Gonzalo Rivera Colón v. David Díaz Arocho, Gloria Otero Córdova Y La Sociedad Legal De Gananciales Por Ambos Compuesta, Y Otros

2005 TSPR 116

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 26, 2005
• Docket: CC-2004-0694
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gonzalo Rivera Colón

Peticionario Certiorari v. 2005 TSPR 116 David Díaz Arocho, Gloria Otero Córdova y 165 DPR ____ La Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, y otros

Recurrido

Número del Caso: CC-2004-694

Fecha: 26 de agosto de 2005

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Frankie Jiménez Santoni

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan Carlos Puig Hernández Lcdo. Osvaldo Puig Hernández Lcda. Ernestina Martínez Guevara

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v.

David Díaz Arocho, CC-2004-0694 Gloria Otero Córdova y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, y otros

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005

Tenemos la ocasión para determinar si, probada

la negligencia y el nexo causal con el daño, puede el

titular de una finca afectada en sus recursos

naturales reclamar compensación en daños y perjuicios

al amparo del Artículo 1802 del Código Civil. De ser

así, nos corresponde resolver cómo se caracteriza el

daño a los recursos ambientales y cuál es el

procedimiento adecuado para cuantificar el mismo.

Examinemos detenidamente los hechos que dan lugar a

este recurso.

I

El peticionario Gonzalo Rivera Colón, agricultor

de profesión, es propietario de una finca localizada CC-2004-0694 2

en el Barrio Hato Viejo del Municipio de Ciales. Esta

propiedad, de aproximadamente ciento treinta y ocho cuerdas

(138.0479) de cabida, colinda por el noreste con dos

inmuebles pertenecientes a los recurridos, David Díaz

Arocho y su esposa Gloria Otero Córdova. La colindancia

entre ambas propiedades está constituida por una elevación

de aproximadamente trescientos (300) pies lineales

verticales, formados por un farallón natural o frontón

calizo que se extiende a lo largo del Río Manatí, entre los

municipios de Ciales y Manatí. La finca del peticionario

se ubica en la parte inferior de dicha elevación, mientras

que las propiedades de los recurridos se ubican en la parte

superior.

El peticionario adquirió la referida propiedad con el

propósito de desarrollar áreas de recreación pasiva y

activa; el cultivo de frutos menores, y la cría y pastoreo

de ganado (agricultura general); y el desarrollo de bosques

(ecoturismo). Con este ánimo, el señor Rivera edificó en

un área de su propiedad un complejo, al que denominó Área

Recreativa de Ciales, consistente en varias piscinas,

salones de actividades y áreas recreativas. El señor

Rivera obtenía ingresos por el alquiler de dichas

facilidades. En otra parte de la finca se localiza un área

de bosque de alrededor de treinta (30) cuerdas con caminos

y veredas para fines ecoturísticos.

Durante los años 1990 a 1994, los recurridos

realizaron en sus terrenos movimiento de material de CC-2004-0694 3

corteza terrestre, en virtud de un permiso otorgado por el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”).

Ante una querella presentada en el DRNA en el año 1992, un

oficial examinador determinó que los recurridos habían

violado la operación del permiso al no tomar las medidas de

seguridad necesarias para protección de la ciudadanía y así

evitar el depósito de material y sedimentación en las áreas

bajas y desagües naturales. Ya que no surgió del

expediente que se hubiera solicitado al DRNA autorización

para el uso de explosivos, el oficial examinador concluyó

que el querellado quebrantó una prohibición expresa en el

permiso en cuanto al uso de fulminantes. 1 Además, el

oficial examinador precisó que algunas de las actividades

de movimiento de corteza terrestre se efectuaron vencido el

permiso del DRNA.

Mientras tanto, el DRNA emitió una orden contra el

señor Díaz Arocho mediante la cual ordenaron se llevara a

cabo trabajos preliminares de restauración en la propiedad

del señor Díaz Arocho, específicamente en el borde del

farallón y al pie del farallón en su parte baja. Para

proceder con las labores de restauración se le ordenó al

señor Díaz Arocho obtener del señor Rivera permiso de

acceso a su propiedad para remover el material objeto del

deslizamiento. El señor Rivera se negó a autorizar la

entrada a su finca por entender que el daño sería mayor.

1 Informe del Oficial Examinador, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Apéndice del Certiorari, pág. 49. CC-2004-0694 4

Finalmente, el 15 de febrero de 1996 el Secretario del DRNA

acogió el informe del oficial examinador y ordenó a los

recurridos el pago de multas administrativas, ascendentes a

cinco mil dólares ($5,000).2

Así las cosas, el 14 de agosto de 1996, el señor

Rivera presentó demanda en daños y perjuicios contra el

señor Díaz Arocho, su esposa y sociedad legal de

gananciales, y varias aseguradoras. Adujo en la demanda

que la utilización de equipo pesado y explosivos en el

proceso de extracción de terreno tuvo consecuencias

devastadoras en su propiedad, al ocasionar grandes

desplomes de la pared de farallón que marca la colindancia.

Estimó que los daños sufridos incluían la destrucción y

completa inutilización de un área de bosque de alrededor de

diez (10) cuerdas, incluyendo caminos y veredas; pérdida de

hábitat de aves y otras especies de animales; destrucción

de árboles; alteración del flujo natural de las aguas

superficiales y subterráneas incluyendo manantiales;

alteración y destrucción de cuevas y cavernas en la pared

del farallón; interrupción e inutilización del área del

bosque; interrupción del uso del área recreativa; y daño

ecológico general. 3 En consecuencia se reclamó un millón

cuatrocientos mil dólares ($1,400,000) en concepto de daños

a la propiedad, daños morales y angustias mentales sufridas

2 Resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Apéndice del Certiorari, pág. 35. 3 Apéndice 1.d. Demanda Civil Núm. CDP1996-0235. CC-2004-0694 5

por el señor Rivera al ver destrozada parte de su propiedad

y ver paralizados sus proyectos.4

Luego de varios incidentes procesales se celebró vista

en los méritos en la que testificaron el señor Rivera, el

perito Carlos Conde Costas, y el demandado señor Díaz

Arocho. 5 Mediante su testimonio el señor Rivera describió

en detalle su propiedad y todas las actividades cívicas

allí celebradas previo a los derrumbes. 6 Testificó sobre

los trabajos de extracción en las propiedades vecinas y

4 Según surge de la demanda el desglose de los daños reclamados es el siguiente: “23. El Demandante como consecuencia directa de la culpa o negligencia de los Codemandados, ha sufrido los siguientes daños:

a)Daños a la Propiedad del Demandante:  destrucción y completa inutilización (sic) de un área de bosque de alrededor de 10, cuerdas incluyendo caminos y veredas ……………………$200,000  pérdida de hábitat de aves y otras especies de animales, incluyendo árboles ……….$100,000  la alteración del flujo natural de agua superficial, subterránea y manantiales ……………$100,000  alteración y destrucción de cuevas y cavernas en la pared del farallón ………………………….$100,000  interrupción e inutilización del área del bosque ……………………………………………………………………………………$200,000  interrupción del uso del área recreativa ………$400,000  daño ecológico y escénico general ……………………………$200,000

b)Daño a la persona del Demandante  daños morales, sufrimientos y angustias mentales………………………………………………………………………………………………$200,000” 5 Las partes estipularon la exposición narrativa de la prueba testifical. Véase Apéndice del Certiorari, pág. 413. 6 En su testimonio mencionó distintos grupos cívicos que, además del público en general que visitaba el bosque, rentaban los recursos de la propiedad, como por ejemplo “Boys Scouts of America”, grupos religiosos, usuarios de kayaks, y deportistas entre otros. CC-2004-0694 6

como éstos afectaron el disfrute de su propiedad,

causándole daños físicos, económicos y angustias mentales.7

Además del testimonio del señor Rivera, la parte

demandante presentó como perito al señor Conde Costas,

director ejecutivo de Tierra Linda, Inc., corporación sin

fines de lucro dedicada a estudios ecológicos y a promover

la educación ambiental y el ecoturismo. El señor Conde

testificó que en el año 1996 Tierra Linda, Inc. realizó un

reconocimiento y evaluación ecológica del área impactada

por el derrumbe en la parte del farallón localizada en la

propiedad del demandante, que incluyó el área del bosque

que ubica en la base de dicho farallón, dentro de la finca

del señor Rivera. Para el análisis se utilizó personal

técnico y especializado, quienes hicieron un estudio

detallado de la geología, hidrología, fisiografía,

geoestética, flora y fauna del lugar; y de cómo estas áreas

quedaron adversamente afectadas por el derrumbe en la

propiedad colindante. Se preparó un informe escrito que

pormenorizó todos los hallazgos del mencionado estudio.8 El

perito manifestó la importancia ecológica y enfatizó el

valor geoestético del área, la que identificó como refugio

7 Surge de la Estipulación de la Exposición Narrativa de la Prueba Testifical que no se hizo inventario de los árboles afectados, tasación de la propiedad, estudio de daños económicos, ni se presentó prueba documental de pérdida de ingresos. 8 El informe titulado, Reconocimiento y Evaluación de Área Impactada por Derrumbe, Finca Rivera Colón, Barrio Hato Viejo, Ciales, Puerto Rico, fue admitido en su totalidad en evidencia por el Tribunal de Primera Instancia. Véase Apéndice a la pág. 67. CC-2004-0694 7

de vida silvestre. Concluyó que el daño causado al paisaje

cársico puede considerarse como permanente y que el área de

bosque impactado tardaría alrededor de quince (15) años

para recuperarse. La parte demandada no presentó prueba

pericial para refutar la del demandante.

Así las cosas, el 31 de julio de 2003 el Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia en la que declaró sin

lugar la demanda y ordenó el archivo y sobreseimiento del

caso. Sostuvo el tribunal sentenciador que el demandante

no había presentado prueba suficiente para cuantificar los

daños, por cuanto le era imposible conceder indemnización

descansando en estimados verbales, en ausencia de prueba

objetiva para sustentarlos. En apelación, el Tribunal de

Apelaciones confirmó el dictamen bajo el mismo fundamento

del tribunal de instancia; a saber, que a pesar de probarse

la negligencia de los demandados y la existencia de los

daños, no se probó su valor. Como resultado, rehusó fijar

compensación “sobre bases especulativas y arbitrarias”.

No conforme con la determinación del foro intermedio,

el señor Rivera nos solicitó que revisemos la sentencia

dictada a los efectos de concederle una indemnización justa

y razonable por los daños probados a satisfacción del

tribunal sentenciador. En su escrito presentó los

siguientes señalamientos de error:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al no conceder cuantía monetaria en carácter indemnizatorio, no obstante haberse probado los siguientes daños CC-2004-0694 8

alegados: daños ambientales, geoestéticos o escénicos y angustias mentales sufridas por el peticionario.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que era necesaria prueba objetiva para valorar el importe de los daños ambientales, geoestéticos o escénicos y las angustias mentales sufridas, reclamadas y probadas por el peticionario.

3. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al interpretar que el peticionario no aportó prueba sobre el importe de pérdida de ingresos.

Expedimos el auto solicitado y contando con la

comparecencia de las partes, resolvemos.

II

Por estar íntimamente relacionados, procedemos a

discutir los señalamientos de error en conjunto.

El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 5141, consagra la obligación de reparar daños

causados mediando culpa o negligencia. 9 Al interpretar el

referido artículo hemos señalado que para que surja la

responsabilidad extracontractual deben concurrir los

siguientes tres elementos: un daño, una acción u omisión

negligente o culposa y, la correspondiente relación causal

entre ambos. Toro Aponte v. E.L.A. 142 D.P.R. 464 (1997);

9 El Artículo 1802 dispone: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. 31 L.P.R.A. sec. 5141. CC-2004-0694 9

Ramírez v. ELA, 140 D.P.R. 385 (1996) y otros casos allí

citados.

La culpa o negligencia es la falta del debido cuidado

que consiste en no anticipar y prever las consecuencias

racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una

persona prudente y razonable habría previsto en las mismas

circunstancias. Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962); Toro

Aponte v. E.L.A., supra. Existe un deber de conducta

correcta, aunque no prescrita en los códigos, que

constituye el presupuesto mínimo sobreentendido en el orden

social. Son los tribunales los que habrán de determinar en

qué consiste el deber de cuidado, tomando en cuenta las

circunstancias de cada caso. Ramos v. Carlo, supra.

El concepto culpa del Artículo 1802 es infinitamente

abarcador, tanto como lo suele ser la conducta humana, por

cuanto ésta se analiza con amplitud de criterio. Toro

Aponte v. E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,

137 D.P.R. 1 (1994); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R.

305 (1970). Conforme a nuestra tradición civilista, hemos

adoptado como medida del deber de cuidado el estándar

objetivo del buen padre de familia; que corresponde a la

persona prudente y razonable en el derecho común

anglosajón. Bajo ese estándar, se exige la diligencia que

emplearía un ser humano promedio, frente a las mismas

circunstancias, para prever el daño y tomar medidas para

evitar ese resultado dañoso. Valle Izquierdo v. E.L.A., CC-2004-0694 10

res. el 14 de mayo de 2002, 157 D.P.R. ___, 2002 T.S.P.R.

64.

El elemento de la previsibilidad está intrínsicamente

relacionado al de la causalidad. En nuestra jurisdicción

rige la doctrina de la causalidad adecuada para determinar

si, de hecho, existe algún tipo de relación entre el daño

causado y el acto culposo o negligente. Conforme a esta

doctrina, se considera causa aquella condición que

ordinariamente produciría el daño según la experiencia

general; cuando ese daño aparece como consecuencia

razonable y ordinaria del acto. Toro Aponte v. E.L.A.,

supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995); Torres

Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338 (1969). La relación

causal -–elemento imprescindible en una reclamación en

daños y perjuicios—- es un elemento del acto ilícito que

vincula al daño directamente con el hecho antijurídico.

III

Con el anterior trasfondo doctrinal sobre la

responsabilidad extracontractual, pasemos a analizar si

procede su aplicación en el marco de derecho ambiental.

La protección del medio ambiente representa una

preocupación de importancia trascendental en el ámbito

mundial por sus implicaciones humanas, sociales y

económicas. Es política pública de los estados proteger el

disfrute de un medio ambiente que fomente el desarrollo de

la persona y una mejor calidad de vida. C.J. Lorente

Aznar, Empresa, Derecho y Medio Ambiente, Editorial Bosch, CC-2004-0694 11

Barcelona, España, 1996, pág. 18. El medio ambiente, como

concepto, no se circunscribe a los recursos naturales y

organismos vivos; sino que abarca otra serie de aspectos

culturales, históricos, y arqueológicos, entre otros.

Íbid.

La normativa ambiental es una de las más amplias,

complejas y diversas áreas de Derecho, ya que tiene

implicaciones de naturaleza administrativa, penal o civil.

Por la multiplicidad de vertientes que abarca, en las

últimas décadas se han aprobado normas constitucionales y

legislado un sinnúmero de estatutos y disposiciones a nivel

internacional en aras de proteger el ambiente.10

En nuestro ordenamiento la protección de los recursos

naturales ostenta rango constitucional. Los constituyentes,

preocupados por la conservación de nuestros recursos,

consideraron necesario recoger expresamente el deber

ineludible de proteger el medio ambiente, así como el

derecho de todo ser humano al goce y disfrute de los

10 A manera de ejemplo, en la doctrina angloamericana existen varios estatutos federales que reconocen la facultad de valorar el daño ecológico y ordenar a la parte actora a indemnizarlo. Son los más importantes el “Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act” (CERCLA), 42 U.S.C. sec. 9607(a); el “Clean Water Act” (CWA), 33 U.S.C. sec. 1321(f)(4)-(5); y el “Oil Pollution Act” (OPA), 33 U.S.C. sec. 2702(a). Cada una de estas piezas legislativas lleva apareada reglamentación que conceptúa diferentes y complejos modelos de cuantificación para identificar y estimar los daños ambientales y así determinar la compensación adecuada. Esta reglamentación se conoce como “National Resources Damage Assessment” (NRDA) y en términos generales está diseñada con el propósito principal de reestablecer los recursos naturales a su condición natural de no haber ocurrido el daño. CC-2004-0694 12

recursos naturales. 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente 2622 (1952). A tales efectos, el Artículo VI

de la Constitución del Estado Libre Asociado en su sección

19 preceptúa que “[s]erá política pública del Estado Libre

Asociado la más eficaz conservación de sus recursos

naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento

de los mismos para el beneficio general de la comunidad.”

Esta cláusula categórica e incondicionada no deja lugar a

dudas que en nuestra jurisdicción salvaguardar el ambiente

es política pública de carácter ineludible. Este mandato

dual impone el deber de lograr la más eficaz conservación

de los recursos naturales a la vez que promueve su

desarrollo para el beneficio de la ciudadanía general.

Véase Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de Calidad

Ambiental, 145 D.P.R. 908 (1998); Colón Cortés v. Pesquera,

150 D.P.R. 724 (2000).

Para implantar adecuadamente este mandato, durante las

últimas décadas se han legislado una serie de mecanismos

tutelares. En el año 1970 se aprobó la Ley sobre Política

Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 8 de junio de 1970, 12

L.P.R.A. sec. 1121 et seq., con el fin primordial de

brindar contenido procesal y sustantivo a la disposición

constitucional, y en cuya virtud surgió la Junta de Calidad

Ambiental. Posteriormente, se aprobó importante legislación

ambiental 11 y se formó un complejo esquema agencial para

11 Entre estas leyes se encuentran, además de la Ley de Política Pública Ambiental, la Ley Orgánica del CC-2004-0694 13

reglamentar lo relacionado a la protección de los recursos

naturales y el disfrute del medio ambiente. 12 Véase Colón

Ventura v. Méndez, 130 D.P.R. 433 (1992).

Siendo la temática del derecho ambiental tan diversa,

los planteamientos relacionados al medio ambiente se

evalúan de acuerdo a la naturaleza de la reclamación. Ante

reclamaciones civiles, en la doctrina angloamericana, la

litigación ambiental privada sobre daños ambientales se

circunscribe a reclamaciones basadas en el derecho de

propiedad. En estas situaciones se reclama por daño físico

a recursos ambientales como árboles, cosechas o animales de

los que sea posible probar un derecho propietario. Son muy

pocas las ocasiones en que una parte afectada puede

acreditar interés propietario en recursos naturales como el

aire, agua, especies marinas o vida silvestre, para

fundamentar un reclamo en daños por estos recursos. C.B.

Anderson, Damage to Natural Resources and the Costs of

Restoration, 72 Tul. L. Rev. 417, 419 (1997).13

_________________________ Departamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972; la Ley de Bosques, Ley Núm. 133 de 1ro de julio de 1975; la Ley para Reglamentar la Extracción de Corteza Terrestre, Ley Núm. 132 del 25 de junio de 1968; la Ley de Cuevas y Cavernas, Ley Núm. 111 de 12 de julio de 1985; la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999; entre otras leyes especiales. 12 Además de la legislación local, la legislación federal también es de aplicación a Puerto Rico. Como resultado, es tan abundante la legislación ambiental existente que el estudio de esta rama del derecho es uno sumamente complejo. 13 No obstante, como discutiremos más adelante, cuando el daño recae sobre recursos naturales existentes en la propiedad del perjudicado, se contempla la indemnización por daños por la interferencia con el disfrute de la CC-2004-0694 14

En la jurisdicción norteamericana, acreditado el

interés propietario, las reclamaciones por daños ecológicos

pueden basarse en varias teorías de derecho común, entre

ellas estorbo (“nuisance”) 14 , trasgresión (“trespass”) 15 ,

responsabilidad absoluta 16 , o negligencia. Cuando el

reclamo es por negligencia, es determinante establecer los

elementos para probar una relación causal entre la conducta

del demandado y el daño experimentado; conforme al estándar

de cuidado de la persona razonable. Véase Alegría v.

Payonk, 619 P.2d 135 (Idaho 1980); Brizendi v. Nampa-

Meridian Irrig. Dist., 548 P.2d 80 (Idaho 1976). El

_________________________ propiedad (daños morales). Véase Alonso v. Hills, 214 P.2d.50 (Cal.App. 1950); Nitram Chemicals v. Parker, 200 So.2d 220 (Fla.App. 1967). 14 Las reclamaciones por “nuisance” se fundan en la interferencia irrazonable con el uso y disfrute de la propiedad y constituyen la causa más común en demandas privadas de carácter civil por daños con implicaciones ambientales. Véase Patz v. Farmegg Products, Inc., 196 N.W.2d 557 (Iowa 1972); Mel Foster Co. Properties v. AMOCO, 427 N.W.2d 171 (Iowa 1988); Frank v. Environmental Sanitation Management, Inc., 687 S.W.2d 876 (Mo. 1985). 15 Una acción por trasgresión consiste en un reclamo ante una invasión ilegal intencional a la propiedad. Véase Curry Coal Co. v. M.C. Arnoni Co., 266 A.2d 678 (Pa. 1970); Regan v. Cherry Corp., 706 F.Supp. 145 (D.R.I. 1989). 16 En estas situaciones se impone responsabilidad independientemente de la conducta del actor, de acuerdo a los elementos proscritos en el Restatement (Second) of Torts, secciones 519 y ss. Este tipo de reclamación en la litigación ambiental se limita a daños tóxicos o que involucren sustancias radioactivas. Véase Crawford v. National Lead Co., 784 F.Supp. 439 (S.D.Ohio 1989); Department of Environmental Protection v. Ventron Corp., 468 A.2d 150 (N.J. 1983); Branch v. Western Petroleum, 657 P.2d 267 (Utah 1982). CC-2004-0694 15

elemento de causalidad se prueba bajo los mismos criterios

tradicionales que gobiernan las reclamaciones torticeras.17

De igual modo en España, la materia de responsabilidad

civil medioambiental alcanza su aplicación práctica bajo el

precepto general del Artículo 1902 del Código Civil de

España, el cual corresponde a nuestro Artículo 1802. La

interpretación de la doctrina y la jurisprudencia española

para este tipo de planteamientos se inspira en gran parte

en el principio de la culpa de dicho artículo. En épocas

más recientes se distingue cierta influencia de los

preceptos de la responsabilidad absoluta, que considera

procedente la indemnización independientemente de la

culpa. 18 No obstante esta reciente tendencia, en la gran

mayoría de los casos en que se invoca la protección del

medio ambiente en la esfera del derecho sustantivo privado,

se requiere la ocurrencia de responsabilidad que emane de

forma más o menos directa de la voluntad del actor. J.

Santos Briz, La responsabilidad civil, temas actuales,

Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 2001, págs. 88-

98.

17 Resulta necesario probar los siguientes elementos para que prospere la acción: un deber legal existente de ajustarse a cierto estándar de conducta; que el actor falló en conformarse a ese estándar; un nexo causal entre la conducta negligente y el daño; y un daño a los intereses del reclamante. O’Neal v. Department of the Army, 852 F.Supp. 327 (M.D.Pa. 1994); Jacques v. First Nat’l Bank, 515 A.2d 756 (Md. 1986). 18 Cabe destacar que estos supuestos de responsabilidad absoluta –-en los que sólo se excluye responsabilidad por circunstancias de fuerza mayor-- se dan ante reclamos particulares al amparo del Artículo 1908, nuestro Artículo 1808, 31 L.P.R.A. sec. 5147. CC-2004-0694 16

En nuestra jurisdicción, ya anteriormente habíamos

expresado que nuestro Artículo 1802 constituye una norma

general para reparar todo tipo de daño ilícito, “incluso

cuando la actuación culposa contraviene intereses

garantizados por la Constitución.” Bonilla v. Chardón, 118

D.P.R. 599, 611 (1987). Por tanto, conforme a la discusión

que antecede, resolvemos que en nuestra jurisdicción una

acción civil al amparo del Artículo 1802 es un mecanismo

adecuado para que una persona privada reclame por daños

cuando éstos ocurren a los recursos medioambientales

existentes en su propiedad como consecuencia de un acto

negligente de otro, independientemente de los mecanismos

provistos en la legislación especial.19

A estos efectos, definimos el daño ambiental, al que

denominamos indistintamente como daño ecológico, como aquel

daño “sufrido[s] por el medio ambiente que, como

consecuencia de accidentes humanos, más o menos

voluntarios, afecta[n] el equilibrio natural.” J. Santos

Briz, La responsabilidad civil, supra, pág. 107. (Para la

19 Es importante aclarar que existen mecanismos alternos en virtud de legislación especial que provee expresamente al ciudadano una causa de acción civil. A manera de ejemplo, el Artículo 19 de la Ley sobre Política Pública Ambiental dispone que: Cualquier persona natural o jurídica podrá llevar acciones en daños y perjuicios en los tribunales de justicia contra cualquier otra persona natural o jurídica basada en daños que sufran por violaciones a las secs. 1121 a 1140a de este título. Esta acción civil será independiente y diferente de los procesos administrativos que se sigan en la Junta. 12 L.P.R.A. sec. 1139. CC-2004-0694 17

definición de “medio ambiente” véase discusión supra, a la

pág. 11.) En este tipo de acción será indispensable probar

los elementos necesarios para establecer la responsabilidad

extracontractual, específicamente: una acción negligente u

omisión del supuesto responsable, un daño ecológico o

deterioro causado a los recursos ambientales existentes en

la propiedad privada, y una relación de causalidad entre

ambos. La responsabilidad civil resultante no será

objetiva sino que dependerá de que se pruebe la negligencia

del demandado.

IV

A.

Habida cuenta que la responsabilidad civil conlleva

precisamente el deber de resarcir a la parte perjudicada

por el daño causado, procede determinar cómo se caracteriza

el daño ambiental, para así poder valuar la indemnización

adecuada para la parte afectada. En este análisis no

podemos perder de vista que, al ser un estatuto reparador,

el Artículo 1802 debe interpretarse liberalmente para

lograr su propósito. Véase Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R.

408 (1998); Muñoz Hernández v. Policía de P.R., 134 D.P.R.

486 (1993).

Como ya indicamos, uno de los elementos de la

responsabilidad extracontractual es un daño causado. Luis

Díez-Picazo define el daño como “el menoscabo que a

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre

una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su CC-2004-0694 18

propiedad o en su patrimonio”. L. Díez-Picazo, Derecho de

Daños, Ediciones Civitas S.A., Madrid, España, 1999, a la

pág. 307. Según bien refleja la anterior definición, al

igual que el concepto de “culpa”, el concepto de “daño”

resulta ser sumamente abarcador, por la variedad de matices

que abarca. J. Santos Briz, La responsabilidad civil,

supra, pág. 146.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia

de dos tipos de daños. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 D.P.R.

576 (1999). Por un lado se encuentran los daños especiales

–-también conocidos como daños físicos, patrimoniales,

pecuniarios o económicos--, que son toda aquella pérdida

que recae sobre bienes objetivos. Estos daños admiten

valoración económica por impactar directamente el

patrimonio del perjudicado. J. Santos Briz, Derecho de

Daños, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid,

España, 1963, pág. 120.

De otro lado, existen los llamados daños morales que

son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la

dignidad, la estima social o la salud física o psíquica del

perjudicado. Es decir, son los daños que lesionan “los

derechos de la personalidad o extra patrimoniales.” R. De

Ángel Yagüez, La Responsabilidad Civil, Universidad de

Deusto, Bilbao, España, 1988, pág. 224. En igual sentido,

M. Carneiro, Método de Valuación del Daño Moral, Ed.

Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 61 (“El daño

moral es de naturaleza extrapatrimonial, emocional y CC-2004-0694 19

simbólica. Se exterioriza por el sufrimiento, el dolor y

la humillación.”); A. Borrell Macias, Responsabilidades

Derivadas de la Culpa Extracontractual Civil, Ed. Bosch,

Barcelona, España, 1955, 2da ed., pág. 211. El daño moral

lesiona los bienes no económicos de la persona pero, a

pesar de no recaer directamente sobre el patrimonio,

indirectamente podrían repercutir en éste, causando una

perturbación anímica en su titular. Cintrón Adorno v.

Gómez, supra.

Por su naturaleza heterogénea no pueden ser

clasificados con carácter exhaustivo. La doctrina

identifica entre estos daños, los daños propiamente

morales, --que no afectan de modo alguno el patrimonio-- y

los daños morales impropios, llamados también daños

patrimoniales indirectos --que trascienden a valores del

patrimonio. Santos Briz, Derecho de Daños, supra, págs.

120-122. Además, nos comenta Santos Briz que “[p]uede

hablarse también de daños morales derivados de daños

patrimoniales, así por ejemplo el dolor moral que produce

la pérdida de una joya familiar; de daños morales derivados

de dolores físicos o de enfermedades físicas o mentales, y

de daños morales concomitantes con daños patrimoniales o a

la inversa. Todos ellos tienen de común producir

perturbaciones anímicas (disgusto, desánimo, desesperación,

pérdida de la satisfacción de vivir, etcétera), pero

derivan de motivos distintos.” Íbid, pág. 122. CC-2004-0694 20

En Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449 (1995),

afirmamos que “[e]l medio ambiente natural y la naturaleza

no sólo sirven el propósito de que el hombre pueda

utilizarlos para su subsistencia material, sino para su

recreación y uso del tiempo libre, para la contemplación de

su belleza y majestuosidad, para sentirse orgulloso de su

patria, para mejorar su calidad de vida, y para lograr un

desarrollo integral de la personalidad y su

autorrealización como ser humano.” Paoli Méndez v.

Rodríguez, supra, págs. 462-463. De acuerdo a la

apreciación que hiciéramos en Paoli, resolvemos que el daño

ambiental, cuando tiene la naturaleza de daño a un paisaje

con valor ecológico que afecta la propiedad del reclamante,

debe caracterizarse como un daño moral.

Ahora bien, en la medida en que el daño ambiental

afecte el patrimonio del perjudicado, deberá considerarse

el mismo como daño especial. En consecuencia, concluimos

que este tipo de daño ambiental tiene la naturaleza de daño

moral concomitente con daño patrimonial. Como veremos,

esta distinción tiene efectos prácticos al momento de

valuar la compensación, según discutimos a continuación.

B.

i.

La doctrina civilista admite dos posibilidades para

reparar un daño: la reparación in natura o reintegración

específica, siendo ésta la solución ideal; o la

indemnización monetaria, la alternativa cuando el CC-2004-0694 21

restablecimiento al estado natural no es posible. De Ángel

Yagüez, op. cit., pág. 321. Le corresponde al tribunal

determinar la forma en que procede la reparación

considerando las características particulares de cada caso.

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985). Véase

también H.M. Brau del Toro, Daños y perjuicios

extracontractuales en Puerto Rico, Segunda Edición,

Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, págs. 430-

431. Cabe señalar que hemos reconocido que la estricta

aplicación de la norma de reparación in natura resulta de

difícil --y en ocasiones imposible-- aplicación, 20 lo que

generalmente lleva a los tribunales a optar por la

alternativa de la indemnización en dinero, que resulta

menos compleja. Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra.

Conforme a lo anterior, cuando no es posible la

reintegración resulta imperativo asignar una cuantía

económica al daño sufrido. Debemos apuntar que el daño

debe ser resarcido íntegramente. Previamente nos hemos

expresado sobre la angustiosa función que tienen los

tribunales al estimar y valorar los daños. Rodríguez

Cancel v. A.E.E., supra. Conceder cuantías insuficientes

20 El tratadista Ricardo De Ángel Yagüez, en La Responsabilidad Civil, Universidad de Deusto, Bilbao, España, 1988, pág. 321, nos indica: La reparación en forma específica consiste en la remoción de la causa del daño y en la realización de la actividad necesaria para reponer las cosas o bienes dañados en su estado primitivo. Puede ocurrir, desde luego, que una y otra finalidad sean imposible o que resulten ya inútiles o insatisfactorias, o que requieran la intervención insustituible e inalcanzable de un tercero. CC-2004-0694 22

en concepto de daños tiene el efecto de aminorar la

responsabilidad civil a la que debe estar sujeta el

causante del daño; mientras que conceder daños exagerados

conlleva un elemento punitivo, no reconocido por nuestro

ordenamiento. Por tanto, al adjudicar la cuantía, el

tribunal debe procurar alcanzar una razonable proporción

entre el daño causado y la indemnización otorgada. Nieves

Cruz v. Universidad de Puerto Rico, 151 D.P.R. 150 (2000).

Ante reclamaciones de daños físicos a la propiedad es

necesario que el demandante provea al tribunal los datos

necesarios para poder cuantificar el daño reclamado y así

fijar la indemnización correspondiente. Sánchez v.

Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346 (1946). En efecto, al

reclamar daños especiales, nuestro ordenamiento jurídico

requiere que se detalle el concepto de las partidas

afectadas para así cuantificar toda consecuencia al

patrimonio. 32 L.P.R.A. Ap. III R.7.4. 21 Sin embargo,

hemos reiterado que, aún ante daños especiales, el derecho

a ser compensado no se derrota por el carácter especulativo

de la reclamación. Sociedad de Gananciales v. F.W.

Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76 (1997); Odriozola v. S.

Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985). Aun presente

cierto grado de incertidumbre, el tribunal podrá, conforme

a los hechos particulares del caso, la prueba presentada y

los criterios establecidos, determinar una cuantía

21 La Regla 7.4 de Procedimiento Civil dispone que “[c]uando se reclamen daños especiales, se detallará el concepto de las distintas partidas”. CC-2004-0694 23

razonable para indemnizar al perjudicado por los daños

sufridos. Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 700

(1999); Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978).

Por otro lado, la determinación o cuantificación de

daños morales, tarea que ha sido descrita como uno de los

“desafíos más delicados que plantea hoy la tarea judicial”,

no debe descansar en datos materiales y prueba puramente

objetiva. R. Pizarro, El Daño Moral, Ed. Hammurabi, Buenos

Aires, Argentina, 2004, 2da ed., pág. 436. Es un ejercicio

que tolera cierto grado de especulación ya que descansa, a

mayor grado que los daños especiales, en elementos

subjetivos como lo son la discreción, el sentido de

justicia y la conciencia humana del juzgador de los hechos.

Rodríguez Báez v. Nationwide Ins. Co., res. el 18 de abril

de 2002, 156 D.P.R. ___, 2002 T.S.P.R. 52; Urrutia v.

A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

Ahora bien, al valuar y mensurar los daños el juzgador

debe hacerlo en estricta correlación con la prueba

presentada, procurando mantener un sentido remediador sin

aproximarse al elemento punitivo. Sociedad de Gananciales

v. F.W. Woolworth, supra. En Hernández Fournier, 80 D.P.R.

93, 103 (1957), dispusimos que para que proceda una

reclamación por daño moral “es imprescindible probar

sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría

una pena pasajera como base de la acción.” Por cuanto

hemos reiterado que el reclamante debe proveer evidencia

que sustente que realmente quedó afectado en su salud, CC-2004-0694 24

bienestar y felicidad. Véase Ramos Rivera v. E.L.A., 90

D.P.R. 828 (1964); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972);

Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998).

El daño moral no se puede convertir en una fuente de

lucro indebido para el damnificado y en motivo de

expoliación para el dañador, lo que ocurre “cuando este

último es obligado a reparar daños morales, inexistentes,

que no guardan relación causal adecuada con el hecho

generador, o lo que es más frecuente, cuando se encubre

bajo el ropaje de daño moral a daños patrimoniales que no

han sido probados en juicio.” Pizarro, op. cit., pág. 432.

ii.

La complejidad inherente a la cuantificación de daños

en una reclamación al amparo del Artículo 1802 es patente

cuando se reclaman daños ecológicos a recursos naturales

existentes en una propiedad privada. Estudiosos del

derecho ambiental en España destacan que ocurrido el daño

ambiental se hace normalmente imposible la reparación in

natura. Siendo así, la jurisprudencia española en materia

civil de daño ambiental tiende hacia el resarcimiento

directo de daños a la propiedad o a la salud. No obstante,

por las cualidades inherentes a los recursos naturales, no

está claramente definido qué elementos son compensables y

cuáles son los métodos de valoración apropiados. Distinto

ocurre en el campo penal o administrativo donde la

tendencia es hacia la reparación. M. Cuiñas Rodríguez,

Acerca de la tutela del ambiente en el derecho español, en CC-2004-0694 25

Daños – medio ambiente, salud, familia, derechos humanos,

Editores Rubizal-Culzoni, Buenos Aires, Argentina, 2000,

pág. 144.

Igualmente, en los Estados Unidos la legislación de

carácter administrativo busca la restauración

(“restoration”) cuyo objetivo es devolver los recursos 22 naturales a la condición original (“baseline”).

Restauración es el término colectivo utilizado para

referirse a los costos asociados a toda actividad dirigida

a rehabilitar, reemplazar o adquirir el equivalente

funcional al recurso ecológico afectado. Véase S. Master,

Natural Resource Damage Assessment, 2000 Natural Resources

Env´t, 114, 118; Anderson v. Salling Concrete Corp., 411

N.E.2d 728 (Ind. 1980). Pero, cuando se trata de un

reclamo torticero, no hay una fórmula determinada para

calcular el daño sino que los tribunales varían

considerablemente sobre la manera de determinar su valor y

el tipo de prueba necesaria para adjudicarlos. Cada caso

se examina de forma independiente y de acuerdo a sus hechos

particulares. Casinos v. Union Oil Co., 14 Cal. App. 4th

1770 (Cal. App. 1993); Givens v. Markall, 124 P.2d 839

(Cal. App. 1942) (“There is no fixed rule with respect to

the measure of damages for injuries to, or destruction of

property in every case. The amount to be awarded depends

upon the character of the property and the nature and

extent of the injury, and the mode and amount of proof must

22 CERCLA sec. 9607(f)(1). CC-2004-0694 26

be adapted to the facts of each case.”) En el sano

ejercicio de su discreción, el tribunal debe permitir a un

propietario recobrar indemnización no sólo por la pérdida

de uso de la propiedad, sino además por otras lesiones como

alteraciones al estado anímico y enfermedades físicas.

Board of County Comm’rs v. Slovek, 723 P.2d 1309 (Col.

1993).

Para llevar a cabo esta función los tribunales en la

jurisdicción norteamericana han esbozado diferentes modelos

de cuantificación de daños. El mecanismo de restauración,

utilizado generalmente en la esfera administrativa, tiene

cabida en reclamos civiles cuando los daños son de carácter

temporero y de naturaleza tal que permitan regresar la

propiedad a su estado original. En estos casos la

compensación consiste en el costo de la reparación. Horsch

v. Terminix Int’l Co. 865 P.2d 1044 (Kan. App. 1993). Otro

modelo consiste en indemnizar de acuerdo a la disminución

en valor (“diminution in value rule”), que se calcula

comparando la diferencia en el valor de la propiedad justo

antes y justo después del daño. McAlister v. Atlantic

Richfield Co., 662 P.2d 1203 (Kan. 1983); Bayley Products,

Inc. v. American Plastic Products Co., 186 N.W.2d 813

(Mich. App. 1971). Este segundo modelo se utiliza por lo

general cuando el daño a la propiedad es permanente, pero

no la destruye en su totalidad. Sin embargo, un reclamo

sobre propiedad inmueble no necesariamente puede

caracterizarse como permanente. Para que se considere CC-2004-0694 27

permanente no es necesario que el daño dure para siempre;

es suficiente que sea una pérdida irreparable para el

propietario. Hudson v. Peavey Oil Co., 566 P.2d. 175 (Or.

1977). También, por lo general se usa el modelo de

disminución en valor cuando el daño es continuo o

recurrente, como lo sería la contaminación industrial.

Razzano v. Kent, 177 P.2d 612 (Cal. App. 1947).

En ocasiones los tribunales utilizan una teoría

híbrida --que contempla tanto el costo razonable de

reparación como la regla de disminución en valor. En este

caso el cálculo de la merma en valor se hace luego de la

reparación, compensándose así bajo ambos modelos. Para que

proceda este modelo híbrido es necesario que el demandante

pruebe que las medidas remediales no lograron devolver la

propiedad a su anterior valor en el mercado. Véase Wiese-

GMC, Inc. v. Wells, 626 N.E.2d 595 (Ind. App. 1993); Terra-

Products, Inc. v. Kraft General Foods, Inc., 653 N.E.2d 89

(Ind. App. 1995).

Ahora bien, cabe la posibilidad que el valor en el

mercado de la propiedad no haya experimentado una reducción

luego del daño. Ante esta situación, los tribunales

reconocen que muchas áreas de considerable valor ecológico

tienen muy poco o ningún valor comercial, de manera que una

aplicación literal del modelo de disminución en valor

dejaría al reclamante carente de remedio. Es improcedente

en estos casos cuantificar la compensación utilizando

modelos comerciales basados en el valor en el mercado. CC-2004-0694 28

Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 628 F.2d

652, 674 n. 21 (1st Cir. 1980). (“The diminution rule has

itself been limited in cases where the property has a

special value to the injured party that is not reflected in

its market value.”)

Un tercer modelo de cuantificación de daños consiste

en calcular el valor de la pérdida de uso de la propiedad.

Este método generalmente usa como base el valor rentable de

la propiedad --valor que hubiera podido rentarse a no ser

por el daño ambiental. Este modelo está supeditado a

condiciones de valor comercial, con las desventajas ya

mencionadas. Spaulding. v. Cameron, 239 P.2d 625 (Cal.

1952). Otro método, denominado costo de reemplazo, provee

una alternativa viable cuando resulta razonable obtener

sustitución para los elementos afectados, y así compensar

la pérdida. Este mecanismo resulta apropiado cuando es

posible reemplazar la fauna o vegetación con nuevas

especies. El mismo se utiliza para restaurar bosques o

especies de animales que no se entienda que puedan

regenerarse naturalmente en un término razonable de tiempo.

Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, supra,

pág. 677.

Como mencionamos, la cuantificación del daño depende

en gran medida de la naturaleza de la propiedad destruida o

lesionada. Ocasionalmente la pérdida afecta elementos

adheridos al suelo, que pueden valorarse independientemente

del terreno. En estos casos, procede cuantificar estos CC-2004-0694 29

elementos por separado. El tribunal determinará, en su

sana discreción, si procede indemnizar por los elementos

individuales, por el valor del terreno o una combinación de

ambas. Restatement (Second) of Torts sec. 929(2)(1977);

Wilson v. Brand S. Corp., 621 P.2d 748 (Wash. 1980). Si se

trata de arbustos, árboles frutales, setos o pozos, resulta

poco práctico cuantificarlos por separado, y debe el

análisis limitarse a otros modelos. Restatement (Second)

of Torts sec. 929(2) Comment f (1977).

Un último método de cuantificación de daño ambiental

contempla indemnización por daños morales que resulten

directa o indirectamente del daño ecológico. Alonso v.

Hills, 214 P.2d 50 (Cal.App. 1950); Nitram Chemicals, Inc.

v. Parker, 200 So.2d 220 (Fla.App. 1967).

Cabe destacar que los mecanismos antes descritos no

constituyen un listado exhaustivo. Pueden existir otros

métodos razonables y científicamente adecuados para estimar

daños ambientales cuando la completa restauración no sea

posible. Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe

Colocotroni, supra, n. 24.

De lo anterior se desprende la miríada de métodos que

se han identificado en la doctrina para valuar y mensurar

el daño ambiental que ocasiona un menoscabo o una lesión a

la propiedad de un reclamante. Cuál es el apropiado para

medir el daño dependerá de la naturaleza, extensión y

carácter del daño o lesión sufrida. En otras palabras, esa

determinación se tomará caso a caso; y, la prueba necesaria CC-2004-0694 30

para establecer los daños dependerá de los hechos del caso.

Lo que si está claro en la normativa es que en un caso de

esta naturaleza cabe una reclamación tanto por los daños

especiales como por los morales.

Resolvemos por lo tanto, que en una acción civil por

daño ambiental al amparo del Artículo 1802 en la que se

reclaman daños a la propiedad, o a los recursos naturales

de ésta, el tribunal tiene a su disposición varios

mecanismos para cuantificar el daño de manera que se logre

una compensación adecuada. El objetivo principal deberá

ser devolver la propiedad al estado existente antes del

daño. Somos conscientes sin embargo que, por lo general,

la restauración del área afectada resultará físicamente

imposible o desproporcionadamente onerosa; en cuyo caso, no

es factible utilizar el mecanismo de la restauración.

Cuando ello ocurra, se deberá acudir a otros modelos de

valuación de daños como los previamente discutidos.

Los tribunales tienen gran discreción para escoger el

modelo a utilizarse, determinación que dependerá en gran

medida, de la naturaleza del daño ambiental reclamado --sea

éste moral, patrimonial o una combinación de ambos-- y las

características de la propiedad. Independientemente del

modelo a adoptarse, la valoración del daño debe ser

razonable, proporcionada al daño ambiental sufrido y a los

valores ecológicos perjudicados. Commonwealth of Puerto

Rico v. SS Zoe Colocotroni, supra. Evidentemente, quien

reclame el daño tiene que probarlo y, como hemos indicado CC-2004-0694 31

en otro contexto, el estimado que haga el demandante del

daño y la evidencia que presente a esos fines, no requiere

precisión matemática. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R.

294, 321 (1990). Probados los elementos de la

responsabilidad extracontractual, el hecho que exista

cierto nivel de especulación en la prueba no debe ser óbice

para proveer al reclamante un remedio adecuado.

Cuando el daño a resarcir sea moral, es menester que

quien lo reclame especifique en qué consiste el mismo y

cómo le ha afectado. Necesariamente entonces, el tribunal

deberá sopesar entre otros, los siguientes aspectos: 1) La

personalidad del damnificado y su particular grado de

sensibilidad, visto desde la perspectiva del interés

afectado. Esto es extremadamente importante, pues los

daños morales nacen de la lesión sufrida en el componente

psíquico-emocional del perjudicado. 2) Los intereses

lesionados. 3) La naturaleza de la lesión sufrida. 4) El

efecto del transcurso del tiempo sobre la lesión, bien como

factor coadyudante para agravar o mitigar el daño moral

acaecido. 5) En casos apropiados, la divulgación pública

que haya tenido el hecho dañoso. 6) Y, las circunstancias

que rodearon el acto que causó el daño, incluyendo la

intencionalidad del agente y los medios empleados para

causar el daño. Pizarro, op. cit., pág. 430; Carneiro, op.

cit., págs. 61-106. Hay que señalar que el daño moral, es

en esencia, la modificación disvaliosa en la subjetividad

del damnificado derivada de la lesión a un interés no CC-2004-0694 32

patrimonial que se traduce en un modo de estar diferente y

anímicamente perjudicial al que se tenía antes del hecho.

V

Analicemos los hechos particulares del caso a la luz

del derecho antes expuesto.

Según concluyó el Tribunal de Primera Instancia en sus

determinaciones de hechos “[e]n el 1990 el Señor Díaz

empezó a sacar material de la corteza terrestre en una de

sus propiedades y tiró material a la propiedad del

demandante causando que se tapara el Río Manatí, destrozó

parte del bosque; afectó como tres cuerdas en el 90; afectó

el farallón; se dañaron los caminos; destruyó parte de las

facilidades del área recreativa, cayeron muchísimas piedras

en la propiedad de Rivera, algunas aves no volvieron; se

taparon las cuevas en el farallón; es un desastre que no se

puede calcular; en el 1994 se afectaron como seis

cuerdas.” 23 (Énfasis nuestro.) Por su parte el Tribunal de

Apelaciones reiteró que conforme la sentencia y

determinaciones de hechos del tribunal de instancia los

daños alegados en la demanda fueron debidamente probados.

Sin embargo, entendió el foro a quo que de la totalidad del

expediente no surgía “algo que permita conceder alguno de

los daños específicos reclamados.”

Luego de estudiar detenidamente el expediente del

caso, la evidencia presentada y la exposición narrativa de

23 Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, 31 de julio de 2003, Apéndice del Certiorari a la pág. 410. CC-2004-0694 33

la prueba, coincidimos plenamente con el tribunal

sentenciador únicamente en que los actos de los recurridos

constituyeron un desastre incalculable a los recursos

medioambientales de la propiedad del señor Rivera. No

compartimos, como no comprendemos, la determinación de los

foros inferiores de no adjudicar los daños y desestimar la

demanda bajo el fundamento de ausencia de prueba que

sustentase los mismos. Dicha conclusión es claramente

insostenible y errónea.

No albergamos duda en nuestra mente, a base del récord

de este caso, que los daños morales sufridos por la parte

demandante como resultado del daño ecológico que las

acciones negligentes del demandado causaron en la propiedad

del señor Rivera, quedaron plenamente probados. Es

incomprensible que ninguno de los dos foros si quiera

hubiese hecho referencia a los mismos. Los daños morales

en este caso fueron probados. Solo resta valuar los

mismos; función para la cual los tribunales están

plenamente capacitados. Recalcamos, el elemento de

subjetividad es inmanente a la propia naturaleza del daño

moral; no por ello, sin embargo, el mismo se torna

imposible de cuantificar.

Por otro lado y respecto los daños especiales, debemos

consignar que lo cierto es que la prueba presentada no fue

la más idónea y descansó principalmente en el testimonio

del demandante. Además, el desglose de los daños en la

demanda tiene claros visos de hiper-valuación. Ahora bien, CC-2004-0694 34

el testimonio del demandante, creído como fue, ofrece base

suficiente para poder cuantificar, con cierto grado de

objetividad, el monto de algunos de los daños especiales

reclamados. 24 El Tribunal de Primera Instancia impuso la

onerosa carga al peticionario de probar la cuantía de sus

daños especiales con certeza matemática, criterio que ha

sido expresamente rechazado por esta Curia. Habida cuenta

que estamos ante daños ambientales que ocurrieron hace más

de diez (10) años, este es un caso claro en el que la

reparación in natura no es una alternativa factible.

Tampoco es viable computar el daño bajo el modelo de

disminución en valor, ya que según el testimonio del

peticionario, la propiedad ha experimentado un incremento

en su valor en el mercado, que no refleja el valor de los

recursos ecológicos. Estimamos que con la prueba que obra

en el expediente puede razonablemente calcularse la cuantía

del daño utilizando una combinación del valor de pérdida de

uso y costo de reemplazo. Para este cómputo deben

utilizarse como base los estimados brindados por el

peticionario en su testimonio así como la prueba pericial.

Por los fundamentos anteriormente expuestos se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

proceda a determinar la compensación adecuada en proporción

24 Conforme lo antes expresado, el Tribunal de Primera Instancia deberá reevaluar su determinación de no conceder partida por el daño especial de pérdida de ingreso; al igual que por los demás daños físicos sufridos en la propiedad del demandante, según éstos surgen del informe pericial. CC-2004-0694 35

al daño sufrido, de conformidad con los principios

expuestos en esta Opinión. En la determinación final de la

compensación a conceder, el tribunal de instancia deberá

considerar si el peticionario, al negarle acceso al

demandado a su finca para que éste llevase a cabo los

trabajos de restauración que fueron ordenados por el

Departamento de Recursos Naturales, incurrió en negligencia

comparada. De concluir en la afirmativa, el tribunal

deberá proceder a reducir del monto total de la

compensación el porcentaje correspondiente a su

negligencia.

Se dictará la sentencia correspondiente.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

David Díaz Arocho, CC-2004-0694 Gloria Otero Córdova y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, y otros

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos acorde con lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente con opinión escrita. Los Jueces Asociados señor Rebollo López y señor Rivera Pérez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gonzalo Rivera Colón * Demandante-Peticionario * * vs. * * David Díaz Arocho, Gloria Otero * Córdova y Otros * CC-2004-694 Demandados-Recurridos * * vs. * * Royal and Sunalliance Ins. Co. * Certiorari Codemandada y Tercera * Demandante * * vs. * * Drillex S.E. y su Aseguradora * General Accident Insurance Co. * Tercera-Demandada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005.

En el caso de autos, tanto el foro de instancia como el

foro apelativo se negaron a indemnizar al demandante por los

daños que sufrió, por la sencilla razón de que éste no

presentó evidencia alguna sobre el valor concreto de tales

daños. Dichos foros concluyeron ambos que el demandante, en

efecto, sufrió daños. Sus dictámenes rehusando conceder

alguna compensación al demandante no se basaron en que la

propiedad del demandante no hubiese sido perjudicada por los

actos negligentes del demandado. Se basaron más bien en el

hecho de que el demandante no aportó ninguna prueba que

permitiese al tribunal valorizar los daños en cuestión. CC-2004-694 2

El siguiente pasaje de la sentencia del Tribunal de

Apelaciones indica claramente el fundamento de su decisión en

el caso de autos:

“... no encontramos en los autos algo que permita conceder alguno de los daños específicos reclamados, pues aunque probada su existencia, no se probó su valor.

En efecto, en el expediente encontramos afirmaciones sobre el uso no autorizado de explosivos y remoción de terreno por parte de los apelados, así como del desprendimiento de terreno sobre la propiedad del apelante y la descripción de los cambios en el flora, fauna y geoestética del paisaje; los que se atribuyen como posible efecto de la perturbación ocasionada por los derrumbes. No obstante, no surge de la prueba, aun tampoco del informe del perito del apelante, elementos que nos permitan determinar el impacto causado a la propiedad o datos de clase alguna que nos permitan hacer un cómputo de la suma que debió recibir el apelante. Tampoco encontramos evidencia que sostenga la cuantía del importe reclamado en concepto de pérdida de ingresos, ya que no se aportó evidencia del beneficio económico percibido antes de los derrumbes; así como nada encontramos sobre los daños que se reclama sufrieron las estructuras existentes en la finca, lo cual pudo haber sido suplido mediante tasaciones o estudios donde se valorizaran los daños específicos causados a la estructura o su depreciación. En consideración a lo anterior, no podemos fijar el menoscabo causado a los ingresos o propiedades del apelante, ya que actuaríamos necesariamente sobre bases especulativas y arbitrarias si fijáramos una compensación sin evaluar esos elementos...

En el caso ante nuestra consideración, el apelante no aportó prueba sobre el importe de los daños sufridos, por lo que nos encontramos impedidos de variar la determinación del TPI de no conceder a éstos una cuantía monetaria en carácter indemnizatorio.” (Énfasis suplido)

Frente a esta situación de carencia evidenciaria,

procedía confirmar los dictámenes a quo. Como se sabe,

nuestro sistema de derecho es uno de carácter adversativo CC-2004-694 3

y de naturaleza rogada. Prevalece, en general, el principio

elemental de que le toca al reclamante en un pleito el peso

de la prueba con respecto a sus alegaciones. El demandante

tiene la obligación de poner al juzgador en condiciones de

determinar los daños y perjuicios que ha sufrido. Matos v.

Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 D.P.R. 567 (1987); Cotto v.

C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985); Asoc. Auténtica Empl.

v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981); Vaquería

Garrochales Inc. v. A.P.P.R., 106 D.P.R. 799 (1978). Veáse,

además, Cuevas Segarra, La Responsabilidad Civil y El Daño

Extracontractual en P.R., Cap. VI.

Reiteradamente hemos reconocido la dificultad que

presenta en ocasiones la tarea de aquilatar daños y por ende,

la latitud discrecional que tiene el juzgador de los hechos

para realizar esa difícil tarea. Pero en todo caso, dicha

tarea se tiene que realizar sobre la base de la prueba sobre

el particular aportada en el juicio. Veáse, Riley v.

Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987); Meléndez v.

Lebrón Rodríguez, 111 D.P.R. 45 (1981); Canales Velázquez v.

Rosario Quilés, 107 D.P.R. 757 (1978); Moa v. E.L.A., 100

D.P.R. 573 (1972); Concepción Guzmán v. AFF, 92 D.P.R. 488

(1965); Baralt v. Baéz, 78 D.P.R. 123 (1955). Si no se

presenta prueba alguna sobre uno de los elementos de la

acción, como sucedió aquí con respecto al valor de los daños

sufridos, no procede la reclamación.

La mayoría en su opinión, en lugar de reiterar esta

conocida normativa, opta por otro curso de acción. En lugar CC-2004-694 4

de confirmar la correcta decisión de los foros a quo, se

dedica más bien a crear una controvertible 25 acción privada

por daños a recursos medioambientales al amparo del Art. 1802

del Código Civil; y a proclamar aun más controversialmente 26

25 En vista de que la Sec. 19 del Art. VI de nuestra Constitución dispone que será política pública en el país el aprovechamiento de los recursos naturales “para el beneficio general de la comunidad”, cabe preguntarse si procede en Puerto Rico una acción torticera para beneficio de una persona particular por daños a recursos naturales. ¿Dónde queda entonces la reparación del interés público? Véase, Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 724 (1974). La mayoría del Tribunal no examina esta esencial cuestión. Tampoco examina la cuestión correlativa de si tal acción privada procede independientemente del recurso natural en cuestión. Así pues, ¿procede tal acción privada cuando la pérdida no es de un recurso “escénico”, como el que resalta la mayoría aquí, sino de otros recursos naturales de mayor valor propiamente ecológico que trascienden una finca en particular, como cuando se trata del hábitat de determinada fauna o flora que se extiende por una región que abarca numerosas fincas particulares; o un manantial que nace y fluye por varios lugares? ¿Qué sucede cuando se trata de un recurso natural que sólo tiene una presencia pasajera en la finca privada, como aves migratorias o tortugas que vienen a anidar allí? 26 A parte del hecho de que el uso por la mayoría aquí de la figura del “daño moral” no tiene precedente alguno en nuestra jurisprudencia, si acaso lo contrario, cabe preguntarse si ese “daño moral” es uno genérico que sufrimos todas las personas en el país cuando se afecta un recurso natural que es parte de nuestro patrimonio común, o si se trata como parece creer la mayoría de un daño que sufrió sólo el demandante. En tal caso, ¿qué prueba existía aquí de que éste en efecto experimentó subjetivamente tal daño, más allá del pesar natural que siente cualquiera por el menoscabo de una propiedad valiosa, que reiteradamente hemos resuelto que no es indemnizable? Soegard v. Concretera Nacional, Inc., 88 D.P.R. 179 (1963); Díaz v. Palmer, 62 D.P.R. 111 (1943); Díaz v. Cancel, 61 D.P.R. (1943). ¿Cómo sabemos que el reclamante aquí tenía una sensibilidad ambiental especial como para sufrir un daño moral particular por la acción menoscabante de un recurso natural? Por otro lado, no queda claro tampoco porqué un daño ambiental, que por su naturaleza propia es de ordinario y medularmente un daño material, deba resarcirse primordialmente como un daño moral. CC-2004-694 5

que se trata de una acción para resarcir un daño moral

sufrido por el dueño de la finca deteriorada, que consiste en

esencia en:

“... la modificación disvaliosa en la subjetividad del damnificado derivada de la lesión a un interés no patrimonial que se traduce en un modo de estar diferente y anímicamente perjudicial al que se tenía antes del hecho.”

La mayoría del Tribunal entiende que con tales pautas, el

foro de instancia puede calcular la cuantía del daño sufrido

por el demandante. En efecto, la mayoría instruye al foro de

instancia a utilizar para ello una combinación del método de

valor de pérdida de uso y del método de costo de reemplazo.

Se ordena la utilización de tales medios para calcular el

monto de los daños en el caso de autos, a pesar de que estos

métodos no corresponden de modo alguno al singular daño moral

que se ha de resarcir.

Yo, por mi parte, estimo que en el caso de autos no se

presentó prueba que le permita al tribunal a quo llevar a

cabo una evaluación razonable de los daños probados. Los

equívocos pronunciamientos de la mayoría del Tribunal en su

opinión hacen aun más difícil realizar tal evaluación.

Tampoco entiendo porqué la mayoría, si desea darle una

inusitada segunda ocasión al demandante para presentar ahora

su prueba sobre el valor de los daños sufridos, no lo hace

pautando precisamente el tipo y medios de prueba que serían

procedentes para lograr la cotización debida de los

singulares daños presentes en este caso. CC-2004-694 6

En lugar de seguir algunos de los cursos decisorios

referidos, la mayoría del Tribunal opta por idear una nueva

causa de acción en nuestro derecho sobre la responsabilidad

extracontractual, sin ofrecer a la vez una justificación

suficiente para ello aquí, ni presentar una conceptualización

clara y coherente de tal causa de acción. Este proceder es

particularmente sorprendente en vista de que la mayoría del

Tribunal reconoce en su propia opinión que en otras

jurisdicciones daños como los que aquí nos conciernen se

dilucidan mediante reclamaciones basadas en el derecho de

propiedad. Esa realidad ha debido servir de precaución a la

mayoría en cuanto a aventurarse a abrir brechas rudimentarias

en casos como el de autos.

Es por todo lo anterior que no estoy conforme con la

opinión mayoritaria y por ello, disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO