El Pueblo v. Reyes Carrillo

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 26, 2021
• Docket: CC-2019-905
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario

v. 2021 TSPR 130

Narciso Reyes Carrillo 207 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2019-905

Fecha: 26 de agosto de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez Procurador General

Lcda. Lorena Cortés Rivera Subprocuradora General

Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo Subprocurador General

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Moisés Abreu Cordero

Materia: Derecho Penal-Nuestro Ordenamiento Penal permite la punición de las tentativas inidóneas o imposibles. Para el análisis de dicha figura jurídica se debe aplicar un enfoque objetivo-subjetivo.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v. CC-2019-0905

Narciso Reyes Carrillo

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2021.

Son raras las ocasiones en que tenemos el espacio de

adentrarnos en una teoría penal sustantiva que, a pesar de

generar gran debate doctrinal, tan siquiera se había

mencionado en nuestra jurisprudencia previa. La presente

intervención nos brinda esa oportunidad ya que se reúne la

situación fáctica ideal para evaluar la figura de la

tentativa imposible, también llamada tentativa inidónea o

delito imposible. La punibilidad de esta figura jurídica es

cuestionada por tratarse de situaciones en las que las

circunstancias del caso convierten en totalmente inalcanzable

la comisión del delito pretendido por el acusado. Adelantamos

que, conforme al texto vigente de la ley aplicable, nuestro

Ordenamiento Penal permite la punición de las tentativas

imposibles. CC-2019-0905 2

Previo a iniciar nuestro análisis, expondremos los

hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

I

Para el 2016, el Sr. Narciso Reyes Carrillo

(recurrido) brindaba servicios médicos en el Centro Médico

Correccional de Bayamón. Mientras desempeñaba esta labor,

le comunicó a un confinado que deseaba agenciarse “algún

trabajo” en miras de conseguir dinero.1 Eventualmente el

confinado le indicó al recurrido que su primo lo contactaría

para que ingresara algún objeto a la cárcel y que sería

compensado por hacerlo.2 Según acordado, el 21 de octubre

de 2016, el alegado primo del confinado le suministró al

recurrido un objeto pequeño que aparentaba contener treinta

y un (31) gramos de cocaína para que se la entregara al

confinado. El recurrido recibió cuatrocientos dólares

($400.00) como remuneración por hacer la entrega.

Como cuestión de hecho, la persona que se reunió con

el recurrido para proporcionarle la supuesta cocaína no era

realmente primo del confinado, sino un agente del Negociado

de Investigaciones Especiales (NIE).3 El agente (agente

encubierto), asumió una identidad ficticia como parte de un

plan operacional sobre labor encubierta en contra del

1 Petición de Certiorari, Apéndice, págs. 106; 140; 148. 2 Íd., págs. 106-108. 3 De acuerdo con la ley vigente al momento de los hechos, el Negociado

de Investigaciones Especiales, entonces adscrito al Departamento de Justicia, tenía la facultad de realizar investigaciones, estudios e intervenciones con el fin de identificar tendencias, situaciones de alto riesgo y posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha contra el crimen. 3 LPRA ant. Ap. XXI. CC-2019-0905 3

recurrido. El plan operacional fue autorizado luego de que

el confinado informara al NIE la invitación ilícita que le

hizo el recurrido. El confinado suscribió un convenio de

confidente participante para asistir en el plan

operacional.4

Como parte de este plan, el confinado puso en contacto

al recurrido con el agente encubierto para que coordinaran

la entrega de la presunta cocaína. Entregado el paquete al

recurrido, y la correspondiente compensación, en algún

momento durante el día el confinado se comunicó con este

para recibir el objeto. Para lograr la entrega, el confinado

solicitó servicios médicos. Una vez llevado al Centro

Médico Correccional, el recurrido le entregó el paquete al

confinado. En esencia, el plan operacional se concretó.

Es necesario hacer hincapié en que el paquete

entregado al recurrido contenía un polvo blanco, pero no se

trataba de cocaína, sino de harina de trigo que la simulaba.

El objeto fue preparado por otra agente (en adelante,

“agente del NIE”) como parte del plan operacional. En el

interior de este, se colocó una pegatina con la expresión

“Feliz Día” como mecanismo de identificación posterior a la

ejecución del plan.

Después de recibir el paquete, el confinado fue

escoltado a la Unidad Canina de la Institución Correccional

de Bayamón con el motivo de que los agentes recuperaran la

4 Petición de Certiorari, Apéndice, págs. 139; 162. CC-2019-0905 4

evidencia. El confinado y la agente del NIE iniciaron y

fecharon el empaque. Igual hicieron con el sobre en el cual

este fue insertado. La evidencia permaneció en una bóveda

hasta el 25 de octubre de 2016, cuando fue inspeccionada

por agentes policiales para corroborar que se trataba del

objeto usado en la ejecución del plan operacional.

Identificaron el objeto exitosamente tras abrirlo y

constatar la presencia de la pegatina con la expresión

“Feliz Día”.

Así las cosas, el recurrido fue acusado por el delito

de posesión e introducción de objetos a un establecimiento

penal, tipificado en el Art. 277 del Código Penal de Puerto

Rico, infra. Luego de la celebración del Juicio por Tribunal

de Derecho, el foro sentenciador emitió fallo condenatorio

por el delito de tentativa de violación al Art. 277 del

Código Penal.

Insatisfecho, el recurrido presentó oportunamente un

recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo

como error que el pliego acusatorio a base del cual fue

procesado era contrario al principio de legalidad y que la

prueba presentada no fue suficiente para establecer todos

los elementos del delito imputado.

El foro apelativo intermedio validó los planteamientos

del recurrido y revocó la Sentencia emitida por el Tribunal

de Primera Instancia. Coligió que no podía hallarse

culpable al recurrido por atentar cometer el delito CC-2019-0905 5

estatuido en el Art. 277 del Código Penal, infra, dado que

lo introducido a la Institución Penal fue harina de trigo

y no una sustancia controlada u otro objeto que pudiera

afectar el orden o la seguridad de la prisión. El foro

revisor comprendió que el recurrido no podía ser culpable

de la tentativa del delito porque para ello tenían que estar

presentes desde un inicio todos los elementos del delito

intentado. Por lo tanto, determinó que como lo que el

recurrido recibió y entró a la Institución Penitenciaria

era harina de trigo, no estaban presentes todos los

elementos establecidos por el Art. 277 del Código Penal. De

manera que castigarlo por cometer la tentativa de ese delito

equivaldría a penalizarlo por conducta no provista mediante

estatuto penal, lo que sería contrario al principio de

legalidad.

Inconforme con el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, el Ministerio Público acudió ante nos mediante

el recurso de Certiorari. Arguyó como error del foro a quo

el haberse reconocido un quebrantamiento del principio de

legalidad basado en que el contrabando era harina de trigo

y no cocaína. Lo anterior, aun cuando no existe duda de que

el recurrido introdujo el contrabando a la cárcel bajo el

entendimiento de que era cocaína. Argumentó la aplicación

de la teoría penal conocida como tentativa imposible, la

cual descarta la imposibilidad de cometer el delito como

eximente de responsabilidad criminal. CC-2019-0905 6

Tras expedirse el auto solicitado, el caso quedó

sometido en los méritos para su adjudicación el 9 de

noviembre de 2020. Contando con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de

resolver.

II

A.

Para que una persona pueda ser castigada

criminalmente, al momento de llevar a cabo el acto delictivo

debe haber contado con un aviso adecuado sobre la conducta

prohibida y la pena que conlleva. El propósito perseguido

es limitar la facultad punitiva del Estado de modo que no

sea ejercida arbitrariamente. Al conjunto de garantías

dirigidas a este fin se le conoce como el principio de

legalidad. Fundado en la máxima de que no hay delito ni hay

pena sin ley previa (nullum crimen nulla poena sine lege),

el principio de legalidad estatuido en el Ordenamiento

Penal puertorriqueño ofrece las garantías siguientes:

No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de seguridad. Art. 2, Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5002.

En esencia, las garantías consisten en la proscripción de:

(1) la creación de delitos mediante jurisprudencia (lex CC-2019-0905 7

scripta) o por analogía (lex stricta); (2) la aplicación

retroactiva de delitos (lex praevia), y (3) la imprecisión

en los elementos constitutivos de delito (lex certa).

Pueblo v. Plaza Plaza, 199 DPR 276, 283 (2017).

Respecto a la garantía que hace impermisibles las leyes

que padezcan de vaguedad en los elementos constitutivos de

delito, una persona de inteligencia ordinaria debe poder

entender razonablemente la conducta prohibida.5 Por ende,

no se formaliza el principio de legalidad si para conocer

lo que está vedado es ineludible que la persona realice un

esfuerzo hermenéutico propio de juristas. Pueblo v. Rivera

Rivera, 183 DPR 991, 997 (2011). No obstante, la claridad

que deben tener las leyes penales sobre los elementos

constitutivos de delito no equivale a que estén exentas de

interpretación judicial. Hemos expresado que el principio

de legalidad:

[N]o implica que cada hecho constitutivo de delito deba desprenderse de una simple lectura de la ley, ya que todas las leyes, incluyendo las de índole penal, están sujetas a interpretación. Conforme a ello, ante una duda de qué es lo que constituye delito según determinada disposición penal, el tribunal debe aplicar los principios de hermenéutica correspondientes, lo cual podría resultar en alcanzar una interpretación restrictiva o extensiva del delito. Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 739 (2014).

5 La prohibición de leyes penales que sufran de vaguedad es también un requisito constitucional ya que vulneran el derecho a un debido proceso de ley. Pueblo v. Hernández Colón, 118 DPR 891, 901-903 (1987). CC-2019-0905 8

En ese sentido, al momento de realizar exégesis los

tribunales le darán a toda ley penal la interpretación que

mejor responda a los propósitos que esta persigue. Art. 13,

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5013. Tal cual,

los tribunales no son ajenos a que las leyes penales “tienen

que ser analizadas en consonancia con el propósito social

que las inspira y en sintonía con la realidad y el problema

humano que persiguen resolver”. Pueblo v. Roche, 195 DPR

791, 804 (2016). Así, se interpretará la ley “como un ente

armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes

disposiciones y supliendo las posibles deficiencias cuando

sea necesario”. Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194, 210 (2003).

Este ejercicio hermenéutico podría resultar en una

interpretación restrictiva o extensiva del delito.

Para satisfacer el principio de legalidad, ciertamente

al analizar la aplicación de un delito a unos hechos los

tribunales no pueden rebasar los contornos razonables de

interpretación. S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General,

10ma ed., Barcelona, Ed. Reppertor, 2016, pág. 125. Por

ello, al interpretar un estatuto penal deben ser cuidadosos

respecto a penalizar un “hecho no tipificado como delito

por su semejanza con uno tipificado como tal; o admitir un

agravante o una gradación específica no enumerada,

basándose en sus semejanzas con una enumerada; o imponer

una pena no contemplada por la ley por su analogía con una

prevista en la ley”. Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR CC-2019-0905 9

403, 415 (2007), citando a D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal

Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Inst. Desarrollo

del Derecho, 1983, pág. 63. La garantía de que mediante la

interpretación judicial no se crearán delitos por analogía

busca asegurar que no se supla la voluntad del legislador

cuando no la hay. El razonamiento subyacente es que, de

haber existido tal intención, el legislador la hubiera

expresado claramente en la ley. Pueblo v. Ruiz, supra, pág.

211. Como consecuencia, cuando posterior al ejercicio

hermenéutico del tribunal aún persista duda sobre la

aplicabilidad de un delito a unos hechos, la ley se

interpretará restrictivamente en cuanto a lo que

desfavorezca al imputado de delito y liberalmente en cuanto

a lo que le favorezca. Pueblo v. Negrón Nazario, supra,

pág. 739.

Podemos distinguir una interpretación permisible y una

que no lo es como sigue:

La diferencia entre interpretación (siempre permitida si es razonable y compatible con los valores constitucionales) y analogía (prohibida si perjudica al reo) es la siguiente: mientras que la interpretación es la búsqueda de un sentido del texto legal que se halle dentro de su “sentido literal posible”, la analogía supone la aplicación de la ley penal en un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo a otros sí comprendidos en el texto legal. (Énfasis en el original). Mir Puig, op. cit., pág. 125.

Cónsono con ello, si luego de la apreciación judicial se

determina que la conducta está comprendida dentro de la

descripción literal del texto legal, entonces se constituyó CC-2019-0905 10

el delito. Si, por el contrario, luego de la apreciación

judicial se determina que la conducta no está comprendida

dentro de la descripción literal del texto legal, entonces

el principio de legalidad exige que la controversia sea

resuelta a favor del imputado.

B. Determinada conducta criminal puede ser punible,

aunque no logre consumarse el delito pretendido. Se trata

de alguna acción delictiva emprendida por una persona con

la intención de concretarla, pero que no lo consigue debido

a razones externas a su voluntad. La figura de la tentativa

es la encargada de abordar estas situaciones.

Mientras que a un delito consumado se le conoce como

un delito perfecto, la tentativa puede caracterizarse como

un delito imperfecto o incompleto. D. Nevares Muñiz, La

Tentativa de Delito en el Código Penal de 2004: Figura de

Convergencia, 43 Rev. Jur. UIPR 371, 372 (2009). La

distinción se debe a que en la tentativa no concurren la

totalidad de los elementos del delito intentado, lo cual

produce una falta de consumación. A pesar de que el delito

de tentativa es dependiente de otro en el sentido de que

sus elementos están referidos a algún delito especial

descrito en ley, no por ello deja de ser un título de delito

autónomo y jurídicamente distinto del delito que se intentó

cometer sin éxito. Con respecto a lo antes planteado, “[e]n

lo que concierne a su estructura, la tentativa es perfecta CC-2019-0905 11

porque encierra todos los elementos que son necesarios para

la configuración de un delito: el hecho típico, la

antijuridicidad, la culpabilidad. Solo que en su

objetividad jurídica constituye un peligro de lesión; no

lesión efectiva de un bien jurídico”. Íd.

Actualmente encontramos estatuido el delito de

tentativa en el Art. 35 del Código Penal de Puerto Rico,

según enmendado, 33 LPRA sec. 5048. El precitado artículo

indica que:

Existe tentativa cuando la persona actúa con el propósito de producir el delito o con conocimiento de que se producirá el delito, y la persona realiza acciones inequívoca e inmediatamente dirigidas a la consumación de un delito que no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. (Énfasis suplido). Íd.

Podemos apreciar que, en cuanto a los elementos

subjetivos, la tentativa requiere que el sujeto actúe con

el propósito de producir un delito o con conocimiento de

que se producirá. Con relación a un “resultado”, una persona

actúa a propósito cuando su objetivo consciente es la

producción de dicho resultado, y actúa con conocimiento

cuando es consciente de que la producción del resultado es

una consecuencia prácticamente segura de su conducta. Art.

22, Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5035.

Asimismo, con relación a un elemento de “circunstancia”,

una persona actúa a propósito cuando cree que la

circunstancia existe, y actúa con conocimiento cuando es

consciente de que la existencia de la circunstancia es CC-2019-0905 12

prácticamente segura. Íd. Un “resultado” se refiere a “una

circunstancia que ha sido cambiada mediante la conducta del

actor” mientras que una “circunstancia” es “(a) una

característica de la conducta, del autor o de la víctima,

o (b) una descripción del entorno o contexto en el cual

ocurre la conducta”. Art. 14, Código Penal de Puerto Rico,

33 LPRA sec. 5014.

Por otro lado, en cuanto a los elementos objetivos,

para que se configure la tentativa es requisito que se

realicen acciones inmediata e inequívocamente dirigidas a

consumar el delito especial que se pretendía cometer. Una

acción está inmediatamente dirigida a consumar un delito si

se trata de la última fase o la inmediatamente anterior a

la consumación del delito intentado, según el plan

delictivo del autor. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal

Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. JTS, 2013, pág.

206. Al establecerse que las acciones deben estar

inmediatamente encaminadas a la comisión del delito, no

bastan los meros actos preparatorios, sino que deben ser

actos de ejecución del delito propiamente. Íd., pág. 204.

En cambio, se consideran inequívocas aquellas acciones que

sin lugar a duda apuntan hacia la comisión de un delito. D.

Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General,

7ma ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

Inc., 2015, pág. 326. A esto se le conoce como el requisito

de inequivocidad o res ipsa loquitur, seguido en el Derecho CC-2019-0905 13

Común, el cual es muy similar a la teoría de univocidad

proveniente de la tradición civilista. Íd., págs. 325-326.

Este requisito percibe la conducta realizada como

ilustrativa del estado mental del actor que la lleva a cabo.

El acto se considera inequívoco cuando la acción ya

irrevocable “ha adquirido existencia independiente de la

voluntad del actor”. Íd. Al examinar el acto debe deducirse

manifiestamente la voluntad criminal: “Los actos deben

exponer de modo no equívoco la finalidad criminal del sujeto

activo y una correspondencia entre el significado

exteriormente perceptible de los actos y la ofensa típica”.

Nevares Muñiz, supra, págs. 395-396.

C.

En materia penal sustantiva, el caso de autos nos

ofrece la coyuntura para examinar por vez primera la figura

de la tentativa inidónea. Una tentativa de delito se

considera inidónea cuando “conforme a la naturaleza de las

cosas y a las circunstancias particulares que rodearon la

acción, es imposible que el autor logre lo que se propone”.

Chiesa Aponte, op. cit., págs. 210-211. De ahí que las

tentativas idóneas son aquellas en que existe la

posibilidad real de lograr el resultado deseado por el

actor, mientras que las inidóneas son aquellas en que no es

posible lograrlo. En vista de que un acto se considera

idóneo cuando es capaz de producir el resultado deseado e

inidóneo cuando es inapto para ese fin, se suscita la CC-2019-0905 14

controversia sobre si las tentativas inidóneas cumplen con

el requisito de inequivocidad. En otras palabras, cabe

preguntarse si ante la presencia de un acto inidóneo, es

factible satisfacer la exigencia de que la conducta esté

inequívocamente (sin lugar a duda) dirigida a cometer un

delito.

La disposición legal que recoge actualmente el delito

de tentativa procede del derogado Art. 35 del Código Penal

de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4663, el cual, a su vez, procedía

del derogado Art. 26 del Código Penal de 1974, 33 LPRA ant.

sec. 3121. Fue este último Código el que introdujo el

requerimiento de la inequivocidad de la acción para

completarse el tipo delictivo. En ese entonces, la Asamblea

Legislativa tuvo ante su consideración varios borradores de

proyectos para la adopción del Código Penal de 1974.

Influyeron en su redacción, inter alia, los proyectos de

códigos desarrollados por los profesores Francisco Pagán

Rodríguez y José Miró Cardona. Véase Informe de la Comisión

de lo Jurídico Penal del Senado de Puerto Rico sobre el P.

del S. 753, 17 de junio de 1974, págs. 16-18.

Cabe resaltar que, adicional a exigir la inequivocidad

del acto, los proyectos de códigos de los profesores Pagán

Rodríguez y Miró Cardona sugerían requerir la idoneidad del

acto para concretar el delito de tentativa. El proyecto del

Prof. Pagán Rodríguez recomendó la redacción del delito de

tentativa de la manera siguiente: “Existe tentativa cuando CC-2019-0905 15

el autor realiza actos idóneos dirigidos inequívocamente a

la ejecución de un delito, el cual no se consuma por

circunstancias ajenas a su voluntad”. (Énfasis suplido). F.

Pagán Rodríguez, Texto del Proyecto de Código Penal, 6 Rev.

Jur. UIPR 68, 74-75 (1971). De manera similar, el proyecto

del Prof. Miró Cardona sugirió este texto: “Se considerará

que el delito queda en fase de tentativa cuando el agente

realiza acciones idóneas dirigidas inequívocamente a la

ejecución de un delito, el cual no se consuma por

circunstancias ajenas a su voluntad”. (Énfasis suplido). J.

Miró Cardona, Borrador para un Proyecto de Código Penal

Puertorriqueño, 41 Rev. Jur. UPR 401, 721 (1972). Es de

notar que en esos borradores de códigos se hizo una

distinción entre los conceptos de idoneidad e

inequivocidad, lo cual indica que, aunque relacionados, no

son conceptos sinónimos. A pesar de contar con el beneficio

de esas propuestas al momento de desarrollar y aprobar el

Código Penal de 1974, la Asamblea Legislativa descartó

incluir en el cuerpo legal el requisito de que la conducta

sea idónea para que pueda castigarse como tentativa. De

esta forma, se limitó a señalar que la conducta debe ser

inequívoca. Por consiguiente, la construcción textual del

delito contenido en el Código Penal de 1974 permitía la

punición de las tentativas inidóneas siempre que las

acciones ejecutadas hubieran sido inequívocas para la

consumación del crimen pretendido. Esta interpretación CC-2019-0905 16

coincide con la manifestada por el Secretario de Justicia

en sus comentarios a la edición de 1975 del Código Penal:

“El Código elimina la cualificación hecha en Proyectos

anteriores en las cuales las acciones u omisiones

realizadas deben ser idóneas bajo la premisa de que pueden

[sic] haber actuaciones no idóneas pero dirigidas

inequívocamente a la ejecución de un delito que deben ser

penalizadas”. Código Penal de Puerto Rico Comentado edición

Colegio de Abogados, 36 Rev. Colegio de Abogados 1, 39 (Núm.

1) (1975). Dado que el requisito de inequivocidad fue

preservado igualmente en el Código Penal de 2012, supra,

solo resta concluir que al presente un acto no tiene que

ser idóneo para penalizarse, pero sí debe ser inequívoco.

Esclarecido que las tentativas inidóneas pueden ser

penalizadas en Puerto Rico, debemos definir el estándar a

utilizarse para atenderlas. En específico, qué

características debe reunir la acción delictiva para

considerarse que está “inequívocamente” dirigida a cometer

un delito. Bajo nuestro sistema mixto de Derecho, la figura

de la tentativa se nutre del Derecho Común y del Civil, por

lo que conviene estudiar el trato brindado a las tentativas

inidóneas en ambos sistemas para elaborar el estándar que

habremos de aplicar en nuestra jurisdicción al auscultar la

inequivocidad de la acción.6

6 D. Nevares Muñiz, La Tentativa de Delito en el Código Penal de 2004: Figura de Convergencia, 43 Rev. Jur. UIPR 371, 373 (2009) (“La evolución de la figura de la tentativa de delito en Puerto Rico es un ejemplo de CC-2019-0905 17

Los comentaristas civilistas han formulado distintas

teorías para delimitar el análisis de las tentativas

inidóneas y su punibilidad, defendiendo puntos de vista

objetivos,7 subjetivos8 y subjetivo-objetivos.9

Bajo el enfoque objetivo, se enfatiza el peligro

generado y se distingue entre la inidoneidad relativa y la

absoluta. E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, 2da

ed., Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1999, págs. 464, 470. La

inidoneidad relativa se refiere a la situación en la cual

el acto es apto para producir la consumación y, en presencia

de circunstancias distintas, habría sido idóneo para lograr

el resultado deseado.10 Mientras, la inidoneidad absoluta

se refiere a la situación en la cual el acto de ninguna

manera sería capaz de producir la consumación.11 Nevares

Muñiz, op. cit., pág. 331. En estas situaciones la

inidoneidad relativa está sujeta a castigo y la inidoneidad

absoluta es impune.

la tensión entre ambos sistemas al evolucionar de disposiciones especiales propias del common law en el Código Penal de 1902 hasta una figura autónoma en los Códigos de 1974 y 2004, donde convergen en su redacción e interpretación el common law y el derecho continental europeo”). 7 Véase e.g. R. Núñez Barbero, El Delito Imposible, Salamanca, Acta

Salmanticensia, Derecho, T. V, Vol. I, 1963, págs. 79-105. 8 Véase e.g. E. Cuello Calón, Derecho Penal, 17ma. ed, Barcelona, Bosch,

T. I, Vol. II, 1975, págs. 626-629. 9 Véase e.g. G. Rodríguez Mourullo, Delito imposible y tentativa de

delito en el Código Penal Español, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, T. XXIV, Madrid, 1971, págs. 377-379. 10 Se mencionan como ejemplos las situaciones en las que se administra

una sustancia efectivamente venenosa (arsénico), pero en cantidad insuficiente para producir el efecto deseado o cuando la víctima resulta inmune a la sustancia. También, cuando se apuñala con arma efectiva a quien lleva cota de malla. L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, T. VII, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1977, pág. 691. 11 Por ejemplo, un intento de envenenamiento con sustancias inofensivas,

como lo sería un terrón de azúcar o un vaso de agua. Íd. CC-2019-0905 18

Por otro lado, bajo el enfoque subjetivo, se enfatiza

la voluntad de la persona que ejecuta la acción. A

diferencia del enfoque objetivo, en el subjetivo la

inidoneidad absoluta puede castigarse, pues el peso recae

en si el actor era de la opinión que la acción realizada

era apropiada para efectivamente producir el delito que

intentaba, sin importar su capacidad para producirlo. Íd.

Por último, en el catálogo de enfoques objetivos-

subjetivos encontramos la denominada teoría de la

impresión, que intenta limitar los excesos del enfoque

puramente subjetivo incorporando el parecer de la sociedad

como componente objetivo en la justipreciación de la

punibilidad del acto. Bajo la teoría de la impresión, la

evaluación se centra en la peligrosidad que el acto

representa para el bien jurídico protegido. E. Bacigalupo,

op. cit., págs. 465-466. La teoría postula que, teniendo

en cuenta los fines de prevención general del Derecho Penal,

basta para castigar que la conducta suscite en la sociedad

“la impresión de que se realiza un ataque contra el

ordenamiento jurídico y que perturba, por consiguiente, la

segura validez del mismo en la conciencia de la

colectividad”. E. Mezger, Derecho Penal: Libro de Estudio,

Parte General (Conrado A. Finzi, trad.), 6ta ed., Ed.

Bibliográfica Argentina, 1958, pág. 288. En esencia

sostiene que “[l]a confianza de la colectividad en la

vigencia del Ordenamiento jurídico sería menoscabada si CC-2019-0905 19

permaneciera impune aquel que proyecta seriamente un delito

importante y se pone en marcha su ejecución”. H. Jescheck

y T. Weigend, Tratado de Derecho Penal: Parte General (M.

Olmedo Cardenete, trad.), 5ta ed., Granada, Ed. Comares,

2002, pág. 570.

En contraste, de acuerdo con los tratadistas del

derecho angloamericano, la evaluación de las tentativas

imposibles, según allí se les conoce, dependerá de si se

trata de una imposibilidad fáctica, legal o inherente. W.R.

LaFave, Substantive Criminal Law, 3ra ed., Thomson Reuters,

2017, Vol. II, sec. 11.5(a), págs. 319-321.

La imposibilidad fáctica denota conducta donde el

objetivo del actor está prohibido por el Derecho Penal,

pero una circunstancia desconocida por este le impide

llevarlo a cabo. Íd., págs. 323-326. La imposibilidad

fáctica no es aceptada como defensa justificativa del acto

criminal, por lo que la conducta sería punible bajo esta

teoría.

Por su parte, la imposibilidad legal denota conducta

donde el objetivo del actor no es criminal, aunque este

crea que lo es. Generalmente la defensa será inoperante

salvo que la acción intentada no haya sido legislada como

conducta criminal.12 Por supuesto, lo anterior está atado

12 La defensa de imposibilidad legal es rechazada cuando no es distinguible si se trata de una imposibilidad legal o fáctica. Solamente una imposibilidad puramente legal se acepta como defensa. En United States v. Hsu, 155 F.3d 189, 199 n. 16 (3d Cir.1998), se mencionó que “[p]ure legal impossibility is always a defense. For example, a hunter CC-2019-0905 20

al principio de legalidad pues se busca garantizar que el

resultado deseado o previsto por el actor constituya un

delito.13 Íd., págs. 326-327. Por eso, si el resultado

previsto por el sujeto ab initio no es un delito, no será

culpable de una tentativa, a pesar de que creyera firmemente

que su objetivo era criminal.

Finalmente, la imposibilidad inherente ocurre cuando

la conducta realizada por el sujeto para cometer el delito

es ilógica y totalmente inapropiada para el objetivo

buscado o, lo que es lo mismo, no podría realísticamente

producir el resultado intentado.14 La imposibilidad

inherente tiende a aceptarse como defensa, resultando

impune la conducta bajo esta teoría. Íd., págs. 332-334.

Además de las distintas interpretaciones defendidas

por los comentaristas aludidos en esta Opinión,

aprovechamos para destacar jurisprudencia. En el Derecho

cannot be convicted of attempting to shoot a deer if the law does not prohibit shooting deer in the first place”. Mas sin embargo, se reconoció que cuando no se trata de una imposibilidad puramente legal, “the distinction between factual and legal impossibility is essentially a matter of semantics, for every case of legal impossibility can reasonably be characterized as a factual impossibility. [...] [T]he great majority of jurisdictions have now recognized that legal and factual impossibility are ´logically indistinguishable,´ and have abolished impossibility as a defense”. (Cita omitida). Íd., pág. 199. 13 En los sistemas de Derecho Civil a la imposibilidad puramente legal

se le conoce como delito putativo o error de prohibición al revés. Véase H. Jescheck y T. Weigend, Tratado de Derecho Penal: Parte General (M. Olmedo Cardenete, trad.), 5ta ed., Granada, Ed. Comares, 2002, pág. 572; S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 10ma ed., Barcelona, Ed. Reppertor, 2016, págs. 366-367. 14 El equivalente de la imposibilidad inherente en el sistema de Derecho

Civil es la tentativa irreal. Se trata de situaciones en las que, por ejemplo, la persona intenta matar a alguien realizando conjuros o atravesando con alfileres a un muñeco (voodoo doll). Véase Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte General, 10ma ed., Valencia, Tirant lo blanch, 2019, pág. 399. CC-2019-0905 21

Común encontramos que hechos similares a los de la

controversia de autos han sido evaluados bajo la teoría de

la imposibilidad fáctica. En Grill v. State, 651 A.2d 856

(Md. 1995), la acusada intentó adquirir heroína de un agente

de la policía. Este le entregó a la acusada un empaque

pequeño de plástico que contenía un polvo blanco inocuo

bajo la impresión de que era heroína. La acusada fue hallada

culpable por la tentativa de posesión de una sustancia

controlada y la Corte de Apelaciones de Maryland confirmó

la convicción. La Corte Apelativa determinó que el foro

sentenciador no erró al hallarla culpable dado que esta

tenía la intención de delinquir y realizó actos manifiestos

para efectuar esa intención, frustrándose el delito solo

por un hecho desconocido para ella: que lo que compró no

fue heroína, sino una sustancia que lo aparentaba ser. En

People v. Siu, 271 P.2d 575 (Cal. Ct. App. 1954), el acusado

también intentó adquirir heroína de un agente de la policía.

Lo que se le entregó fue polvo de talco. El acusado fue

hallado culpable por la tentativa de la posesión de una

sustancia controlada y la Corte de Apelaciones de

California confirmó la convicción. La Corte Apelativa

concluyó que la entrega de lo que el acusado pensaba que

era heroína fue un acto directo e inequívoco hacia la

comisión del delito.

Con relación a la jurisprudencia continental europea,

resaltamos que el Tribunal Supremo español ha evaluado en CC-2019-0905 22

años recientes la confluencia de suficientes elementos

objetivos y subjetivos en el actuar de acusados para

sostener sus condenas bajo la figura de la tentativa

inidónea. Véase e.g. S. de 3 de marzo de 2020, Núm. 924/2020

(“[L]a tentativa no puede fundamentarse en criterios

objetivos y subjetivos puros, sino que se impone una tesis

ecléctica. Lo esencial es que la tentativa exprese una

voluntad del autor hostil al Derecho, pero, además, en

cuanto la acción debe mostrarse como peligrosas ex ante,

cabe fundamentar la tentativa también objetivamente en la

concurrencia de un peligro, al menos abstracto para el bien

jurídico. Esta peligrosidad de la acción es el mínimo

requerido para la punibilidad de la tentativa [...]”); S.

de 22 de octubre de 2015, Núm. 4700/2015 (“Se practicaron

todos los actos que ‘objetivamente’ deberían conducir al

fin planeado. Si no llegó a materializarse el apoderamiento

de la cocaína fue debido a que la víctima [...] había dejado

la cocaína en el domicilio y no la llevaba en el interior

de la bolsa de que era portador, pero ello no priva

objetivamente de idoneidad al conjunto de la operación tal

y como estaba inicialmente planeada, siendo bien evidente

que la intervención penal se justifica plenamente porque

los autores han decidido vulnerar el bien jurídico

tutelado, a través de una acción incardinada en la órbita

del tipo y utilizando medios generalmente idóneos, aún

cuando no lo fueron en el caso concreto”). CC-2019-0905 23

Tomando en cuenta las interpretaciones que se han

desarrollado para atender las tentativas inidóneas en otras

jurisdicciones, concluimos que la mejor que se adapta a

nuestro sistema penal es la teoría civilista incorporando

el análisis de elementos objetivos y subjetivos. Según

hemos apuntado, el marco de revisión debe ajustarse al

requisito de inequivocidad estatuido en el Art. 35 del

Código Penal, supra. Así, las acciones del actor deben

apuntar por sí mismas y sin lugar a duda hacia un propósito

criminal. Siendo este requisito uno orientado al elemento

objetivo del delito, naturalmente hay una preferencia por

acoger un estándar cuyo enfoque se adhiera a la evaluación

de la conducta exteriorizada por el acusado. No obstante,

toda actuación delictiva está acompañada de “factores

subjetivos y valoraciones normativas que hacen imposible

llevar a cabo una rigurosa separación formal del tipo en

componentes objetivos y subjetivos”, pues si bien se trata

de “un examen objetivo, ya que se considerará si los actos

estaban inequívocamente dirigidos a cometer determinado

delito, existe una tendencia subjetivista a relacionar la

apariencia inequívoca del acto con la intención del autor”.

Nevares Muñiz, supra, pág. 371. Por lo cual, luego de

sopesar los posibles enfoques que pueden aplicársele al

análisis de las tentativas inidóneas o imposibles,

entendemos oportuno aplicar uno objetivo-subjetivo. CC-2019-0905 24

Partiendo de lo anterior, se interpretará que bajo la

figura de la tentativa inidónea existen acciones

inequívocamente dirigidas a cometer un delito cuando el

peligro de lesión al bien jurídico protegido fuese patente

para una persona promedio que, estando en la misma posición

del actor, pensaría que la acción ejecutada razonablemente

tenía una probabilidad real de producir el resultado

pretendido. Aplicando este análisis, cumplirán con el

requisito de inequivocidad aquellas acciones que de su faz

razonablemente constituyan para un observador objetivo

evidencia suficiente de la intención criminal del acusado,

a pesar de que fuesen inidóneas para el fin propuesto.

En la situación que el actor conociera la

imposibilidad de consumarse un delito, sus acciones no

serían punibles como tentativa. Esto porque sus actuaciones

no podrían considerarse que estaban inequívocamente

dirigidas a cometer determinado delito cuando desde el

inicio conocía que era imposible delinquir. Por otra parte,

cuando el actor desconociera la imposibilidad de la

consumación del delito, en lugar de seguir un enfoque

puramente subjetivo en el cual sería inequívoca toda acción

que llevó a cabo el acusado con la intención de cometer un

delito, se evalúa la conducta objetivamente, desde el punto

de vista de una persona promedio imparcial. Para que sea

punible bastaría con “preguntar si para cualquier persona

medianamente inteligente y juiciosa puede hablarse CC-2019-0905 25

realmente de un intento serio, de un intento que una persona

media podría realizar si quisiera pretender el resultado,

aunque pudiera fracasar”. S. Mir Puig, La Tentativa

Inidónea en el Nuevo Código Penal Español, 70 Rev. Jur. UPR

1033, 1039 (2001). De esta manera, el juzgador debe ponderar

el propósito, las circunstancias y el contexto en que actuó

el sujeto, ubicándose en su misma posición al momento de

realizar la acción. Si al concluir el ejercicio anterior se

determina que un observador imparcial pudiera

razonablemente deducir o creer que existía un peligro de

lesión al bien jurídico protegido, entonces la conducta del

actor se considerará que estaba inequívocamente dirigida a

cometer el delito intentado. Por tal motivo, esa conducta

pudiera ser punible como tentativa si están presentes los

demás elementos del tipo delictivo. En esencia, el análisis

“presupone que se juzgue el hecho desde una perspectiva ex

ante con el propósito de determinar si, antes de realizarse

la acción y tomando en consideración los datos conocidos

por el autor, existía una posibilidad no especulativa de

que se le causara daño a la víctima”. Chiesa Aponte, op.

cit., pág. 212.

Paradigmáticamente, el profesor Chiesa Aponte señala

en su tratado de Derecho Penal la situación siguiente: “Juan

compra un polvo blanco creyendo que adquiere cocaína. Sin

embargo, lo que verdaderamente le vendieron fue baking

soda. Lo acusan de tentativa de posesión de sustancias CC-2019-0905 26

controladas. […] [N]o es posible cometer el delito [de

posesión de sustancias controladas], pues la sustancia

poseída era un polvo inocuo y no droga”. Chiesa Aponte,

op. cit., pág. 211. Al aplicarle un estándar objetivo-

subjetivo a esta tentativa inidónea, el profesor concluye

que “[c]on toda probabilidad, la persona promedio

confundiría un polvo blanco como el baking soda con cocaína.

Por ende, en este caso, Juan debe ser encontrado culpable

de tentativa de posesión de sustancias controladas”. Íd.

El enfoque objetivo-subjetivo excluye la punibilidad

de los actos que de su faz parezcan incapaces de producir

el resultado deseado porque un observador imparcial no

podría razonablemente llegar a esa conclusión. Es decir, se

excluyen de punibilidad los supuestos en los cuales no haya

un mínimo de peligrosidad para el bien jurídico protegido.

De esta manera se “impide una extensión de la punibilidad

a casos que más que un peligro para el bien jurídico o un

mal ejemplo para la comunidad, mueven a risa o compasión

por el sujeto”. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal:

Parte General, 10ma ed., Valencia, Tirant lo blanch, 2019,

pág. 399. Toda tentativa en la que, de haber sido correctos

los datos que el autor tenía de la situación, habría

razonablemente producido la consumación del delito

intentado, supone un peligro al bien jurídico protegido y

debe estar sujeta a pena. CC-2019-0905 27

El enfoque de interpretación que aquí adoptamos es

cónsono con el delito de tentativa vigente en nuestro

Ordenamiento Penal y logra un balance adecuado entre las

diferentes posturas existentes para la evaluación de las

tentativas inidóneas.

D. Sobre el delito especial que se le imputó al recurrido

haber atentado, basta con mencionar que el Art. 277 del

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5370, pretende

proteger el orden y la seguridad en las instituciones

penales. En lo concerniente, la disposición legal establece

que:

Toda persona que introduzca, venda o ayude a vender, o tenga en su poder con el propósito de introducir o vender drogas narcóticas, estupefacientes o cualquier sustancia controlada o armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas o embriagantes, explosivos, proyectiles, teléfonos celulares, u otros medios de comunicación portátil o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, a un confinado, a sabiendas de que es un confinado, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. . . . . . . . .

(Énfasis suplido). Íd.

Expuesto el derecho aplicable a la controversia de

autos, procedemos a resolver.

III

Nos corresponde adjudicar si incidió el Tribunal de

Apelaciones al concluir que no podía encontrársele culpable CC-2019-0905 28

al recurrido por infracción al delito estatuido en el Art.

277 del Código Penal, supra, en la modalidad de tentativa.

El tribunal revisor determinó que, como el objeto que tenía

el acusado en su posesión era harina de trigo, estaba

ausente el elemento del delito especial exigente de que el

objeto sea una sustancia controlada u otro objeto que

pudiera afectar el orden o la seguridad de la prisión.

Infirió que el recurrido no podía ser hallado culpable por

el delito especial ni por su tentativa ya que no estaban

presentes desde un inicio la totalidad de los elementos del

delito especial. Por esta razón, resolvió que castigar al

recurrido por la tentativa de infringir el Art. 277 del

Código Penal, supra, implicaría penalizar al recurrido por

una conducta no provista mediante estatuto penal, lo que

sería contrario al principio de legalidad.

En atención a esto, atenderemos el planteamiento

relacionado al principio de legalidad, integrando a nuestra

discusión el estándar expuesto para examinar las tentativas

inidóneas. En primer lugar, nos enfocamos en la evaluación

de si el delito de la tentativa según le fue aplicado al

recurrido por el tribunal sentenciador es una

interpretación analógica impermisible porque el recurrido

lo que poseía era harina de trigo y no cocaína. Luego,

consideramos si están presentes los elementos constitutivos

del delito de la tentativa, de manera que deba reinstalarse CC-2019-0905 29

el dictamen del Tribunal de Primera Instancia hallando

culpable al recurrido.

Como punto de partida recalcamos que, de conformidad

con el principio de legalidad, es necesario que el resultado

deseado o previsto por el acusado constituya un delito. En

este caso, la disposición legal que contiene el resultado

previsto por el recurrido al realizar los hechos objeto de

examen es el Art. 277 del Código Penal, supra. Este Artículo

le brinda aviso suficiente a la ciudadanía de la

consecuencia penal que tiene la conducta de introducir

sustancias controladas a una institución penal. Por otra

parte, el Ordenamiento Penal provee aviso a la ciudadanía

sobre el delito de la tentativa en el Art. 35 del Código

Penal, supra. La definición del delito de tentativa ahí

expresado no implica una falta de advertencia sobre la

conducta sujeta a castigo. Partiendo de la premisa que los

delitos particulares que los acusados están tratando de

cometer no son imprecisos, el Art. 35 del Código Penal,

informa al público en general que también es conducta

castigable realizar actos inmediatos e inequívocos en

esfuerzo por cometer esos delitos particulares que no

terminan cometiéndose por causas ajenas a su voluntad.

Puede valorarse entonces que el recurrido tenía aviso

suficiente en cuanto a que estaba prohibido introducir

sustancias controladas a una institución penal con el fin

de entregárselas a un confinado. Así también, tenía aviso CC-2019-0905 30

suficiente en cuanto a que las actuaciones dirigidas a

cometer el anterior delito que no lograran concretarse por

razones ajenas a su voluntad eran punibles como tentativa.

Dirigimos ahora la discusión a si el delito de la

tentativa según le fue aplicado al recurrido implica que se

le impuso una pena por analogía violatoria del principio de

legalidad. La decisión del foro a quo descansa

completamente en el hecho de que el paquete entregado al

recurrido y el cual este ingresó a la prisión contenía

harina de trigo y no cocaína. Como ningún narcótico estuvo

involucrado, concluyó que no se estableció el cuerpo

delictivo del delito por el cual fue condenado el recurrido.

Sin embargo, según reseñamos, para que un delito sea punible

en la modalidad de tentativa, incluso cuando se trate de un

delito imposible, los elementos que deben concurrir son los

que aparecen en el Art. 35 del Código Penal, supra. Esto

es, que el acusado: (1) actúe con el propósito de producir

o con conocimiento de que su conducta producirá un delito;

(2) realice acciones inequívoca e inmediatamente dirigidas

a la consumación de un delito, y (3) no se consuma el delito

por circunstancias ajenas a su voluntad. Desde luego, la

mera intención de cometer un delito en sí no es suficiente

para incurrir en una tentativa. Pero si una persona formula

la intención y luego realiza actuaciones que en el curso

ordinario de las cosas resultarían en la comisión de un

delito, la tentativa de cometer ese delito se concreta. CC-2019-0905 31

A falta de algún elemento del delito intentado por

razón de que la tentativa es inidónea, los tribunales

debemos determinar, inter alia, si los actos realizados por

el acusado constituyen “acciones inequívocas”, de manera

que incluso con esa ausencia sea posible penalizar conducta

manifiestamente criminal. En el contexto de las tentativas

inidóneas, existen acciones inequívocamente dirigidas a

cometer un delito cuando una persona común y corriente,

bajo las mismas circunstancias que el actor, entendería que

realizar tales acciones sería adecuado para lograr el

resultado delictivo pretendido. El estándar que explicamos

sobre lo que constituyen acciones inequívocamente dirigidas

a la comisión de un delito en el contexto de la punibilidad

de las tentativas, está comprendido dentro de la

descripción literal del texto legal del Art. 35 del Código

Penal, supra. Por tanto, esta apreciación del texto legal

no puede catalogarse como una analogía ya que la palabra

“inequívoca” aparece en el texto del delito y meramente se

está interpretando. En tal sentido, no se estaría

violentando el principio de legalidad si se le encuentra

culpable al recurrido por el delito de tentativa a pesar de

que el objeto que poseía era harina de trigo, siempre que

se cumplan con todos los elementos del tipo delictivo según

se delinean en el referido Artículo. Pasemos entonces a

evaluar si bajo el cuadro fáctico de la presente

controversia están presentes estos elementos constitutivos. CC-2019-0905 32

En primer lugar, atendemos si están presentes los

elementos objetivos del delito. Por un lado, las acciones

llevadas a cabo por el recurrido fueron inequívocas porque,

sin lugar a duda, apuntan o denotan la comisión de un

delito. Una persona promedio confundiría un polvo blanco,

como lo es la harina de trigo, con cocaína, y más si

consideramos que el paquete fue elaborado por una experta

acostumbrada a confeccionar cocaína simulada. Conforme a

los estándares probatorios, la característica inequívoca de

la acción pueda ser deducida mediante prueba admisible. En

el presente caso, del expediente surge amplia evidencia

para respaldar la conclusión del foro primario de que el

recurrido estaba intentando cometer el delito de posesión

e introducción de objetos a un establecimiento penal. Hay

varios hechos objetivos que corroboran inequívocamente la

intención delictiva. Por un lado, el recurrido fue el

primero en comunicarse con el confinado en busca de un

“trabajo” para obtener dinero. Se reunió con el agente

encubierto después de que el confinado le dijera la hora,

la fecha y el lugar para hacerlo. Aceptó dinero como

compensación por realizar el plan trazado. Entró el paquete

que le entregaron a la prisión clandestinamente. Se reunió

con el confinado para la entrega del paquete. No hay

ambivalencia en los actos; no tienen sentido en otro

contexto que no sea que el recurrido intentó cometer el

delito de posesión e introducción de objetos a un CC-2019-0905 33

establecimiento penal. Por otro lado, las acciones

realizadas por el recurrido también fueron inmediatas

porque el recurrido accedió al plan que le presentó el

confinado, se reunió con quien creía era primo del

confinado, tomó el empaque que este le entregó, introdujo

el empaque a la Institución Penitenciaria, contactó al

confinado para entregárselo y finalmente se lo entregó. Es

decir, según el plan delictivo del autor, se llegó hasta la

última fase para la consumación del delito intentado.

En segundo lugar, atendemos si está presente el

elemento subjetivo exigido por la tentativa. En el delito

penal, se contempla como un elemento de “circunstancia” que

el bien sea una sustancia controlada. En este caso, el

recurrido entendía que estaba presente una circunstancia

relacionada al objeto delictivo que en realidad no estaba

presente; que el empaque contenía cocaína. Durante el

operativo policial, este estuvo en comunicación con el

confinado y el agente encubierto para coordinar la entrega

de la supuesta cocaína. Es decir, la prueba demuestra que

el recurrido entendía que lo que se le entregó fue una

sustancia controlada.15 En consecuencia, el recurrido actuó

a propósito sobre ese elemento porque creía que la

15El agente encubierto narró que al comunicarse con el recurrido le indicó que le iba a entregar lo siguiente: “‘Lo mismo de la otra vez’, refiriéndome al 31 de perico, o sea, no utilicé la palabra ‘cocaína’ y ‘perico’, pero ‘lo mismo de la otra vez’". Petición de Certiorari, Apéndice, pág. 185. CC-2019-0905 34

circunstancia existía. A su vez, el delito especial

contempla como un elemento de “resultado” el que se

introduzca el objeto en una institución penal. En el caso

de autos, el recurrido introdujo el objeto dentro del Centro

Médico Correccional de Bayamón y se lo entregó al confinado

a sabiendas de que era un confinado. Por ello, actuó a

propósito porque su objetivo consciente era la producción

del resultado de introducir una sustancia controlada dentro

de la cárcel.

En tercer lugar, atendemos el elemento encaminado a

establecer que la violación del delito atentado no fue

consumada por circunstancias ajenas a la voluntad del

acusado. En el caso ante nos, el hecho de que el objeto se

trataba de harina de trigo en vez de una sustancia

controlada se debió a que el agente encubierto no le proveyó

la droga esperada al recurrido. Es decir, la razón por la

cual el objeto no era cocaína se debió a una causa externa

a la voluntad del recurrido. Sin lugar a duda, el delito no

se consumó totalmente por hechos ajenos y desconocidos por

este.

Concluimos que se cumplen todos los elementos del

delito de tentativa. El recurrido actuó con el propósito de

producir el delito tipificado en el Art. 277 del Código

Penal, supra, y realizó acciones inequívoca e

inmediatamente dirigidas a la consumación del delito, el

cual no se consumó por circunstancias ajenas a su voluntad. CC-2019-0905 35

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez concurren sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo