerto Rico,

Hon. Luis Muñoz Marín, remitió al Secretario de Justicia

de aquel momento, Hon. Juan B. Fernández Badillo, la

consulta sobre si procedía la expedición de copia

certificada (por parte de la Comisión de la Policía

-actual Policía de Puerto Rico-) de ciertos documentos

_________________________ 51 Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 757. CC-2017-668 11

relacionados con un caso administrativo que se ventilaba

contra un teniente de la Policía.

El licenciado Fernández Badillo expresó que “[u]n

escrito de un funcionario público hecho sin que medie

autorización o requerimiento estatutario no se considera

un documento público. Tampoco gozan del carácter de

documento público las notas, memoranda y correspondencia

de los funcionarios gubernamentales que surgen en forma

incidental a la administración de los asuntos de una

oficina”. Op. Sec. Just. Núm. 21 de 29 de abril de 1957.

Además, el entonces Secretario de Justicia manifestó

que “el Estado no está obligado a suministrar copia de

informes y cartas que surgen en forma incidental a la

administración de una oficina puesto que aunque se

relacionen con asuntos públicos no constituyen propiamente

un récord público”. Op. Sec. Just. Núm. 21 de 29 de abril

de 1957.

Por su parte, en el 1964, el entonces Secretario del

Trabajo, Hon. Frank Zorrilla, consultó al Secretario de

Justicia de ese momento, Hon. Hiram R. Cancio, en relación

con el carácter público o no de las pólizas de seguro de

obreros que se encontraban en poder del Departamento del

Trabajo. Mencionó que el Art. 407 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA ant. sec. 1762, disponía que

eran documentos públicos aquellos que se determinaban así

en el Art. 1170 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3271. Como CC-2017-668 12

consecuencia de ello, hizo referencia a lo esbozado por el

tratadista español José María Manresa y Navarro sobre el

Art. 1216 del Código Civil Español (similar a nuestro

Art. 1170) respecto a que la definición de “documento

público” abarca tres aspectos distintivos: (1) la

intervención de un notario o funcionario público que

preste autenticidad; (2) la competencia de ese notario o

funcionario público, y (3) la concurrencia en el documento

de las solemnidades exigidas por ley. Op. Sec. Just. Núm.

5 de 8 de enero de 1964.

En otra ocasión, y en respuesta a una consulta del

ex Superintendente de la Policía, Hon. Salvador Rodríguez,

en relación a si constituía un documento público el

historial personal de aquellos ciudadanos con los que la

Policía había intervenido y que constaban en la División

de Identificación Criminal de la Policía. El entonces

Secretario de Justicia, Hon. Rafael Hernández Colón,

determinó que dicho documento era público y estaba sujeto

a inspección por los ciudadanos. No obstante, añadió que

“como ese derecho de inspección no se considera absoluto,

es válida la norma de permitir tal inspección, o la

expedición de copias certificadas de tales récords, a las

personas que tengan un interés legítimo en el asunto”. Op.

Sec. Just. Núm. 47 de 14 de septiembre de 1966.

De igual forma, el licenciado Hernández Colón señaló

que en múltiples instancias el Departamento de Justicia ha

enfatizado que “el derecho de inspección garantizado por CC-2017-668 13

la Ley de Evidencia no se extiende a las notas, memoranda

y correspondencia de los funcionarios gubernamentales, que

surgen en forma incidental a la administración de los

asuntos de una oficina, ni a aquella información de

carácter confidencial, la divulgación de la cual pueda

acarrear perjuicio al buen funcionamiento de la agencia

que la posee”. Op. Sec. Just. Núm. 47 de 14 de septiembre

de 1966.

B. El Privilegio Ejecutivo

En la jurisdicción federal se han reconocido tres

componentes principales de la doctrina de privilegio

ejecutivo: (1) secretos de estado y militares;52

(2) procesamiento criminal;53 y (3) proceso deliberativo.54

A su vez, en cuanto al proceso deliberativo, los

tribunales en la esfera federal han identificado tres

fundamentos para sustentar la existencia del privilegio

del proceso deliberativo:

First, the privilege protects candid discussions within an agency. Second, it prevents public confusion from premature disclosure of agency opinions before the agency establishes final policy. Third, it protects the integrity of an agency´s decision; the public should not judge

_________________________ 52Véanse: United States v. Reynolds, 345 US 1, 6–8 (1953); Chicago & Southern Air Lines, Inc. v. Waterman Steamship Corp., 333 US 103, 111 (1948); Totten v. United States, 92 US 105, 106–07 (1875). 53 Véase Roviaro v. United States, 353 US 53, 59–61, 77 (1957). 54Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena, 40 FRD 318, 324 (DDC 1966), confirmado en 384 F.2d 979 (DC Cir. 1967); N.L.R.B. v. Sears, Roebuck & Co., 421 US 132, 151–153 (1975); EPA v. Mink, 410 US 73, 86– 93 (1973). Véase, además, R. Iraola, Congressional oversight, executive privilege and requests for information relating to federal criminal investigations and prosecutions, 87 Iowa L. Rev. 1559 (2002). CC-2017-668 14

officials based on information they considered prior to issuing their final decisions.55

Así, el privilegio se enfoca en documentos que

reflejan opiniones consultivas, recomendaciones y

deliberaciones que comprenden parte del proceso mediante

el cual el gobierno toma decisiones y formula política

pública.56 Su propósito es uno relacionado a la política

pública de proteger los intercambios confidenciales de

opiniones y consejos dentro de la Rama Ejecutiva. Es

decir, el privilegio se limita a proteger el intercambio

de documentos que reflejan las opiniones, recomendaciones

y deliberaciones que contribuyen al proceso de toma de

decisiones.57

No obstante, de todo lo anterior, un detalle

importante que subyace es la conclusión lógica de que, al

hablar del llamado privilegio ejecutivo en cualquiera de

sus tres modalidades, nos referimos a documentos que son

finales. Esto es, un documento que ha sido dirigido a su

destinatario, ya sea externo o interno, sin importar la

sencillez, complejidad o extensión de tal documento o el

resultado de tal gestión. Si no se da esta condición de

finalidad, no corresponde hablar del privilegio, pues el

documento no alcanzaría siquiera la condición de documento

público. _________________________ 55 Judicial Watch, Inc. v. Clinton, 880 F. Supp. 1, 12 (DDC 1995) confirmado en 76 F.3d 1232 (DC Cir. 1996). 56 Véase N.L.R.B. v. Sears, Roebuck & Co. supra, págs. 151-153 57 Véase Corporación Insular de Seguros v. García, 709 F. Supp. 288, 295-296 (1989). CC-2017-668 15

C. La Ley PROMESA

En esencia, la Ley PROMESA establece la Junta de

Supervisión Fiscal, cuyo propósito se circunscribe a

proveer un método para lograr el alcance de

responsabilidad fiscal y acceso a los mercados capitales.

48 USCA sec. 2121. Consecuentemente, las disposiciones

incluidas en la Ley PROMESA van dirigidas a la concesión

de poderes y facultades a la Junta de Supervisión Fiscal

para lograr dicho norte.

La parte recurrida pretende que el Ejecutivo le

entregue copia del proyecto de presupuesto preparado por

el Gobernador y entregado a la Junta de Supervisión

Fiscal. Nuevamente, es importante destacar que lo que el

Ejecutivo envió a la Junta de Supervisión Fiscal no es más

que un borrador, según requerido por la Ley PROMESA.58

_________________________ 58 Sec. 2142 Approval of Budgets

[…]

(c) Budgets developed by Governor

(1) Governor's proposed Budgets

The Governor shall submit to the Oversight Board proposed Budgets by the time specified in the notice delivered under subsection (a). In consultation with the Governor in accordance with the process specified in the notice delivered under subsection (a), the Oversight Board shall determine in its sole discretion whether each proposed Budget is compliant with the applicable Fiscal Plan and--

(A) if a proposed Budget is a compliant budget, the Oversight Board shall--

(i) approve the Budget; and

(ii) if the Budget is a Territory Budget, submit the Territory Budget to the Legislature; or

(B) if the Oversight Board determines that the Budget is not a compliant budget, the Oversight Board shall provide to the Governor--

(i) a notice of violation that includes a description of any necessary corrective action; and CC-2017-668 16

Nótese que la aludida disposición se refiere a un

documento imperfecto que está sujeto a múltiples

revisiones, según sean señaladas por la Junta de

Supervisión Fiscal, lo que provoca una dinámica en la que

el Ejecutivo modifica y envía varios borradores a la Junta

de Supervisión Fiscal hasta que se perfeccione según los

estándares requeridos.59

Además, esta disposición recae en una obligación del

Ejecutivo hacia la Junta de Supervisión Fiscal

expresamente. Nada de lo establecido en la Ley PROMESA

insinúa, instruye u obliga a que el Ejecutivo le provea a

un ciudadano, en este caso la parte recurrida, el borrador

del presupuesto en cuestión. Tampoco convierte el borrador

del presupuesto en un documento público.

En fin, la controversia en este caso gira en torno a

un borrador del presupuesto preparado por el Ejecutivo en

el ejercicio de su cargo, el cual envió a la Junta de

Supervisión Fiscal, según las disposiciones de la Ley

________________________________________________ (ii) an opportunity to correct the violation in accordance with paragraph (2). 48 USCA sec. 2142(c)(1). 59(2) Governor's revisions

The Governor may correct any violations identified by the Oversight Board and submit a revised proposed Budget to the Oversight Board in accordance with paragraph (1). The Governor may submit as many revised Budgets to the Oversight Board as the schedule established in the notice delivered under subsection (a) permits. If the Governor fails to develop a Budget that the Oversight Board determines is a compliant budget by the time specified in the notice delivered under subsection (a), the Oversight Board shall develop and submit to the Governor, in the case of an Instrumentality Budget, and to the Governor and the Legislature, in the case of a Territory Budget, a revised compliant budget. 48 USCA sec. 2142(c)(2). CC-2017-668 17

PROMESA, a sabiendas de que el documento no era final. Es

decir, el documento conservaba su carácter de borrador. A

mi entender, no es hasta que ese documento es recibido por

la Asamblea Legislativa, organismo para el cual el

documento fue creado (el destinatario), que éste pierde la

naturaleza de borrador para convertirse en un documento

final. Es en ese momento y no antes que el documento se

convierte en uno público y, por ende, revisable por todo

ciudadano.

Por todo lo anterior, estoy conforme con la Opinión

del Tribunal.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico

Recurrido Certiorari v. CC-2017-0668 Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ

Este es un caso de acceso a información pública y la

oposición del Estado a lo solicitado. En particular, este

Tribunal debía resolver si procede la desestimación de la

petición de mandamus presentada por el Hon. Eduardo Bhatia

Gautier, por alegadamente: (1) carecer de legitimación activa;

(2) la petición tornarse académica; (3) no agotarse los remedios

disponibles antes de acudir al foro judicial; y (4) la

improcedencia del mandamus como cuestión de derecho por, entre

otras cosas, ser de aplicación el privilegio ejecutivo. La

Opinión mayoritaria resuelve correctamente que no hay fundamento

alguno para desestimar la petición de mandamus presentada por el

Hon. Eduardo Bhatia Gautier. Ahí debió terminar su análisis. CC-2017-0668 2

Lamentablemente, la Mayoría del Tribunal posterga

innecesariamente la inspección en cámara del presupuesto sometido

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) ante la Junta

de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico

(Junta). Así, da un salto insólito e improvisa otra controversia:

¿cuáles, si alguna, son las limitaciones que impone el privilegio

ejecutivo a la inspección en cámara de un documento al cual

alegadamente le aplica dicho privilegio constitucional? Resuelve,

entonces, que el reclamo de privilegio ejecutivo impide el examen

en cámara del documento en cuestión previo a la presentación de

memorandos de derecho. De esta manera, la Mayoría se distancia de

la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Supremo federal

sin examinarla propiamente.

Porque la Opinión mayoritaria adjudica preliminarmente el

pleito, se entromete innecesaria y excesivamente con la minucia

del trámite judicial, y deniega la inspección oportuna en cámara

de un documento de importancia trascendental, disiento

enérgicamente.

Los señalamientos de error de la parte peticionaria

cuestionan únicamente que no se desestimó la demanda de

mandamus. No obstante, la Opinión del Tribunal va más allá y

prejuzga tácitamente la controversia de fondo al establecer el

alcance de los privilegios sobre información gubernamental. CC-2017-0668 3

Esto, aunque no está en posición de aplicar los criterios que

reconoce.60

Voté para que el recurso no se expidiera pues resulta

evidente que la Jueza de instancia no cometió un error de

derecho ni abusó de su discreción, lo cual impide nuestra

intervención en este momento.61 Una Mayoría no solo expide el

recurso a destiempo sino que además emite expresiones numerosas

sobre el acceso a la información pública y los privilegios

relacionados a información gubernamental que, a mi juicio, son

desacertadas. Igualmente me preocupa que no se le brindó a las

partes la oportunidad de expresarse mediante la presentación de

alegatos –trámite normal cuando se expide un recurso- lo cual

evitó que los temas sustantivos involucrados se analizaran con

la profundidad y el rigor que ameritaban.62 Dicho esto, veamos

cuáles son las figuras jurídicas aplicables y las preocupaciones

que tengo con lo que resolvió el Tribunal.

A. Acceso a la información pública

La Opinión del Tribunal reconoce la centralidad del acceso

a la información pública en toda sociedad democrática. Sin

_________________________ 60 Por ejemplo, la Opinión mayoritaria reconoce por primera vez en nuestro ordenamiento el privilegio sobre información decisional en los procesos deliberativos, pero claramente no está en posición de aplicar el derecho que pauta. Incluso bajo el propio razonamiento mayoritario esta discusión era innecesaria, pues al final solo devuelve el caso al foro de instancia porque no podía examinar en cámara el documento sin evaluar argumentos adicionales por escrito. Esto demuestra que este no era el momento para expedir el recurso y adentrarnos a discutir el alcance de los privilegios aplicables.

61 Precisamente por esta razón el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso instado, pues no se cumplieron los criterios para expedirlo. 62 De hecho, el Hon. Eduardo Bhatia Gautier solicitó que, en caso de expedirse

el recurso de certiorari, se le ofreciera la oportunidad de presentar un alegato, lo cual no ocurrió. Solicitud de Orden, pág. 2. CC-2017-0668 4

embargo, el Tribunal reproduce una incertidumbre que ha

persistido desde que reconocimos este derecho constitucional en

Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982); esto es, bajo

cuál estándar de adjudicación se analizará la constitucionalidad

de una ley que establezca el carácter confidencial de cierta

información. Véase J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional

de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados

Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2010, pág. 1179. En Soto v. Srio. de

Justicia, supra, págs. 493-494, discutimos primero el estándar

de balance de intereses reconocido en United States v. O’Brien,

391 US 377 (1968).63 Sin embargo, más adelante reconocimos que en

estos casos se impone un “estricto escrutinio judicial”. Soto

v. Srio. de Justicia, supra, pág. 497. Ambos criterios son

distintos, pero el Tribunal no los distingue en ese y en varios

casos posteriores.64

Establecer con claridad el estándar de adjudicación

aplicable posibilita la solución del pleito y reduce la

arbitrariedad. Véase J.J. Álvarez González, Derecho

Constitucional, 74 Rev. Jur. UPR 597, 628 (2005). Por el

carácter neurálgico del acceso a la información pública

considero que el Tribunal debió aclarar, de una vez y por todas,

_________________________ 63 Soto v. Srio. de Justicia, supra, págs. 493-494 (“En United States v. O’Brien, 391 US 367, 377 (1968), sostuvo que una regulación gubernamental estaría suficientemente justificada si: (1) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante o sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión; y (4) la restricción concomitante de los alegados derechos bajo la Primera Enmienda no es mayor que la esencial para propulsar dicho interés”). 64 Véanse, por ejemplo, Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582

(2007); Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 217 (1987); Santiago v. Bobb, 117 DPR 153, 159 (1986). CC-2017-0668 5

que en estos casos aplica un escrutinio judicial estricto.65

Véase Íd. (“[U]na vez Soto resolvió que hay un derecho

constitucional a acceso a información gubernamental, la búsqueda

de ese acceso se convierte en un ejercicio de la libertad de

expresión, por lo que cualquier ley que trate de impedirlo es

una ley que se dirige contra la expresión, a la cual debe

aplicar el escrutinio estricto”). Bajo este estándar, si un

tribunal determina que el documento solicitado es público, el

Estado tendrá que probar que sus intereses son apremiantes y que

la confidencialidad promueve necesariamente tales objetivos.66

Esta norma aplicaría ante cualquier reclamo de confidencialidad

del Estado, incluyendo la Regla 514 de Evidencia sobre

información oficial.

B. Privilegios sobre información pública

Distintas situaciones propician que los ciudadanos

soliciten judicialmente información en manos del Gobierno. Puede

tratarse, por ejemplo, de casos donde la información requerida

es medular para la controversia principal. Véase, por ejemplo,

López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 217 (1987). En otras

ocasiones, el ciudadano simplemente presenta una demanda de _________________________ 65 La Opinión mayoritaria señala que “dada su condición de derecho fundamental, para prevalecer, las restricciones impuestas por el aparato gubernamental deben responder a un interés apremiante del Estado”. Opinión mayoritaria, págs. 23-24. Sin embargo, posteriormente se hace referencia a que el foro primario debe hacer un balance de los intereses envueltos para determinar si proceden los privilegios en cuestión. Íd., pág. 39. 66 Véase J.J. Álvarez González & A.I. García Saúl, Derecho Constitucional, 65

Rev. Jur. UPR 799, 815 (1996) (“Conviene recordar los diferentes enfoques jurisprudenciales en la interpretación de la cláusula de libertad de expresión. En términos generales, para sostener la validez de una ley o actuación gubernamental que reglamenta la expresión por razón de su contenido, es necesario que el Estado satisfaga el llamado escrutinio estricto y demuestre: (1) que existe un interés público apremiante y (2) que el medio seleccionado promueve necesariamente la consecución de ese interés”). CC-2017-0668 6

acceso a información pública para fiscalizar adecuadamente la

función gubernamental. Véase, por ejemplo, Soto v. Srio. de

Justicia, supra. No obstante, en ambas instancias, el Estado

puede alegar que tiene un interés genuino en mantener

confidencial la información. Para evitar que un tribunal ordene

la divulgación de un documento, el Estado puede levantar el

privilegio ejecutivo de índole constitucional o los privilegios

particulares establecidos mediante legislación. Véase J.J.

Álvarez González, op. cit, pág. 363.

El privilegio ejecutivo constitucional no está reconocido

expresamente ni en la Constitución de Estados Unidos ni en la de

Puerto Rico. El razonamiento para su validez subyace en la

doctrina de separación de poderes, pues se cuestiona el alcance

del poder de la Rama Judicial con respecto a la Rama Ejecutiva.

En el caso seminal de United States v. Nixon, 418 US 683, 706

(1974), el Presidente de Estados Unidos planteó que la

independencia de la Rama Ejecutiva exigía reconocer que ningún

tribunal podía ordenar la divulgación de comunicaciones

presidenciales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó

categóricamente que exista un privilegio ejecutivo absoluto.

Ahora bien, reconoció un privilegio ejecutivo cualificado que

emana de la separación de poderes. Este privilegio protege las

comunicaciones entre el Presidente y sus asesores, pero le

corresponde a la Rama Judicial precisar sus fronteras. El

Tribunal no dejó claro bajo cuál estándar de adjudicación se

analizaría el privilegio, pero expresó, entre otras cosas, que CC-2017-0668 7

“[t]he very integrity of the judicial system and public

confidence in the system depend on full disclosure of all the

facts, within the framework of the rules of evidence”. Íd., pág.

709.

En Puerto Rico también derivamos este privilegio ejecutivo

de la separación de poderes que establece nuestra Constitución.

Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 598 (1983). Allí,

aclaramos que esa facultad tampoco es absoluta. Íd. Además, en

el contexto de un pleito sobre el poder investigativo de la

Asamblea Legislativa frente a la Rama Ejecutiva, expresamos que

examinaríamos la controversia utilizando “el método de sopesar

los intereses en conflicto”. Íd. No obstante, este estándar no

aplica a esta controversia, pues estamos ante un reclamo de

acceso a información pública. Véase E.L. Chiesa, Tratado de

Derecho Probatorio, Tomo I, Ed. Corripio, 1998, pág. 309 (“[E]s

amplio el derecho de la ciudadanía en general de recibir

información sobre asuntos de interés público y para fiscalizar

al gobierno. Cuando la polémica es entre dos ramas del gobierno,

como en Peña Clos v. Cartagena Ortiz, podría decirse que la

intervención de la Rama Judicial debe ser más modesta, pero

siempre está en juego el derecho de la ciudadanía a estar bien

informada sobre los asuntos del gobierno”) (notas omitidas).

Por otro lado, en Peña Clós v. Cartagena Ortiz, supra, pág.

599, señalamos “que una alegación desnuda de privilegio público,

sin apoyo en legislación adecuada, debe escudriñarse con

particular recelo”. Esta expresión fue criticada porque resulta CC-2017-0668 8

un contrasentido hablar de un privilegio constitucional que

requiera de una ley que lo viabilice. J.J. Álvarez González, op.

cit, pág. 364. Estoy de acuerdo con esa aseveración. Si no

existe una ley sobre la confidencialidad de la información

pública, el Tribunal deberá adentrase sin recelo alguno a

examinar la vertiente constitucional del privilegio. No

obstante, si existe una ley que reconoce la confidencialidad de

la información oficial, el Tribunal debe enfocar su análisis en

esa ley y evitar recurrir al privilegio ejecutivo

constitucional.

Expuesto lo anterior, resulta necesario examinar cómo se ha

reconocido estatutariamente este privilegio. No hay duda de “que

el medio más efectivo de salvaguardar información sensitiva

recopilada por el Estado en su gestión oficial, cuya divulgación

pudiera lesionar el interés público, es mediante legislación

especial”. Santiago v. Bobb, 117 DPR 153, 160 (1986). Ahora

bien, “en su ausencia es apropiado acudir supletoriamente a la

Regla 31 de Evidencia sobre información oficial”. Íd.67 Esta

Regla define “información oficial” como “aquélla adquirida en

confidencia por una persona que es funcionaria o empleada

pública en el desempeño de su deber y que no ha sido

oficialmente revelada ni está accesible al público hasta el

momento en que se invoca el privilegio”. Regla 514 de Evidencia,

32 LPRA Ap. VI. A esos efectos, esa persona puede solicitar que

no se divulgue la información oficial. El tribunal considerará

_________________________ 67 La Regla 31 de entonces es actualmente la Regla 514 de Evidencia. CC-2017-0668 9

si su divulgación está prohibida por ley o si divulgarla sería

perjudicial a los intereses del gobierno.68

En consideración a la relación entre el privilegio

ejecutivo constitucional y la referida regla, resulta

cuestionable, por no decir improcedente, discutir de manera

aislada ambos privilegios, tal y como lo hace la Opinión del

Tribunal. Al hacer esto, la Mayoría parecería darle mayor peso

sustantivo al privilegio ejecutivo. Sin embargo, estimo que la

Regla 514, en cuanto se refiere al privilegio ejecutivo, solo

tiene el efecto de incorporarlo estatutariamente.69 Por lo tanto,

considero que el alcance del privilegio ejecutivo constitucional

no tiene por qué ser mayor al privilegio de información oficial.

Mucho menos en una controversia donde se reclama el acceso a

información pública.

Por otro lado, en la Parte II-F se discute el privilegio

sobre información decisional en los procesos deliberativos sobre

política pública. No cuestiono los méritos normativos de este

privilegio. Sin embargo, resulta problemático la manera en que

_________________________ 68 Para una crítica a esta Regla véase E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 164 (“Bajo la Regla 514(B), el privilegio se reconoce si el tribunal estima que ‘divulgar la información sería perjudicial a los intereses del Gobierno’. Pero esto significa muy poco, pues el perjuicio que pueda invocar el Gobierno habría que balancearlo con la necesidad de la parte con que se admita la información y, sobre todo, con el derecho constitucional del Pueblo de acceso a información de lo que ocurre en el Gobierno”). 69 Véase E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 303

(“Me parece que lo preferible es sostener que en Puerto Rico, todo privilegio invocado por el gobierno (información gubernamental), debe verse bajo la Regla 31 de Evidencia [sobre información oficial], salvo lo relativo al privilegio de identidad de informantes, que debe examinarse bajo la Regla 32”); véase también J.J. Álvarez González, op. cit., pág. 363 (“Además de este privilegio ejecutivo de origen constitucional, la legislación puede reconocer privilegios adicionales o más específicos. . . . Para captar la relación entre estos dos tipos de privilegios, pregúntese si la Rama Ejecutiva quedaría desprovista de todo remedio si, por ejemplo, se derogara la Regla 31 de Evidencia”). CC-2017-0668 10

la Opinión mayoritaria incorpora a nuestro ordenamiento el

denominado deliberative-process privilege. En primer lugar, la

Mayoría parece sugerir que este privilegio es parte de la Regla

514 sobre información oficial. No obstante, al actuar así no

reconoce las singularidades de nuestro ordenamiento probatorio,

entre éstas, que en Puerto Rico -a diferencia de la jurisdicción

federal- los privilegios y su alcance están codificados por ley.

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 189. En cambio, el privilegio

sobre procesos deliberativos, como muchos otros privilegios,

proviene del common law. Matthew W. Warnock, Stifling

Gubernatorial Secrecy: Application of Executive Privilege to

State Executive Officials, 35 Cap. U. L. Rev. 983, 986 (2007).

Además, no tiene base constitucional alguna, a diferencia de las

comunicaciones presidenciales protegidas por el privilegio

ejecutivo constitucional. Íd., pág. 1012 (“The deliberative

process privilege is a ‘common sense-common law privilege’ that

is ‘shorn of any constitutional overtones of separation of

powers’”); véase Vaughn v. Rosen, 523 F.2d 1136, 1146 (D.C. Cir.

1975).

Por consiguiente, resulta problemático que el Tribunal

cuele el privilegio sobre procesos deliberativos, proveniente

del common law, a través de la Regla 514 que no acoge

expresamente ese privilegio ni delimita sus contornos. Según

reconoce el Profesor Chiesa, “[l]os privilegios deben surgir de

la ley, bien de la Constitución, de las reglas de evidencia o de

leyes especiales. Se trata de consideraciones de política CC-2017-0668 11

pública que suponen un delicado balance entre intereses

sociales, zona que corresponde a la Rama Legislativa”. Chiesa

Aponte, op. cit., pág. 188.70 En esta ocasión, ese balance

delicado de intereses exigía que la Asamblea Legislativa fuera

quien precisara las fronteras del privilegio sobre procesos

deliberativos. No obstante, la Mayoría decide calcar la

nomenclatura del common law sobre procesos deliberativos sin tan

siquiera cuestionarse su rol o las particularidades de ambos

ordenamientos jurídicos.71

Cada premisa, cada requisito, cada conclusión de la Opinión

del Tribunal se presenta como el resultado de un estudio

metódico del derecho y la aplicación del mítico razonamiento

legal. No obstante, a través de la aparente neutralidad del

“derecho aplicable” se resuelven sustantivamente controversias

de gran envergadura para nuestro ordenamiento constitucional y

democrático.72 Ante la manera en que se adoptan tales posturas,

no me queda más que expresar mi más profunda insatisfacción con

el proceder mayoritario.

_________________________ 70 De hecho, a nivel federal se adoptó la quinta excepción de la Freedom of Information Act para concretizar en el gobierno federal este privilegio de procesos deliberativos. Véase NLRB v. Sears, Roebuck & Co., 421 US 132, 150 (1975). 71 Claro está, al momento de evaluar el privilegio de información oficial en

un caso particular podemos examinar, junto a otros elementos de análisis, lo resuelto por los tribunales estatales sobre el privilegio de procesos deliberativos. El problema no es el estudio de esas fuentes secundarias, sino insinuar que en nuestro ordenamiento rige un privilegio que nunca ha sido aprobado por la Rama Legislativa. 72 Por ejemplo, en una nota al calce la Mayoría señala casualmente que el

privilegio de procesos deliberativos se ha extendido a requerimientos presupuestarios. ¿Queda alguna duda de que el Tribunal prejuzgó los méritos del caso? CC-2017-0668 12

Finalmente, la Mayoría resuelve que el privilegio ejecutivo

impide, en estos momentos, el examen en cámara del presupuesto

sometido a la Junta. Señala que, ante un reclamo de privilegio

ejecutivo, los tribunales deben ser muy cautelosos previo a la

inspección en cámara. Esto, como veremos a continuación,

contradice las razones de la inspección en cámara y las

expresiones federales y locales sobre el privilegio ejecutivo.

Además, incluso bajo la lógica mayoritaria, resulta evidente que

en este caso el ELA tuvo una oportunidad amplia de justificar la

aplicación del privilegio previo a la inspección en cámara del

documento.

La conveniencia del examen en cámara se ha reconocido por

múltiples tribunales como un mecanismo procesal adecuado para

determinar la existencia de un privilegio. Esto, pues, como

norma general, el examen de la prueba en cámara no afecta el

privilegio en cuestión sino que, por el contrario, permite

ponderar si el privilegio y los elementos que lo sustentan

realmente aplican a la prueba en controversia.73 Así también,

permite distinguir la materia privilegiada de la no-privilegiada

en aquellos casos en los que una parte reclama un privilegio en

exceso de lo necesario. Véase, por ejemplo, Hamilton v. Verdow,

414 A.2d 914, 927 (Md. 1980) (“[T]he in camera inspection may be

utilized to determine whether the material is privileged [and]

_________________________ 73 Véase, por ejemplo, C. Jennings, Attorney-Client Privilege - Crime-Fraud Exception - Use of in Camera Review, 82 Tenn. L. Rev. 663, 686 (2015) (“[T]he use of in camera review ensures preservation of the policies behind the privilege”). CC-2017-0668 13

to sever privileged from non-privileged material if severability

is feasible”). Lo anterior se logra a través de una intrusión

mínima por parte del juez en la materia en cuestión para

balancear así los intereses de las partes. U.S. v. Zolin, 491 US

554, 572 (1989). Es por eso que el uso de este mecanismo suele

promoverse ante reclamos de distintos tipos de privilegios.74

Sin embargo, cuando se trata de secretos de estado, esto

es, secretos militares o diplomáticos, el Tribunal Supremo

federal resolvió que la inspección en cámara por los tribunales

de documentos presidenciales afecta las prerrogativas del

Ejecutivo sobre seguridad nacional. Véase U.S. v. Reynolds, 345

US 1 (1953).75 Resulta meritorio señalar que en United States v.

Nixon, supra, el Presidente alegó que no procedía la inspección

en cámara de los documentos presidenciales porque la norma de

U.S. v. Reynolds, supra, se extendía a las comunicaciones entre

el Primer Ejecutivo y sus subalternos. El Tribunal Supremo

rechazó ese planteamiento y resolvió que:

Absent a claim of need to protect military, diplomatic, or sensitive national security secrets, we find it difficult to accept the argument that even the very important interest in confidentiality of Presidential communications is significantly diminished by production of such material for in camera inspection with all the protection _________________________ 74 Véanse, por ejemplo, E. J. Imwinkelried, The New Wigmore: A Treatise on Evidence (Evidentiary Privileges), sec. 9.2.2, pág. 1776 (secretos de negocios); Berens v. Berens, 785 S.E. 2d 733 (N.C. 2016) (privilegio abogado- cliente); People v. Superior Court, 80 Cal. App. 4th 1305 (2000) (información oficial). 75 El Tribunal razonó que en una circunstancia como esta, “the court should

not jeopardize the security which the privilege is meant to protect by insisting upon an examination of the evidence, even by the judge alone, in chambers”. U.S. v. Reynolds, supra, pág. 10. Cabe destacar que en Puerto Rico difícilmente se puede invocar el privilegio de secretos de estado. E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 302. CC-2017-0668 14

that a district court will be obliged to provide. United States v. Nixon, supra, pág. 706.

Concluyó que la inspección en cámara “is always a procedure

calling for scrupulous protection against any release or

publication of material not found by the court, at that stage,

probably admissible in evidence and relevant to the issues of

the trial for which it is sought”. Íd., pág. 714. Resulta, pues,

evidente que “[e]l examen en cámara es aquí claramente

permisible”. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 296.

Por otro lado, en Puerto Rico, desde Soto v. Srio. de

Justicia, supra, validamos la inspección en cámara, en ausencia

de las partes, para determinar adecuadamente la confidencialidad

invocada por el Estado. En Peña Clós v. Cartagena Ortiz, supra,

pág. 581, como parte del trámite apelativo, incluso devolvimos

el caso a instancia por considerar que nuestra intervención

sería prematura sin el examen previo de los documentos. Además,

en Santiago v. Bobb, supra, pág. 162, expresamos que, para

determinar la confidencialidad de la información, “el tribunal

puede hacer un examen en cámara de los documentos o información

que el Estado alega son privilegiados, como condición previa al

reconocimiento del privilegio”. Vemos, pues, que no le hemos

otorgado un alcance mayor al privilegio ejecutivo. A diferencia

de los secretos de estado, donde una vez se argumenta

fehacientemente la aplicación del privilegio no procede la

inspección en cámara, en los pleitos sobre el privilegio CC-2017-0668 15

ejecutivo la inspección en cámara no solo es claramente

permisible sino deseable.

La Opinión del Tribunal basa su argumento en que la

inspección en cámara no aporta al análisis porque ya se sabe la

naturaleza del documento. Resulta curiosa esa expresión, pues

previamente el Tribunal reconoció que el ELA no probó que el

documento sometido a la Junta era el mismo que fue sometido a

los cuerpos legislativos. Aunque podemos especular sobre el

contenido del documento, resulta necesario examinarlo para

determinar si se justifica mantenerlo confidencial; más aún si

se argumenta que fue parte de un proceso deliberativo. También

es problemático que este Tribunal ignore que el ELA ya tuvo la

oportunidad de presentar mociones y argumentar en sala la

aplicación del privilegio.76 De hecho, el Tribunal de Primera

Instancia entendió que “la parte demandada no detalló de forma

alguna por qué la información solicitada cualifica para la

aplicación del privilegio ejecutivo”.77 No obstante lo anterior,

en la Resolución y Orden objeto de revisión, el Tribunal de

Primera Instancia incluso concedió al ELA una tercera

oportunidad para explicar en detalle por qué la información debe

mantenerse confidencial. No he encontrado explicación ni

precedente alguno en nuestro ordenamiento jurídico, ni en ningún

otro, que justifique postergar la inspección en cámara y

concederle al ELA otro turno al bate. Seguiré buscando.

_________________________ 76 Véase Moción urgente reiterando desestimación y Moción en cumplimiento de orden presentadas por el ELA ante el foro primario. 77 Resolución y Orden del 26 de julio de 2017, pág. 3. CC-2017-0668 16

El Mago de Oz, escondido detrás de las cortinas, busca

influenciar su entorno sin que nadie le preste atención. No

cometamos ese error. En momentos de crisis cobra aún mayor

importancia el acceso de los ciudadanos a la información

pública. Este Tribunal debió aprovechar este momento histórico,

como valientemente hizo este foro luego de los sucesos del Cerro

Maravilla, para ampliar y no limitar un derecho constitucional

tan importante para este experimento diario llamado democracia.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico

v.

Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, en su carácter Núm.CC-2017-0668 como Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2017

Al igual que la mayoría, considero que la moción de

desestimación presentada por el señor Gobernador carece de

méritos. Sin embargo, me perpleja que este Tribunal revoque la

determinación del foro primario de efectuar un examen en cámara

del proyecto de presupuesto. En numerosas ocasiones hemos

avalado la práctica de examinar un documento en cámara cuando

una parte sostiene que el documento está cubierto por

determinado privilegio. Los hechos del presente caso no nos

deberían mover a cambiar esa postura. CC-2017-0668 2

El Tribunal parece establecer un nuevo procedimiento

para circunstancias donde se plantea la necesidad de

inspeccionar en cámara documentos oficiales cuando el Estado

ha invocado algún privilegio para no entregarlos al

ciudadano. A poco que escudriñemos el procedimiento notamos

que es inconsistente y antagónico con nuestros previos

precedentes y carece de estándares objetivos que faciliten y

aligeren el manejo judicial de estas reclamaciones. Por el

contrario, se abona al fraccionamiento y la dilación.

Además, sin explicación jurídica razonable, una mayoría

de este Tribunal ordena a la juez de instancia a acoger

memorandos de derecho adicionales sobre los privilegios

invocados, cuando surge del expediente de este caso que las

partes ya tuvieron una oportunidad para argumentar sus

posturas en cuanto a los privilegios aplicables y sometieron

sendos memorandos.

Repito, el procedimiento establecido por una mayoría no

tiene apoyo en ningún precedente nuestro como en otras

jurisdicciones donde el derecho de acceso a la información

pública goza de protección constitucional. Más grave aún,

tiene serias repercusiones sobre nuestra función como árbitro

de las controversias entre el Estado y sus ciudadanos, y

abona a la nebulosidad en los asuntos de gobierno. Que no

quepa duda, hoy hemos retrocedido en nuestros avances

democráticos.

En aras de explicar mi inconformidad con la medida

dispositiva que hoy toma la mayoría, es menester detallar el CC-2017-0668 3

trasfondo del caso de autos para aplicar certeramente nuestro

Derecho referente al derecho constitucional de acceso a la

I.

Hay un asunto de umbral que debemos discutir en este

caso ya que consideramos que la controversia que “resuelve”

este Tribunal no fue planteada ante nosotros por el

Procurador General. Me explico.

En su petición de certiorari, el Procurador General

elevó ante nuestra consideración dos asuntos: (1) que el foro

primario erró al no resolver en la afirmativa la moción de

desestimación que el Estado presentó ante el foro de

instancia y (2) que erró al atender el recurso de mandamus

presentado por el aquí recurrido. Por cuanto, a su juicio, no

se cumplen con los requisitos para expedir este recurso

extraordinario y privilegiado. Nada más. En otras palabras,

el Estado no cuestionó el dictamen de la juez donde se

propone llevar a cabo una inspección en cámara del documento

solicitado. La mayoría no nos explica por qué se desvía de

nuestros dictámenes anteriores y pasa a resolver algo que

nunca se le planteó.

Es decir, y reitero, ninguno de los señalamientos

plantea que constituyó un error del foro primario ordenar la

inspección del documento en cámara. Como sabemos, el

Reglamento del Tribunal Supremo contiene una disposición en

la cual se requiere que todo certiorari contenga un

señalamiento breve y conciso de los errores que se le imputan CC-2017-0668 4

al foro apelado. Véase Reglamento del Tribunal Supremo, 4

LPRA Ap. XXI-B, R. 20. “La importancia de esta exigencia es

que el tribunal apelativo está obligado a considerar

solamente los errores que la parte apelante/peticionaria

hubieran señalado específicamente”. H. Sánchez Martínez,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, sec. 1408, pág. 294 (2001).

Sobre ese particular, en Morán v. Martí indicamos:

Nuestro ordenamiento procesal apelativo exige que la apelación presentada contenga una discusión de los errores que se le imputan al foro primario, pues no se habrá de admitir alegato o memorando de autoridades con posterioridad a la presentación del escrito de apelación. Hace claro también la regla que el señalamiento de error omitido o no discutido, se tendrá por no puesto por lo que no se considerará por el foro apelativo intermedio. 165 DPR 356, 365 (2005).

Y es que todo abogado tiene la obligación y el deber de

cumplir a cabalidad y con rigurosidad con los requisitos

dispuestos en las leyes y los reglamentos respecto al

perfeccionamiento de los recursos apelativos presentados.

Esta exigencia no es mero preciosismo, sino más bien

exigencia del debido proceso de ley y el juego limpio. Si no

se incluye en un recurso de revisión un señalamiento

específico sobre algún asunto en particular, la parte

contraria nunca se ha de expresar sobre ese tema y el

Tribunal no la habrá escuchado antes de resolver el caso.

Ello, a mi juicio, es patentemente injusto, como poco.

Este principio no es una camisa de fuerza infranqueable

pues hemos dispuesto también que “[e]n aras de impartir

justicia, un tribunal apelativo tiene la facultad inherente CC-2017-0668 5

de considerar y resolver errores patentes que surjan de un

recurso aun cuando los mismos no hayan sido levantados por

las partes”. Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 264 (1998)

(énfasis suplido). Igual, si no lo señala pero lo discute, el

Tribunal puede considerarlo. Vega v. Yiyi Motors, Inc., 146

DPR 373, 383 n.15 (1998).

Ninguna de estas dos circunstancias está presente en

este caso. En ningún lugar de su petición de certiorari el

Procurador General impugnó la orden de someter a inspección

en cámara el documento de presupuesto. El Procurador General

hizo referencia al privilegio ejecutivo cuando discutió por

qué no procede expedir el mandamus y no para impugnar la

determinación de revisión en cámara del proyecto de

presupuesto. En este sentido, lo importante es lo que el

Procurador General NO dijo o argumentó. Éste no impugnó la

orden de revisión en cámara del presupuesto sometido a la

Junta, precisamente porque el Procurador General es

consciente de la frivolidad de tal argumento pues no se

justifica a la luz del derecho aplicable. Ello no obstante

este “error no planteado” es lo que “resuelve” este Tribunal.

La ausencia de fundamentación jurídica de este Tribunal

para “justificar” su proceder abona a la impresión de

arbitrariedad. De esta forma, reluce que lo importante es

adelantar un resultado por lo que el soporte jurídico del

dictamen emitido es inconsecuente; lo que nunca es deseable.

II.

a. CC-2017-0668 6

El acceso a la información afianza los sistemas

democráticos, pues coadyuva a la consecución efectiva de

diversos derechos fundamentales. El conocimiento sobre los

asuntos públicos propende a la formulación de opiniones

informadas que, a su vez, promueven la participación

ciudadana en los debates y la toma de decisiones más

acertadas. Y más importante aún, el acceso a información

pública es el mejor antídoto contra la corrupción. De ahí la

famosa expresión del Juez Brandeis: La luz solar es el mejor

desinfectante.

En consideración a esto, es indiscutible que el acceso a

la información es piedra angular para la gobernanza y

fiscalización gubernamental. No debemos olvidar que la

relación Estado/Ciudadanía se fundamenta en un pacto mediante

el cual la Ciudadanía –en el ejercicio de su soberanía o

autoridad– le delega al Estado y a sus agentes

gubernamentales la facultad de administrar los recursos

públicos, de diseñar, administrar e implementar soluciones a

los problemas que aquejan a la ciudadanía, y velar por el

cumplimiento del orden jurídico, entre otros asuntos. Esa

delegación de la autoridad soberana obliga al Estado “a

rendirle cuentas [a la ciudadanía] de los actos que en su

nombre realiza”. Rodolfo Vergara, La Transparencia como

problema, 2008, pág. 34, disponible en:

http://187.216.193.232/biblos-

mdf/sites/default/files/archivos/00481Cuadernosdetransparenci

aIFAI05.pdf. De lo contrario, ¿cómo puede la sociedad CC-2017-0668 7

asegurarse que el gobierno se comporta de acuerdo a las

necesidades e intereses sociales y no intereses ajenos a la

sociedad misma, quebrando los cimientos del pacto de

gobernanza? Cualquier limitación a tan vital acceso equivale

a “[p]ermitir que el gobierno maneje los asuntos públicos

bajo el manto de la secretividad [lo cual] es invitar a la

arbitrariedad, la mala administración, la indiferencia

gubernamental, la irresponsabilidad pública y la corrupción”.

Efrén Rivera Ramos, La libertad de información: Necesidad de

su reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR 67, 69

(1975).

Dicho de otra manera, de lo antes mencionado reluce una

especial exigencia de divulgación de la información pública,

pues ésta nace del principio fundacional de todo gobierno:

servir a la población que le constituyó. Por lo que, siendo

las autoridades políticas los representantes del pueblo –y

cuya labor es en favor de la ciudadanía general– todas sus

decisiones y acciones están revestidas por un alto interés

público que amerita transparencia. El gobierno es quien

controla la información necesaria para evaluar, precisamente,

aquellas políticas que establece y ejecuta lo que crea una

asimetría de información que repercute sobre el pacto de

gobernabilidad mismo. En este contexto, la transparencia en

la gerencia de gobierno es imprescindible para ejercer un

control externo de vigilancia sobre el gobierno mismo.

A esos efectos, tanto los ordenamientos nacionales como

la sociedad internacional han reconocido el derecho a recibir CC-2017-0668 8

y recabar la información como un elemento esencial e

intrínseco del ejercicio de la libertad de expresión. Frank

La Rue, Promoción y protección del derecho a la libertad de

opinión y de expresión, A/68/362, párr. 18 (2013). De esta

forma, los entendidos internacionales sobre la materia

promovieron la adopción del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos (Pacto) en el 1966. El Artículo 19 (2)

del Pacto dispone específicamente que “[t]oda persona tiene

derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por

cualquier otro procedimiento de su elección”. Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.

78 En atención a esto, más de cincuenta (50) naciones han

garantizado constitucionalmente el derecho de acceso a la

información y más de noventa (90) países han adoptado leyes

nacionales para regular el procedimiento de solicitud de

información pública. La Rue, supra, párr. 70.

En el contexto particular de Puerto Rico, no contamos

actualmente con una legislación que regule el acceso a la

información pública pese a que, desde la década de 1960, se

_________________________ 78 Dicho sea de paso, Estados Unidos firmó el Pacto el 5 de octubre de 1977 y lo ratificó el 8 de junio de 1992. Disponible en: http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla6.htm. CC-2017-0668 9

reconocieron los primeros bríos de su supremacía. Dávila v.

Supt. de Elecciones, 82 DPR 264 (1960). No fue hasta el 1982

que elevamos a rango constitucional el derecho de acceso a la

información como elemento connatural del ejercicio eficaz de

la libertad de expresión consagrada en la Sección 4 del

Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Soto v. Srio.

de Justicia, 112 DPR 477 (1982). El razonamiento que informó

esta determinación fue el mismo esbozado explícitamente en el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: que el

libre acceso a la información es imprescindible para la plena

consecución del derecho a la libertad de expresión. Véase

Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR en la pág. 497.

b.

El derecho de acceso a la información se puede invocar

para solicitar un documento del Estado cuando el mismo esté

revestido de una naturaleza pública. Un documento público, en

Puerto Rico, se define como:

todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos. 3 LPRA sec. 1001.

Por nuestra parte, de lo anterior hemos razonado que “un

documento público es el que un organismo estatal recibe en el

curso de sus procedimientos y que está obligado a preservar”. CC-2017-0668 10

Trans Ad de PR v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 69 (2008)

(énfasis en el original). Claro, aun cuando un documento es

de naturaleza pública, éste puede estar cobijado por algún

privilegio evidenciario, por lo cual se requiere especial

cautela al momento de considerar una solicitud para su

divulgación.

Ante situaciones afines, lo procedente es ordenar una

inspección en cámara del documento para auscultar si

privilegio alegado aplica en parte, en todo o, simplemente,

no procede. Este tipo de determinación exige un análisis de

hechos específicos. De ahí la necesidad de la inspección en

cámara. In re Grand Jury Proceedings, 662 F.3d 65, 71 (1st.

Cir. 2011)(“Determining whether documents are privileged

demands a highly fact-specific analysis—one that most often

requires the party seeking to validate a claim of privilege

to do so document by document.”) La revisión sirve para

despejar cualquier duda sobre si los documentos son,

efectivamente, documentos privilegiados y rechazar reclamos

improcedentes y frívolos. “Such review offers a check on the

accuracy and honesty of governmental privilege assertions”.

R. Weaver & J. Jones, The Deliberative Process Privilege, 54

Mo. L. Rev. 279, 313 (1989).

Quienes en el pasado hemos litigado innumerables

reclamos de confidencialidad como el que nos ocupa, somos

conscientes de que cuando el documento solicitado es

claramente privilegiado es innecesario su inspección, pero

estas instancias representan la excepción y no la regla. La CC-2017-0668 11

experiencia demuestra, por el contrario, que en la mayoría de

las instancias es imprescindible que el juez vea y estudie el

documento en cámara para evaluar la validez del reclamo de

privilegio. No se puede establecer una regla rígida –como

parece hacer la mayoría– de que primero hay que determinar si

aplica o no el privilegio para entonces proceder a revisarlo

en cámara. Lo propuesto apunta a un desconocimiento de cómo,

en la práctica legal, se atienden estos asuntos. La ausencia

de criterios de esta opinión se hace evidente en esta

instancia, ante las interrogantes que plantea el fallo: ¿Qué

criterios se utilizan para determinar si aplica o no el

privilegio? ¿Sobre quién recae el peso de la prueba, sobre

la persona que invoca el derecho constitucional de acceso a

información pública, o el que se opone al ejercicio del

derecho? ¿Qué ocurrirá con aquel o aquellos documentos donde

unos/o parte de unos son privilegiados, y otros/o parte de

otros, que no lo son? ¿O es que se piensa que el documento es

o todo privilegiado o todo no privilegiado? ¿Si el juez tiene

duda sobre los argumentos del gobierno está impedido de

revisar el documento? Francamente, es un contrasentido lo que

propone la mayoría.

Conceder una inspección en cámara descansa en la sana

discreción del juez de instancia y debe revisarse aplicando

el criterio de abuso de discreción. Véase Horowitz v. Peace

Corps, 428 F.3d 271, 282 (D.C. Cir. 2005), certiorari

denegado 126 S. Ct. 1627, U.S., 164 L. Ed. 2d 335 (en el

contexto del Freedom of Information Act) (“The decision of CC-2017-0668 12

whether to conduct an in camera review of a document is

within the trial court's ‘broad discretion’ and is reviewed

only for abuse of discretion.”). Pero cuando se ha trabado

una disputa legítima sobre el documento lo aconsejable es la

inspección en cámara. “When . . . the assertion of privilege

is subject to legitimate dispute, the desirability of in

camera review is heightened.” In re Grand Jury, 662 F.3d en

la pág. 70. Como señala el tratadista José Julián Álvarez

González, este Tribunal ha recurrido a la jurisprudencia

interpretativa del Freedom of Information Act (FOIA), “como

fuente persuasiva, para dictar pautas en la solución de

disputas bajo el derecho puertorriqueño”. J.J. Álvarez

González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones

constitucionales con Estados Unidos, 1176 (2009). Y según la

jurisprudencia interpretativa de la FOIA, si la oposición de

la agencia en cuanto a la divulgación del documento no

satisface al tribunal, éste debe inspeccionar los documentos

solicitados en cámara. 33 Federal Practice & Procedure,

Judicial Review § 8440 (“Should the original record and

supporting agency affidavit not satisfy the court, it must

inspect the documents itself in camera.”).

Desde Soto, este Tribunal ha recurrido repetidamente al

mecanismo del examen en cámara ante la invocación de un

privilegio por parte del Estado. Soto, 112 DPR en la pág.

513. Así, en Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., aclaramos que

“[f]avorecemos la visión judicial de que la confidencialidad

de la información se determina mediante un análisis de la CC-2017-0668 13

totalidad de las circunstancias que rodean la comunicación,

así como su propia naturaleza”. 117 DPR 153, 162 (1986). Para

asistir a su labor, el juez “puede hacer un examen en cámara

de los documentos o información que el Estado alega son

privilegiados, como condición previa al reconocimiento del

privilegio”. Id. (énfasis suplido). Posteriormente, en Pres.

del Senado, ante un reclamo de privilegio de inmunidad

legislativa de la Asamblea Legislativa, discutimos los

beneficios del examen en cámara:

[P]ermite al tribunal verificar el reclamo de privilegio para ejercer, de modo informado, su tarea constitucional de determinar qué materia es o no privilegiada, como árbitro final de la controversia entre las partes. Por otro lado, responde a la necesidad de no permitir que sea la propia Asamblea Legislativa quien sea árbitro absoluto y final de lo que es materia privilegiada. Pres. del Senado, 148 DPR 737, 805 (1996).

Más recientemente, en Colón Cabrera v. Caribbean

Petroleum, concluimos que, ante un reclamo de acceso a un

archivo sobre una investigación ya concluida de la Oficina de

Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, un

examen en cámara era el método más apropiado para proteger la

información obtenida de personas privadas durante el curso de

una investigación. 170 DPR 582 (2007).79 En síntesis, nuestra

_________________________ 79A la misma conclusión llegó el Tribunal de Apelaciones por voz del ahora Juez Asociado señor Martínez Torres, al razonar que el examen en cámara era necesario como medida cautelar para proteger la información privilegiada de personas y compañías privadas, aun cuando el privilegio de información oficial alegado de forma generalizada por el Estado cedía ante el derecho de acceso a la información pública. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, KLCE050998 (TAPR) (28 de febrero de 2006). CC-2017-0668 14

casuística ha favorecido consistentemente el examen en cámara

como el procedimiento a seguir para auscultar la procedencia

de un privilegio levantado por el Estado. Lamentablemente, el

Tribunal no nos explica por qué estos precedentes no aplican

o por qué se descartaron.

Por último, es meritorio mencionar que es motivo de

preocupación la tendencia de este Tribunal de adoptar en sus

pronunciamientos los mecanismos diseñados para el acceso a la

información pública del FOIA sin hacer constar importantes

matices del ordenamiento jurídico para el cual ésta se

aprobó. Sin duda, la referida legislación es un punto de

anclaje importante en materia de acceso a la información en

manos del gobierno federal. Sin embargo, no podemos perder de

perspectiva que en Estados Unidos el acceso a la información

como derecho de la ciudadanía se reconoció mediante

legislación. Así, queda de manifiesto que el cimiento de tal

reconocimiento es distinto al nuestro, puesto que en Puerto

Rico -como bien fue mencionado- el acceso a la información

pública es de rango constitucional. Recordando, en correcta

práctica adjudicativa, que las limitaciones de FOIA son

limitaciones legisladas y ese mandato legislativo es el que

los tribunales federales interpretan. En el caso nuestro

interpretamos el alcance de un derecho constitucional. A esos

efectos, cuando se está ante un reclamo de ésta índole

procede el análisis al amparo del escrutinio estricto. Nieves

v. Junta, 160 DPR 97 (2003) (Hernández Denton, J., op.

disidente); Angüeira v. JLBP, 150 DPR 10 (2000). CC-2017-0668 15

Ahora bien, reconocemos que la ausencia de legislación

para entablar los mecanismos de solicitud y producción de la

información en manos del Estado es la principal causa para la

disparidad en el manejo de estos casos. Aunque tal ausencia

de legislación no es óbice para que un Tribunal cumpla con

sus funciones adjudicativas, éste -en su imperativo de hacer

justicia- no puede contravenir ni socavar el carácter

constitucional del derecho de acceso a la información, como

lo hemos hecho en el pasado. De esta forma, la opinión que

hoy suscribe una mayoría de este Tribunal dista de nuestro

deber como garantes de los derechos fundamentales de la

ciudadanía puertorriqueña.

c.

En este caso, el señor Gobernador invocó el privilegio

ejecutivo ante los tribunales para mantener la

confidencialidad del proyecto de presupuesto solicitado por

el demandante. El peticionario arguyó en su certiorari que

este privilegio, según reconocido en las cortes federales y

estatales de Estados Unidos, tiene dos vertientes: el

privilegio de las comunicaciones del gobernador80 y el

privilegio sobre los procesos deliberativos. Matthew W.

Warnock, Stifling Gubernatorial Secrecy: Application of

Executive Privilege to State Executive Officials, 35 Cap. U.

L. Rev. 983, 985 (2007). Los tribunales del Estado Libre

Asociado igual han reconocido la validez del privilegio

_________________________ 80 Este privilegio se deriva de su paralelo federal, el privilegio de las comunicaciones presidenciales. CC-2017-0668 16

ejecutivo. Véase Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576

(1983).

Uno de los objetivos del privilegio sobre los procesos

deliberativos descansa en consideraciones de conveniencia

práctica sobre el funcionamiento del gobierno. Así, persigue

que los oficiales gubernamentales puedan expresar sus

opiniones sobre alguna propuesta de política pública de forma

honesta, sin preocuparse sobre las repercusiones públicas de

sus opiniones en la consecución del bien común. Véase R.

Serrano Geyls, El Derecho Constitucional de Estados Unidos y

Puerto Rico, 1997, vol. I, págs. 652 ss; véanse además United

States v. Nixon, 418 U.S. 683, 705 (1974); Coastal States Gas

Corp. v. Dept. of Energy, 617 F.2d 854, 866 (1980).

Existen dos requisitos esenciales para que aplique el

privilegio: la información debe ser pre-decisional y debe ser

deliberativa. In re Sealed Case, 121 F.3d 729, 738 (1997).

Ello encuentra su razonamiento en el propósito del

privilegio: éste existe para asegurar que el temor al

escrutinio público no afecte la calidad de una decisión de

política pública. Por lo tanto, no es necesario proteger las

comunicaciones que surjan luego de tomada la decisión. Véase

N.L.R.B. v. Sears Roebuck & Co., 421 U.S. 132, 151-52 (1975).

Tampoco es necesario proteger una comunicación que sólo

contenga datos y no opiniones, pues es precisamente la

integridad de la opinión que se busca proteger. In re Sealed

Case, 121 F.3d en la pág. 737. CC-2017-0668 17

El privilegio de las comunicaciones del gobernador es a

la vez más abarcador que el privilegio sobre procesos

deliberativos y más limitado en cuanto a quién le aplica. El

referido privilegio aplica no sólo a comunicaciones

deliberativas, sino también a comunicaciones pre-

deliberativas y post-decisionales. Warnock, supra, en la pág.

990. Sin embargo, el privilegio solamente aplica a las

comunicaciones que involucren asesoramiento al alto

ejecutivo. En particular, la Corte de Apelaciones de Estados

Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia ha expresado

que “[p]or supuesto, el privilegio solamente aplica a las

comunicaciones que estos asesores [de la Casa Blanca] y sus

subordinados suscriban o soliciten y reciban en el curso de

cumplir con su función de asesorar al Presidente en asuntos

oficiales del gobierno”. In re Sealed Case, 121 F.3d en la

pág. 752 (traducción suplida).81

_________________________ 81 Por otro lado, el análisis que han utilizado las cortes estadounidenses para examinar si aplica el privilegio choca con nuestro reconocido derecho constitucional al derecho a la información. En esencia, reclamado el privilegio por parte del Estado, corresponde al solicitante establecer una necesidad particularizada para el documento en cuestión. Ello se ha reconocido así tanto en las cortes federales como en varios de los estados que han reconocido el privilegio de las comunicaciones del gobernador. Warnock, supra, en las págs. 990-1009. Dicha exigencia, sin embargo, sería contraria a nuestro reconocimiento liberal del derecho constitucional al acceso a la información, que le permite a cualquier ciudadano inspeccionar y copiar los documentos públicos sin tener que demostrar “interés especial” alguno. Trans Ad de PR v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 70-71 (2007); Ortiz Rivera v. Bauermeister, 152 DPR 161, 176-77 (2000); véase C.F. Ramos Hernández, Acceso a la información, transparencia y participación política, 85 Rev. Jur. UPR 1015, 1038 (2016). CC-2017-0668 18

Para auscultar si aplica alguno de los privilegios

esgrimidos en el presente caso, es necesario examinar el

proceso de elaboración del presupuesto bajo el cual surgió el

reclamo de acceso a la información.

III.

El 30 de junio de 2016 marcó un retroceso en el progreso

democrático de nuestra comunidad política. Ese día, el

Presidente de Estados Unidos de América firmó el Puerto Rico

Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA,

por sus siglas en inglés). 48 USC sec. 2101 et seq. Ante la

debacle económica y fiscal que enfrentábamos y todavía

enfrentamos, un alivio —cualquier alivio— era imprescindible.

Ante esta crisis, el gobierno de Estados Unidos apostó por

agudizar nuestra incapacidad de timonear el futuro que, en

últimas instancias, nos corresponde a nosotros vivir. El

tiempo se encargará de contar la historia y adjudicar

responsabilidades.

Los pormenores de la nueva estructura gubernamental que

creó la Ley PROMESA repercuten sobre el caso de autos. Como

describió recientemente el juez Flores García del Tribunal de

Apelaciones, la Ley PROMESA creó un nuevo modelo de

organización política y un marco jurídico sui generis.

Palacios Revera v. ELA, KLAN201700183 (31 de julio de 2017)

(Flores García, J., Voto concurrente).

Históricamente, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico ha garantizado un sistema republicano

de gobierno con tres poderes igualmente subordinados a la CC-2017-0668 19

soberanía del pueblo de Puerto Rico: la Rama Ejecutiva, la

Rama Legislativa y la Rama Judicial. Const. PR Art. I, sec.

2. Hemos enfatizado repetidamente que el principio de la

separación de poderes ahí enmarcado —del cual somos celosos

guardianes— persigue evitar la concentración desmedida de

poder en un solo organismo político, así protegiendo la

libertad de nuestros ciudadanos ante un ente tiránico. Véase

Córdova y otros v. Cámara de Representantes, 171 DPR 789, 799

(2007); Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 752 (2000);

Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 419-20 (1995).

En la actualidad, la Ley PROMESA ha colocado en

entredicho el carácter republicano del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.82 Para manejar la situación fiscal del

gobierno, la ley estableció una Junta de Control y

Administración Fiscal (en adelante, la Junta). La Junta,

según su propia ley habilitadora, fue creada como una entidad

perteneciente al Estado Libre Asociado83 y no como un

organismo del Gobierno Federal. 48 USC sec. 2121 (c). Sin _________________________ 82 Para muestras, con un botón basta. Como sabemos, los miembros de la Junta de Control y Administración Fiscal los nombra el Presidente de Estados Unidos en cuya elección el pueblo de Puerto Rico no participa. Estos funcionarios así nombrados están facultados, entre otras cosas, para dejar sin efecto determinaciones tomadas por los funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico como son por ejemplo, las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y refrendadas por el Primer Ejecutivo. 48 USC sec. 2144. Con lo cual, un cuerpo no electo y por lo tanto no representativo de la voluntad expresada en las urnas, puede ejercer un veto sobre la legislación aprobada y puede a su vez “legislar” para sustituir lo “vetado”. 83 Pertenece al gobierno del Estado Libre Asociado pero no es

parte de ninguna de las tres Ramas de gobierno, de ahí su naturaleza sui generis. Es como un gobierno dentro del gobierno. CC-2017-0668 20

embargo, resulta difícil, al leer las disposiciones de

PROMESA, considerar a la Junta una entidad del Estado Libre

Asociado.

Toda entidad pública del Estado Libre Asociado tiene un

lugar definido en nuestro esquema constitucional, con poderes

limitados y contrapesos correspondientes; no así para la

Junta. Ésta está protegida de cualquier actuación del

Gobernador o la Legislatura que busque ejercer supervisión o

fiscalización sobre su estructura y sus actividades. 48 USC

sec. 2128. Asimismo, queda fuera del alcance de nuestros

tribunales, pues cualquier acción en su contra debe

entablarse en una corte federal. 48 USC sec. 2126. En

concreto, PROMESA ha instituido una súper-rama de gobierno

que legalmente le pertenece al Estado Libre Asociado pero sin

que “la voluntad del pueblo [sea] la fuente [de su] poder

público”. Const. PR, Preámbulo.84

Pertinentemente, la Ley PROMESA le otorga un rol central

a la Junta en el proceso de elaboración del presupuesto del

Estado Libre Asociado. La ley le otorga “entera discreción” a

la Junta para establecer un calendario para el desarrollo del

presupuesto del Estado Libre Asociado para el entrante año

fiscal. 48 USC sec. 2142. Al amparo de PROMESA, todos los _________________________ 84 Sobre las leyes del Estado Libre Asociado, la Ley PROMESA indica que sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier ley local que sea inconsistente con las mismas. 48 USC sec. 2103. Sin embargo, ello no responde una interrogante importante ante el carácter local de la Junta. ¿Una ley local que no sea inconsistente con PROMESA, le aplica a la Junta? Es una pregunta de suma importancia para el pueblo puertorriqueño, pero ya que no tenemos jurisdicción sobre reclamaciones contra la Junta, no nos corresponderá a nosotros contestarla. CC-2017-0668 21

presupuestos aprobados en Puerto Rico deben cumplir

sustancialmente con las disposiciones del Plan Fiscal

aprobado por la Junta. Ante la presentación de un proyecto

de presupuesto por parte del Ejecutivo, la Junta puede

aceptarlo y certificar que está en cumplimiento con el Plan

Fiscal, luego de lo cual lo remitiría a la Legislatura, o

emitir una notificación de incumplimiento y exigir medidas

correctivas. Id.85

Y así sucedió. El 15 de marzo de 2017, la Junta le

remitió una carta al Gobernador y a los líderes de la

Asamblea Legislativa en la cual estableció el 30 de abril de

2017 como la fecha límite para la presentación del proyecto

de presupuesto por parte del Ejecutivo. Financial Oversight

and Management Board, Letter to Governor Rosselló with the

Final Certification of the Government of Puerto Rico Fiscal

Plan, 15 de marzo de 2017. Más tarde, el 22 de marzo de 2017,

la Junta impuso una serie de fechas para regular todo el

proceso de elaboración del presupuesto. En esta carta, se

estableció el 31 de mayo como el último día para que el

Gobernador implemente medidas correctivas si fueran

necesarias y entregue un proyecto de presupuesto en

cumplimiento con el Plan Fiscal. Financial Oversight and

Management Board, Letter to Governor Rosselló Regarding the

Government of Puerto Rico Budget Timeline, 22 de marzo de

2017. _________________________ 85 Si la Asamblea Legislativa finalmente aprueba un presupuesto que, a juicio de la Junta no es cónsono con el Plan fiscal, ésta puede aprobar el suyo. 48 USC sec. 2142. CC-2017-0668 22

Recibido el proyecto de presupuesto del Gobernador,

mediante una carta con fecha del 8 de mayo de 2017, la Junta

le otorgó catorce (14) días adicionales al Gobernador para

enmendar el presupuesto antes de tomar una decisión sobre si

emitir una notificación de incumplimiento. Financial

Oversight and Management Board, Letter to the Governor,

Presidents of the Senate and House of Representatives

Regarding the Budget, 8 de mayo de 2017. Finalmente, el 2 de

junio de 2017, luego de extensas discusiones sobre el

proyecto de presupuesto del Gobernador, la Junta finalmente

presentó el mismo ante la Legislatura. Financial Oversight

and Management Board, Letter to Governor Rosselló, Presidents

of the Senate and House of Representatives Regarding the

FY2018 Budget, 2 de junio de 2017.86

IV.

El 4 de mayo de 2017, el Senador Bhatia Gautier presentó

una petición ante el Tribunal de Primera Instancia para que

el Estado Libre Asociado le remitiera una copia del proyecto

de presupuesto presentado a la Junta el 30 de abril de 2017.

Entre los argumentos de oposición a la solicitud, el señor

Gobernador invocó tanto el privilegio de comunicaciones del

gobernador como el privilegio de procesos deliberativos.

Evaluado el proceso en el cual el Gobernador Rosselló

Nevares presentó el proyecto de presupuesto a la Junta,

_________________________ 86 Todas las referidas comunicaciones son públicas y están disponibles electrónicamente en https://juntasupervision.pr.gov/index.php/en/documents/ (última visita el 18 de agosto de 2017). CC-2017-0668 23

tenemos una imagen más clara de la etapa en la cual el

Senador Bhatia Gautier realizó su solicitud. El señor

Gobernador presentó su proyecto de presupuesto ante la Junta

el 30 de abril de 2017. Ello implica dos cosas. En primer

lugar, cuando el Senador Bhatia solicitó la información el 4

de mayo de 2017, ya el proyecto de presupuesto había sido

enviado no meramente a otra agencia del gobierno, sino a una

entidad totalmente independiente de la autoridad del

Gobernador. Difícilmente, entonces, podríamos situar el

proyecto de presupuesto dentro de las comunicaciones que los

asesores del señor Gobernador sostienen en el curso de

cumplir con su función de asesorarlo en asuntos oficiales del

gobierno. Cuando el proyecto de presupuesto salió de la

Fortaleza el 30 de abril de 2017, perdió la protección que lo

cobijaba al amparo del privilegio de comunicaciones del

gobernador.

En segundo lugar, una vez presentado el proyecto de

presupuesto ante la Junta –y luego de realizar el análisis de

rigor– ésta podía certificar que estaba en cumplimiento con

el Plan Fiscal y remitirlo a la Asamblea Legislativa para su

consideración y eventual aprobación. Es decir, de acuerdo a

las disposiciones de la Ley PROMESA, el señor Gobernador

sabía que el documento presentado el 30 de abril pudo haber

sido el presupuesto del Estado Libre Asociado si la Junta lo

validaba y, posteriormente, lo aprobaba la Asamblea

Legislativa. Por lo tanto, el proyecto de presupuesto

remitido a la Junta de Control y Administración Fiscal el 30 CC-2017-0668 24

de abril de 2017 no constituye simplemente un ejercicio

deliberativo, sino que representó una decisión concreta de

política pública en cuanto a cómo distribuir los fondos

disponibles de la hacienda del Estado para el año fiscal

entrante. Así, al examinar el proceso de elaboración propio

del documento en cuestión, podemos concluir que el privilegio

de procesos deliberativos no le puede aplicar a la médula del

mismo, a saber, los pormenores de la erogación de los fondos

Aun así, el foro primario actuó conforme a décadas de

normativa jurisprudencial en cuanto al derecho de acceso a la

información pública al ordenar el examen en cámara del

proyecto de presupuesto. Si bien podemos deducir que el

proyecto de presupuesto principalmente no está cobijado por

los privilegios alegados, no tenemos constancia sobre la

totalidad del contenido del documento entregado a la Junta.

Es enteramente posible que éste tenga anejado, por ejemplo,

memorandos a los cuales sí les pudiera aplicar algún

privilegio. Ese es el beneficio del examen en cámara. Le

permite al juzgador ejercer su función constitucional de

determinar exactamente qué parte de un documento está

cobijado por un privilegio. Precisamente por ello es que era

el curso apropiado a seguir en el caso de autos.

Empero, sin mucha explicación que fundamente su decisión,

una mayoría de este Tribunal concluye que fue inadecuado

ordenar un examen en cámara, pues “[b]asta con examinar el

proyecto de presupuesto final para conocer de qué consiste el CC-2017-0668 25

documento en disputa”. Acto seguido, sostiene que el foro

primario debió ordenar a las partes someter memorandos de

derecho para auscultar si el documento era de naturaleza

pública o no. El curso de acción que toma la mayoría es

problemático por varias razones.

Primero, como relatamos anteriormente, no sabemos qué

incluyó el documento del proyecto de presupuesto que el señor

Gobernador sometió a la Junta. Es posible que haya incluido

otras cosas fuera del desglose de la erogación de fondos

públicos para el año fiscal entrante. Sabemos, sin embargo,

que no es el proyecto de presupuesto final porque, si así lo

fuera, el Estado no estaría oponiéndose tan vehementemente a

la divulgación de un documento que ya publicó. Por ello, el

examen del proyecto de presupuesto final no es suficiente

para auscultar la naturaleza del documento solicitado.

Segundo, impedir un examen en cámara del documento es,

parafraseando a Pres. del Senado, permitir que sea el propio

Ejecutivo quien sea árbitro absoluto y final de lo que es

materia privilegiada. Véase Pres. del Senado, 148 DPR en la

pág. 805. Si al juzgador se le impide examinar el documento

para auscultar su naturaleza, ¿debe entonces confiar

enteramente en las representaciones que le haga el Estado

sobre el contenido del mismo? Sostener que sí, como parece

resolver la mayoría, tiene el efecto de emascular al Poder

Judicial y someterlo a los designios de un Primer Ejecutivo.

Ello es contrario a las más básicas normas de pesos y

contrapesos y le confiere un poder absoluto a la parte que se CC-2017-0668 26

opone a la publicación del documento para controlar el

proceso.

Tercero, al observar que la juez de instancia debió haber

solicitado memorandos de derecho sobre la naturaleza del

documento, el Tribunal le está señalando al foro primario que

haga algo que ya ordenó. El 17 de julio de 2017, el foro de

instancia ordenó que previo a la celebración de la vista

argumentativa pautada para el 26 de julio de 2017, las partes

suplementaran sus posiciones en cuanto a varios asuntos. Entre

ellos, “se ordenó a ambas partes a venir preparadas para

argumentar sobre la naturaleza de la información solicitada y

la aplicación del privilegio ejecutivo”. Apéndice, pág. 233.

El 21 de julio de 2017, las partes presentaron los escritos en

cumplimiento de orden en los cuales presentaron sus

posiciones. Id. Celebrada la vista argumentativa y discutidos

los alegados privilegios y la naturaleza del documento en

cuestión, el foro primario concluyó que “a preguntas del

Tribunal y conforme a la casuística aplicable, la parte

demandada no detalló de forma alguna por qué la información

solicitada cualifica para la aplicación del privilegio

ejecutivo”. Apéndice, pág. 235. Asimismo, el Ejecutivo “no

logró establecer en este momento de forma detallada el porqué

no procede la divulgación del Proyecto de Presupuesto

presentado a la Junta”. Id. Así lo hizo constar la juez de

primera instancia en la Resolución y Orden de la cual recurre

el señor Gobernador. El incumplimiento del Gobernador con el CC-2017-0668 27

peso probatorio correspondiente era motivo suficiente para

rechazar de plano el privilegio invocado.

No obstante, la juez de instancia ordenó que junto a la

presentación del documento para su examen en cámara, la parte

demandada sometiera “una moción en la que explique en detalle

las razones por las cuales la información solicitada, o parte

de ella, cualifica para la aplicación del privilegio

invocado”. Id. En otras palabras, le dio una segunda

oportunidad al bate. Todo lo anterior demuestra que el foro

primario claramente le permitió a las partes argumentar sobre

la naturaleza del documento solicitado y sopesó los

argumentos a favor y en contra de aplicar el privilegio

invocado antes de tomar su decisión. Por lo tanto, no hay

razón para seguir litigando un asunto de Derecho cuando las

partes ya tuvieron amplia oportunidad de expresarse sobre el

particular.

Ordenar que se sometan memorandos adicionales —una

tercera oportunidad al bate— poco abona a dilucidar con

premura y diligencia asuntos de esta naturaleza. Y se revela,

más que nada, como un intento de micro manejar desde nuestros

despachos los asuntos de instancia. A fin de cuentas, en qué

consiste el abuso de discreción de la juez de instancia al

ordenar: la inspección en cámara acompañada de memorandos de

derecho adicionales, donde el Estado tendrá una nueva

oportunidad de subsanar las deficiencias de su argumentación

original. CC-2017-0668 28

No quisiera pensar que la posición inarticulada de la

mayoría es que, hecho un reclamo de confidencialidad por el

Estado, el Poder Judicial está impedido de ver el documento

para aquilatar la veracidad o corrección del reclamo. Ello

supone el rendimiento total de nuestro poder a los pies del

Poder Ejecutivo. Por lo menos, a los pies de este Ejecutivo.

¿Mostrará esta mayoría en el futuro la misma deferencia y

generosidad cuando el Primer Ejecutivo no le sea tan afín?

Sólo el tiempo dirá.

En fin, recordemos que la crisis de Puerto Rico es

también una de credibilidad. Para superarla, es necesario

fomentar una cultura en la cual todo servidor público se vea

a sí mismo como garante de los derechos fundamentales de la

ciudadanía. Poco vale un derecho escrito en un papel si no lo

encarnamos día a día. Poco vale proclamar a los cuatro

vientos la transparencia para luego, en el momento en que

esto se le exija al gobierno, se recurra a la opacidad

investida por las dilaciones procesales. ¿Qué se esconde? ¿A

qué se le teme?

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como Portavoz del Partido Popular Democrático

v. CC-2017-668 Certiorari

Hon. Ricardo Rosselló Nevares, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de

2017.

En momentos en que resulta necesario

fortalecer el acceso a la información,

innecesariamente se diluye esa garantía

constitucional y se debilitan las herramientas

que tiene la ciudadanía para acceder a los

documentos públicos. Por ello, nuevamente

disiento del curso de acción tomado por este

Tribunal en la controversia ante nos. En esta

ocasión, no estoy de acuerdo con el proceso ni el

resultado al que llega una Mayoría de este

Tribunal. Conscientes de que, como cuestión de

Derecho, no pueden conceder ninguno de los

remedios que específicamente pidió al Gobierno CC-2017-0668 2

de Puerto Rico (Gobierno), optan por darle otra oportunidad

al Estado, a pesar de que el tracto procesal revela la

multiplicidad de oportunidades fallidas que esa parte ha

tenido.

En este afán, lamentablemente se decide limitar los

recursos que tiene el Tribunal de Primera Instancia para que

pueda resolver el caso conforme a Derecho en un reclamo de

información de alto interés público. Es decir, se restringe

el rol judicial del foro primario, privándolo de realizar una

inspección en cámara del documento en controversia, como

parte de las herramientas que simultáneamente se puedan

utilizar para decidir si aplica algún privilegio. Con ello,

se ve menoscabada la concesión de los remedios adecuados,

completos y oportunos. Como agravante, se dirige al foro de

instancia a actuar a ciegas, dilatando los procedimientos y

estableciendo mecanismos predirigidos sobre el curso de

acción a seguir del foro primario. Es por ello que disiento.

Este caso tiene su génesis cuando el 2 de mayo de 2017, el

Hon. Eduardo Bhatia Gautier (senador Bhatia o recurrido),

Portavoz de la Minoría del Partido Popular Democrático en el

Senado de Puerto Rico, le requirió por escrito al Gobernador

de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares (Gobernador),

que hiciera público el Proyecto de Presupuesto

correspondiente al año fiscal 2017-2018, que fue presentado CC-2017-0668 3

el 30 de abril de 2017 a la Junta de Supervisión y

Administración Financiera para Puerto Rico (Junta).87

Al no recibir la información solicitada, el 4 de mayo

de 2017, el senador Bhatia presentó un recurso de mandamus

en el Tribunal de Primera Instancia contra el Gobernador y

el Gobierno (en conjunto, los peticionarios). En éste,

solicitó que se le ordenara publicar el Proyecto de

Presupuesto y que se hiciera disponible al público.

Fundamentó su solicitud en que la información solicitada es

pública y de alto interés para el pueblo puertorriqueño.

Arguyó, además, que la información es necesaria para

mantener a la ciudadanía informada sobre los asuntos

gubernamentales y el proceso de fiscalización. Asimismo,

señaló que es de suma importancia para la Asamblea

Legislativa realizar el correspondiente análisis en el

proceso de aprobación del Presupuesto. Del mismo modo,

argumentó que la información no está protegida por algún

privilegio y que no es confidencial; que tampoco está

cobijada por alguna excepción del derecho de acceso a la

información. Al contrario, afirmó que la negativa a publicar

la información lacera tal derecho de los ciudadanos y el

derecho a estar informado.

_________________________ 87Lapresentación del Proyecto de Presupuesto ocurrió conforme la sección 202 de la Ley PROMESA, 48 U.S.C. sec. 2142. De acuerdo a ella, la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta) fijó la fecha del 30 de abril de 2017 como el día para que el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares (Gobernador), sometiera ante su consideración un Proyecto de Presupuesto. Ante ello, el Gobernador así lo hizo en la fecha señalada. Igualmente, el 8 de mayo de 2017, la Junta acusó recibo del documento presentado. CC-2017-0668 4

Consecuentemente, el mismo 4 de mayo de 2017, el foro

primario emitió una orden en la cual ordenó a la parte

peticionaria que contestara dentro de un término de cinco

(5) días. Tras varios trámites procesales,88 los

peticionarios presentaron una “Moción Urgente reiterando

Desestimación” en la cual argumentaron, en esencia, que el

Proyecto de Presupuesto es un documento de trabajo, es

decir, un borrador, cobijado por el privilegio ejecutivo;

que la solicitud debió haberse realizado mediante los

mecanismos dispuestos en el Reglamento del Senado; que el

senador Bhatia no tiene legitimación activa, y que la

solicitud era académica. A su vez, reclamaron que el recurso

presentado haría que la Rama Judicial interviniera

indebidamente con las funciones de las Ramas Ejecutiva y

Legislativa, en violación de la separación de poderes.

En cuanto al privilegio ejecutivo, sostuvieron

específicamente que “[e]l borrador de Proyecto de

Presupuesto presentado a la Junta era un documento de

trabajo, o sea, un borrador en etapa deliberativa que estaba

pasando por los trámites que establece PROMESA, siendo el

documento final del ejecutivo el entregado a los Cuerpos

Legislativos”. Petición de Certiorari, Anejo VIII, Moción

Urgente Reiterando Desestimación, pág. 68. Además, señalaron

lo siguiente, a saber:

_________________________ 88Entre los trámites procesales, el Gobierno presentó un “Notice of Removal” en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Éste último determinó devolver el caso al foro estatal. CC-2017-0668 5

El presente caso cumple con todos los requisitos [del privilegio ejecutivo] ya que es el Gobernador quien invoca el privilegio de lo que constituía un borrador bajo su evaluación y en cuya etapa de presentación del recurso ciertamente no se había concluido el proceso deliberativo que permitiera ser considerado como Proyecto de Presupuesto. No obstante, concluido ese proceso pre decisional y pre deliberativo, se procedió con la Presentación del Proyecto del Presupuesto a los Cuerpos Legislativos y la amplia divulgación del mismo. Íd., pág. 70.

Por su parte, el senador Bhatia presentó una oposición

a la desestimación. Expuso que el Gobernador tiene el deber

ministerial de divulgar los documentos públicos. Ante ello,

argumentó que se debe publicar el Proyecto de Presupuesto

entregado a la Junta, ya que es un documento público creado

por la Rama Ejecutiva. Al no hacerlo, el Gobierno afecta sus

prerrogativas legislativas. Asimismo, afirmó que se afectó

su derecho constitucional de acceso a la información ante la

negativa del Gobernador de proveer el Proyecto de

Presupuesto. En cuanto a la aplicación del privilegio

ejecutivo, sostuvo que los peticionarios no cumplieron con

la responsabilidad de establecer que aplica. Al contrario,

expresó que el documento no es uno interno, preparatorio ni

predecisional.

En torno a la legitimación activa, el recurrido

mencionó que la posee como legislador y como poseedor del

derecho de acceso a la información. Argumentó que pretende

vindicar sus prerrogativas legislativas, así como también,

el derecho constitucional de acceso a información pública

que le asiste a él y a todos los ciudadanos. CC-2017-0668 6

Por otra parte, rebatió las alegaciones de

academicidad. Señaló, específicamente, que el Estado no

acreditó que el documento entregado a la Junta fue el mismo

que se presentó ante la Asamblea Legislativa. Adujo, además,

que la controversia es susceptible de repetición y de evadir

la revisión judicial. Igualmente, se opuso a la alegación de

que no agotó los mecanismos reglamentarios y estatutarios,

ello ya que tales procesos son parlamentarios e inaplicables

cuando se alega violación al derecho constitucional de

acceso a la información.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia tomó

conocimiento de que se aprobó el Presupuesto del año fiscal

2017-2018, por lo cual, ordenó que el recurrido expresara

por qué el mandamus no se había tornado académico y si tenía

legitimación activa bajo el entendido que hubo una verdadera

lesión a sus prerrogativas legislativas. Además, se le

requirió que confirmara el agotamiento de todos los remedios

a su disposición. En lo que concierne a los peticionarios,

les ordenó que expresaran si la información solicitada ya

fue divulgada. Asimismo, señaló una vista argumentativa en

la cual ambas partes debían discutir si la información

solicitada es pública y si aplicaba el privilegio ejecutivo.

Por último, advirtió a las partes que podría solicitar la

información requerida para ser inspeccionada en cámara, para

determinar si aplicaba el privilegio. CC-2017-0668 7

Conforme a lo ordenado, ambas partes presentaron sendos

escritos.89 Por su parte, el senador Bhatia reprodujo sus

argumentos respecto a la academicidad, y añadió que la

aprobación del Presupuesto abonó a la concreción del daño

sufrido por la continua privación del acceso a la

información. Del mismo modo, afirmó que la negativa del

Gobierno no le permite fiscalizar y realizar un análisis de

la política pública fiscal implementada por el Gobernador.

Ello, ya que la referida labor es durante todo el año

fiscal. De igual forma, señaló que el derecho invocado sólo

se satisface con la divulgación del documento.

Con relación a la legitimación activa y al requisito de

agotar remedios, reafirmó sus argumentos y agregó que no

pretendía trasladar el debate político al foro judicial.

Sostuvo que únicamente el Poder Judicial tiene la facultad

para adjudicar la naturaleza pública del documento

solicitado y emitir un decreto vinculante sobre la

aplicabilidad del privilegio ejecutivo. Finalmente, recalcó

que el Gobierno no acreditó que el documento presentado a la

Junta es el mismo que se presentó a la Asamblea Legislativa

y que no ha fundamentado la aplicación del privilegio

ejecutivo.

Por su parte, los peticionarios comparecieron y

reiteraron sus alegaciones de que el recurrido no tenía

legitimación activa, ya que no ha sufrido un daño a sus

prerrogativas legislativas. También, argumentaron que el _________________________ 89Además, las partes presentaron una moción conjunta en la que estipularon hechos y documentos. Asimismo, delimitaron las controversias de derecho. CC-2017-0668 8

caso es académico a causa de que se aprobó el presupuesto.

En cuanto a la orden del foro primario, de indicar si la

información ya fue divulgada, alegaron que el borrador no se

ha hecho público, debido a que era un documento de trabajo

para que la Junta lo revisara y devolviera al Gobernador,

quien lo debía someter ante la Asamblea Legislativa. Por

otro lado, arguyeron que el recurrido debió seguir los

procesos legislativos a los cuales estaba obligado. Al no

seguirlos, no tenía legitimación para acudir a los foros

judiciales.

Con respecto al privilegio ejecutivo, y además de lo

indicado en la moción de desestimación, los peticionarios

expresaron que “[e]l documento solicitado por la parte

demandante no es ‘documento público’. Lo solicitado era el

borrador o documento de trabajo preparado por el Ejecutivo

como parte de una etapa de deliberación. Por tanto, no

procede su divulgación de conformidad con el privilegio

ejecutivo”. Petición de Certiorari, Anejo XIII, Moción en

cumplimiento de orden, pág. 156. De igual forma,

fundamentaron su alegación de que constituía un privilegio

ejecutivo de la siguiente manera:

El borrador inicial entregado a la Junta claramente constituía un documento de trabajo sujeto a cambios, o sea, un borrador en etapa deliberativa que estaba pasando por los trámites que establece PROMESA y al cual le cobija el privilegio ejecutivo. La parte demandante tenía, y tiene, derecho a solicitar y examinar la versión final que el Ejecutivo entregó a los Cuerpos Legislativos. En observancia a este derecho, la parte demandante examinó y utilizó su prerrogativa legislativa al emitir su voto. Íd. CC-2017-0668 9

No conforme, también argumentaron lo siguiente:

[E]l borrador de presupuesto solicitado por la parte demandante fue presentado a la Junta de Control Fiscal como parte de una deliberación o etapa de formulación de política pública en la que tanto los funcionarios gubernamentales designados para trabajar el presupuesto como la Junta -que en virtud de PROMESA es una entidad dentro del Gobierno- lo evaluaron y modificaron en aras de obtener el proyecto de presupuesto final que fue el sometido a la Legislatura. Íd., pág. 159.

Luego de que se presentaran las respectivas posiciones

por escrito, el 26 de julio de 2017, se llevó a cabo una

vista argumentativa. Al comienzo, el foro primario resolvió

que el recurrido poseía legitimación activa y que la

controversia no se había tornado académica. Por tanto,

señaló que en la vista se discutiría únicamente la

naturaleza de la información y si aplicaba el privilegio

ejecutivo. A preguntas del Tribunal, los peticionarios

reafirmaron que el documento no es público, por ser un

borrador o documento de trabajo preparado por el Ejecutivo,

como parte de una etapa de deliberación para el desarrollo

de la política pública. Además, notificó que el documento

estaba cobijado bajo el privilegio ejecutivo, debido a que

contiene trabajo de los asesores del Gobernador. Por su

parte, el senador Bhatia argumentó que sólo solicita el

Proyecto de Presupuesto, es decir, las cifras, cuantías o

partidas de fondos asignados. No así la documentación en

apoyo, recomendaciones, determinaciones o expresiones del

personal y/o asesores del Gobierno. Véase Petición de CC-2017-0668 10

Certiorari, Anejos XV-XVI, págs. 231-235. Además, reafirmó

que los peticionarios no acreditaron qué opiniones o

análisis tiene el Proyecto de Presupuesto que lo convierte

en un documento deliberativo.

Finalizada la vista, el foro primario concluyó que el

Gobierno no logró poner al tribunal en posición de

determinar que aplica el privilegio ejecutivo. Por tanto,

le ordenó presentar en diez (10) días el Proyecto de

Presupuesto en sobre sellado para ser evaluado en cámara.

Asimismo, le concedió una nueva oportunidad de presentar

otra moción, donde explicara detalladamente las razones por

las cuales la información solicitada es privilegiada, por

constituir un proceso deliberativo o de formulación de

política pública.90

Inconformes con tal determinación, los peticionarios

acudieron ante el Tribunal de Apelaciones, mediante una

petición de certiorari y una moción en auxilio de

jurisdicción. Allí solicitaron que, primeramente, se

_________________________ 90El 28 de julio de 2017, el senador Bhatia presentó un mandamus enmendado en el que aclaró que comparecía tanto en su carácter de senador como en el personal e individual. En desacuerdo, el Gobierno se opuso y apoyó su contención, en síntesis, en que los procedimientos están en un estado avanzado y que ya habían presentado una alegación responsiva, por lo que era necesaria la autorización del tribunal. Eventualmente el foro primario permitió la enmienda.

Sobre el particular, consignamos que la Mayoría le otorgó legitimación activa a la parte recurrida en su carácter de legislador y, sorprendentemente, obvió la dimensión ciudadana en la que esa parte también basó su reclamo de acceso a la información solicitada. CC-2017-0668 11

paralizaran los procedimientos y se suspendiera la orden

del Tribunal de Primera Instancia. En segundo término,

alegaron que procedía la expedición del recurso y que se

revocara al foro primario, desestimando la acción. Para

ello, arguyeron que ese tribunal erró al razonar que el

senador Bhatia tenía legitimación activa, que el caso no

era académico y al no desestimar el recurso, a pesar de que

era improcedente en derecho. Ese mismo día, el foro

apelativo intermedio emitió una resolución en la que denegó

expedir el recurso.

En desacuerdo, los peticionarios acuden ante nos,

mediante una petición de certiorari y una moción en auxilio

de jurisdicción. En esencia, reproducen los mismos

señalamientos de error esgrimidos ante el Tribunal de

Apelaciones. Ante ello, una Mayoría de este Tribunal ordenó

paralizar los procedimientos hasta tanto se proveyera otra

cosa. Consecuentemente, disentí y adelanté la imposibilidad

de conceder los remedios solicitados por el Gobierno, al

consignar lo siguiente:

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente del curso de acción seguido por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, proveería no ha lugar tanto a la Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción como a la Petición de certiorari presentadas por el Gobierno de Puerto Rico. Ello, por considerar que, en este caso, no estamos ante una solicitud de información privilegiada que incluya recomendaciones, consultas, determinaciones o expresiones del Gobernador, o su personal de apoyo o asesores, relacionadas con el proceso deliberativo para la preparación del Proyecto de Presupuesto. Más bien, se requiere que se entregue y dé publicidad al documento mismo del Proyecto de Presupuesto, según presentado ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta). El Gobierno de Puerto CC-2017-0668 12

Rico no ha demostrado un interés apremiante que justifique la no divulgación de este documento.

Respecto a ese particular, cabe señalar que la Junta incluso ha publicado mediante comunicado de prensa la notificación del resultado de su análisis en cuanto al Proyecto de Presupuesto objeto de la presente controversia. En consecuencia, no veo razón alguna que impida que se brinde igual acceso al Proyecto de Presupuesto, conforme al derecho de acceso a la información pública. A fin de cuentas, de qué serviría dar publicidad a la notificación de la Junta que informa si el Proyecto de Presupuesto presentado está en cumplimiento o no con el Plan Fiscal, si se negará acceso al Proyecto de Presupuesto.

Ante este cuadro fáctico y procesal, procedo a exponer

el derecho aplicable que fundamenta mi disenso.

A.

Como es sabido, en Puerto Rico hemos reconocido en un

sinnúmero de ocasiones el derecho de acceso a la información

como un derecho y vinculado a la libertad de expresión,

prensa y asociación, según el artículo II, sección 4 de

nuestra Constitución. Véase Trans Ad de PR v. Junta de

Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008). Su fin es asegurar y

facilitar a todos los ciudadanos el derecho a examinar el

contenido de los expedientes, informes y documentos que se

recopilan en la gestión de gobierno, y que constan en las

agencias del Estado. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales,

152 DPR 161, 175 (2000). Su cimiento es el derecho que tiene

toda persona a saber, el cual es un pilar de la sociedad

democrática. E. Rivera Ramos, La libertad de información: CC-2017-0668 13

Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur.

UPR 67, 68 (1975).

A su vez, garantiza el derecho a la libre discusión de

los asuntos de gobierno. Ortiz v. Dir. Adm. de los

Tribunales, supra. Y es que “[e]n una sociedad que se

gobierna a sí misma, resulta imperativo reconocer al

ciudadano común ‘el derecho legal de examinar e investigar

cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas

limitaciones que impone la más urgente necesidad pública’”.

Íd. (citando a Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 485

(1982)). Dado que si no se conoce cómo se conduce la gestión

pública no se puede tener una plena libertad de expresión de

las ideas sobre el gobierno. Íd. Véase, además, López Vives

v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 227-228 (1987).

Estatuariamente, en Puerto Rico contamos con varias

disposiciones que están relacionadas con el acceso a la

información. El artículo 409 del Código de Enjuiciamiento

Civil, el cual establece el derecho a inspeccionar y copiar

documentos públicos, destaca lo siguiente, a saber: “Todo

ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de

cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo

expresamente dispuesto en contrario por la ley”. Cód. Enj.

Civ. PR, Art. 409, 32 LPRA sec. 1781. Por su parte, existen

otras disposiciones que definen lo que es un documento

público. El artículo 1170 del Código Civil de Puerto Rico se

limita a reconocer que “[s]on documentos públicos los

con las solemnidades requeridas por la ley”. Cód. Civ. PR, CC-2017-0668 14

Art. 1170, 31 LPRA sec. 3271. En lo pertinente, la Ley de

administración de documentos públicos de Puerto Rico, Ley

Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, 3 LPRA

sec. 1001(b), define documento público de la siguiente

forma:

Es todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de esta ley (3 L.P.R.A. sec. 1002) se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.

Jurisprudencialmente, el desarrollo del derecho de

acceso a la información data desde mediados del siglo XX,

cuando determinamos que para reclamar el derecho de

inspeccionar un documento, no tiene que surgir expresamente

de la ley, sino que basta que el demandante tenga el

derecho. Prensa Insular de PR v. Cordero, 67 DPR 89 (1947).

Posteriormente, concluimos que la única justificación para

que un ciudadano no tenga acceso a un documento público es

que una ley expresamente lo disponga. Dávila v.

Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 (1960).

Finalmente, fue en Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR

477 (1982), donde reconocimos que el derecho de acceso a la

información es de índole constitucional, catalogándolo como

un derecho constitucional implícito. Enfatizamos que existe CC-2017-0668 15

una relación estrecha entre la libertad de expresión y el

derecho a la información, pues el conocimiento es una

condición necesaria de un sistema democrático. Íd., pág.

485. Sin embargo, expresamos que tal derecho no es uno

absoluto ni ilimitado.

A raíz de esta determinación, ha habido un desarrollo

paulatino sobre este derecho. Hemos establecido que el

primer paso es determinar si la información es pública.

Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 589

(2007). Y es que el acceso a la información sólo se

circunscribe a la que tenga el carácter de público. Trans Ad

de PR v. Junta de Subastas, supra, pág. 69.

Además, hemos sostenido que cualquier reclamo de

confidencialidad debe justificarse con un interés apremiante

que no sea el poner límites a la libertad de expresión. Ello

lo confirman nuestros pronunciamientos en Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, donde destacamos que “el Estado no

puede negarse caprichosamente y de forma arbitraria a

permitir el acceso”. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum,

supra, pág. 590. Ello, debido a que “todo ciudadano tiene el

derecho a inspeccionar cualquier documento público, el acto

de denegar el acceso, por sí mismo, causa al solicitante un

daño claro, palpable y real”. Ortiz v. Dir. Adm. de los

Tribunales, supra, pág. 177. Cuando el Gobierno niega

injustificadamente el acceso a la información, lesiona el

derecho fundamental de estar informado; lo que concede

legitimación activa para cuestionar la validez de esa acción

gubernamental. Íd. CC-2017-0668 16

Sin embargo, existen circunstancias excepcionales en

las cuales estos derechos podrán ceder por imperativo del

interés público y se justifica que la información se

mantenga confidencial. Trans Ad de PR v. Junta de Subastas,

supra, pág. 68. Conforme a lo anterior, la jurisprudencia es

clara en que tal reclamo de confidencialidad del Gobierno

sólo debe prosperar, a modo de excepción, en los siguientes

supuestos: (1) cuando una ley así lo declara; (2) la

comunicación está protegida por algún privilegio

evidenciario que puedan invocar los ciudadanos, Sierra v.

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959); (3) revelar la

información puede lesionar los derechos fundamentales de

terceros, ELA v. PR Tel. Co., 114 DPR 394 (1983); (4) se

trata de un confidente, según la Regla 515 de Evidencia de

2009, y (5) es información confidencial, según la Regla 514

de Evidencia de 2009. Véase Colón Cabrera v. Caribbean

Petroleum, supra, pág. 591.

“A tenor con estos principios, el examen judicial al

cual deberá someterse cualquier reclamo de confidencialidad

de documentos e información pública dependerá de la

excepción que invoque el Estado vis-à-vis el pedido de

información”. Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 104 (2003).

Véase, además, Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra,

pág. 178; Angueira v. J.L.B.P, 150 DPR 10, 24 (2000). Entre

esos dos derechos, hemos reconocido que la balanza debe

inclinarse a favor del reclamante de la solicitud y en

contra del privilegio. Nieves v. Junta, supra; López Vives

v. Policía de P.R., supra, pág. 233. Es decir, “[l]a balanza CC-2017-0668 17

debe inclinarse hacia un reconocimiento mayor del derecho a

la información”. Pérez López, supra, pág. 359.

Lamentablemente, una Mayoría de este Tribunal pretende

ignorar esta arraigada línea jurisprudencial y, con ello, no

fortalece el derecho a la información ni pauta normas claras

para que el poder del Estado no sea desproporcional ante

alegaciones de la aplicabilidad del privilegio ejecutivo,

frente a reclamos de acceso a documentos públicos. Al

contrario, lo que hace este Tribunal es quitarle

herramientas al juzgador, y, por ende al Pueblo, para

atender íntegramente ambos intereses, privando de la

oportunidad de realizar una inspección en cámara.

A nivel internacional, el derecho de acceso a la

información ha sido reconocido en diferentes aspectos. En

primera instancia, en el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos se establece, en lo pertinente, que:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. Res. 2200 (XXI), N.U. Doc. A/RES/2200 (XXI) (16 de diciembre de 1966), http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2200( XXI)&Lang=S&Area=RESOLUTION (énfasis suplido).

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de

las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 59 (I) y CC-2017-0668 18

celebró la Conferencia Internacional de Libertad de

Información. Convocación de una conferencia internacional de

libertad de información, A.G. Res. 59 (I), N.U. Doc. A/RES/59

(I) (14 de diciembre de 1946),

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol =A/RES/59(I). En

ella, a pesar de no ser vinculante, se acordaron criterios

importantes para el reconocimiento de este derecho, como que

la libertad de información es un derecho humano fundamental,

el cual implica recopilar, transmitir y publicar noticias sin

restricciones, y que requiere el control de no abusar del uso

de la información. Con mayor relevancia, igual reconocimiento

se logró en el derecho a la libertad de opinión, consagrado

en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos. Véase Declaración Universal de Derechos del Hombre,

A.G. Res. 217 (III) A, N.U. Doc. A/RES/217 (III) (10 de

diciembre de 1948), http://www.un.org/es/comun

/docs/?symbol=A/RES/217 (III). Finalmente, en el 2003, la

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos

(OEA) reconoció la importancia del acceso a la información

pública y reafirmó la declaración del artículo 13 de la

Convención Americana, en cuanto a que todos tienen la

libertad de procurar, recibir y difundir información.

El privilegio ejecutivo, en su forma específica, se

utiliza en referencia a las comunicaciones confidenciales

del Primer Ejecutivo y sus asesores. E. L. Chiesa Aponte, CC-2017-0668 19

Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto

Rico y Federal, República Dominicana, Editora Compio C. por

A., 1998, T. I, pág. 296. En su concepción más general, y el

más utilizado en Puerto Rico, se refiere al privilegio

general de información oficial. Íd. Por ello es que es

definido como “la prerrogativa del Ejecutivo o sus

representantes para retener e impedir la divulgación de

información que le ha sido formalmente solicitada en el

transcurso de una investigación legislativa, un

procedimiento judicial o una petición ciudadana”. A. M.

López Pérez, El privilegio ejecutivo frente al derecho a la

información pública, 34 Rev. Der. PR 345, 347 (1994). Su

fundamento es que una difusión extensa de los asuntos del

gobierno podría afectar su funcionamiento y poner en peligro

la seguridad nacional. Íd., pág. 345.

A nivel de los Estados Unidos, la Corte Suprema

federal en el caso U.S. v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974), por

primera vez validó y definió el alcance del privilegio

ejecutivo. Específicamente, aceptó el privilegio dentro del

contexto constitucional de la doctrina de separación de

poderes. Con él, el Primer Ejecutivo puede rehusarse a

divulgar información que determine que es confidencial. Ello

“garantiza el libre flujo de ideas en el proceso de las

determinaciones de política pública de la rama ejecutiva”.

R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio

Puertorriqueño, Ediciones Situm, 3ra ed., 2010, pág. 316. No

obstante, el privilegio es uno cualificado que depende de

los intereses involucrados. Íd. CC-2017-0668 20

Igualmente, en Puerto Rico fue incorporado este

privilegio como parte de la doctrina de separación de

poderes consagrada en nuestra Constitución. Véase Const. PR,

Art. I, sec. 2; Art. IV, secs. 1 y 4. Al respecto, este

Tribunal en Peña Clos v. Cartagena, 114 DPR 576 (1983),

señaló que el privilegio ejecutivo, conforme la

jurisprudencia federal, no es absoluto. Así también,

reafirmamos que corresponde a los tribunales establecer,

mediante un balance adecuado, los límites y las fronteras

del privilegio con los demás intereses. Íd., pág. 598.

Actualmente, se han reconocido varias instancias en

las cuales el poder ejecutivo puede reclamar el privilegio

ejecutivo. En el caso de U.S. v. Nixon, supra, la Corte

Suprema federal reconoció los siguientes supuestos: (1) para

la protección de las comunicaciones entre el Primer

Ejecutivo, sus asesores, ayudantes y otros funcionarios que

asesoran y ayudan en el desempeño y formulación de política

pública; (2) información que la doctrina de separación de

poderes justifica que no pueda ser analizada por el poder

judicial, e (3) información militar, diplomática o secretos

de seguridad nacional. Además de estas instancias, existe

reconocimiento del alcance de la doctrina en “información

relacionada a individuos que están o han sido sujeto a

investigaciones civiles y criminales o de los agentes

informantes, o funcionarios relacionados con dichas

investigaciones”. López Pérez, op. cit., págs. 353-335.

Por otro lado, los tratadistas han afirmado que el

privilegio ejecutivo opera en dos vertientes. La primera es CC-2017-0668 21

para proteger el proceso deliberativo que realiza la Rama

Ejecutiva en la toma de decisiones. Con ella, se limita el

acceso a los documentos o comunicaciones que sean opiniones

o recomendaciones sobre el proceso de toma de decisiones de

política pública. Tiene como fin que los funcionarios

públicos tengan la libertad de realizar una discusión amplia

y franca en el proceso de la toma decisiones sin la presión

de que serán divulgadas. Conforme lo anterior, la primera

característica de esta vertiente es que la información debe

realizarse en un proceso predecisional, es decir, antes que

culmine el proceso deliberativo. Ello se cimenta en el hecho

que no debe afectarse la calidad de las decisiones por la

divulgación. Además, se ha dicho que la información

predecisional que ya forma parte de la decisión final puede

perder su privilegio, ya que no afecta la toma de

decisiones. M. W. Warnock, Stifling Gubernatorial Secrecy:

Application of Executive Privilege to State Executive

Officials, 35 Cap. U.L. Rev. 983, 987 (2007).

La segunda característica del privilegio ejecutivo en

su vertiente deliberativa es que efectivamente sea materia

de naturaleza deliberativa. Ello quiere decir que sea una

parte directa del proceso deliberativo, ya que provea

recomendaciones y opiniones sobre cuestiones jurídicas o

normativas. En consecuencia, no se considera información

privilegiada lo puramente fáctico, a menos que esté

inextricablemente entrelazada con el proceso deliberativo.

Íd., pág. 988. CC-2017-0668 22

Por otro lado, la segunda vertiente del privilegio

ejecutivo es para proteger las comunicaciones ejecutivas. Se

evita la publicación de documentos y comunicaciones

directamente relacionadas con las decisiones del Primer

Ejecutivo. Su alcance es mayor, toda vez que incluye hasta

los documentos finales y el material postdecisional. Íd.

Sobre la expectativa de confidencialidad que tiene el

Poder Ejecutivo, se ha mencionado que existe en los

siguientes asuntos: conversaciones entre el Gobernador y sus

ayudantes, documentos internos de las agencias, memorandos

interangenciales, los expedientes médicos y de personal y

los expedientes de investigaciones civiles, criminales y

administrativas que conduzcan las agencias de seguridad.

López Pérez, supra, pág. 359.

A pesar de que el privilegio ejecutivo no se establece

expresamente en la Constitución de los Estados Unidos ni en

la de Puerto Rico, sí tiene entronque constitucional.

Conforme a ello, este Tribunal ha dispuesto que, en lo que

concierne a asuntos privilegiados, se tendrán que examinar

los privilegios establecidos en las Reglas de Evidencia. ELA

v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004). Particularmente, en lo

pertinente a la controversia ante nos, debemos remitirnos al

privilegio sobre información oficial. Ello, ya que sin un

estatuto integral que regule el requerimiento de

información, debemos examinar de forma supletoria este

privilegio. Angueira v. J.L.B.P, supra. Además, es uno de CC-2017-0668 23

los supuestos reconocidos en Colón Cabrera v. Caribbean

Petroleum, supra, como excepción al derecho de acceso a la

información. Esta regla dispone lo siguiente:

(a) Según usada en esta regla, ‘información oficial’ significa aquélla adquirida en confidencia por una persona que es funcionaria o empleada pública en el desempeño de su deber y que no ha sido oficialmente revelada ni está accesible al público hasta el momento en que se invoca el privilegio. (b) Una persona que es funcionaria o empleada pública tiene el privilegio de no divulgar una materia por razón de que constituye información oficial. No se admitirá evidencia sobre la misma si el tribunal concluye que la materia es información oficial y su divulgación está prohibida por ley, o que divulgar la información en la acción sería perjudicial a los intereses del gobierno. Reglas de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. IV, sec. 514.

Este privilegio se fundamenta en la necesidad del

gobierno de mantener confidencial cierta información que

propenda a la buena marcha del gobierno y se puedan atender

los diferentes problemas del País. Chiesa, Tratado de

Derecho Probatorio, supra, pág. 292. Como tal, el privilegio

se reconoce si la divulgación de la información sería

perjudicial a los intereses del gobierno y el grado de

perjuicio es mayor comparado con el que sufre la persona

reclamante. Íd., pág. 308. Sin embargo, tal interés se debe

balancear con el derecho constitucional de acceso a la

información. E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia

Comentadas, Ediciones SITUM, 2016, pág. 164. El poseedor del

privilegio es el Estado. Íd. “De ahí que el privilegio sólo

pretenda proteger documentos cuya revelación sea contraria a

los mejores intereses del gobierno, y no los intereses del CC-2017-0668 24

funcionario ejecutivo”. E. L. Chiesa Aponte, Práctica

Procesal Puertorriqueña, San Juan, Publicaciones JTS, Inc.,

1984, Vol. I, pág. 140. Es decir, el privilegio es para el

beneficio del pueblo y no para el oficial que lo reclame.

Véase, por ejemplo, Hamilton v. Verdow, 287 Md. 544, 414

A.2d 914, 10 A.L.R.4th 333 (1980).

Al interpretar la regla 31 de Evidencia de 1979, la

cual es esencialmente idéntica a la actual, indicamos que

“los tribunales deben ser cautelosos en conceder cualquier

pedido de confidencialidad del Estado, quien deberá

demostrar precisa e inequívocamente la aplicabilidad de la

excepción antes enunciada”. ELA v. Casta, supra, pág. 11.

Asimismo, fuimos enfáticos en expresar que “[h]oy día la

secretividad en los asuntos públicos es excepción y no

norma”. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 159

(1986). Y es que una alegación sin un privilegio público y

sin apoyo en legislación adecuada, debe ser examinada de

forma minuciosa, ya que tal ausencia debilita el reclamo de

confidencialidad. Peña Clos v. Cartagena, supra, pág. 599.

La jurisprudencia sobre el privilegio ha sido desfavorable

al reconocimiento del mismo. Ello, por la primacía del

derecho constitucional de acceso a la información. Chiesa,

Reglas Comentadas, supra, pág. 166.

Ante ello, reafirmamos que el Gobierno tiene que

realizar un gran esfuerzo por lograr presentar prueba que

demuestre la existencia de intereses de mayor jerarquía que

los valores protegidos por el derecho de libertad de

información de los ciudadanos. ELA v. Casta, supra, pág. 12. CC-2017-0668 25

Para tal ejercicio, los tribunales debemos evaluar si la

información o documentación requerida afecta las facultades

de la Rama Ejecutiva.

De otra parte, en forma general, se favorece que los

tribunales hagan “un examen in camera de los documentos que

el Estado alega son privilegiados, antes de determinar si ha

de prevalecer o no la posición del Estado negándose a

descubrir la información pertinente”. Chiesa, Práctica

Procesal Puertorriqueña, supra, págs. 140-141. A nivel

federal, se ha reconocido la necesidad de la inspección en

cámara de los documentos solicitados cuando se alegue el

privilegio ejecutivo. Véase U.S. v. Nixon, supra; Black v.

Sheraton, 564 F.2d 531 (D.C. Cir. 1977); Soucie v. David,

448 F.2d 1067 (D.C. Cir. 1971). Por eso, se ha sostenido que

la referida inspección evita la divulgación innecesaria de

información privilegiada. In re Sealed Case, 121 F.3d 729

(D.C. Cir. 1997). Los tribunales son un filtro entre la

solicitud de la información pública por los ciudadanos y la

confidencialidad de la información reclamada por el Estado.

H. A. Vera Rodríguez y E. Ruiz Santana, El derecho a la

información de los ciudadanos como un instrumento de

transparencia gubernamental en Puerto Rico: Una agenda

inconclusa, 50 Rev. Der. PR 265, 269 (2011).

El profesor Chiesa, al examinar jurisprudencia federal,

realiza una distinción importante cuando al invocarse un

privilegio se debe examinar en cámara. Específicamente, al CC-2017-0668 26

analizar la decisión de U.S. v. Reynolds, 345 U.S. 1 (1953),

señaló que cuando el privilegio es tan fuerte, como para

salvaguardar de algún peligro la seguridad nacional, no se

puede hacer la revisión en cámara. Chiesa, Tratado de

Derecho Probatorio, supra, pág. 290. Ello no es igual cuando

lo que se solicita es información oficial. Aquí sí se tiene

la discreción usual de examinarla e incluso emitir órdenes

protectoras. Íd., pág. 297. Ambos recursos son reconocidos

como medidas para adjudicar las controversias. Al contrario,

al no permitirse la inspección, bastaría que el gobierno

reclame la secretividad de la información para que no pueda

ser divulgada. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña,

supra, pág. 140. Adviértase que el demandante está en

desventaja, ya que en ocasiones desconoce la naturaleza del

documento, por lo que no tiene la capacidad de alegar con

adecuada precisión legal para que sea divulgada la

información. Ante ese desbalance es que está disponible la

inspección en cámara. Véase Islamic Shura Council of

Southern California v. F.B.I., 635 F.3d 1160, 1165 (9no Cir.

2011).

Con ello concuerda Matthew W. Warnock al establecer que

la evaluación completa del privilegio debe incluir una

revisión en cámara. El tribunal realizará esa inspección con

normas claras que lo guíen para establecer un equilibrio

entre el interés del público en la divulgación y el interés

del gobierno en la confidencialidad. Warnock, supra, pág.

1016. CC-2017-0668 27

En Puerto Rico, se ha señalado que cuando haya un

reclamo del privilegio ejecutivo, el tribunal debe examinar

la documentación en cámara. Ello se sustenta por el hecho

que los tribunales deben tener a su vez una rigurosa

deferencia al reclamo de confidencialidad. Véase López

Pérez, supra, págs. 358 y 360. Más aún, este Tribunal

favoreció desde hace más de treinta (30) años lo siguiente:

La visión judicial de que la confidencialidad de la información se determina mediante un análisis de la totalidad de las circunstancias que rodean la comunicación, así como su propia naturaleza. En esta gestión el tribunal puede hacer un examen en cámara de los documentos o información que el Estado alega son privilegiados, como condición previa al reconocimiento del privilegio. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra, pág. 162 (énfasis suplido).

Y es que habíamos sido consecuentes en sostener que el

mecanismo altamente favorecido, apropiado y útil para

analizar una solicitud de confidencialidad es el examen en

cámara. Véase Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra;

ELA v. Casta, supra; Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999);

Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra; Soto v. Srio. de

Justicia, supra. Véase, además, Opinión disidente del Juez

Asociado señor Estrella Martínez en Diócesis de Arecibo v.

Srio. Justicia, 191 DPR 380, 401-402 (2014). No es para

menos, ya que como se ha señalado anteriormente, es el

mecanismo por excelencia para sopesar estos intereses.

Véase, además, V. Neptune Rivera, Derecho Probatorio, 84

Rev. Jur. UPR 681, 688-703 (2015). CC-2017-0668 28

Examinado el derecho aplicable, procedo a explicar las

razones de mi disenso.

V

De entrada, debo reiterar que el Estado no ha

demostrado, ante el foro de instancia ni ante este Tribunal,

impedimento de clase alguna para denegar la divulgación del

documento público solicitado. Por tanto, lo lógico era

denegar este recurso. Como ello no ocurrió, procedo a

atender la controversia ante nos en el marco del

razonamiento y el procedimiento delineado por este Tribunal.

En primera instancia, no estoy de acuerdo con el

proceso seguido por una Mayoría en este caso.

Particularmente, se paralizó un proceso de alto interés

público para intervenir innecesariamente con una orden

interlocutoria, para luego chocar con la realidad de que no

se puede conceder ninguno de los remedios solicitados por

los peticionarios. Ante la realidad de que este Tribunal no

solicitó los alegatos de las partes, bastaba con examinar el

expediente para revisar los planteamientos repetitivos de la

parte peticionaria y proceder a denegar el recurso. De ese

modo, no hubiéramos paralizado innecesariamente el reclamo

de información y, peor aún, arrebatar una herramienta

esencial como lo es la inspección en cámara.

A su vez, inexplicablemente y, de forma sorpresiva,

este Tribunal devuelve el caso al foro de instancia, pero

con menos herramientas de las que se tenían. Es decir, con

la determinación de la Mayoría se limitan los recursos del CC-2017-0668 29

Tribunal de Primera Instancia en los casos como el de

epígrafe. Hoy, en vez de darle mayores herramientas al foro

primario para que pueda adjudicar conforme a derecho, se dan

instrucciones a ciegas para controlar remotamente los

trabajos judiciales. No puedo avalar tal proceder.

Ciertamente, el hecho de que el Tribunal de Primera

Instancia haya ordenado que el Proyecto de Presupuesto se

entregue en sobre sellado para una inspección en cámara no

significa que se vaya a publicar la información. Tal

inspección es un mecanismo seguro que tiene el foro primario

para determinar si es de aplicación el privilegio ejecutivo.

Más aún, cuando las partes han presentado sendas mociones al

respecto, hubo una vista argumentativa específicamente sobre

esa controversia y le ha dado otra oportunidad al Estado de

poner en posición al tribunal de entender su alegación sobre

el privilegio. El que se ordene una inspección en cámara no

significa un mal manejo de la información. No se atenta

contra el privilegio. El hecho que un juez o jueza lo

examine no significa que se lesione tal derecho.

Al contrario, mediante la orden emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, ese foro obtendría mejores medios

para resolver el caso lo más pronto posible y conforme a

derecho, en comparación con el procedimiento delineado por

este Tribunal.

En este caso, el foro primario le ha dado múltiples

oportunidades a los peticionarios para que demuestren la

aplicabilidad del privilegio ejecutivo. No obstante, no lo CC-2017-0668 30

han hecho. Sus alegaciones han sido demasiado generales. No

han contrarrestado el derecho a la información de estirpe

constitucional. Así lo ha dejado claro el Tribunal de

Primera Instancia. Y es por ello, que ha solicitado

inspeccionar en cámara el Proyecto de Presupuesto antes de

concluir definitivamente que es un documento público que

debe ser divulgado por no aplicarle el privilegio. Es decir,

el foro de instancia, ante un reclamo de privilegio

ejecutivo, ha sido más que cauteloso y no ha ordenado, a

pesar que el Gobierno no demostró ser merecedor del

privilegio, la divulgación hasta que pueda examinar el

Proyecto de Presupuesto y contar con una nueva moción.

No empece a lo anterior, como hoy decide la Mayoría,

todas las partes quedan en desventaja. Ello, ya que se

ordena al foro primario a descansar en memorandos de derecho

y, a base de ello, decidir el caso. Adviértase que los

peticionarios pudieron utilizar la misma información del

Proyecto de Presupuesto como evidencia de que se limitó a la

faceta deliberativa, y se negaron a hacerlo; aún bajo el

procedimiento delineado por la Mayoría se privaría del

examen del documento en cámara simultáneamente con los

nuevos memorandos de derecho, por lo que nos encontramos en

el mismo callejón sin salida y poco se podrá avanzar.

Paralelamente, la reclamación del senador Bhatia queda

trastocada, ya que el Tribunal de Primera Instancia, estando

a mi juicio, en posición de conceder el remedio, tendrá que

recurrir nuevamente al procedimiento inoficioso de requerir CC-2017-0668 31

memorandos de derecho. Por tanto, son múltiples los efectos

adversos.

Ante todo ello, la pregunta que nos debemos hacer es

la siguiente: ¿Qué otras alegaciones podría tener el

Gobierno a las realizadas en los escritos ya presentados y

los expuestos en la vista argumentativa? No puedo pensar en

qué manera unos nuevos memorandos ayudarían sin contar con

el examen del documento en sí, a menos que se trate de otra

forzada oportunidad, como premio de consolación a los

remedios solicitados por el Estado.

Por otro lado, una Mayoría de este Tribunal se pregunta

“¿qué exactamente es lo que se podría encontrar al

inspeccionar el documento en cuestión con el propósito de

tomar una determinación en el caso?”. Opinión mayoritaria,

pág. 38. Asimismo, se fundamentan en que “[b]asta con

examinar el proyecto de presupuesto final para conocer la

naturaleza del documento en disputa”. Íd.91 No obstante, el

_________________________ 91Debo destacar que el criterio de la naturaleza del documento no es el único factor utilizado a nivel federal. Precisamente, utilizando el razonamiento de la Mayoría de este Tribunal, conforme a la Freedom of Information Act (FOIA), 5 U.S.C. sec. 552, se han reconocido diferentes factores que apoyan la inspección en cámara, a saber: economía judicial, naturaleza conclusiva de la declaración jurada de la agencia, mala fe por parte de la agencia, controversia relacionadas al contenido del documento, que la agencia propone la inspección en cámara y el fuerte interés público en la divulgación. R. M. Levin, In Camera Inspections Under the FOIA, 41 U. Chi. L. Rev. 557 (1974). Véase, por ejemplo, Rugiero v. U.S Dept. of Justice, 257 F.3d 534, 543 (6to Cir. 2001); Jones v. F.B.I., 41 F.3d 238, 243 (6to Cir. 1994); Allen v. Central Intelligence Agency, 636 F.2d 1287 (D.C. Cir. 1980) revocado en parte en otros extremos por Founding Church of Scientology of Washington, D.C., Inc. v. Smith, 721 F.2d 828 (D.C. Cir. 1983); Donovan v. F.B.I., 806 F.2d 55 (2do Cir. 1986) revocado en parte en otros extremos por U.S. Dep’t of Justice v. Landano, 508 U.S. 165, 170 (1993); Ingle v. Department of Justice, CC-2017-0668 32

mismo Gobierno ha aclarado que son documentos distintos.

Entonces, la pregunta adecuada es: ¿Por qué postergar la

determinación de si debe divulgarse? El Gobierno no ha

demostrado que sea merecedor del privilegio. Este caso no

aguanta más dilación. Debe resolverse lo más pronto posible.

Sin embargo, con la decisión que se emite hoy, se alarga más

y más, y se sigue lacerando el derecho constitucional de

Por otro lado, la herramienta de la inspección en

cámara, además de ser respaldada por la arraigada línea

jurisprudencial discutida, también ha sido avalada en

multiplicidad de jurisprudencia federal, contrario a lo que

intima la Mayoría. A esos efectos, debemos examinar su

tratamiento en las inspecciones en cámara producto de

reclamos bajo la Freedom of Information Act (FOIA), 5 U.S.C.

sec. 552 et seq. Si bien es cierto que no es automática, en

algunas circunstancias es necesaria y apropiada.

Específicamente, el Congreso ha indicado que la determinación

de necesidad le compete decidirlo a la corte de distrito en

su sana discreción. H.R. Rep. No. 1380, 93d Cong., 2d Sess. 8

(1974). Véase, además, NLRB v. Robbins Tire & Rubber Co., 437

U.S. 214, 224 (1978); Donovan v. F.B.I., 806 F.2d 55, 59

(2do. Cir. 1986) revocado en otros extremos por U.S. Dep’t of

________________________________________________ 698 F.2d 259, 267 (6to Cir. 1983) revocado en parte en otros extremos por U.S. Dep’t of Justice v. Landano, supra; James v. Drug Enf't Admin., 657 F. Supp. 2d 202, 209 (D.D.C. 2009); Physicians for Human Rights v. U.S. Dep't of Def., 675 F. Supp. 2d 149, 167 (D.D.C. 2009); Dean v. F.D.I.C., 389 F. Supp. 2d 780, 789 (E.D. Ky. 2005); Ferguson v. F.B.I., 752 F. Supp. 634, 636 (S.D.N.Y. 1990). CC-2017-0668 33

Justice v. Landano, 508 U.S. 165, 170 (1993). Es decir, los

tribunales han realizado un análisis de la ley, el historial

legislativo y la jurisprudencia y han concluido que la

determinación reside en el juez de instancia. Center for Auto

Safety v. E.P.A., 731 F.2d 16, 20-21 (D.C. Cir. 1984). Y es

en esa sana discreción que la corte, después de considerar

todos los factores relevantes, puede decidir si la inspección

en cámara es apropiada. Donovan v. F.B.I., supra; Church of

Scientology v. I.R.S., 792 F.2d 146, 153 (D.C. Cir. 1986);

Vaughn v. Rosen, 484 F.2d 820 (D.C. Cir. 1973).

Por otra parte, contrario a lo esbozado por la Mayoría

de este Tribunal, la jurisprudencia federal no ha señalado

que la inspección en cámara es desfavorable en reclamaciones

de privilegios gubernamentales. Véase Opinión mayoritaria,

pág. 34. Lo que se ha indicado es que es desfavorable cuando

el estado adecuadamente sustenta y prueba previamente su

alegación de la aplicación de la excepción, lo que no ha

ocurrido en el caso ante nos. Véase Smith v. U.S. Marshals

Services, 517 Fed.Appx. 542 (9no Cir. 2013); Lion Raisins v.

U.S. Dep’t of Agric., 354 F.3d 1072, 1079 (9no Cir. 2004);

Lewis v. I.R.S., 823 F.2d 375, 378 (9no Cir. 1987). Por ello,

se ha reconocido que cuando el gobierno decide no divulgar el

documento completo y para ello, previo a la inspección en

cámara, sólo utiliza alegaciones vagas y generales, es

apropiado utilizar tal herramienta. Associates Press v. U.S.

Dept. of Justice, 549 F.3d 62, 67 (2do. Cir. 2008); Local 3,

Int’l Bhd. Of Elec. Workers, AFL-CIO v. NLRB, 845 F.2d 1177,

1180 (2do Cir. 1988). Es decir, para que el gobierno pueda CC-2017-0668 34

mantener la confidencialidad y que no se ordene una

inspección en cámara, debe darle a la corte, previamente,

toda información relevante del documento, de forma específica

y detallada, para que pueda realizar una apropiada evaluación

sin tener que examinar el documento en sí, lo cual tampoco

ocurrió en el caso ante nos. Véase Hamdan v. Dept. of

Justice, 797 F.3d 759, 779-780; Islamic Shura Council of

Southern California v. F.B.I., supra, pág. 1166; Ethyl Corp.

v. U.S. E.P.A., 25 f.3d 1241, 1250 (4to Cir. 1994); Lewis v.

I.R.S., supra, pág. 378. Esto es, el estado, más allá de

alegar de forma generalizada, debe describir el documento en

detalles y alegar con hechos suficientes que existe la

excepción alegada. Lewis v. I.R.S., supra. El estado no puede

realizar alegaciones generales y citar de forma conclusiva

una excepción de la ley. Tiene que justificar detalladamente

e identificar las razones particulares de la excepción y

correlacionar su alegación con partes específicas del

documento que pretenda no divulgar. Mead Data Central, Inc.

v. U.S. Dept. of Air Force, 566 F.2d 242, 251 (D.C. Cir.

1977). Y es que, a nivel federal, el gobierno debe demostrar

efectivamente las excepciones contempladas en la FOIA. Si no

lo hace, procede, a discreción de la corte de distrito, la

inspección del documento. Associates Press v. U.S. Dept. of

Justice, supra. Y a esos efectos, los tribunales apelativos

deberán revisar si el foro de instancia abusó de su

discreción, bajo los parámetros expuestos.

Ante ese cuadro, la jurisprudencia federal

consecuentemente ha observado la discreción del foro de CC-2017-0668 35

instancia, a la luz de los parámetros descritos. Así las

cosas, en lo que atañe a la controversia que nos ocupa, el

tracto procesal descrito revela que el Estado ha tenido

múltiples oportunidades para “justificar y demostrar su

reclamo de confidencialidad”. Opinión mayoritaria, pág. 34.

Sin embargo, bajo el derecho aplicable vigente, no lo han

hecho. Y tampoco bajo el prisma de FOIA que erradamente

interpreta la Mayoría de este Tribunal y que pretende

incorporar, la cual tiene el efecto de restringir aún más el

acceso a la información pública en Puerto Rico.

Finalmente, en cuanto a los méritos, nos tenemos que

preguntar lo siguiente: ¿El revelar la información solicitada

lesiona algún interés público y gubernamental? De responder

en la afirmativa, ¿quedaría algún interés gubernamental

adicional perjudicado? ¿Han desaparecido las razones que de

ordinario, justifican la secretividad? ¿Qué intereses se

esgrimen a favor de la no divulgación de esa información

específica? ¿Han perdido por completo su razón de ser? Véase

Santiago v. Bobb y El Mundo, supra, págs. 165-166.

Examinadas con sumo detenimiento todas las alegaciones

y las argumentaciones de las partes, concluyo que el

documento es público. Por tanto, el Estado debió probar que

existía alguna excepción que prohibiera su divulgación. Los

peticionarios no demostraron la aplicabilidad de alguna

excepción al derecho de acceso a la información. Más aún, no

particularizaron ni sustentaron sus alegaciones que apunten a

que el interés público se beneficia con la confidencialidad

del Proyecto de Presupuesto. Es decir, no demostraron que la CC-2017-0668 36

divulgación de la información sería perjudicial a los

intereses del Gobierno. Tampoco establecieron que la

divulgación de la información podría afectar el

funcionamiento del gobierno y poner en peligro la seguridad

nacional. Recuérdese que le correspondía a los peticionarios

probar y sustentar el privilegio reclamado. Le competía

demostrar de forma precisa e inequívoca la aplicabilidad de

la excepción al derecho constitucional de acceso a la

información. Ello, ya que la secretividad en los asuntos

públicos es la excepción y no la norma.

Como es sabido, el Estado no puede negarse

caprichosamente, y de forma arbitraria, a permitir el acceso.

Los ciudadanos tienen el derecho de examinar el contenido de

los expedientes, informes y documentos públicos e investigar

limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Y

esas excepciones de mantener la información pública sólo se

justifican cuando así lo determine el interés público.

En el caso de epígrafe, lo único en que se han basado

los peticionarios es en que el Proyecto de Presupuesto es un

documento de trabajo, o sea, un borrador en etapa

deliberativa que estaba pasando por los trámites que

establece PROMESA, siendo el documento final del Ejecutivo el

entregado a la Asamblea Legislativa. Esa no es la realidad

del trámite legislado en PROMESA. En consecuencia, esa

alegación es insuficiente para derrotar el derecho

constitucional fundamental de acceso a la información.

Veamos. CC-2017-0668 37

La presentación ante la Junta es un mandato conforme al

proceso formal de la sección 202 de la Ley PROMESA, 48 U.S.C.

sec. 2142. Aquí lo que ocurre es que el Gobierno realiza una

propuesta final de presupuesto, la cual será enviada a la

Junta para aprobación, en lugar de seguir el trámite

ordinario de enviarlo directamente a la Asamblea Legislativa.

Si el Proyecto de Presupuesto cumple con los parámetros que

establezca la Junta, se aprobará y el Gobernador entonces lo

podrá remitir a la Asamblea Legislativa. Por ello es que no

puede ser considerado un borrador. El documento, según el

proceso estatutario, debe ser final, con la única excepción

de las enmiendas que recomiende la Junta. No creo que un

documento de trabajo, como alega el Gobierno, pueda ser

aprobado por la Junta como un presupuesto certificado. Más

bien, nos encontramos ante un mandato congresional en el que

ahora el Gobierno de Puerto Rico tiene un deber dual de

presentar el Proyecto de Presupuesto primariamente ante la

Junta como eventualmente a la Asamblea Legislativa. En ese

sentido, nos encontramos ante un documento formal presentado

ante la Junta, con un proceso particular para su aprobación o

enmienda el cual es análogo al eventual proceso legislativo

de aprobación. Por lo tanto, en la etapa de radicación formal

del Proyecto de Presupuesto, éste no puede minimizarse como

un documento en etapa deliberativa o un simple “borrador”.

Contrario a lo que argumenta el Gobierno de Puerto Rico,

queda comprobado como cuestión de derecho, que bajo las

disposiciones de PROMESA, la Junta no puede ser considerada

un subalterno, asesor o ayudante del Ejecutivo. En ese CC-2017-0668 38

sentido, la sección 108 de PROMESA que establece expresamente

la autonomía de la Junta, no puede ser obviada de este

análisis. 48 U.S.C. sec. 2128. Aunque indignante, la realidad

colonial de Puerto Rico no puede ocultarse, persiguiendo

crear una ficción que pretenda ignorar el rol imperial de la

Junta para reducirla a un subalterno, asesor o ayudante del

Ejecutivo. Esa ficción no es la realidad que vive Puerto

Rico. Con secretividad, sólo se recrudece esa realidad.

Además, como bien se ha señalado, el Proyecto de

Presupuesto no contiene conversaciones entre el Gobernador y

sus ayudantes, documentos internos de las agencias,

memorandos interangenciales, expedientes médicos y de

personal ni expedientes de investigaciones civiles,

criminales y administrativas que conduzcan las agencias de

seguridad. Incluso, no se trata de un documento interno ni

preparatorio. Adviértase que aquí no se están solicitando

recomendaciones, consultas, determinaciones, opiniones,

análisis o expresiones del Gobernador, o su personal de apoyo

o asesores, relacionadas con el proceso deliberativo para la

preparación del Proyecto de Presupuesto. Lo que se requiere

es la entrega y publicidad del Proyecto de Presupuesto, según

presentado ante la Junta. Es decir, las cifras, cuantías o

partidas de fondos asignados. En consecuencia, entiendo que

no existía impedimento para que el Tribunal de Primera

Instancia declarara el documento como uno público y emitiera

la correspondiente orden de divulgación.

Por ende, como bien apunta el derecho aplicable, ante

una controversia de acceso a la información, le correspondía CC-2017-0668 39

al Estado demostrar la existencia de intereses de mayor

jerarquía que los valores protegidos por el derecho de

libertad de información de los ciudadanos. Además, le

correspondía probar que el interés público será más

beneficiado con la confidencialidad de la información que

con su divulgación. No lo hizo.

VI

Por los fundamentos que anteceden, disiento del curso de

acción seguido por una Mayoría de este Tribunal. Hace rato

que procedía la entrega del documento público. Con la

paralización y la Opinión emitida en el día de hoy se alarga

innecesariamente esa concesión y se crea un estado de

incertidumbre que dilatará más la controversia. Peor aún,

bajo la lógica de la Mayoría, se limitan innecesariamente las

herramientas que tienen los jueces y juezas para atender con

agilidad procesal los reclamos de acceso a la información de

la ciudadanía.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Eduardo Bhatia Gautier, en su carácter como portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico

Hon. Ricardo A. Rosselló Núm. CC-2017-668 Certiorari Nevares, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 15 de septiembre de 2017.

El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información, Org. Estados Americanos, Washington, D.C. 2007, pág. 6. CC-2017-668 2

Hoy, una mayoría de este Tribunal, ante una controversia

revestida del más alto interés público, decide intervenir con

la discreción del Tribunal de Primera Instancia para decidir la

forma en que dilucida las controversias que se ventilan ante su

consideración; ello, en ausencia total de fundamento alguno que

justifique tal proceder. En este sentido, por entender que este

Tribunal no debió haber menoscabado la discreción del foro

primario para solicitar -- previo a decidir si en el caso que

nos ocupa se podía reconocer o no el privilegio ejecutivo

invocado por el Estado, -- la inspección en cámara de ciertos

documentos públicos en controversia, disentimos del curso de

acción seguido en el presente caso. Veamos.

Los hechos ante nuestra consideración no están en

controversia. El pasado 4 de mayo de 2017, el Honorable Senador

Eduardo Bhatia Gautier, Portavoz de la Minoría del Partido

Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico, presentó ante

el Tribunal de Primera Instancia una solicitud de mandamus en

contra del señor Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo

Rosselló Nevares, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en

adelante, en conjunto, “los peticionarios”). En la misma,

solicitó que el señor Gobernador de Puerto Rico hiciera pública

una copia del “Proyecto de Presupuesto” presentado el 30 de

abril de 2017 ante la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto

Rico (en adelante, “la Junta de Supervisión Fiscal”), creada en CC-2017-668 3

virtud del Puerto Rico Oversight, Management and Economic

Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés), 48 USC secs.

2101 et seq. El Senador Bhatia Gautier fundamentó su solicitud

en que el referido documento era uno público y de alto interés

para la ciudadanía. Asimismo, alegó que, a pesar de haber

realizado un requerimiento previo, el señor Gobernador de

Puerto Rico se negó a proveer la información solicitada, por

entender que la misma no era pública.

Tras varios incidentes procesales no necesarios aquí

pormenorizar, el 26 de junio de 2017, los peticionarios

presentaron una solicitud de desestimación, por entender que el

presente caso no era uno justiciable. En esencia, sostuvieron

que el Senador Bhatia Gautier carecía de legitimación activa

para presentar el recurso extraordinario de mandamus, no había

cumplido con los requisitos para incoar la referida causa de

acción y, además, que el caso ante el foro primario se había

tornado académico; ello, dado a que el proyecto de presupuesto

se había entregado a la Asamblea Legislativa para su

consideración y eventual aprobación, por lo que el Senador

Bhatia Gautier debió haber realizado su solicitud en aquel

entonces. Por último, los peticionarios alegaron que la

concesión del remedio solicitado acarrearía una intervención

indebida de la Rama Judicial con el poder Ejecutivo y

Legislativo, quebrantando así la separación de poderes que

caracteriza nuestro sistema democrático de gobierno. CC-2017-668 4

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el Tribunal

de Primera Instancia dictó una Orden mediante la cual señaló

una vista argumentativa, a celebrarse el 26 de julio de 2017.

Específicamente, y en lo aquí pertinente, el foro primario

dispuso que las partes debían asistir a la vista preparados

para discutir los siguientes asuntos: (1) si la solicitud de

información, presentada por el Senador Bhatia Gautier, se había

tornado académica; (2) cuáles eran los daños sufridos por el

senador y la verdadera lesión “en sus prerrogativas

legislativas específicas de evaluar y fiscalizar los procesos

dirigidos a la aprobación del presupuesto del país”, al no

proveérsele, precisamente, tal información; (3) si la

información solicitada ya se había hecho pública o si, por el

contrario, ello no había sucedido; (4) si la solicitud de

mandamus incoada respondía a un traslado del debate legislativo

al foro judicial; (5) si el Senador Bhatia Gautier agotó todos

los remedios a su disposición para obtener la información

requerida; y, finalmente, (6) si la información solicitada era

pública o, por el contrario, se trataba de información cobijada

por el privilegio ejecutivo, según las alegaciones de los

peticionarios. Además de lo anterior, les concedió a las partes

un término para que presentaran una moción en conjunto, junto a

sus respectivas estipulaciones de hechos, documentos y/o prueba

pertinente. CC-2017-668 5

Es decir, como podemos apreciar, el Tribunal de Primera

Instancia estableció -- en el ejercicio de la discreción que

tiene para manejar los casos que ante sí se ventilan -- los

temas a ser considerados en la vista argumentativa, de modo que

dicho foro pudiera estar en posición de tomar una decisión

informada en cuanto a la solicitud de desestimación.

Llegada la fecha pautada, se celebró la vista en

cuestión. Según se desprende de la minuta que obra en el

expediente ante nos, la parte peticionaria planteó que el

documento solicitado por el Senador Bhatia Gautier pudo haber

sido requerido durante el trámite legislativo, pero no se hizo.

Asimismo, expresó que tal documento no era público, pues se

trataba de un documento preparado por la Rama Ejecutiva,

cobijado por el privilegio ejecutivo, al tratarse de un

borrador “preparado como parte de una etapa de deliberación

para el desarrollo de la política pública”92.

Por su parte, el Senador Bhatia Gautier sostuvo que el

señor Gobernador y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

intentaban mantener como confidencial el documento solicitado,

a pesar de no haber acreditado que tal escrito estaba cubierto

bajo el privilegio ejecutivo. De igual forma, sostuvo que no

quería obtener copia de los escritos preparados por los

asesores del señor Gobernador de Puerto Rico, ni sus opiniones

subjetivas, sino que quería tener acceso a las cifras incluidas _________________________ 92 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, a la pág. 230. CC-2017-668 6

en el referido Proyecto del Presupuesto, según le fue entregado

a la Junta de Supervisión Fiscal.

Así las cosas, tras escuchar las argumentaciones de las

partes y evaluar los documentos y escritos que obraban en el

expediente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la

Resolución y Orden objeto del presente caso. En la misma, el

Tribunal de Primera Instancia determinó que el Senador Bhatia

Gautier poseía legitimación activa para incoar la petición de

mandamus, toda vez que su reclamo surgía al palio de su derecho

constitucional de acceso a la información, y que la

controversia ante su consideración no era académica. Ahora

bien, en cuanto a la alegación en torno a que el documento

objeto del presente litigio estaba cobijado por el privilegio

ejecutivo, el Tribunal de Primera Instancia determinó -- luego

de escuchar a las partes y examinar los documentos que obraban

en el expediente -- que los peticionarios no lograron poner en

posición al tribunal de determinar si, en efecto, podía aplicar

el privilegio ejecutivo. Por ello, en el ejercicio de su sana

discreción, el foro primario dispuso lo siguiente: (1) concedió

al señor Gobernador de Puerto Rico un término de diez (10) días

para someter -- en un sobre sellado y catalogado como

confidencial -- el Proyecto de Presupuesto presentado a la

Junta de Supervisión Fiscal el 30 de abril de 2017; y (2)

ordenó que explicara en detalle las razones por las que la CC-2017-668 7

información en controversia estaba cobijada bajo el privilegio

En desacuerdo con tal proceder, los peticionarios

acudieron, mediante recurso de Certiorari, ante el Tribunal de

Apelaciones, acompañando su escrito con una solicitud en

auxilio de jurisdicción. No obstante, el foro apelativo

intermedio emitió una Resolución mediante la cual denegó la

expedición del mencionado recurso. Al así hacerlo, sostuvo que

el foro primario no abusó de su discreción al decidir

inspeccionar, de forma confidencial, la información solicitada

mediante el mandamus y así estar en una mejor posición para

poder establecer si la información en cuestión estaba cobijada

por el privilegio ejecutivo o no.

Ante tal panorama, todavía insatisfechos, los

peticionarios acuden ante nos, mediante una petición de

certiorari y una solicitud de paralización de procedimientos.

En esencia, señalan que el caso no debe ser atendido en los

méritos, por no ser un asunto justiciable, toda vez que el

Senador Bhatia Gautier carece de legitimación activa para

incoar el mismo y por haberse tornado académico el reclamo de

éste. De igual forma, sostienen que el mandamus no procede y

que el referido senador no agotó los remedios disponibles antes

de hacer su requerimiento por la vía judicial.

Es, pues, ante este panorama -- donde, según se desprende

de la relación de hechos de la opinión mayoritaria, así como de CC-2017-668 8

la que aquí antecede, el foro primario estuvo manejando las

controversias presentadas ante su consideración activa,

correcta y diligentemente -- que una mayoría de este Tribunal,

en un errado y lamentable proceder, decide expedir el recurso

presentado, interfiriendo así directamente con la discreción

del foro primario y, en consecuencia, dictaminando cómo éste

deberá conducir los procedimientos ante sí. Por no estar de

acuerdo con el curso de acción seguido por una mayoría de este

Tribunal -- a saber, el haber expedido este caso, -- como ya

adelantamos, disentimos. Es, precisamente por lo anterior, que

no pasaremos juicio sobre aquellos aspectos relacionados a la

justiciabilidad de este asunto. Empero, a continuación,

esbozaremos las razones por las que, a nuestro entender, el

presente caso no debió haber sido expedido. Nos explicamos.

El acceso a la información pública es piedra angular en

nuestro sistema democrático de gobierno. Acceder a dicha

información

constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma. Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, op cit., a la pág. 6. CC-2017-668 9

En este sentido, y en lo que a Puerto Rico respecta, el

Art. 1(b) de la Ley de Administración de Documentos Públicos de

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1001(b), -- disposición legal que

gobierna lo relacionado a la información pública -- define

“documento público” como

todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal.

De conformidad con lo anterior, hemos establecido que las

personas custodias de documentos públicos en nuestro País

tienen “el deber de permitir a las personas interesadas

inspeccionar y sacar copia de esos documentos, aunque la ley

pertinente no les imponga esa obligación de modo expreso”.

Dávila v. Superintendente General de Elecciones, 82 DPR 264,

280 (1960)93. Ello responde a que nuestro sistema reconoce el

_________________________ 93 Es menester señalar que sobre la información pública se ha dicho que ésta

pertenece a las personas. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Éste tiene la información sólo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas […] El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a qui[é]nes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores. La conducta de funcionarios que nieguen el acceso a la información o a la existencia de legislaciones contrarias a la misma, vulneran [sic.] este derecho. CC-2017-668 10

derecho ciudadano a enterarse de lo que su gobierno realiza;

por lo tanto,

[n]o basta con que se reconozca meramente la importante justificación política de la libertad de información. Los ciudadanos de una sociedad que se gobierna a sí misma deben poseer el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Debe elevarse ese derecho a una posición de la más alta santidad si ha de constituir un baluarte contra un liderato insensible. Íd., a la pág. 281, nota 9.

Es, pues, a raíz de lo anterior, que en nuestro

ordenamiento jurídico el Art. 409 del Código de Enjuiciamiento

Civil, 32 LPRA sec. 1781, reconoce un derecho general de acceso

a la información pública en poder del Estado. Dicho precepto

establece que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y

sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico,

salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. Íd.

Pero tal derecho no solo se desprende del Art. 409 del Código

de Enjuiciamiento Civil, íd., sino que en el pasado hemos

reconocido que el derecho a acceder información pública surge

también como corolario a la libre expresión. Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Soto v. Srio. de

Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982) (“[…] existe una estrecha

correspondencia entre el derecho a la libre expresión y la

libertad de información”).

________________________________________________ Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información, Org. Estados Americanos, Washington, D.C. 2007, págs. 34-35. CC-2017-668 11

En esa dirección, hemos señalado también que el derecho

que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro País tienen a

acceder a documentos e información pública responde, además de

al derecho a la libertad de expresión, a que, habiéndose

depositado la soberanía del pueblo en el Estado, este último

“no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la

información recopilada en su gestión pública”. Soto v. Srio. de

Justicia, supra, a la pág. 489. Véanse, además, Colón Cabrera

v. Caribbean Petroleum, supra, a la pág. 590; Ortiz v. Dir.

Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000); Silva Iglecia v.

F.E.I., 137 DPR 821 (1995); López Vives v. Policía de P.R., 118

DPR 219 (1987).

Siendo ello así, como regla general, el Estado no tiene

discreción alguna para determinar qué documentos, resultantes

de su gestión pública, quedan fuera del escrutinio ciudadano,

pues son éstos últimos, precisamente, la fuente del poder

soberano. La única limitación a tales efectos es aquella

impuesta por “la más urgente necesidad pública”. Soto v. Srio.

de Justicia, supra; Dávila v. Superintendente General de

Elecciones, supra, a la pág. 281. Véase Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, supra. Es, pues, en virtud de lo anterior

-- entiéndase, “la más urgente necesidad pública”, -- que la

Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar aquella

legislación que tenga el propósito de “sustraer del escrutinio

público determinados documentos e informes” relacionados a CC-2017-668 12

fases investigativas o preventivas, que por su propia

naturaleza puedan colocar en riesgo los resultados de alguna

investigación en curso, la vida o seguridad de informantes,

confidentes y testigos, o de los propios empleados del Estado.

Soto v. Srio. de Justicia, supra, a la pág. 495. Véanse,

además, Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000); Noriega v.

Hernández Colón, 130 DPR 919, 938 (1992).

Ahora bien, no empece a lo anterior, sabido es que en

Puerto Rico no existe legislación que disponga aquellas

excepciones particulares en las que el Estado puede negarse a

divulgar información o documentos públicos. Es por ello que,

para llenar ese vacío, hemos establecido los supuestos en los

que el Estado puede, válidamente, reclamar la confidencialidad

de un documento público, a saber:

(1) una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de la identidad de un confidente, y (5) sea información oficial conforme a la Regla [514 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 514]. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, a la pág. 591, citando a Angueira v. J.L.B.P., supra.

Así las cosas, en aquellas instancias en las que se

pretenda mantener la confidencialidad de un documento o

información, el Estado tendrá la carga de probar que satisface

alguna de las excepciones antes enumeradas. Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, supra. Con el fin de determinar si procede CC-2017-668 13

o no mantener tal confidencialidad -- tal y como reconoce hoy

una mayoría de este Tribunal en la opinión que suscribe94 -- los

tribunales pueden realizar inspecciones en cámaras de los

documentos que pretenden no ser divulgados, o, incluso, puede

proveerse un acceso limitado a los mismos. Véase E.L. Chiesa

Aponte, Tratado de derecho probatorio, República Dominicana,

Ed. Corripio, T. I., 2000, pág. 310. Lo anterior, sin duda

alguna, pone al juez o jueza en posición de tomar una decisión

más informada; elemento esencial en estos procesos, máxime

cuando la denegatoria al acceso a información o documento de

carácter público puede causar al solicitante “un daño claro,

palpable y real”, por tratarse de una lesión al derecho

fundamental de estar informados. Ortiz v. Dir. Adm. de los

Tribunales, supra, a la pág. 177.

Una de esas limitadas instancias en las que no procedería

acceder a información pública es cuando el Estado invoca y

demuestra algún privilegio, como lo sería el privilegio

Según desarrollado por nuestra doctrina, el privilegio

ejecutivo surge al amparo de la separación de poderes

consagrado en el Art. I, Sec. 2 de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, así como en las Secs. 1 y 4 del

Art. V de la Constitución. Véase Art. I, Sec. 2, Const. E.L.A. _________________________ 94 Véase Op., a la pág. 28. CC-2017-668 14

LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 276; Art. V, Secs. 1 y 4, Const.

E.L.A. LPRA, Tomo I, ed. 2016, págs. 425 y 427. La creación y

adopción de esta doctrina responde a un principio medular en

todo sistema democrático de gobierno: si bien el poder de

investigación de la Rama Legislativa no es uno absoluto,

tampoco lo es la facultad de la Rama Ejecutiva para retener

información a base de una alegada confidencialidad. Peña Clos

v. Cartagena Ortíz, 114 DPR 576, 598 (1983), citando a United

States v. Nixon, 418 US 683, 706 (1974).

En este sentido, la Regla 514 de las de Evidencia, supra,

establece el privilegio sobre información oficial en nuestro

ordenamiento. Así, el precepto define “información oficial”

como la que ha sido “adquirida en confidencia por una persona

que es funcionaria o empleada pública en el desempeño de su

deber y que no ha sido oficialmente revelada ni está accesible

al público hasta el momento en que se invoca el privilegio”.

Regla 514(a) de Evidencia, supra. No obstante, tal privilegio

no opera de forma automática. Por el contrario, por tratarse

de un asunto de gran envergadura, al existir un derecho de

acceso a información pública, se debe realizar un balance de

intereses entre tal derecho y la necesidad del Estado de

mantener confidencial la información en cuestión. E.L. Chiesa

Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ed. Situm,

2016, pág. 164. Una mera alegación por parte del Estado no CC-2017-668 15

podrá sustentar un reclamo de confidencialidad. Véase Peña

Clos v. Cartagena Ortiz, supra, a la pág. 599.

Establecido lo anterior y antes de exponer de forma

puntual lo que entendemos debió ser el proceder correcto de

este Tribunal en el presente caso, resulta imperativo repasar,

brevemente, nuestra normativa en cuanto a la discreción de los

tribunales en el manejo de los casos. Ello, por ser de

particular importancia para la correcta disposición de las

controversias ante nuestra consideración.

Al respecto, conviene destacar la definición que, en más

de una ocasión, le hemos otorgado al concepto “discreción”, a

saber, ese “poder para decidir de una u otra forma, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción”. Ramírez v.

Policía de P.R., 158 DPR 320, 340 (2002); Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Específicamente, en el

ámbito judicial, hemos establecido que esta discreción “es,

pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justiciera […]”. Ramírez

v. Policía de P.R., supra; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de

Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997). Véase, además, Pueblo v.

Dávila Delgado, 143 DPR 157 esc. 15 (1997); Pueblo v. Ortega

Santiago, supra.

Cónsono con ello, en nuestro sistema judicial, los foros

primarios tienen un alto grado de discreción en el manejo CC-2017-668 16

procesal de los casos que ante sí se ventilan. Meléndez Vega v.

Caribbean Intern. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Por ello, en

más de una ocasión hemos sido enfáticos al sentenciar que los

tribunales apelativos “no debemos, con relación a

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales,

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del

tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido

en arbitrariedad o craso abuso de discreción”. Íd. Véanse,

además, Lluch v. España Service, Sta., 117 DPR 729, 745 (1986);

Valencia, Ex parte, 116 DPR 909, 913 (1986); Ortiz Rivera v.

Agostini, 92 DPR 187, 193 (1965). Por el contrario, cuando la

actuación de un tribunal no está desprovista de base razonable,

ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, “debe

prevalecer el criterio del juez de instancia a quien

corresponde la dirección del proceso”. (Énfasis suplido).

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

Al respecto, es menester señalar aquí que son pocas las

instancias en las que hemos sentenciado que los foros primarios

han incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.

Ninguna de esas instancias está presente en este caso. A modo

de ejemplo, hemos señalado que se incurre en dicha conducta

cuando

el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le CC-2017-668 17

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. (Énfasis original omitido). Ramírez v. Policía de P.R., supra, a las págs. 340-341, citando a Pueblo v. Ortega Santiago, supra.

Es, precisamente, a la luz del marco jurídico antes

expuesto que entendemos debió haber actuado este Tribunal.

En el presente caso -- ante una solicitud incoada por el

Senador Bhatia Gautier para obtener acceso a una información en

poder de la Rama Ejecutiva, y la oposición del Gobernador de

Puerto Rico, al amparo de la alegada existencia del privilegio

ejecutivo, -- el foro primario llevó a cabo una vista

argumentativa. Ello, con el fin de discutir una serie de

controversias relativas a la legitimación activa del Senador

Bhatia Gautier, la procedencia del mandamus, el carácter

público de la información solicitada y la alegada existencia

del privilegio ejecutivo.

Con motivo de preparación para la referida vista, ambas

partes estipularon una serie de hechos y documentos que no

estaban en controversia. Luego, según se desprende de la minuta

que obra en el expediente del caso, en la vista argumentativa,

tanto los peticionarios como el recurrido tuvieron la

oportunidad de exponer sus posturas ante la Jueza del foro

primario. En particular, las partes esbozaron sus distintas CC-2017-668 18

posturas en torno al carácter público o no de la información

solicitada. Claramente, pues, -- y contrario a lo intimado por

la Opinión que hoy emite este Tribunal -- tanto el Senador

Bhatia Gautier como el Estado tuvieron la oportunidad de

demostrar sus respectivas posturas.

Una vez concluida la vista en cuestión, el Tribunal de

Primera Instancia dictó una Resolución y Orden mediante la cual

concluyó que, según surgía de las alegaciones de las partes en

los documentos presentados, así como de los argumentos

esbozados en la vista, el Senador Bhatia Gautier poseía

legitimación activa para presentar una solicitud de mandamus

tanto en su carácter personal como de senador. Además, dispuso

que la controversia ante su consideración no se había tornado

académica. Por último, en cuanto al reclamo del privilegio

ejecutivo por los peticionarios, el foro primario determinó --

al evaluar las alegaciones de las partes y la casuística

aplicable -- que, en ese momento, dicha parte no logró

establecer por qué no procedía la divulgación de la información

solicitada.

Alcanzada tal conclusión, el Tribunal de Primera

Instancia, en el ejercicio pleno de su discreción para manejar

el presente caso, ordenó a la parte peticionaria presentar el

Proyecto de Presupuesto que había remitido a la Junta de

Supervisión Fiscal para inspección en cámara. Asimismo, le

ordenó nuevamente a esta parte que presentara, por escrito, las CC-2017-668 19

razones por las que la información solicitada por el Senador

Bhatia Gautier estaba cobijada por el referido privilegio. Como

vemos, el foro primario, actuando al palio de su discreción

para disponer de las controversias ante sí, no solo le brindó

una, sino que le otorgó dos oportunidades a las partes para que

se expresaran en torno a la controversia que, erróneamente, hoy

decide “atender” una mayoría de este Tribunal. ¿No cumplió ello

con lo pautado por esta Curia en el día de hoy?

No vemos, ni en el certiorari presentado por el Estado

Libre Asociado y el Gobernador de Puerto Rico, ni en el

expediente de autos, alegación alguna de parcialidad,

perjuicio, craso abuso de discreción o error por parte del foro

primario en el manejo del caso que nos mueva a intervenir en

este asunto. Máxime cuando, aquí, esa inspección en cámara

resultaba sumamente necesaria para determinar la existencia o

no del privilegio ejecutivo, según invocado por el Estado;

ello, al tratarse de un escenario donde el documento en

cuestión estuvo en manos de la Rama Ejecutiva, pero fue

entregado a otro ente distinto a ésta, a saber, la Junta de

Supervisión Fiscal, lo que podría representar una renuncia al

privilegio ejecutivo, de éste existir.

No empece lo anterior, en lo que a todas luces es un

errado proceder, una mayoría concluye que, si bien el foro

primario actuó correctamente al denegar la moción de

desestimación presentada por los peticionarios, previo a la CC-2017-668 20

inspección en cámara del documento en controversia, “las partes

deben primero, poner al tribunal en posición en cuanto a cuáles

son los intereses en conflicto”. (Énfasis en el original

omitido). Véase Op., a las págs. 36-37. Es decir, a juicio de

la mayoría, el tribunal sentenciador debió haber ordenado a las

partes a someter sus respectivos memorandos de derecho en torno

a si la información solicitada era pública o no.

La lectura obligada de esta postura nos lleva al absurdo

de tener que pensar que, como único una parte podría establecer

la existencia o no de un privilegio lo será por medio de la

presentación de memorandos de derecho. Dicho de otro modo, los

foros primarios no podrán ejercer su discreción para manejar

los casos ante sí, según las alegaciones presentadas por las

partes, los escritos y/o los hechos ante su consideración, sino

que siempre vendrán obligados a exigir la presentación de

memorandos de derecho; ello, a pesar que en nuestros cuerpos

normativos no existe esa exigencia ni esta Curia ha establecido

tal precedente. Esta contención no tiene cabida en nuestro

ordenamiento jurídico y atenta contra los principios rectores

de nuestro sistema legal. La misma solo busca brindarle una

oportunidad adicional al Estado (además de las dos ya

concedidas por el Tribunal de Primera Instancia) para hacer lo

que, en su momento, tenía que hacer y, por razones que

desconocemos, no hizo. CC-2017-668 21

En fin, hoy, con el proceder de una mayoría de este

Tribunal, se socavan las facultades inherentes de todo juez y

jueza -- históricamente reconocidas -- de manejar los procesos

que se ventilan ante su consideración. La decisión que una

mayoría suscribe permite que sea este foro de última instancia

el que determine, de forma arbitraria y caprichosa, cómo habrán

de conducirse los procedimientos ante los foros primarios, o

peor aún, que -- al final del día -- sean los Poderes Ejecutivo

o Legislativo los que lo determinen.

Es, pues, por todo lo anterior que enérgicamente

disentimos de lo erróneamente resuelto por una mayoría de este

Tribunal en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado