El Pueblo v. Jorge Moreu
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Luis Jorge Moreu
Peticionario 2019 TSPR 23
v. 201 DPR ____
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari
Recurrido
Número del Caso: CC-2018-945
Fecha: 4 de febrero de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Panel IV
Sociedad para Asistencia Legal:
Lcda. Eileen N. Díaz Ortiz
Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Voto particular disidente y Resolución nunc pro tunc
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v.
El Pueblo de Puerto Rico CC-2018-945 Certiorari
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2019.
A la petición de certiorari y la Moción para Informar Traslado del Peticionario a Institución Adecuada, no ha lugar a ambas.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto particular de conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez expedirían. Además, el Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
v. CC-2018-0945
José Luis Jorge Moreu
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2019.
Este recurso es académico y este Tribunal no
puede atender controversias que no son
justiciables.
Parece increíble que tenga que insistir en un
punto tan básico de Derecho pero es importante
dejar el récord claro. El principio de
justiciabilidad es indispensable para que un
tribunal pueda atender una controversia y dispensar
justicia. Como parte de ese principio, antes de
evaluar los méritos de un caso, los tribunales
tenemos la obligación de cerciorarnos de que
tenemos un caso y una controversia viva ante nos.
E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Los tribunales CC-2018-0945 2
no somos un cuerpo deliberativo en asuntos de política
pública como lo es la Asamblea Legislativa, y mucho menos
una revista jurídica o una sociedad de debates legales,
que atienden lo que quieran y discuten controversias
legales en el éter de lo abstracto. La legitimidad de
nuestras intervenciones y, por ende, nuestra credibilidad
ante el público dependen de que intervengamos con
controversias existentes y no con las que ya dejaron de
tener vida legal. También depende de la autodisciplina que
nos impone la toga para resistir el impulso de opinar
sobre lo que ya no está planteado en un caso que se volvió
académico. No somos árbitros encargados de resolver todos
los males de la sociedad sino de los casos vivos que
llegan ante nos.
Nuestra jurisdicción para atender esas controversias
está delimitada por la aplicación de diversas doctrinas
que conforman el principio jurídico constitucional de la
justiciabilidad. Una de esas doctrinas es la de
academicidad (mootness). Un caso se torna académico cuando
los acontecimientos hacen que dejemos de estar ante una
controversia viva y presente. Lozada Sánchez et al. v.
JCA, 184 DPR 898 (2012); Emp. Pur. Des., Inc. v.
H.I.E.Tel., 150 DPR 924, 936 (2000). Si la controversia
pierde vigencia por cambios fácticos o jurídicos durante
su trámite, y propicia un contexto en el que en lugar de
dar un remedio que cambie la situación del litigante, el
tribunal solo emitiría una opinión consultiva, el tribunal CC-2018-0945 3
tiene que abstenerse de resolver los méritos de la
controversia. Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000).
“De esta manera, se evita utilizar inadecuadamente los
recursos judiciales y establecer precedentes
innecesarios”. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268,
283 (2014). Véase, además, Torres Santiago v. Depto.
Justicia, 181 DPR 969 (2011).
Claro está, la doctrina de academicidad tiene
excepciones, pero estas deben invocarse “con mesura”.
S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133,
151 (2011). Una de ellas es cuando estamos ante una
controversia que se repite, pero para que el tribunal
pueda intervenir se requiere que el asunto escape su
jurisdicción. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70 (2005).
Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991). No
es que escape llegar al Tribunal Supremo, sino que las
circunstancias frustren que la parte pueda obtener un
remedio en algún tribunal, a pesar de la conducta ilegal
de la otra parte. De hecho, nuestro sistema no está
diseñado para que el Tribunal Supremo tenga que intervenir
en toda controversia sino, por el contrario, para que las
partes afectadas obtengan un remedio rápido, económico y
eficaz, lo que implica que no tengan que agotar el tiempo
y sus recursos para que sea el Tribunal Supremo quien les
auxilie. Hay otros tribunales que tienen la obligación de
hacer ese trabajo también, en una instancia más temprana. CC-2018-0945 4
La academicidad no es una mera inconveniencia técnica
que se obvia invocando el “interés público”. Si así fuera,
poco valor tendría el principio de justiciabilidad, pues
ese es el tipo de casos que usualmente llega a este
Tribunal. Nunca hemos reconocido semejante excepción, y
cuando se ha mencionado el interés público ha sido para
justificar que el Tribunal se exprese en una controversia
que está viva y no se ha tornado académica, que requiere
“dilucidar derechos constitucionales de la más alta
jerarquía”, no para darle justiciabilidad artificial al
caso. E.g., Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177
DPR 893, 909 (2010) (El recurso no era académico porque
persistían “importantes efectos colaterales”. Íd., pág.
908.) Del mismo modo, véanse Bhatia Gautier v. Gobernador,
199 DPR 59, 73-75 (2017); U.P.R. v. Laborde Torres y otros
I, 180 DPR 253, 281 (2010); Pueblo v. Pagán Medina, 177
DPR 842 (2010) (Resolución); Asoc. de Periodistas v.
González, supra; Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel.,
supra; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715
(1980).
Finally, a public interest exception catapults a court out of its role as arbiter of disputes and into the role of legislator of social or political policy. Without contested disputes as their starting point, courts could freely adjudicate a wide range of hypothetical or abstract questions. At its irreducible minimum, article HI [sic] of the Constitution still requires a federal court to resolve questions in the context of a case or controversy and not to engage in caseless judicial legislation. Certainly the demarcation CC-2018-0945 5
of what constitutes a case as opposed to a hypothetical question remains hazy, but the blithe rejection of a demarcation in matters of public importance transcends the basic function of a constitutional court. In Sosna [v. Iowa, 419 US 393 (1975)], a class action in which a named plaintiff's claim was mooted, and Sibron v.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Luis Jorge Moreu
Peticionario 2019 TSPR 23
v. 201 DPR ____
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari
Recurrido
Número del Caso: CC-2018-945
Fecha: 4 de febrero de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Panel IV
Sociedad para Asistencia Legal:
Lcda. Eileen N. Díaz Ortiz
Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Voto particular disidente y Resolución nunc pro tunc
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v.
El Pueblo de Puerto Rico CC-2018-945 Certiorari
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2019.
A la petición de certiorari y la Moción para Informar Traslado del Peticionario a Institución Adecuada, no ha lugar a ambas.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto particular de conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez expedirían. Además, el Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
v. CC-2018-0945
José Luis Jorge Moreu
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2019.
Este recurso es académico y este Tribunal no
puede atender controversias que no son
justiciables.
Parece increíble que tenga que insistir en un
punto tan básico de Derecho pero es importante
dejar el récord claro. El principio de
justiciabilidad es indispensable para que un
tribunal pueda atender una controversia y dispensar
justicia. Como parte de ese principio, antes de
evaluar los méritos de un caso, los tribunales
tenemos la obligación de cerciorarnos de que
tenemos un caso y una controversia viva ante nos.
E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Los tribunales CC-2018-0945 2
no somos un cuerpo deliberativo en asuntos de política
pública como lo es la Asamblea Legislativa, y mucho menos
una revista jurídica o una sociedad de debates legales,
que atienden lo que quieran y discuten controversias
legales en el éter de lo abstracto. La legitimidad de
nuestras intervenciones y, por ende, nuestra credibilidad
ante el público dependen de que intervengamos con
controversias existentes y no con las que ya dejaron de
tener vida legal. También depende de la autodisciplina que
nos impone la toga para resistir el impulso de opinar
sobre lo que ya no está planteado en un caso que se volvió
académico. No somos árbitros encargados de resolver todos
los males de la sociedad sino de los casos vivos que
llegan ante nos.
Nuestra jurisdicción para atender esas controversias
está delimitada por la aplicación de diversas doctrinas
que conforman el principio jurídico constitucional de la
justiciabilidad. Una de esas doctrinas es la de
academicidad (mootness). Un caso se torna académico cuando
los acontecimientos hacen que dejemos de estar ante una
controversia viva y presente. Lozada Sánchez et al. v.
JCA, 184 DPR 898 (2012); Emp. Pur. Des., Inc. v.
H.I.E.Tel., 150 DPR 924, 936 (2000). Si la controversia
pierde vigencia por cambios fácticos o jurídicos durante
su trámite, y propicia un contexto en el que en lugar de
dar un remedio que cambie la situación del litigante, el
tribunal solo emitiría una opinión consultiva, el tribunal CC-2018-0945 3
tiene que abstenerse de resolver los méritos de la
controversia. Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000).
“De esta manera, se evita utilizar inadecuadamente los
recursos judiciales y establecer precedentes
innecesarios”. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268,
283 (2014). Véase, además, Torres Santiago v. Depto.
Justicia, 181 DPR 969 (2011).
Claro está, la doctrina de academicidad tiene
excepciones, pero estas deben invocarse “con mesura”.
S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133,
151 (2011). Una de ellas es cuando estamos ante una
controversia que se repite, pero para que el tribunal
pueda intervenir se requiere que el asunto escape su
jurisdicción. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70 (2005).
Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991). No
es que escape llegar al Tribunal Supremo, sino que las
circunstancias frustren que la parte pueda obtener un
remedio en algún tribunal, a pesar de la conducta ilegal
de la otra parte. De hecho, nuestro sistema no está
diseñado para que el Tribunal Supremo tenga que intervenir
en toda controversia sino, por el contrario, para que las
partes afectadas obtengan un remedio rápido, económico y
eficaz, lo que implica que no tengan que agotar el tiempo
y sus recursos para que sea el Tribunal Supremo quien les
auxilie. Hay otros tribunales que tienen la obligación de
hacer ese trabajo también, en una instancia más temprana. CC-2018-0945 4
La academicidad no es una mera inconveniencia técnica
que se obvia invocando el “interés público”. Si así fuera,
poco valor tendría el principio de justiciabilidad, pues
ese es el tipo de casos que usualmente llega a este
Tribunal. Nunca hemos reconocido semejante excepción, y
cuando se ha mencionado el interés público ha sido para
justificar que el Tribunal se exprese en una controversia
que está viva y no se ha tornado académica, que requiere
“dilucidar derechos constitucionales de la más alta
jerarquía”, no para darle justiciabilidad artificial al
caso. E.g., Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177
DPR 893, 909 (2010) (El recurso no era académico porque
persistían “importantes efectos colaterales”. Íd., pág.
908.) Del mismo modo, véanse Bhatia Gautier v. Gobernador,
199 DPR 59, 73-75 (2017); U.P.R. v. Laborde Torres y otros
I, 180 DPR 253, 281 (2010); Pueblo v. Pagán Medina, 177
DPR 842 (2010) (Resolución); Asoc. de Periodistas v.
González, supra; Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel.,
supra; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715
(1980).
Finally, a public interest exception catapults a court out of its role as arbiter of disputes and into the role of legislator of social or political policy. Without contested disputes as their starting point, courts could freely adjudicate a wide range of hypothetical or abstract questions. At its irreducible minimum, article HI [sic] of the Constitution still requires a federal court to resolve questions in the context of a case or controversy and not to engage in caseless judicial legislation. Certainly the demarcation CC-2018-0945 5
of what constitutes a case as opposed to a hypothetical question remains hazy, but the blithe rejection of a demarcation in matters of public importance transcends the basic function of a constitutional court. In Sosna [v. Iowa, 419 US 393 (1975)], a class action in which a named plaintiff's claim was mooted, and Sibron v. New York, [392 US 40 (1968)] a criminal conviction appeal persisting after the accused had served his sentence, the Supreme Court noted that courts may not deny review to an entire class of cases. The public interest exception tends to prevent this circumstance. To a large extent, however, other measures assure review. For example, the Court allows named class members to carry on after their claim is moot, and the importance of an issue may urge the Court to accept a lesser degree of likelihood that the action will recur with a particular plaintiff, as in Storer [v. Brown, 415 US 724 (1974)] and American Party [v. White, 415 US 767 (1974)]. Even if these measures prove inadequate to provide review, if no possibility of repetition with a particular litigant exists in a nonclass action, the public interest must defer to an expression of higher public concern, the constitutional requirements of article III. D. H. Donaldson, Jr., A Search for Principles of Mootness in the Federal Courts, 54 Tex. L. Rev. 1289, 1299 (1976) (énfasis suplido; escolios omitidos).
En este caso, este Tribunal no tiene ningún remedio
que ofrecerle al imputado y peticionario, señor Jorge
Moreu. Ya él prevaleció y obtuvo lo que reclamó. Tampoco
estamos ante una controversia constitucional que escape la
intervención judicial. Es altamente probable que, si
existen los 87 casos similares que menciona el
peticionario en su solicitud de certiorari, estos terminen
en un tribunal, a menos que el Estado reconozca su error y
corrija la situación que supuestamente enfrentan esos 87
imputados. La justicia no se frustraría. CC-2018-0945 6
Por todo lo anterior, es innecesaria nuestra
intervención. Más aun, es improcedente. E.g., Asoc.
Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 936 (2011).
Perdimos nuestra autoridad para intervenir en este asunto
cuando se tornó académico y, como consecuencia, dejó de
ser justiciable. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969,
974 (2010); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562. Si los
tribunales inferiores se equivocaron o no, si la situación
que enfrentó una vez el peticionario fue detestable o en
violación de sus derechos civiles, si lo sucedido compara
o no con otras situaciones que afectan a los confinados,
es un asunto muy interesante para explorarlo a fondo en un
libro o en una revista de Derecho, pero no se puede hacer
en un dictamen judicial de un caso que jurídicamente
murió, para beneficio del peticionario. Nuestras palabras
se publican en los tomos titulados “Decisiones de Puerto
Rico” y no en una inexistente “Revista Jurídica del
Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
Por último, es norma reiterada que “[e]n ausencia de circunstancias que ameriten la intervención judicial, no estamos en posición de emitir directrices con el propósito de guiar al Ejecutivo y al Legislativo en la encomienda que los electores le han delegado…. Todas estas consideraciones ameritan nuestra prudencia y abstención en estas circunstancias no aptas para la intervención judicial”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 939, citando Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 162 (2006).
En fin, perdimos autoridad para intervenir en este
caso. No podemos seguir cargándolo como los personajes de CC-2018-0945 7
la película “Weekend at Bernie’s” (1989) arrastraban en
público el cadáver de su jefe.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
v. CC-2018-0945 Certiorari
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.
San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero 2019.
No puedo permanecer silente y validar el peligroso
patrón de que las personas declaradas incapaces
mentalmente para ser enjuiciadas sean privadas de su
libertad indefinidamente. Esto, bajo el pretexto de que,
mientras las únicas dos instituciones públicas de salud
mental no puedan admitirlas, el Estado no tiene remedio
alguno más que encarcelarlas por términos tan extensos
como de 688 días. De esta manera, protecciones
constitucionales de alta jerarquía, como el derecho a la
libertad, la presunción de inocencia, el derecho a la
salud y el debido proceso de ley, se desvanecen frente a
esta práctica. Asimismo, se deja desprovista de remedio
alguno a una población tan vulnerable como lo son las CC-2018-0945 2
personas con enfermedades mentales, a las que ni siquiera
se les ha adjudicado la comisión de un delito. Ante una
práctica tan atroz que evidentemente lesiona derechos
constitucionales y humanos fundamentales, hubiese expedido
el recurso ante nuestra consideración. El sentido más
básico de la justicia así lo exige.
Procedamos a examinar el trasfondo fáctico y procesal
de la controversia de epígrafe.
I
El 7 de noviembre de 2016, el Tribunal de Primera
Instancia halló causa probable para el arresto del Sr.
José Luis Jorge Moreu (señor Jorge Moreu o peticionario)
por alegadas infracciones al Artículo 127-A del Código
Penal de Puerto Rico de 2012 (maltrato a personas mayores
de edad), 33 LPRA sec. 5186a, y al Artículo 5.05 de la Ley
de Armas de Puerto Rico (portación y uso de armas
blancas), 25 LPRA sec. 458d. A raíz de ello, el foro
primario fijó una fianza de $5,000. Debido a que el
peticionario no pudo prestar dicha cantidad, fue
encarcelado preventivamente.
Una vez en vista preliminar, se determinó causa
probable para acusar al señor Jorge Moreu por dos cargos
en violación al Artículo 127-A del Código Penal de Puerto
Rico de 2012, más no se encontró causa probable por el
Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico. En esa
ocasión, la Jueza del Tribunal de Primera Instancia hizo
constar que “[s]e persigue restricción terapéutica o
tratamiento para imputado si cualifica”.1 Añadió que los
1ResoluciónVista Preliminar, Regla 23, Apéndice del certiorari, pág. 5. CC-2018-0945 3
padres del peticionario, quienes figuraban como los
testigos del caso, brindaron su anuencia a tal
tratamiento.
Cónsono con las preocupaciones de la Jueza del foro
primario sobre la condición mental del señor Jorge Moreu,
su representante legal solicitó una vista para determinar
la procesabilidad del peticionario conforme a la Regla 240
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. El 22 de
diciembre de 2016, el foro primario acogió la solicitud
del peticionario. En consecuencia, suspendió los
procedimientos y ordenó al Departamento de Corrección y
Rehabilitación (Departamento de Corrección), so pena de
desacato, a trasladar al peticionario al Tribunal para que
la psiquiatra del Estado lo evaluara. De igual forma,
señaló una vista de procesabilidad para el 18 de enero de
2017. En la misma, testificaría la psiquiatra del Estado
en torno a su evaluación de la condición mental del
peticionario.
Sin embargo, la referida vista de procesabilidad fue
pospuesta en tres ocasiones.2 Esto, pues la psiquiatra del
Estado comparecía e indicaba que no había podido evaluar
al peticionario. En consecuencia, el señor Jorge Moreu
estuvo detenido 118 días (tres meses y veintiocho días)
mientras se tramitaba el procedimiento para determinar su
aptitud mental.
Finalmente, el 19 de abril de 2017, la psiquiatra
realizó la correspondiente evaluación. En consecuencia,
2La vista de procesabilidad fue señalada inicialmente para el 18 de enero de 2017. Luego, la misma fue pospuesta para el 15 de febrero de 2017, para el 15 de marzo de 2017 y, finalmente, para el 19 de abril de 2017. Apéndice del certiorari, págs. 13, 15, 17, 20. CC-2018-0945 4
testificó que el peticionario estaba “poco cooperador, con
agitación motora, t[enía] historial de tratamiento
ambulatorio y no pudo hablar coherentemente sobre lo que
se le acusaba, cargos y posibles consecuencias”.3 Por
tales razones, sostuvo que el señor Jorge Moreu no era
procesable, pues no estaba apto mentalmente para enfrentar
el procedimiento judicial. Por tanto, recomendó su ingreso
al Hospital Psiquiátrico Forense de la Administración de
Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA).
Ante este cuadro, el Tribunal de Primera Instancia
acogió las recomendaciones de la psiquiatra y declaró al
peticionario no procesable conforme a la Regla 240 de
Procedimiento Criminal, supra. En consecuencia, el foro
primario ordenó al Departamento de Corrección a trasladar
al peticionario al Hospital Psiquiátrico Forense. A su
vez, le ordenó a ASSMCA proveerle el tratamiento médico
correspondiente.
A pesar de dicha orden, consta en el expediente la
celebración de siete vistas en las cuales se le informó al
Tribunal que el peticionario no había sido ingresado a
hospital alguno y que continuaba en la cárcel.4 En estas
vistas, la psiquiatra del Estado informó que condujo
evaluaciones periódicas al señor Jorge Moreu, quien
consecuentemente mostró incapacidad para entender el
procedimiento criminal en su contra debido a una
deteriorada condición mental. En todas las vistas de
seguimiento, el foro primario mantuvo y recalcó la orden
de ingreso del peticionario al hospital.
3Minuta, Apéndice del certiorari, pág. 20. 4Apéndice del certiorari, págs. 22, 24, 30, 31, 38, 93-94 y 123. CC-2018-0945 5
Por su parte, la AMMSCA arguyó que la dilación en la
admisión del peticionario se debía a falta de espacio en
el hospital. Por tanto, informó que el señor Jorge Moreu
se encontraba en una lista de espera de confinados y
confinadas que, como el peticionario, habían sido
encontrados no procesables, no habían podido pagar fianza
y estaban detenidos en espera de disponibilidad en el
hospital.
Ante este patrón de incumplimiento, el foro primario
exigió tanto al Departamento de Corrección como a la
ASSMCA que, de no poder cumplir con lo exigido por el
Tribunal, tenían que notificarlo y fundamentarlo.
Asimismo, en la última vista de seguimiento, el Tribunal
de Primera Instancia emitió nuevamente una orden de
traslado. En esta ocasión, la orden fue bajo
apercibimiento de desacato.
Así las cosas, durante el transcurso de las referidas
vistas, el 20 de marzo de 2018, el señor Jorge Moreu
solicitó su excarcelación mediante un recurso de habeas
corpus. El peticionario arguyó que llevaba más de seis
meses en una institución penal, lo cual excedía el período
máximo de detención preventiva. En consecuencia, el
Tribunal de Primera Instancia señaló una vista para
discutir la solicitud del peticionario. En la misma, el
señor Jorge Moreu presentó una certificación del
Departamento de Corrección que disponía que, hasta ese
momento, el peticionario llevaba detenido un período de
513 días (un año con cinco meses y tres días).
Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el
Tribunal de Primera Instancia denegó el habeas corpus y la CC-2018-0945 6
solicitud del peticionario. Sin embargo, recalcó
nuevamente su orden a las agencias de trasladar al
peticionario y de proveerle tratamiento médico.
Insatisfecho, el señor Jorge Moreu acudió al Tribunal
de Apelaciones mediante certiorari. En ese momento, el
peticionario llevaba 584 días encarcelado (un año, siete
meses y siete días). En esencia, arguyó que su detención
indeterminada en una institución penal, a pesar de
repetidas órdenes exigiendo su traslado a una institución
médica, laceraba las garantías constitucionales del debido
proceso de ley y la presunción de inocencia. El
peticionario indicó que, luego de que se suspendió el
procedimiento judicial en su contra, el Estado estaba en
control de todas las herramientas necesarias para que
recibiera el tratamiento médico necesario, entiéndase, su
diagnóstico y su posterior traslado a un hospital. En
consecuencia, señaló que la dilación excesiva por parte
del Estado resultó en una privación injusta y arbitraria
de su libertad. Asimismo, sostuvo que dicha detención
constituía un castigo previo a ser juzgado por unas
acusaciones por las cuales se presume inocente.
Además, el señor Jorge Moreu destacó que fue
discriminado por razón de su condición económica, pues una
persona declarada no procesable que pague fianza o que sea
ingresada involuntariamente a una institución hospitalaria
al amparo de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Ley
Núm. 408-2000, 24 LPRA secs. 6152-6166g, no estaría sujeta
a estar detenido mientras espera por el tratamiento médico
correspondiente. En consecuencia, alegó que su detención CC-2018-0945 7
constituye un castigo discriminatorio que únicamente es
aplicado a las personas pobres.
De igual forma, añadió que, cobijándose en el
precedente de Pueblo v. Pagán Medina II, 178 DPR 228
(2010), el Estado le causó un grave perjuicio.5 Ello, pues
en aras de no responsabilizar al Estado por los retrasos
en las instituciones hospitalarias públicas, se obligó al
peticionario a mantenerse encarcelado indefinidamente
hasta tanto surja disponibilidad. Alegó, entonces, que el
resultado fue una situación insostenible. Particularmente,
debido a que su encarcelamiento sin acceso al tratamiento
médico adecuado deterioró su condición mental, su
capacidad de volver a ser procesable y de enfrentarse al
procedimiento criminal en su contra. De esta manera,
planteó el peticionario que sus derechos quedaron al
arbitrio del Estado.
Asimismo, manifestó que la detención indefinida del
peticionario afectaba su derecho a una representación
legal adecuada. Esto, pues el transcurso del tiempo
limitaba su posibilidad de acceder a evidencia relevante
para su defensa. Además, arguyó que se obstaculizó su
acceso a los diagnósticos necesarios para futuras defensas
de inimputabilidad o de no procesabilidad permanente.
Debido a todo lo anteriormente esbozado, el
peticionario indicó que el Estado no podía cruzarse de
brazos y detenerlo indefinidamente bajo el pretexto de que
5En este Voto particular disidente, estaremos discutiendo Pueblo v. Pagán Medina, 175 DPR 557 (2009) y su secuela en reconsideración Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010). Para evitar confusión entre ambos pronunciamientos, estaremos refiriéndonos a los mismos como Pueblo v. Pagán Medina I y Pueblo v. Pagán Medina II, respectivamente. CC-2018-0945 8
se le proveería la atención médica correspondiente sujeto
a la disponibilidad del mismo Estado. Por ello, insistió
que era responsabilidad del Estado proveerle alternativas
para que recibiera el tratamiento médico que necesitaba.
Por su parte, el Procurador General sostuvo que al
peticionario no le cobijaba la cláusula constitucional de
detención preventiva debido a que, al ser declarado no
procesable, se suspendieron tanto los procedimientos en su
contra como el término máximo de detención de seis meses.
Además, arguyó que el señor Jorge Moreu no estaba detenido
indefinidamente, pues ostentaba un turno en una lista de
espera para ser ingresado a uno de los hospitales
públicos. Asimismo, destacó que no se puede
responsabilizar al Estado por la falta de espacio en las
instituciones médicas.
Ante este cuadro, el Tribunal de Apelaciones confirmó
la denegatoria de excarcelación dictada por el Tribunal de
Primera Instancia. Sin embargo, el foro intermedio
manifestó su preocupación de que el peticionario aún no
había recibido el tratamiento que en tantas ocasiones
ordenó el Tribunal de Primera Instancia. A raíz de ello,
señaló que era responsabilidad del Estado trasladar al
peticionario “con la menor dilación posible” al hospital
correspondiente.6 De igual forma, enfatizó que el foro
inferior debió ejercer su autoridad para hacer cumplir su
orden de traslado pues “el tratamiento del peticionario
dentro de un tiempo razonable amerita ser un asunto de
alto interés público”.7 Cónsono con ello, resaltó que los
6Sentencia, Apéndice de certiorari, pág. 101. 7Íd., pág. 102. CC-2018-0945 9
confinados y confinadas no se encuentran en un vacío
jurídico, pues están protegidos por el derecho interno, el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.8
Debido a lo anterior, el peticionario presentó una
Solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones
proveyó un término a la parte recurrida para fijar su
posición. En esencia, ambas partes reiteraron los
argumentos expuestos. Luego de la comparecencia de ambas
partes, el foro intermedio denegó la reconsideración.
Por todo lo anteriormente expuesto, el señor Jorge
Moreu acudió ante nosotros mediante un recurso de
certiorari. En el mismo, el peticionario recalcó los
argumentos esbozados ante el Tribunal de Apelaciones.
Además, el señor Jorge Moreu nos solicitó que ordenáramos,
bajo apercibimiento de desacato y sanciones, su traslado y
admisión inmediata a una institución hospitalaria.
Asimismo, el peticionario propuso que, en la alternativa,
ordenáramos que se le proveyera el correspondiente
diagnóstico y tratamiento de igual calidad de
instituciones hospitalarias en la institución penal donde
estaba detenido.
El 29 de noviembre de 2018, la representación legal del
señor Jorge Moreu nos indicó que el peticionario fue
finalmente ingresado en el Hospital de Psiquiatría Forense
de Ponce. El peticionario esperó por este traslado
encarcelado en una prisión por un término de 688 días (un
año, diez meses y diecinueve días). Posteriormente, la ____________________________ 8Íd.(citando a Pueblo v. Aponte Ruperto, res. el 4 de enero de 2018, 2018 TSPR 2, pág. 12) (Estrella Martínez, J., opinión de conformidad)). CC-2018-0945 10
psiquiatra del Estado visitó al peticionario en la
institución para una evaluación de seguimiento, donde lo
encontró en deteriorada condición mental por lo que
sostuvo su no procesabilidad.
En torno a ello, la representación legal del señor
Jorge Moreu arguye que la controversia ante nuestra
consideración no se tornó académica. Esto, pues la misma
es una cuestión recurrente que ha eludido la revisión del
Tribunal Supremo. Señaló, además, que el Departamento de
Corrección certificó que actualmente hay ochenta y siete
confinados y confinadas declarados no procesables que se
encuentran detenidos en instituciones penales en espera de
un traslado a instituciones médicas.
II
Como cuestión de umbral, debemos señalar que, aunque el
señor Jorge Moreu fue ingresado finalmente a una
institución médica, luego de 688 días encarcelado, la
controversia ante nuestra consideración no se tornó
académica. Veamos.
Como corolario de la doctrina de justiciabilidad,
sabido es que los tribunales deben abstenerse de atender
controversias cuyos acontecimientos y cambios durante el
trámite judicial tornan su solución en académica o
ficticia. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR
715, 724-725 (1980). De esta manera, se evita el uso
innecesario de los recursos judiciales, se garantiza
suficiente adversidad para que haya rigurosidad en las
argumentaciones legales y se evita un precedente
redundante. Íd., en la pág. 725. CC-2018-0945 11
Ahora bien, la academicidad no limita nuestras
facultades revisoras absolutamente. Por ello, hemos
reconocido una serie de excepciones que nos permiten
considerar controversias técnicamente académicas en aras
de proteger los intereses de la justicia. Íd. Así, podemos
atender recursos que sean susceptibles de repetirse y de
evadir nuevamente revisión judicial. P.N.P. v.
Carrasquillo, 166 DPR 70, 76 (2005). Para ello, éstas
deben cumplir con tres requisitos: (1) probabilidad de que
la controversia sea recurrente; (2) identidad de las
partes involucradas en el pleito, y (3) expectativa de que
el asunto evada la revisión judicial. Íd.
El primer requisito exige que haya una probabilidad
razonable de que la controversia se repita o recurra. En
estos casos, “los tribunales deben considerar el asunto
planteado a pesar de que el mismo haya advenido
académico”. Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704,
721 (1991).
Por otro lado, el segundo elemento requiere que la
controversia recurrente acuda a los foros judiciales
mediante las mismas partes. Sin embargo, hemos dispuesto
que hay controversias excepcionales que, aunque no tienen
identidad de partes, ameritan nuestra intervención
judicial. Particularmente, podemos adentrarnos en los
méritos de casos que, aunque la recurrencia del caso pueda
ser entre partes distintas, presentan cuestiones
constitucionales de alto interés público. Lozada Tirado et
al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 909 (2010). De esta
manera, el elemento de la identidad de las partes figura
como una “excepción a la excepción” de la doctrina de la CC-2018-0945 12
academicidad. E. Rivera Ramos & J. Farinacci Fernós,
Derecho Constitucional, 80 Rev. Jur. UPR 603, 607 (2011).
A modo de ejemplo, hemos ejercido nuestra facultad
revisadora en casos relacionados con derechos
constitucionales de alta jerarquía como la libertad de
expresión, Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel, 150 DPR 924
(2000), la libertad de prensa, Asoc. de Periodistas v.
González, supra, y la igual protección de las leyes, Com.
De la Mujer v. Srio. de Justicia, supra.
Finalmente, el tercer requisito exige la probabilidad
de que el pleito evada adjudicación o revisión judicial.
Frecuentemente, las controversias que evaden la revisión
judicial son aquellas de corta duración. Asoc. de
Periodistas v. González, supra, pág. 721. No obstante,
hemos dispuesto que pueden “haber otras razones además de
la brevedad cronológica que ocasionen que una controversia
sea capaz de eludir la revisión judicial”. Íd.
Precisamente, la controversia ante nuestra
consideración cumple con los tres elementos necesarios
para adjudicar el caso en sus méritos. Para el 1 de
noviembre de 2018, habían 87 confinados y confinadas en
las mismas condiciones que sufrió el señor Jorge Moreu, a
saber, encarcelados por términos indefinidos condicionados
a la disponibilidad de los hospitales públicos. Como
agravante, son personas que padecen de enfermedades
mentales. Por tanto, la controversia no solo es
recurrente, sino que actualmente está vigente y palpable
en nuestras prisiones.
Ahora bien, a pesar de que la controversia es
susceptible de repetirse, las partes variarían debido a CC-2018-0945 13
que el señor Jorge Moreu ya fue trasladado a una
institución médica. Sin embargo, como esbozaremos más
adelante, esta práctica sostenida por el Estado de
mantener encarceladas indefinidamente a personas
declaradas incapacitadas mentalmente lacera derechos
constitucionales de gran envergadura en nuestro
ordenamiento, como lo son el derecho a la libertad, la
presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de
ley. En consecuencia, al infligir directamente en estos
principios constitucionales de alta jerarquía, ostentamos
la legitimación para resolver la controversia y para
denunciar los actos reprochables del Estado.
Finalmente, existe una probabilidad acertada de que el
caso escaparía la revisión judicial nuevamente. Por tanto,
el calvario procesal que enfrentó el peticionario; los
obstáculos para reclamar sus derechos; la incapacidad del
Estado para proveer un tratamiento óptimo, adecuado,
completo y oportuno, y las trabas argüidas por los foros
inferiores evidencian la urgente necesidad de que este
Tribunal ejerza su rol de pautar. En consecuencia, era
imperante que este Tribunal expidiera el recurso del
peticionario y lo resolviera en sus méritos. Desde el
disenso, procedo a exponer los fundamentos jurídicos que
sustentan mi criterio.
III
A.
Sabido es que una de las garantías de mayor
envergadura en nuestro ordenamiento es el debido proceso
de ley. La Constitución de Puerto Rico consagra este
derecho al proveer que “[n]inguna persona será privada de CC-2018-0945 14
su libertad . . . sin el debido proceso de ley”. Art. II,
Sec. 7, Const. PR, LPRA Tomo 1. La Constitución de los
Estados Unidos exige igual protección a sus ciudadanos y
ciudadanas. Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. La
doctrina del debido proceso de ley exige que la
interferencia del Estado en el derecho a la libertad de
las personas se haga mediante un procedimiento justo e
imparcial. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR
265, 274 (1987). Asimismo, su propósito es “prote[ger] a
las personas del poder abusivo por parte del Estado y . .
. gener[ar] una atmósfera de justicia imparcial”. D.
Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal
Puertorriqueño, 10ma ed., Puerto Rico, Instituto para el
Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 258.
El debido proceso de ley es una de las garantías más
amplias en el contexto penal. E. L. Chiesa Aponte,
Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa
investigativa, Puerto Rico, Ediciones Situm, 2018, pág.
17. Esto, pues aplica en todas las etapas criminales,
desde tan temprano como el procedimiento de investigación.
Íd. En ese sentido, el debido proceso de ley protege a las
personas de actos del Estado que estremezcan la conciencia
(shock the conscience). Íd., pág. 19. En consecuencia, el
Estado está impedido de actuar de forma fundamentalmente
injusta (fundamentally unfair) en contra de una persona en
un procedimiento criminal. Íd., págs. 19-20.
Es menester destacar que las limitaciones del debido
proceso de ley aplican particularmente al Estado. R. E.
Ortega-Vélez, Doctrinas jurídicas del Tribunal Supremo,
Puerto Rico, Publicaciones JTS, 2008, Tomo I, pág. 436. En CC-2018-0945 15
ese sentido, cuando una persona invoca la garantía del
debido proceso, “los tribunales deben interpretar los
derechos constitucionales de forma amplia a favor de la
protección del individuo frente al poder del Estado. Por
el contrario, cuando se propone una interpretación que
limitaría las libertades personales y ampliaría el poder
del Estado, la interpretación debe ser extremadamente
rigurosa”. Pueblo v. Pagán Medina II, supra, pág. 252
(Fiol Matta, J., opinión disidente).
Ahora bien, en virtud del debido proceso de ley, el
Estado está impedido de ejercitar una acción penal en
contra de una persona incapaz mentalmente de entender el
procedimiento criminal al que se enfrenta. Medina v.
California, 505 US 437, 453 (1992) (“the criminal trial of
an incompetent defendant violates due process”); Ruiz v.
Alcaide, 155 DPR 492, 501 (2001); E. L. Chiesa Aponte,
Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 252. Debido a lo
anterior, es norma cardinal de nuestro ordenamiento que
“[n]inguna persona será juzgada, convicta o sentenciada
por un delito mientras esté mentalmente incapacitada”. 34
LPRA Ap. II, R. 239. El propósito de este principio es
“[e]vitar la injusticia de requerirle a un peticionario
que enfrente un proceso criminal cuando éste no está
mentalmente capacitado para ayudar en su defensa, lo cual
podría culminar en una convicción errónea”. Ruiz v.
Alcaide, supra, pág. 501. De esta forma, “se promueve la
confianza de la ciudadanía en el sistema judicial
criminal, conservando su dignidad e integridad”. Íd.,
págs. 501-502. CC-2018-0945 16
En consecuencia, es requisito indispensable para un
procesamiento y enjuiciamiento criminal que la persona
acusada sea procesable. El criterio de la procesabilidad
se refiere a la capacidad mental de una persona para
entender el procedimiento criminal en su contra y para
poder ser partícipe activo de su defensa junto a su
representación legal. Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 499.
Debido a lo anterior, la Regla 240 de Procedimiento
Criminal, supra, codifica el procedimiento a seguir cuando
el tribunal entiende que la persona acusada no es
procesable por estar mentalmente incapacitada. En estos
casos, el tribunal deberá determinar si una preponderancia
de la prueba demuestra que el acusado o acusada está
mentalmente incapacitada.9 Si es así, el tribunal
suspenderá los procedimientos y señalará una vista en la
cual se presentará evidencia pericial en torno al estado
mental de la persona acusada. Ante este cuadro, si el
tribunal concluye que no es procesable porque no ostenta
la capacidad mental necesaria para ello, los
procedimientos continuarán suspendidos y el tribunal podrá
ordenar su reclusión en una “institución adecuada” para el
correspondiente tratamiento médico. (Énfasis suplido). Íd.
Es menester destacar que, “la determinación de
incompetencia para ser juzgado afecta numéricamente a más
peticionarios en comparación con el uso de éstos en la
9Originalmente, la Regla 240 de Procedimiento Criminal y su jurisprudencia interpretativa disponían que el tribunal tenía la facultad de suspender los procedimientos si existía base razonable para concluir que la persona acusada estaba incapacitada mentalmente. Sin embargo, la Ley Núm. 281-2011 enmendó la Regla 240 de Procedimiento Criminal y dispuso que la determinación inicial del Juez se debe sustentar en preponderancia de la prueba. CC-2018-0945 17
defensa afirmativa de insanidad mental”. El incapacitado
mental en el proceso criminal, Conferencia Judicial de
Puerto Rico, noviembre 1983, pág. 68. Es decir, son
numerosas las personas acusadas que, debido a su condición
mental, son declarados no procesables.
Ante este cuadro, examinemos el alcance de la Regla 240
de Procedimiento Criminal, supra, según delineado por este
Tribunal. Veamos.
En Ruiz v. Alcaide, supra, atendimos el caso del Sr.
Ramón Ruiz Ramos (señor Ruiz Ramos), quien fue encontrado
no procesable y, en consecuencia, internado en el Hospital
de Psiquiatría Forense. A raíz de ello, el señor Ruiz
estuvo más de seis meses encarcelado en la prisión y
posteriormente internado en el hospital. En consecuencia,
el señor Ruiz Ramos alegó que debía ser liberado de la
institución médica debido a que su reclusión constituía
una violación al término máximo de detención preventiva de
seis meses.
Ante ello, este Tribunal resolvió que, una vez una
persona es declarada no procesable y es trasladada a una
institución de salud mental, el tiempo que pasa internada
recibiendo tratamiento médico no se considera una
detención preventiva. Ello, pues la detención preventiva
es aquel período mediante el cual se encarcela a una
persona acusada que no paga fianza con el fin de
garantizar su comparecencia a procedimientos ulteriores.
Por tanto, se dictaminó que la persona declarada no
procesable no es internada en un hospital para garantizar
su comparecencia al juicio ni a etapas posteriores del
procesamiento criminal, sino para proveerle el tratamiento CC-2018-0945 18
médico apropiado y necesario para su condición. En
consecuencia, la persona no procesable recluida en una
institución médica no puede hacer un reclamo de
excarcelación al amparo de la protección constitucional de
detención preventiva.
Ahora bien, en Ruiz v. Alcaide resolvimos que, una
vez una persona es encontrada no procesable, esta sólo
puede estar recluida en una institución médica por un
tiempo razonable. Esto, pues “consideraciones del debido
proceso de ley y de igual protección de las leyes impiden
que el Estado recluya indefinidamente a un imputado
hallado judicialmente no procesable”. Íd., pág. 507. Dicha
determinación es cónsona con pronunciamientos de la Corte
Suprema de los Estados Unidos. Véase, Jackson v. Indiana,
406 US 715, 738 (1972).
Debido a lo anterior, la razonabilidad del término
que una persona puede estar internada debido a su no
procesabilidad dependerá de la probabilidad de que advenga
capaz mentalmente para enfrentar el procedimiento
criminal. Si, por el contrario, la persona se mantiene en
un estado de no procesabilidad permanentemente, el Estado
tiene la obligación de liberarla. Como único el Estado
estaría justificado de mantenerla en su custodia, sería si
la persona cumple con los rigurosos requisitos para una
internación civil involuntaria. Para ello, debe
representar un peligro o riesgo inmediato de infligir daño
a sí mismo o a aquellos en su alrededor. Véase, Ley de
Salud Mental de Puerto Rico, supra, 24 LPRA sec. 6153b. Si
no están presentes esas circunstancias graves, “[e]l
Estado no tiene un interés en internar involuntariamente a CC-2018-0945 19
personas que realmente no constituyen un peligro o
representen un riesgo inminente de causar daño por razón
de trastorno mental”. Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 508.
Debido a que una persona no procesable no necesariamente
cumplirá con los requisitos necesarios para ser internado
involuntariamente por la vía civil, el Estado no podrá
continuar deteniendo al no procesable indefinidamente.
Por último, en Ruiz v. Alcaide, resaltamos el hecho
de que una persona no procesable internada en un hospital
podría enfrentarse a un juicio varios años después de la
comisión de un delito, lo cual tendría efectos adversos en
su futura defensa. Específicamente, entendimos que
“[e]ntre los varios aspectos que podrían afectarse están
comprendidos la búsqueda de evidencia, localización y
entrevista de testigos, entre otros; criterios
holgadamente relevantes para la defensa del imputado”.
Íd., pág. 506.
De otra parte, en Pueblo v. Pagán Medina I, 175 DPR
557 (2009), atendimos el reclamo del Señor Benjamín Pagán
Medina (señor Pagán Medina), quien fue acusado y detenido
preventivamente debido a que no tuvo los recursos
económicos para pagar la correspondiente fianza. Mientras
estaba encarcelado, la representación legal del señor
Pagán Medina alegó que el peticionario no estaba
procesable, por lo que solicitó su evaluación en virtud de
la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra. Así las
cosas, comenzó a dilucidarse el correspondiente
procedimiento, el cual demoró cien días. En consecuencia,
el peticionario estuvo más de tres meses encarcelado CC-2018-0945 20
mientras se tramitó la petición de la defensa y finalmente
se resolvió que no estaba procesable.
Posteriormente, el foro primario determinó que el
señor Pagán Medina había advenido capaz de enfrentar el
procedimiento criminal en su contra, por lo que fue dado
de alta del hospital y nuevamente encarcelado en la
institución penal. Íd. A raíz de ello, el señor Pagán
Medina presentó una petición de habeas corpus en la que
solicitó ser excarcelado por estar detenido
preventivamente en exceso del término máximo
constitucional de seis meses. Íd., pág. 563. Por su parte,
el Procurador General arguyó que el cómputo de los seis
meses de detención preventiva se debía detener desde que
el tribunal tuvo base razonable para concluir que la
persona acusada estaba incapacitada mentalmente. Íd., pág.
564. En consecuencia, sostuvo que los tres meses que el
señor Pagán Medina estuvo encarcelado mientras se evaluaba
su condición mental no constituía una detención preventiva
y, por ende, no procedía su excarcelación.
Ante este escenario, consideramos que, mientras se
dilucida la evaluación de la procesabilidad de una persona
en virtud de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, ésta
continúa bajo la custodia del Estado y encarcelada hasta
tanto se tramite su traslado a un hospital público. A raíz
de ello, inicialmente resolvimos que el término máximo de
detención preventiva de seis meses se interrumpía
únicamente cuando la persona es, en efecto, excarcelada,
trasladada e internada en una institución médica. En
consecuencia, mientras la persona se mantenga encarcelada
durante los trámites dispuestos en la Regla 240 de CC-2018-0945 21
Procedimiento Criminal, no se suspendería el término de
Por tanto, razonamos que, aunque el Estado esté
impedido de llevar acción criminal alguna, no podíamos
obviar la realidad de que las personas no procesables
están encarceladas en una prisión mientras se dilucida el
procedimiento para determinar su procesabilidad. Debido a
lo anterior, concluimos que el derecho a la libertad
personal y su principio concomitante, la presunción de
inocencia, nos exigían resolver que el factor determinante
para la interrupción de la detención preventiva era el
momento en que la persona comenzó a recibir el tratamiento
médico necesario. Razonamos, pues, que “[d]ecidir lo
contrario dejaría al arbitrio del Estado retener al
peticionario bajo su custodia después de la orden de
reclusión, sin trasladarlo, en perjuicio de su libertad”.
(Énfasis suplido). Íd., pág. 574. Por todo lo
anteriormente expuesto, sostuvimos que “al computar el
término máximo de detención preventiva, debe excluirse,
solamente, el tiempo en que el peticionario está
efectivamente recluido en una institución adecuada para su
tratamiento, por orden del tribunal”. Íd., pág. 574.
No obstante lo anterior, en Pueblo v. Pagán Medina
II, supra, se aplicó la excepción de la doctrina de
academicidad, lo cual ahora rehúsa hacer una Mayoría de
este Tribunal, y se revocó en reconsideración a Pueblo v.
Pagán Medina I, supra. En Pueblo v. Pagán Medina II, este
Tribunal razonó que, debido a que los procedimientos
criminales se paralizan en virtud del comienzo de un
trámite conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal, CC-2018-0945 22
el Estado está impedido de proseguir la acción penal en
contra de la persona acusada. En consecuencia, pautó que,
una vez el tribunal tiene base razonable para ordenar la
evaluación de la condición mental del peticionario, se
activa una presunción de no procesabilidad que podrá ser o
no revertida en la correspondiente vista de
procesabilidad. Si se confirma la no procesabilidad y no
se revierte la presunción, la persona acusada se entenderá
no procesable desde el momento en que se paralizaron los
procedimientos en virtud de la Regla 240 de Procedimiento
Criminal.
Ahora bien, en Pueblo v. Pagán Medina II dispusimos
además que el término de tres meses por el cual estuvo
encarcelado el señor Pagán Medina en espera del
procedimiento para determinar su procesabilidad fue
irrazonable. Esto, pues reconocimos que uno de los efectos
de la no procesabilidad es que la persona acusada
permanece bajo la custodia y jurisdicción del Estado. Por
tal razón, resolvimos que es responsabilidad del foro
primario garantizar que la persona acusada sea evaluada a
la brevedad posible luego de que se determine la
existencia de base razonable de no procesabilidad. Para
ello, el tribunal debe ordenar las medidas que entienda
adecuadas, incluyendo la herramienta del desacato. De
igual forma, una vez se determine la no procesabilidad, el
tribunal deberá “tomar las previsiones para que la orden
de reclusión y traslado a la institución correspondiente
se cumpla con la menor dilación posible; nuevamente, so
pena de desacato”. CC-2018-0945 23
Finalmente, en Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781
(2015), atendimos la controversia del Sr. Edwin Méndez
Pérez (señor Méndez Pérez). Mientras el señor Méndez Pérez
estaba detenido preventivamente, su representación legal
alegó su falta de procesabilidad. Posteriormente, fue
declarado no procesable y trasladado a una institución
médica. El señor Méndez Pérez estuvo 266 días (ocho meses
y veintidós días) en espera del trámite en virtud de la
Regla 240 de Procedimiento Criminal y posteriormente
internado en el hospital. Más adelante, el peticionario
advino la capacidad mental necesaria para continuar en el
proceso penal así que fue declarado procesable y se
reanudó el procedimiento criminal en su contra.
Así las cosas, el señor Méndez Pérez llegó a un
acuerdo con el Ministerio Público, el cual fue notificado
y aceptado por el tribunal. Sin embargo, en el cómputo de
la pena correspondiente, el foro primario descontó el
período que el señor Méndez Pérez estuvo encarcelado y
procesable, más no incluyó los 266 días que el
peticionario estuvo encarcelado en espera del trámite de
la Regla 240 de Procedimiento Criminal y su posterior
reclusión en una institución médica.
Ante este escenario, resolvimos que el tiempo que el
señor Méndez Pérez estuvo internado en el hospital
psiquiátrico constituye una privación de su libertad. A
esos efectos, reconocimos una vez más que “[u]na persona
acusada no deja de estar bajo la custodia y la
jurisdicción del Estado por el hecho de no encontrarse
procesable”. Íd., pág. 792. Cónsono con ello,
identificamos que, “a pesar del tratamiento clínico, el CC-2018-0945 24
Estado continúa privando de su libertad al peticionario de
una manera coercitiva”. Íd., pág. 793. En consecuencia,
sostuvimos que el tiempo que una persona acusada no esté
procesable constituye una privación de su libertad por lo
que debe ser descontado de la pena impuesta
posteriormente.
Nótense las protecciones que nuestro ordenamiento
provee a las personas no procesables con el propósito de
garantizar que éstas reciban el tratamiento médico
adecuado. Entonces, ¿cómo dejar en el olvido al momento de
aplicar el Derecho a las personas que se encuentran por
cientos de días en una cárcel con una determinación de no
procesabilidad y sin recibir el tratamiento médico
prescrito? Sin duda alguna, este patrón institucional
contraviene los derechos humanos y constitucionales
básicos, por lo que debe estremecer nuestra conciencia.
Procedemos a examinar otras garantías y protecciones
que cobijan a las personas no procesables.
B.
Como es conocido, todos los seres humanos gozan de
una gama de derechos. Entre ellos, se encuentra el derecho
a la libertad, el cual es un derecho humano esencial que
figura como el eje central de la democracia y la justicia.
Es por ello que la Constitución “reconoce como derecho
fundamental del ser humano el derecho . . . a la
libertad”. Art. II, Sec. 7, Const. PR, supra. La
Constitución de los Estados Unidos reconoce, de la misma
forma, el derecho a la libertad. Emda. XIV, Const. EE.
UU., supra. El rol de la libertad es tan protagónico, que
“[p]uede decirse que todo el andamiaje constitucional va CC-2018-0945 25
dirigido a la defensa de la libertad del ser humano, como
valor esencial”. P. Malavet Vega, Derechos y libertades
constitucionales en Puerto Rico, Puerto Rico, Ediciones
Lorena, 2003, pág. 272. La envergadura del derecho
fundamental a la libertad es innegable. Pueblo v. Aponte
Ruperto, 199 DPR 538, 542 (2018) (Oronoz Rodríguez, J.,
opinión de conformidad). Por ello, su ejercicio y respeto
definen los contornos de una sociedad “verdaderamente
civil y democrática”. Íd., págs. 542-543.
No obstante, “[a] pesar de la enorme lucha histórica
por el derecho a la libertad, este derecho es
probablemente el más frágil de todos: se pierde con gran
facilidad”. Malavet Vega, op. cit., pág. 273. Esto, pues
“[e]ntre los derechos y libertades fundamentales del ser
humano, el que, de siempre, más ha sufrido los embates de
la actividad represiva cuando no francamente autoritaria
de los órganos del Estado, es el de la libertad personal .
. .”. Ponce Ayala, Ex Parte I, 179 DPR 18, 31 (2010) (Fiol
Matta, J., opinión disidente) (citando a J. Rodríguez y
Rodríguez, La detención preventiva y los derechos humanos
en derecho comparado, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1981, pág. 5).
A raíz de ello, nuestro ordenamiento constitucional
se ha enfocado en prevenir la privación del derecho a la
libertad mediante la garantía de un debido proceso de ley.
Malavet Vega, op. cit., pág. 273. Cónsono con ello, el
andamiaje criminal cuenta con una serie de garantías
mínimas constitucionales diseñadas para proteger a las
personas acusadas que se enfrentan, precisamente, a una
privación de su libertad mediante su encarcelamiento. En CC-2018-0945 26
ese sentido, “[l]as protecciones jurídicas que amparan a
toda persona sometida a detención por autoridades del
Estado se encuentran íntimamente vinculadas a la
protección misma de los derechos humanos y fundamentales
del individuo”. Ex Parte Ponce Ayala, supra, pág. 39
(Rodríguez Rodríguez, J., opinión disidente).
Entre estas garantías constitucionales del ámbito
penal, se encuentra el principio cardinal del derecho a la
presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. PR,
supra.
Asimismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha
reconocido el rango constitucional de la presunción de
inocencia. Véase, Estelle v. Williams, 425 U.S. 501
(1976); Coffin v. United States, 156 U.S. 432, 453 (1895).
La presunción de la inocencia de una persona que se
enfrenta a un procedimiento criminal es “piedra angular de
nuestro ordenamiento jurídico”. Ruiz v. Alcaide, supra,
pág. 524 (Hernández Denton, J., opinión disidente). Esta
protección constitucional es de alta jerarquía debido a
que “[g]arantiza la preeminencia del derecho individual a
la libertad sobre el poder acusatorio del Estado. Dicho
precepto constitucional no se limita a ser sólo una regla
de derecho probatorio, sino que es más bien una ideología
que debe empapar todo nuestro sistema de justicia
criminal”. Íd. Por tal razón, otras protecciones como el
derecho a la fianza y el derecho a no estar detenido
preventivamente por un término mayor de seis meses
surgieron en virtud de salvaguardar el “superior derecho”
de la presunción de la inocencia. Íd. (citando a Sánchez CC-2018-0945 27
v. González, 78 DPR 849, 856 (1955) (Negrón Fernández, J.,
opinión de conformidad)).
Finalmente, es menester enfatizar que, la
Constitución de Puerto Rico establece, como política
pública, que el propósito del confinamiento es la
“rehabilitación social y moral”. Art. VI, Sec. 19, Const.
ELA, supra. En consecuencia, existe un mandato
constitucional que nos exige promover la rehabilitación de
los confinados y confinadas a fines de lograr su
reinserción social. Sin embargo, “es conocido que si bien
pueden existir mandatos de política pública sustantiva en
las constituciones, es labor de los operadores jurídicos y
de los órganos jurisdiccionales el darles contenido
material”. L. A. Zambrana González, La rehabilitación de
la persona convicta como derecho humano: Su tensión con el
ordenamiento penitenciario de Puerto Rico, 87 Rev. Jur.
UPR 1117, 1133 (2018).
C.
Por último, es importante destacar que la
Constitución de Puerto Rico dispone que la dignidad del
ser humano es inviolable. Art. II, Sec. 1, Const. PR,
LPRA, supra. Asimismo, consagra el derecho humano a la
vida. Íd. Art. II, Sec. 7. En consecuencia, nuestro
ordenamiento ha reconocido que de éstos emana el derecho a
la salud. Particularmente, se ha identificado el derecho a
la salud del ser humano como un elemento fundamental para
el “disfrute cabal de sus derechos”. Ley del Derecho a la
Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 150 de 19 de agosto de
1996, 1996 LPR 643. Asimismo, el referido estatuto dispone CC-2018-0945 28
que el derecho a la salud constituye “la columna natural
que sostiene el derecho civil a la vida”. Íd.
Como es sabido, la población confinada no está exenta
de los derechos a la vida, a la dignidad y a la salud. Por
tal razón, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos,
esta población ha sido proactiva en reclamar sus derechos.
Particularmente, en el extenso pleito de Morales Feliciano
v. Romero Barceló, 497 F.Supp. 14 (D. PR 1979), confinados
de Puerto Rico presentaron una demanda de clase ante la
Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico (Corte de Distrito Federal) en contra del
Gobierno de Puerto Rico por una gama de violaciones a sus
derechos constitucionales. El mismo es importante para
esta discusión porque vislumbra el contexto de las
prisiones en Puerto Rico y la importancia de las
condiciones de salud en las mismas. Veamos.
En Morales Feliciano v. Romero Barceló, supra, los
confinados impugnaron el hacinamiento, las condiciones de
salud y la situación de las personas enfermas mentalmente.
C. E. Ramos González, El caso Morales Feliciano y el
ataque deliberado de causar sufrimiento, 37 Rev. Jur. UIPR
247, 250 (2003). Mediante el mismo, se visibilizaron las
condiciones de salud infrahumanas y extremadamente
precarias en las cuales vivían los confinados y confinadas
con enfermedades mentales. Específicamente, reveló las
condiciones en las que vivían los enfermos mentales en la
llamada “Máxima de Locos” en la Institución Regional de
Bayamón. Allí, se encontraron a los confinados enfermos en
las siguientes condiciones:
The inmates in “Máxima de Locos” are kept in cells naked, without beds, without mattresses, CC-2018-0945 29
without any private possessions, and most of them without toilets that work and without drinking water. They are being cared for by an inmate who washes them daily. There are feces all over their cells and the stench is overpowering. Only two of the 18 are receiving medication. Morales Feliciano v. Romero Barceló, supra, pág. 29.
Ante este escenario, la Corte de Distrito Federal
resolvió a favor de la clase y denunció el trato inhumano
y violatorio de los derechos constitucionales que estaba
proveyendo el Estado a su población confinada. Íd., pág.
33. Por tanto, ordenó una multitud de remedios al Estado
que, como es sabido, han sido difíciles de implementar.
Íd., págs. 39-41; Ramos González, supra, págs. 254-255.
Sin embargo, la mayoría de estas órdenes estaban dirigidas
específicamente a salvaguardar los derechos de las
personas confinadas con condiciones mentales. Morales
Feliciano v. Romero Barceló, supra, págs. 39-41.
No obstante lo anterior, el tratamiento de salud en
las prisiones de Puerto Rico continuó siendo deficiente.
Por tal razón, en el año 1998, la Corte de Distrito
Federal ordenó el establecimiento de una corporación sin
fines de lucro con la responsabilidad de proveer planes
médicos e implementar un sistema efectivo de tratamiento a
la salud mental. Morales Feliciano v. Rosselló González,
13 F.Supp. 2d 151, 212-214 (D. PR 1998).
Posteriormente, en el año 2003, la Corte de Distrito
Federal nuevamente denunció las condiciones de salud en
las prisiones. Morales Feliciano v. Calderón Serra, 300
F.Supp. 2d 321 (D. PR 2004). En esa ocasión, el
descubrimiento de prueba evidenció, entre múltiples
fallas, que la unidad médica de una de las prisiones en
Puerto Rico no había contado con los servicios de un CC-2018-0945 30
profesional psiquiátrico durante meses. Íd., pág. 331. A
raíz de ello, la Corte de Distrito Federal concluyó lo
siguiente:
[T]he only finding that the court can make is that the Correctional Health Program and the Department of Health continue to fail in the administration of increased resources and continue to violate prisoners federally protected constitutional rights. The court cannot but underline that denial of health services is massive and systematic. Íd., pág. 324.
Asimismo, determinó que el consecuente trato
deficiente que continuaba brindando el Estado se debía, en
gran parte, a la falta de cooperación entre el
Departamento de Corrección y el Departamento de Salud. Íd.
Por todo lo anteriormente esbozado, la Corte de
Distrito Federal determinó que la responsabilidad de
proveer servicios adecuados de salud en las prisiones de
Puerto Rico corresponde únicamente al Departamento de
Corrección. Íd., pág. 345. En consecuencia, el
Departamento de Corrección tiene actualmente la
responsabilidad de “establecer programas para prestar a la
población correccional servicios médico-asistenciales y
hospitalarios adecuados, dirigidos a la prevención de
enfermedades y el diagnóstico y pronto tratamiento del
paciente”. (Énfasis suplido). Plan de Reorganización del
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Ley
Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII. El
acuerdo transaccional que culminó con el pleito de Morales
Feliciano no alteró esta responsabilidad del Departamento
de Corrección. Véase, Morales Feliciano v. García Padilla,
Amended Private Settlement and Benefits Proposal, USDC
Civil No. 79-4. CC-2018-0945 31
Examinado el derecho aplicable, procedo a exponer las
razones por las que entiendo que el Estado violó los
derechos constitucionales del señor Jorge Moreu.
IV
Como expuse anteriormente, el Estado acusó al señor
Jorge Moreu por dos cargos en violación al Artículo 127-A
del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA sec.
5186a. Desde etapas tempranas del procedimiento criminal,
el Tribunal de Primera Instancia hizo constar
preocupaciones sobre el estado mental del peticionario.
Así las cosas, la representación legal del señor Jorge
Moreu arguyó que el peticionario no era procesable, por lo
que solicitó una vista a esos propósitos en virtud de la
Regla 240 de Procedimiento Criminal. Desafortunadamente,
desde ese momento comenzaron las violaciones crasas por
parte del Estado a los derechos constitucionales del señor
Jorge Moreu.
La vista señalada por el foro inferior para
determinar la procesabilidad del peticionario fue
pospuesta en tres ocasiones. Esto, debido a que la
psiquiatra del Estado no realizó la evaluación psicológica
ordenada por el tribunal. En consecuencia, el señor Jorge
Moreu estuvo privado de su libertad 118 días (tres meses y
veintiocho días) mientras se tramitaba el procedimiento
para determinar su aptitud mental.
No obstante, en Pueblo v. Pagán Medina II, resolvimos
específicamente que la detención de una persona por un
término de tres meses mientras se dilucida un
procedimiento en virtud de la Regla 240 de Procedimiento CC-2018-0945 32
Criminal es irrazonable. Íd., pág. 245. Sostuvimos esta
determinación en el hecho innegable y evidente de que,
mientras se tramita el referido procedimiento, la persona
sujeta al mismo se encuentra privada de su libertad en una
institución penal. A raíz de ello, ordenamos a los foros
inferiores a garantizar que las personas acusadas sean
evaluadas a la brevedad posible y que utilicen los
mecanismos adecuados para ello. Íd.
Debido a lo anterior, entiendo que tanto el
Departamento de Corrección como los foros inferiores
erraron al permitir estas dilaciones en detrimento de los
derechos del señor Jorge Moreu.
Ahora bien, una vez el señor Jorge Moreu fue
declarado no procesable y, por ende, incapaz mentalmente
de enfrentar el procedimiento criminal en su contra, el
foro primario ordenó su traslado al Hospital Psiquiátrico
Forense de la ASSMCA. A pesar de ello, en siete vistas de
seguimiento se le informó al Tribunal de Primera Instancia
que el peticionario continuaba detenido en la cárcel y que
su traslado no había sido tramitado. Esto, pues se alegó
que los hospitales públicos no tenían disponibilidad para
admitir al señor Jorge Moreu.
La dilación, inacción e indiferencia del Estado
redundó en la detención del señor Jorge Moreu por un
término de 688 días en una cárcel. Es decir, una persona
con una enfermedad mental fue privada de su libertad por
una duración de casi dos años en una prisión sin acceso a
tratamiento médico. Como agravante, la detención estuvo CC-2018-0945 33
totalmente condicionada al arbitrio del Estado, pues éste
es el responsable de conllevar su diagnóstico y de
ingresarlo al hospital correspondiente.
Ante este cuadro, tanto el Procurador General como
los foros inferiores alegan que el señor Jorge Moreu está
desprovisto de remedio alguno debido a que, una vez
declarado no procesable, se suspendió el procedimiento
criminal en su contra. En consecuencia, arguyen que la
interrupción del término máximo de detención preventiva
impide que el peticionario solicite su excarcelación. De
esta manera, razonan que los confinados y confinadas
declarados no procesables están despojados de remedio o
protección alguna. No les asiste la razón.
Precisamente, en Pueblo v. Pagán Medina II, supra,
determinamos que el Estado debe ser diligente y tomar las
previsiones necesarias para que la orden de reclusión de
una persona no procesable se ejecute con la menor dilación
posible. Íd., pág. 245. Esto, pues a pesar de que la
persona no procesable no está cobijada en la cláusula de
detención preventiva, ésta no se encuentra en un vacío
jurídico. Más aún, no podemos ignorar que, más allá de ese
precedente, el peticionario goza de derechos individuales
y protecciones constitucionales que estamos llamados a
interpretar ampliamente frente al poder del Estado. Por
tanto, la suspensión del término máximo de detención
preventiva de seis meses en virtud de una determinación de
no procesabilidad no puede ser un subterfugio para detener
al señor Jorge Moreu indefinida y arbitrariamente. Es por
ello que, a pesar de que una reclusión involuntaria
irrazonable a razón de una determinación de no CC-2018-0945 34
procesabilidad no da paso a un reclamo de detención
preventiva, la persona perjudicada sí está cobijada por el
debido proceso de ley, al igual que las otras garantías
discutidas en este disenso. Véase E.L. Chiesa Aponte,
Procedimiento Criminal, 72 Rev. Jur. UPR 587, 599 (2003).
De igual forma, en Ruiz v. Alcaide, supra, resolvimos
que una detención indefinida e indeterminada en una
institución médica es violatoria del debido proceso de
ley. Íd., pág. 507. En esa ocasión, razonamos que el
Estado no tiene un interés apremiante de recluir
indefinidamente a personas en sus hospitales que no
constituyan un peligro para la sociedad. De esta manera,
aclaramos que el único fundamento que justifica la
detención indefinida en un hospital es si la persona
cumple con las circunstancias extraordinarias que dispone
la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, supra. Asimismo,
hemos reconocido que incluso la reclusión en un hospital
constituye una privación de libertad bajo el poder
coercitivo del Estado. Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág.
792.
Por tanto, no debe existir duda alguna de que la
detención indefinida del señor Jorge Moreu en una
institución penal en espera de disponibilidad de un
hospital constituyó una violación del debido proceso de
ley. El Estado no demostró ni alegó interés apremiante
alguno de mantener a una persona incapaz de enfrentar el
procedimiento criminal en su contra privado de su libertad
por un término de casi dos años. Tampoco surge del
expediente intento alguno por parte del Estado para
determinar si el peticionario reflejaba algún peligro CC-2018-0945 35
hacia la sociedad, conforme a la Ley de Salud Mental de
Puerto Rico, supra.
Asimismo, la detención indefinida del señor Jorge
Moreu constituyó una intervención injusta y arbitraria en
su derecho a la libertad. Esto, pues la privación de su
libertad estaba sujeta enteramente al arbitrio del Estado.
El Estado es el responsable de tramitar su diagnóstico y
su ingreso al hospital. En consecuencia, es
fundamentalmente injusto que una persona incapacitada
mentalmente esté privada de su libertad debido a la
ineficiencia del Estado.
De igual forma, la detención del peticionario viola
crasamente la protección que provee la presunción de
inocencia. Esta garantía constitucional tiene como
propósito, precisamente, salvaguardar la preeminencia del
derecho a la libertad sobre el poder acusatorio del
Estado. No obstante, en el caso del señor Jorge Moreu se
obvió este principio cardinal y se le castigó previamente
durante 688 días por un delito por el cual no ha sido
declarado culpable.
Por otra parte, es menester destacar los efectos que
genera la práctica incurrida por el Estado. Una persona
con la capacidad para entender el procedimiento criminal
en su contra no puede estar privada de su libertad más de
seis meses en virtud de la cláusula constitucional de
detención preventiva. Art. II, Sec. 11, Const. PR, supra.
Sin embargo, una persona declarada no procesable puede
estar hasta 688 días encarcelada. En consecuencia,
paradójicamente, una persona incapaz mentalmente que
reclama su derecho en virtud del debido proceso de ley a CC-2018-0945 36
obtener tratamiento médico para poder entender la
naturaleza del procedimiento criminal en su contra está en
peor posición que una persona procesable. De esta manera,
desafortunadamente se está incurriendo en el escenario
advertido en Pueblo v. Pagán Medina I, supra. Esto, pues
se está poniendo a las personas acusadas en la situación
de tener que escoger entre salvaguardar su derecho
constitucional a un debido proceso de ley y su derecho a
la libertad personal. Íd., pág. 573. Asimismo, se está
dejando al arbitrio del Estado retener a las personas no
procesables bajo su custodia después de la orden de
reclusión, sin trasladarlo, en perjuicio de su libertad.
Íd., pág. 574. No hay fundamento alguno de justicia que
sostenga un trato tan desigual y discriminatorio.
Finalmente, otra consideración importante de la
detención indefinida de una persona no procesable es su
implicación en una representación legal adecuada. En Ruiz
v. Alcaide, supra, dispusimos que la internación extendida
de una persona no procesable en una institución médica
podría lacerar su habilidad de defenderse en el futuro.
Íd., pág. 506. Esto, pues el transcurso del tiempo limita
el acceso de la persona acusada a evidencia documental y
testifical, a futuras defensas de inimputabilidad, entre
otros. En consecuencia, la detención del señor Jorge Moreu
y su estado de incapacidad mental por una duración de casi
dos años probablemente tendrán efectos en su futura
defensa, si algún día adviene procesable.
Por todo lo anteriormente expuesto, sostengo que los
foros inferiores erraron al sostener y validar una CC-2018-0945 37
detención de una persona incapacitada mentalmente por un
término de 688 días.
Por su parte, el Departamento de Corrección y la
ASSMCA aseveraron que incumplieron con la orden del
Tribunal de Primera Instancia de trasladar al señor Jorge
Moreu a una institución hospitalaria debido a la falta de
disponibilidad en la misma. Por tal razón, colocaron al
señor Jorge Moreu en una lista de espera junto a otros
confinados y confinadas que, al igual que el peticionario,
sufrían de alguna incapacidad mental y se había ordenado
su ingreso a un hospital. Mientras tanto, el señor Jorge
Moreu permaneció privado de su libertad en una cárcel sin
acceso a tratamiento médico adecuado. A raíz de ello, el
mismo Estado mediante su psiquiatra recomendó consecuente
e insistentemente que la condición mental del peticionario
exigía su ingreso a una institución hospitalaria.
El tratamiento médico insuficiente y poco apropiado
que el señor Jorge Moreu recibió en el Departamento de
Corrección está en evidente contravención con lo ordenado
por la Corte de Distrito Federal. Precisamente ante el
trato médico inhumano que estaba proveyendo el Estado en
las prisiones de Puerto Rico, la Corte de Distrito Federal
ordenó que el Departamento de Corrección asumiera su
responsabilidad de salvaguardar el derecho a la salud de
sus confinados y confinadas. Morales Feliciano v. Calderón
Serra, supra. Asimismo, el Departamento de Corrección
incumplió a su obligación de proveer “servicios médico-
asistenciales y hospitalarios adecuados, dirigidos . . . CC-2018-0945 38
[al] pronto tratamiento del paciente”. Plan de
Reorganización del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de 2011, supra. En consecuencia, es
insuficiente que el Departamento de Corrección se cruce de
brazos y que no atienda la condición mental de un
confinado bajo su custodia hasta tanto surja
disponibilidad en una entidad separada. La abstención del
Departamento de Corrección de asumir su deber y delegarlo
en otra agencia refleja un patrón peligroso y preocupante,
pues esta situación fue igualmente denunciada en el pleito
federal.
Asimismo, es importante resaltar que la
representación legal del peticionario solicitó, en varias
ocasiones, que el Estado le proveyera alguna alternativa
al señor Jorge Moreu. Entre éstas, que se le proveyera un
tratamiento médico a la altura del que recibiría en un
hospital desde las facilidades de la institución penal o
que se le trasladara a un hospital privado.
Sin embargo, no consta esfuerzo alguno por el
Ministerio Público, por el Departamento de Corrección ni
por ASSMCA para considerar alguna alternativa ante la
situación del señor Jorge Moreu. En todo momento, el
Estado se ha sostenido en que el único remedio para una
persona enferma mentalmente declarada no procesable y
ordenada a ser internada médicamente es permanecer
encarcelada hasta tanto surja disponibilidad en un
hospital público. En vez de auscultar alguna otra
alternativa para las circunstancias del señor Jorge Moreu,
el Estado hizo caso omiso a los reclamos del peticionario
y se cruzó de brazos. Esto, albergándose en el alegato de CC-2018-0945 39
que el Estado no debe ser penalizado por la falta de
disponibilidad en sus propios hospitales públicos. Sin
embargo, las deficiencias administrativas de las agencias
estatales y la crisis fiscal no son fundamentos para
violar derechos constitucionales fundamentales. Por ende,
el Estado tenía la obligación de tomar acciones
afirmativas y de auscultar alternativas para remediar la
situación el señor Jorge Moreu.
Por todo lo expuesto, entiendo que erraron los foros
inferiores al validar la abstención del Departamento de
Corrección de asumir su deber en torno a la salud de los
confinados y confinadas bajo su jurisdicción. Asimismo,
sostengo que el Estado tenía una responsabilidad de
proveer alternativas de tratamiento médico adecuado al
señor Jorge Moreu.
D.
Por último, es menester destacar que constan siete
vistas de seguimiento en el expediente en las cuales se le
informó al Tribunal de Primera Instancia que el señor
Jorge Moreu continuaba detenido en la cárcel y que su
traslado no había sido tramitado. En cada una de esas
vistas, el foro primario reiteró su orden de ingreso. Sin
embargo, el Departamento de Corrección y la ASSMCA
hicieron caso omiso a las órdenes del Tribunal. Incluso,
no acreditaban ante el foro inferior las razones que
fundamentaban su incumplimiento. Por tal razón, el 19 de
septiembre de 2018 el foro inferior se vio obligado a
exigir que las agencias tendrían que detallarle al
tribunal el cumplimiento con cada una de sus órdenes, bajo
apercibimiento de desacato. Esa ocasión fue la única vez CC-2018-0945 40
que el Tribunal de Primera Instancia utilizó el mecanismo
del desacato. No obstante, aún bajo amenaza de desacato,
el traslado del señor Jorge Moreu a una institución mental
fue efectuada 71 días (dos meses y diez días) después.
Por un lado, la conducta del Departamento de
Corrección y la ASSMCA reflejan gran indiferencia ante las
órdenes de un foro judicial. Asimismo, es preocupante el
menosprecio e insensibilidad que exhibieron ante la
naturaleza del procedimiento al que se encontraban, el
cual es de alto interés público.
Asimismo, la pasividad del foro primario es altamente
preocupante. En Pueblo v. Pagán Medina II, supra,
resolvimos que foro judicial ostenta el deber de tomar las
previsiones necesarias para hacer cumplir la orden de
reclusión de una persona no procesable “con la menor
dilación posible; nuevamente, so pena de desacato”. Íd.,
pág. 245. Esto, pues reconocimos, una vez más, que las
personas declaradas incapaces de enfrentar el
procedimiento en su contra permanecen encarceladas hasta
tanto se tramite su traslado.
Cónsono con lo anterior, otros foros han utilizado el
mecanismo del desacato ante entidades gubernamentales que
reiteradamente incumplen con las órdenes del foro
judicial. Entre múltiples ejemplos, el Juez Presidente de
la Corte de Distrito Federal Gustavo Gelpí halló al
Municipio de Dorado en desacato por incumplir las órdenes
del Tribunal. Watchtower Bible Tract Society of New York,
Inc. v. Municipality of Santa Isabel, Opinion and Order,
USDC Civil No. 04-1452. CC-2018-0945 41
En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia
tiene un deber imperante de velar porque las personas no
procesables reciban el trato médico apropiado de manera
inmediata. El trasfondo histórico de nuestras
instituciones penales revela la necesidad de que seamos
cautelosos y rigurosos al exigir la protección de la salud
de los confinados y confinadas. El interés público exige
que el foro inferior asuma esa responsabilidad diligente y
efectivamente.
En el caso ante nuestra consideración, el foro
inferior no fue asertivo en su rol de garantizar que el
señor Jorge Moreu recibiera el tratamiento médico
apropiado. Al contrario, no fue hasta la séptima y última
vista de seguimiento que optó por utilizar el mecanismo
del desacato. En consecuencia, entiendo que erró el
Tribunal de Primera Instancia.
Ante todas las protecciones que amparan a la
población con enfermedades de salud mental, disiento del
curso de acción tomado por la Rama Judicial. No puedo
validar que una persona con una condición mental
permanezca encarcelada por un término de 688 días. Nuestro
rol desde la Rama Judicial exige que denunciemos una
injusticia de esta envergadura y tomemos acciones
afirmativas para remediarla. En consecuencia, hubiese
declarado el encarcelamiento del señor Jorge Moreu como
uno fundamentalmente inconstitucional. Asimismo, hubiese
ordenado al Departamento de Corrección a cumplir con las
responsabilidades que la Asamblea Legislativa delegó en
éste y le exigiría que provea el trato de salud adecuado CC-2018-0945 42
que merecen todos los seres humanos. Finalmente, hubiese
apercibido al Tribunal de Primera Instancia por permitir
la dilación excesiva del procedimiento ante su
consideración, la cual redundó en la privación de la
libertad del señor Jorge Moreu de manera injusta y
arbitraria.
Por todo lo anteriormente expuesto, disiento de la
denegatoria de expedir el recurso de certiorari ante
nuestra consideración.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Luis Jorge Moreu CC-2018-0945 Certiorari
RESOLUCIÓN (Nunc Pro Tunc)
San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2019.
Se enmienda nunc pro tunc nuestra Resolución de 4 de febrero de 2019 a los únicos fines de hacer constar que el nombre correcto del Peticionario es José Luis Jorge Moreu.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo
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2019 TSPR 23, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/el-pueblo-v-jorge-moreu-prsupreme-2019.