EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corali López Castro
Peticionaria Certiorari
v. 2003 TSPR 12
Atlantic southern Insurance Company 158 DPR ____
Recurrida
Número del Caso: CC-2001-1039
Fecha: 11 de febrero de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Juez Ponente: Hon. Roberto L. Córdova Arone
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis Roberto Santos Lcda. Myrta Estrella Nieves Blas
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Guillermo A. Nigaglioni Lcda. Olga Isabel Nigaglioni Cruz
Materia: Reclamación Póliza de Seguro
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Demandante-peticionaria
vs. CC-2001-1039 CERTIORARI
Atlantic Southern Insurance Company
Demandada-recurrida
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2003
El 15 de marzo de 1975 el Ingeniero
Fidel Pino Cros adquirió una póliza de
seguros de vida de la compañía
Manufacturers Life Insurance Company.1 La
única beneficiaria designada bajo dicha
póliza era su esposa, y peticionaria en el
caso hoy ante nuestra consideración, Corali
López Castro.
La póliza adquirida por Pino era una
de término nivelado bajo un plan denominado
como: “Convertible But Not Renewable Term
with Nonforfeiture Benefits Non-
Participating”. De
1 En 1994 Manufacturers se retiró del mercado de seguros en Puerto Rico y Atlantic Southern Insurance Company (ASICO) asumió una porción de su cartera de activos. CC-2001-1039 3
acuerdo con este plan, la póliza podía convertirse en otro
tipo de póliza dentro de ciertos períodos de conversión
especificados en el contrato de seguro. El asegurado nunca
solicitó la conversión de la póliza, por lo cual la misma
quedó inalterada.
La póliza expiraba el 15 de marzo de 1998, fecha en
que el asegurado cumplía los 65 años de edad. El señor
Pino Cros se acogió a un sistema mediante el cual
mensualmente se debitaba de su cuenta bancaria corriente,
el monto de la prima por dicha póliza. A pesar de que la
referida póliza expiró, por sus propios términos, el 15 de
marzo de 1998, ASICO continuó, por error, descontando
mensualmente de la cuenta bancaria una cantidad igual a la
que se cobraba por la prima de la póliza.
El señor Pino falleció el 22 de agosto de 1999, a los
66 años de edad. La señora López sometió a ASICO su
reclamación por la muerte de éste el 27 de septiembre de
1999. ASICO denegó los beneficios solicitados debido a que
la póliza estaba vencida desde el 15 de marzo de 1998. En
ese momento, ASICO se percató del error en el que había
incurrido al haber cobrado primas de la cuenta bancaria
luego de la fecha de expiración de la póliza. Ese mismo
día la aseguradora notificó al banco que descontinuara los
débitos de la cuenta bancaria corriente antes mencionada.
Las sumas debitadas de la cuenta corriente de la
beneficiaria, con posterioridad a la expiración de la
póliza, fueron a parar a las arcas de ASICO por el período CC-2001-1039 4
comprendido entre el 15 de marzo de 1998, cuando la póliza
expiró, y el 27 de septiembre de 1999, fecha en que ASICO
recibió la reclamación de la señora López y el aviso de
defunción del señor Pino.
El 4 de noviembre de 1999, la señora López recibió
una carta de ASICO en la cual ésta le informó que la
póliza había expirado el 15 de marzo de 1998 y que, por
error involuntario, los pagos automáticos que se
efectuaban para el pago de la prima continuaron hasta el
mes de septiembre de 1999. Conjuntamente con dicha carta,
ASICO le envió un cheque por la suma de $4,007.00, por
concepto de la devolución de las primas cobradas luego de
la terminación del contrato de seguro, incluyendo los
intereses correspondientes. La señora López no aceptó el
cheque, devolviéndolo.
Así las cosas, el 24 de noviembre de 1999 la señora
López presentó una demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Mayagüez, reclamando el pago
de la póliza. Adujo que las actuaciones de la aseguradora,
al continuar cobrando las primas, crearon en ella la
expectativa de que la póliza de seguro continuaba en vigor
y que la aseguradora había renunciado a la cláusula sobre
la fecha de expiración de la póliza.
Luego de varios incidentes procesales, la señora
López presentó una moción de sentencia sumaria. Adujo que
la actuación de la aseguradora al continuar cobrando
primas, luego del vencimiento de la póliza, constituyó una CC-2001-1039 5
renuncia al término de caducidad de la póliza en virtud de
lo resuelto por este Tribunal en Rosario v. Atlantic
Southern Insurance Company, 95 D.P.R. 759 (1968). ASICO
se opuso a la misma, alegando que dicho caso no era de
aplicación a la controversia. Argumentó que la póliza en
el caso de autos venció, por sus propios términos, el 15
de marzo de 1998 y que el pago de primas, posterior a tal
fecha, no podía extender o restablecer el contrato
vencido. Así las cosas, el foro de instancia dictó
sentencia a favor de la demandante-peticionaria. Aplicando
las doctrinas de “waiver” y “estoppel” y el caso de
Rosario v. Atlantic Southern Insurance Company, ante,
resolvió que la póliza estaba vigente ya que ASICO, al
continuar cobrando las primas con posterioridad al
vencimiento de la póliza, creó en la señora López la
expectativa de que la póliza continuaba en vigor.
Inconforme con tal dictamen ASICO acudió,
oportunamente, en apelación al Tribunal de Circuito de
Apelaciones. La parte apelada se opuso. Por sentencia del
23 de octubre de 2001 el foro apelativo intermedio revocó
la sentencia apelada. Resolvió que las doctrinas de
“waiver” y “estoppel”, según esbozadas en Rosario v.
Atlantic Southern Insurance Company, ante, no eran de
aplicación al caso ya que la póliza tenía término
específico de vencimiento el cual surgía de forma clara y
expresa del lenguaje del contrato; aparte de que dichas CC-2001-1039 6
doctrinas no podían utilizarse para expandir la cobertura
de la póliza.
Luego de varios incidentes procesales, la
peticionaria López Castro, inconforme con la actuación del
tribunal apelativo intermedio, acudió oportunamente --vía
certiorari-- ante este Tribunal. Alega que procede revocar
la sentencia emitida por el tribunal apelativo debido a
que dicho foro judicial incidió al:
...dictaminar que la doctrina de “waiver” y
“estoppel” no son de aplicación al presente caso.
...dictaminar que el cobrar por error la prima
posterior a la alegada expiración de la póliza no
constituye una renuncia a la fecha de expiración y
tampoco creó una expectativa a la peticionaria aquí
compareciente de que la póliza continuaba en vigor.
...revocar la sentencia dictada por el Honorable
Tribunal de Primera Instancia.
El 15 de febrero de 2002, mediante Resolución a tales
efectos, le concedimos a la demandada-recurrida un término
de veinte (20) días para mostrar causa por la cual este
Tribunal no debía expedir el recurso solicitado y dictar
sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Contando con la comparecencia de CC-2001-1039 7
ambas partes y estando en posición de resolver el recurso
radicado, procedemos a así hacerlo. Confirmamos.
I
En materia de seguros, hemos establecido que la
relación entre una aseguradora y su asegurado es de
naturaleza contractual y se rige por lo pactado en el
contrato de seguro. El contrato constituye la ley entre
las partes. General Accident Insurance Company of P.R.
Ltd. v. Ramos Díaz, res. el 14 de junio de 1999, 99 TSPR
91; Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139
(1996); Torres v. E.L.A., 130 D.P.R. 640 (1992).
El Código de Seguros de Puerto Rico dispone que:
“Todo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente,
a base del conjunto total de sus términos y condiciones,
según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado,
extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud
adherida a la póliza y que forme parte de ésta.”. Artículo
11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A.
sec. 1125; Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of Puerto
Rico, Inc., 129 D.P.R. 521, 554 (1991).
Los contratos de seguro, por ser considerados
contratos de adhesión2, deben interpretarse liberalmente a
favor del asegurado, con el objetivo de sostener la
2 Un contrato de adhesión es aquél en que una sola de las partes dicta las condiciones del contrato, condiciones que ha de aceptar la otra parte contratante. Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878 (1961). Véase además Maryland Casualty Company v. San Juan Racing Ass’n Inc., 83 D.P.R. 559 (1961). CC-2001-1039 8
cubierta por vía de una interpretación razonable. Quiñones
López v. Manzano Pozas, ante; A.A.A. v. Librotex, Inc.,
141 D.P.R. 375 (1996); Rosario Barreras v. Santana, 87
D.P.R. 227 (1963); Aparicio Bosch v. Asociación de
Maestros de Puerto Rico, 73 D.P.R. 596 (1952).
No obstante, esta norma no tiene el efecto de obligar
a los tribunales a interpretar a favor del asegurado una
cláusula que claramente le da la razón al asegurador
cuando su significado y alcance sea claro y libre de
ambigüedad. Quiñones López v. Manzano Pozas, ante a la
pág. 155; A.A.A. v. Librotex Inc., ante a las págs. 380-
81; González Burgos v. Cooperativa de Seguros de Vida de
Puerto Rico, 117 D.P.R. 645 (1986); Casanova Díaz v.
Puerto Rican- American Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1978). En
tales situaciones, la cláusula debe considerarse
obligatoria para el asegurado. Quiñones López v. Manzano
Pozas, ante.; Martínez Pérez v. U.C.B., 143 D.P.R. 554
(1997).
Deben mantenerse presente, además, las disposiciones
del Artículo 1233 del Código Civil que ordena que, cuando
los términos de un contrato son claros y no dejan duda
sobre la intención de los contratantes, se estará al
sentido literal de sus términos. 31 L.P.R.A. sec. 3471.
Como hemos expresado en otras ocasiones, el Código Civil
es fuente de derecho supletorio al interpretar
correctamente un contrato de seguro. Banco de la Vivienda CC-2001-1039 9
de Puerto Rico v. Pagán Insurance Underwriters, Inc., 111
D.P.R. 1 (1981).
En síntesis, cuando los términos y condiciones de un
contrato de seguro, que constituye la ley entre las
partes, sean claros, específicos y no den margen a
ambigüedades o diferentes interpretaciones deben hacerse
valer los mismos según la voluntad de las partes. En
ausencia de ambigüedad, las cláusulas del contrato obligan
a los contratantes. Quiñones López v. Manzano Pozas, ante
a la pág. 156.
II
En el presente caso nos toca resolver si el acto de
una aseguradora de continuar cobrando primas por error,
con posterioridad a la fecha de vencimiento de una póliza
de vida de término fijo, constituye una renuncia o
“waiver” de la fecha de expiración de la misma, a los
efectos de reconocerle vigor a ésta luego de su
vencimiento.3
3 La peticionaria en el caso de autos presentó en etapa apelativa ciertos documentos que no fueron planteados ante el foro de instancia. En vista de tal proceder, la recurrida, en su “Memorando en Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari” y en su “Escrito en Cumplimiento de Orden para Mostrar Causa”, nos solicita que excluyamos y no consideremos los mismos en nuestro análisis.
Encontrándonos impedidos en etapa de revisión de pasar juicio sobre cuestiones no presentadas ni atendidas por el Tribunal de Primera Instancia, los referidos documentos de la peticionaria no serán considerados al disponer del presente caso. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990); Sánchez v. Eastern Air Lines Inc., 114 D.P.R.691 (1983); Santiago Cruz v. CC-2001-1039 10
Las doctrinas de “waiver” (renuncia) y “estoppel”
(impedimento), las cuales permean todo el derecho, son de
especial aplicación en el campo de los seguros debido a la
naturaleza de adhesión de estos contratos. Rosario v.
Atlantic Southern Insurance Company, ante; W. Vance, Vance
On Insurance, 3ra ed., sec. 81, pág. 471 (1951). Los
tratadistas en materia de seguros han definido “waiver”
como el abandono intencional o cesión voluntaria de un
derecho o privilegio conocido. 16B Appleman, Insurance Law
and Practice, sec. 9090, págs. 489 y 491 (1981); Vance On
Insurance, ante a la pág. 470; 6 Holmes’ Appleman on
Insurance,2d., sec. 43.1, pág.670 (1998); 6 Couch on
Insurance,2d., sec. 32:274, pág.587 (1985). La doctrina de
renuncia, o “waiver”, es una que envuelve intención por
parte de la aseguradora de abandonar un derecho, como
sería el de invocar la suspensión o caducidad del contrato
de seguro por el incumplimiento de una de sus
disposiciones. 6 Holmes’ Appleman on Insurance, 2d., ante a
las págs. 670-71.
Por otro lado, la doctrina de “estoppel”, o
impedimento, se ha definido como la abolición de derechos
y privilegios de la aseguradora cuando fuera contrario a
la equidad permitir su afirmación. 16B Appleman, Insurance
Law and Practice, ante. Esta doctrina requiere demostrar
que una de las partes en la transacción ha confiado en la
Hernández Andino, 91 D.P.R. 709 (1965);Autoridad de Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436; Murcelo v. HI Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411 (1965). CC-2001-1039 11
apariencia creada por la otra y que resultaría en
detrimento para la primera permitir que la segunda
renuncie a los efectos de la apariencia creada. 6 Couch on
Insurance 2d., sec. 32:270, pág. 583.
En materia de seguros, el ordenamiento jurídico ha
establecido que estas doctrinas se extienden prácticamente
a cualquier situación en la cual la aseguradora niegue
responsabilidad o “liability”. 9 Holmes’ Appleman on
Insurance, 2d., sec. 57.15, págs. 416-17 (1999); 44 Am Jur
2d, Insurance, sec. 1574 (1982). Las doctrinas de
“waiver” y “estoppel” se han utilizado en diversas
situaciones para demostrar que las aseguradoras han
renunciado a términos y condiciones estipuladas por ellas
en los contratos de seguros. 9 Holmes’Appleman On
Insurance, 2d., sec. 57.5, págs. 387-88; 44 Am Jur 2d,
Insurance, secs. 1571 y 1574 (1982).
No sólo se han extendido estas doctrinas a
condiciones y cláusulas específicas del contrato de seguro
sino también a actos, costumbres y conducta realizada por
la aseguradora y sus agentes. 5 Holmes’ Appleman on
Insurance, 2d., sec. 28.3, págs. 327-37 (1998). Así, las
condiciones relativas a la caducidad y suspensión de las
pólizas pueden ser entendidas renunciadas por las
aseguradoras en virtud de estas doctrinas, a través de sus
actos o los de sus agentes. Esto impide que posteriormente
las aseguradoras puedan levantar dichas condiciones contra CC-2001-1039 12
el asegurado. Id. a las págs. 333-37; Rosario v. Atlantic
Southern Insurance Company, 95 D.P.R. 759, 766 (1968).
Si bien las doctrinas de “waiver” y “estoppel”
aplican ampliamente en el campo de los seguros, es norma
conocida y reiterada que las mismas no se pueden utilizar
para extender o ampliar la cubierta y el alcance de una
póliza de seguro. Véase: Jones v. Jackson National Life
Insurance Co., 27 F.3d 566 (6to. Cir. 1994); Reliance
Insurance Company v. Escapade, 280 F.2d 482, 487 (5to. Cir.
1960); Peters v. Great American Ins. Co., 177 F.2d 773,
778-79 (5to. Cir. 1949); Randolph v. Fireman’s Fund
Insurance Company, 124 N.W.2d 528, 531-32 (Iowa 1963);
Great American Reserve Insurance Company v. Mitchell, 335
S.W.2d 707, 708 (Tex.Civ.App. 1960); Jackson v. Farmers
Union Mutual Insurance Company, 306 S.W.2d 693, 695
(Ark.1957); Hunter v. Jefferson Standard Life Insurance
Company, 86 S.E.2d 78, 80-81 (N.C. 1955); Richardson v.
Iowa State Traveling Men’s Ass’n, 291 N.W. 408, 412 (Iowa
1940); Quillian v. Equitable Life Assurance Society of the
U.S., 6 S.E.2d 108, 111 (Ga.App. 1939); Pierce v.
Homesteaders Life Ass’n, 272 N.W. 543, 545-46 (Iowa 1937);
Prudential Ins. Co. of America v. Brookman, 175 A. 838,
840 (Md.App. 1934); Home Ins. Co. of New York v. Campbell
Motor Co., 150 So. 486, 489 (Ala. 1933); Ruddock v.
Detroit Life Ins. Co., 177 N.W. 242, 248 (Mich. 1920);
McCoy v. Northwestern Mutual Relief Ass’n, 66 N.W. 697,
699 (Wis. 1896). CC-2001-1039 13
Este Tribunal en García Curbelo v. A.F.F., 127
D.P.R. 747 (1991), citando con aprobación a 16B Appleman,
Insurance Law and Practice, sec. 9090 (1981), señaló que:
“Insurance contracts cannot be created by estoppel. That doctrine cannot be invoked by an insured to create a primary liability of the insurer for which all elements of binding contract are necessary ... It has been repeatedly held that the doctrines of waiver and estoppel cannot be used to extend the coverage of an insurance policy or create a primary liability, but may only affect rights reserved therein ... [U]nder no conditions can coverage be extended by waiver or estoppel ... While a forfeiture of benefits contracted for an insurance policy may be waived, the doctrine of waiver or estoppel cannot create a liability for benefits not contracted for. Nor may a contract, under the guise waiver, be reformed to create a liability for a condition specifically excluded by the specific terms of the policy.” Id. a las págs. 758-59. (Énfasis nuestro.)4
Al así resolver, coincidimos y/o adoptamos en nuestra
jurisdicción la norma mayoritaria vigente en la
jurisdicción norteamericana. En dicha jurisdicción, los
tribunales han distinguido entre condiciones que provocan
la suspensión o caducidad de las pólizas,5 las cuales
4 Véase, 9 Holmes’Appleman on Insurance 2d., sec. 57.15 págs. 413-418; 16B Appleman, Insurance Law and Practice,sec.9083; 1 A.L.R.3d 1139 secs. 2-3; 113 A.L.R. 857-60; 43 Am Jur 2d, Insurance, secs. 465-66 (1982); 44 Am Jur 2d, Insurance, sec. 1577 (1982). 5 Un ejemplo de una condición establecida en un contrato de seguro que puede provocar la caducidad o suspensión de la póliza y que puede ser renunciada bajo la doctrina de “waiver” y “estoppel” por las compañías aseguradoras lo es la cláusula de caducidad por falta de pago de primas. Esa renuncia ocurre cuando luego de vencido el plazo establecido en la póliza para realizar dichos pagos periódicos, la aseguradora los recibe, acepta o retiene. 5 Holmes’ Appleman on Insurance 2d, sec. 28.3, págs. 333-37 CC-2001-1039 14
pueden ser renunciadas bajo las doctrinas de “waiver” y
“estoppel”; y las condiciones o cláusulas dirigidas a la
cubierta o alcance de la póliza, las cuales no pueden ser
renunciadas bajo estas doctrinas por meros actos o
conducta implícita sin que haya mediado acuerdo expreso. 1
A.L.R.3d 1139 sec. 1; 113 A.L.R. 857-71; 43 Am Jur 2d,
Insurance, sec. 465, págs. 529-30.6
Con relación a este particular, en Reliance Insurance
Company v. Escapade, ante a la pág. 487, el Tribunal de
Apelaciones para el Quinto Circuito se expresó de la
siguiente manera:
y sec. 29.1, págs. 416-22 (1998); 6 Couch on Insurance 2d, secs. 32:335-36, págs. 645-52 (1985) (citando con aprobación jurisprudencia estatal); 44 Am Jur 2d, Insurance, sec. 1574, pág. 584; secs. 1647-48, págs. 644- 47 y sec. 1652, pág. 650; Rosario v. Atlantic Southern Insurance Company, 95 D.P.R. 759 (1968). 6 Véase, Jones v. Jackson National Life Insurance Co., 27 F.3d 566 (6to. Cir. 1994); Reliance Insurance Company v. Escapade, 280 F.2d 482 (5to. Cir. 1960); Peters v. Great American Ins. Co., 177 F.2d 773 (5to. Cir. 1949); Bankers Life Co. v. Sone, 86 F.2d 780 (5to. Cir. 1936); Randolph v. Fireman’s Fund Insurance Company, 124 N.W.2d 528 (Iowa 1963); Great American Reserve Insurance Company v. Mitchell, 335 S.W.2d 707 (Tex.Civ.App. 1960); Jackson v. Farmers Union Mutual Insurance Company, 306 S.W. 2d 693 (Ark.1957); Hunter v. Jefferson Standard Life Insurance Company, 86 S.E. 2d 78 (N.C. 1955); Richardson v. Iowa State Traveling Men’s Ass’n, 291 N.W. 408 (Iowa 1940); Pierce v. Homesteaders Life Ass’n, 272 N.W. 543 (Iowa 1937); McCabe v. Maryland Casualty Co., 183 S.E. 743 (N.C. 1936); Prudential Ins. Co. of America v. Brookman, 175 A. 838 (Md.App. 1934); Conner v. Union Auto Insurance Co., 9 P.2d 863 (Cal. App. 1932); Home Ins. Co. of New York v. Campbell Motor Co., 150 So. 486 (Ala. 1933); Rosenberg v. General Accident Fire & Life Assur. Co., 246 S.W. 1009 (Mo. 1923); Ruddock v. Detroit Life Ins. Co., 177 N.W. 242 (Mich. 1920); McCoy v. Northwestern Mutual Relief Ass’n, 66 N.W. 697 (Wis. 1896). CC-2001-1039 15
“It is well settled that conditions going to the coverage or scope of a policy of insurance, as distinguished from those furnishing a ground for forfeiture, may not be waived by implication from conduct or action. The rule is that while an insurer may be estopped by its conduct or its knowledge from insisting upon a forfeiture of a policy, the coverage or restrictions on the coverage cannot be extended by the doctrine of waiver or estoppel” (Énfasis nuestro.)7
Al amparo de estas normas, un número considerable de
estados han decidido que aceptar primas, luego de vencida
una póliza, no constituye una renuncia o “waiver” de la
cláusula que dispone sobre la terminación de la póliza.
Ello debido a que dicha cláusula es una condición dirigida
a la cobertura y alcance de la póliza y como tal, no puede
ser extendida en virtud de estas doctrinas.8
En Great American Reserve Insurance Co. v. Mitchell,
ante, la aseguradora expidió una póliza de seguros de vida
7 “This position is strongly favored since to extend coverage through the use of the doctrine of waiver or estoppel will essentially rewrite the contract into by the parties. Thus, the doctrines should only be used to remove the insurer’s ability to rely on certain exclusions, limitations or conditions but not to add new insuring agreements to the policy.” 9 Holmes’ Appleman on Insurance 2d., sec. 57.5, pág. 389 (1999). 8 Véase, Troutman v. Nationwide Mutual Insurance Company, 400 S.W.2d 215 (Ky.App. 1966); Munro v. Boston Insurance Co., 122 N.W.2d 654 (Mich. 1963); Great American Reserve Insurance Company v. Mitchell, 335 S.W.2d 707(Tex.Civ.App. 1960); Jackson v. Farmers Union Mutual Insurance Company, 306 S.W.2d 693 (Ark.1957); Hunter v. Jefferson Standard Life Insurance Company,86 S.E.2d 78 (N.C. 1955); Pierce v. Homesteaders Life Ass’n, 272 N.W. 543 (Iowa 1937); McCabe v. Maryland Casualty Co., 183 S.E. 743 (N.C. 1936); Prudential Ins. Co. of America v. Brookman, 175 A. 838 (Md.App. 1934); Reid v. Missouri State Life Ins. Co., 24 S.W.2d 1086 (Mo.App. 1930); Ruddock v. Detroit Life Ins. Co., 177 N.W. 242 (Mich. 1920). CC-2001-1039 16
a los empleados de la ciudad de Dallas. La póliza
expresamente disponía que la cubierta expiraría en el
momento en que los empleados cumplieran los 65 años de
edad. El asegurado en controversia tenía 62 años cuando la
póliza entró en vigor. Durante ocho meses posterior a la
fecha de terminación de la póliza, el patrono, por error,
cobró las primas y las envió a la aseguradora. Al fallecer
el asegurado, su esposa y beneficiaria de la póliza
reclamó el pago de la misma. La aseguradora le informó que
la póliza había expirado y le devolvió el dinero por las
primas cobradas erróneamente. El Tribunal Apelativo de
Texas resolvió que la póliza expiró cuando el esposo
cumplió los 65 años de edad, es decir, a la fecha de
expiración establecida en la póliza. Dictaminó que
reconocerle vigencia a la póliza luego de tal fecha
implicaría cambiar, rescribir o extender los riesgos
cubiertos por la póliza.
Del mismo modo, en Hunter v. Jefferson Standard Life
Insurance, ante, el Tribunal Supremo de Carolina del Norte
adoptó esa norma. La controversia giraba en torno a una
póliza de incapacidad total y permanente que tenía una
fecha de expiración específica y expresada en la póliza.
La aseguradora, por error, estuvo cobrando primas al
asegurado por un intervalo de cuatro años luego de la
fecha de expiración de la póliza. El Tribunal determinó
que dicha actuación no constituyó una renuncia a la fecha
de expiración de dicha póliza toda vez que las doctrinas CC-2001-1039 17
de “waiver” y “estoppel” no pueden utilizarse para
extender la cubierta y alcance de las pólizas. Decidió,
además, que el asegurado sólo tenía derecho a recuperar
las primas pagadas luego de la fecha de terminación de la
póliza.
Así también en, Pierce v. Homesteaders Life Ass’n,
ante, la póliza indicaba expresamente que la misma
expiraría cuando el asegurado cumpliera los 60 años de
edad. El asegurado murió días después de haber cumplido
dicha edad. La aseguradora aceptó el pago de primas por un
período posterior a la fecha de expiración establecida.
Los beneficiarios alegaron que al actuar de esta manera la
aseguradora renunció a la fecha de expiración y no podía
negarse a reconocerle vigor a la póliza por el período de
tiempo que aceptó primas luego de expirada la misma. El
Tribunal Supremo de Iowa apoyó su dictamen, denegatorio de
los beneficios, en que las doctrinas de “waiver” y
“estoppel” no podían invocarse para crear responsabilidad
por beneficios no contratados. Determinó que como el
contrato de seguro en ese caso fijaba expresamente la
expiración de la póliza a un término específico, tales
doctrinas no podían utilizarse para crear un nuevo
contrato de seguro en el que la póliza cubriera un período
de tiempo nuevo y adicional. Dictaminó que el haber
aceptado primas con posterioridad a la expiración de la
póliza no extendía automáticamente la cubierta de la
póliza más allá de su fecha de expiración. CC-2001-1039 18
Finalmente, en Prudential Ins. Co. of America v.
Brookman, ante, frente a hechos similares, el Tribunal
Apelativo de Maryland expresó, en apoyó para no extender
la vigencia de la póliza a una fecha posterior a la
establecida en el contrato de seguro, que:
“[I]f the loss was not within the coverage of the policy contract, it cannot be brought within that coverage by invoking the principle of waiver or estoppel. Waiver and estoppel can only have a field of operation when the subject matter is within the terms of the contract. ... In other words by invoking the doctrine of estoppel and waiver it is sought to bring into existence a contract not made by parties, to create a liability contrary to the express provisions of the contract that parties did make.” Id. a la pág. 840, (citando a Homes Insurance Co. v. Campbell Motor Co.,150 So. 486, 489 (Ala. 1933) y Ruddock v. Detroit Life Ins. Co, 177 N.W. 242,248 (Mich. 1920)). (Énfasis nuestro.)
III
Resulta necesario e importante señalar que el caso de
Rosario v. Atlantic Southern Insurance Co., ante, citado
como fundamento en apoyo de su decisión por el tribunal de
instancia, es distinguible del caso de autos.
En Rosario, la controversia giraba en torno a una
cláusula de caducidad por falta de pago de primas y si la
misma había sido renunciada o “waived” por la aseguradora
al haber aceptado primas luego de vencido el plazo
establecido para el pago de las mismas.9 Este Tribunal
9 Este tipo de cláusula normalmente dispone que si el asegurado no paga las primas de la póliza en las fechas de pago o dentro del período de gracia concedido para ello, la aseguradora tendría derecho a invocar la caducidad de la póliza por falta de pago de las primas, aún cuando el CC-2001-1039 19
dictaminó, en aquella ocasión, que las pólizas estaban en
vigor toda vez que “la costumbre de cobrar primas vencidas
constituye una renuncia de la cláusula por falta de pago,
aún si se pagó luego de vencido el período de gracia y
aunque la póliza diga lo contrario.” Rosario, ante a la
pág. 767.
El presente caso, sin embargo, dista mucho del
anterior. En éste, no hay controversia en torno a ninguna
cláusula que tenga el efecto de provocar la caducidad o
suspensión de la póliza. Tampoco hay problema alguno con
la cláusula de caducidad por no pago de primas debido a
que en este caso, los pagos de primas se realizaron a
tiempo. Estamos, por el contrario, ante una cláusula
específica de terminación o expiración que establece clara
y expresamente el período de cubierta de la póliza.
Este tipo de cláusula va dirigida a la cubierta y
alcance (coverage and scope) de la póliza, que como
señalamos, no puede extenderse a través de las doctrinas
de “waiver” y “estoppel”. Estamos pues, ante dos cláusulas
o condiciones diferentes, una de caducidad y otra de
terminación. En materia de seguros ambas tienen distintos
significados:
“Termination” significa: “that policy has reached the
term for which it was written”; 3 Holmes’ Appleman on
Insurance 2d., sec. 16.5, pág. 318 (1998); “cessation of
coverage under contract due to the passage of time or
término de expiración establecido en la póliza no hubiese transcurrido. CC-2001-1039 20
occurrence of an event set forth in the policy”. Id., sec.
16.7, pág. 326. (Énfasis nuestro.) Por otro lado,
caducidad, conocido en inglés como “cancellation”
significa: “termination of coverage before the expiration
date set forth in the policy and may be made with or
without cause depending upon the policy language and
applicable statute.” Id. (Énfasis nuestro.)
Vemos entonces que en Rosario, examinamos una
cláusula de caducidad la cual, por determinados eventos,
podría ocasionar la terminación de la cubierta, aún sin
que hubiera transcurrido la fecha de expiración. Por el
contrario, en el presente caso, nos enfrentamos a una
cláusula de expiración, la cual establece el término
específico después del cual no existirá cubierta alguna y
no depende de ningún evento para que opere sino solamente
del transcurso del tiempo.
Resulta claro que Rosario y el caso que hoy nos toca
resolver presentan dos tipos de cláusulas distintas a las
cuales no se les brinda el mismo tratamiento bajo las
doctrinas de “waiver” y “estoppel”. Tratar de aplicar la
norma de Rosario al caso ante nos tendría el efecto de
obviar la clara distinción que la jurisprudencia sobre
esta materia ha establecido entre estos dos tipos de
cláusulas.
Reiteramos pues, que encontrándonos ante una cláusula
de expiración que por su naturaleza establece la extensión
de la póliza, forzoso es concluir que se trata de una CC-2001-1039 21
disposición claramente dirigida al alcance y cubierta de
la misma. Ello impide invocar con éxito las doctrinas de
“waiver” y “estoppel” para sostener que hubo una renuncia
a tal cláusula. Permitirlo tendría el efecto de extender
la póliza a riesgos y eventos no pactados en el
contrato original. Implicaría rescribir los términos del
mismo y ampliar los beneficios provistos por la póliza a
un período nuevo y adicional al expresamente acordado.
Además, conllevaría reconocerle vida a un nuevo contrato
de póliza distinto al originalmente pactado y que dejó de
existir una vez transcurrió la fecha fija de expiración.
IV
Conforme los hechos incontrovertidos, el asegurado
Pino falleció el 22 de agosto de 1999, esto es, casi año y
medio luego de cumplir los sesenta y cinco (65) años, edad
que, conforme los términos claros y específicos de la
póliza, constituía la fecha de expiración de dicha póliza.
Siendo ello así, la compañía de seguro no viene en la
obligación de pagar, a la beneficiaria designada en la
póliza, el monto de la misma.10 Ello en vista del hecho de
que, de acuerdo con la norma vigente en nuestra
jurisdicción, al transcurrir la fecha de expiración de la
póliza terminó la relación contractual existente entre el
10 El único remedio que alberga la peticionaria consta del mismo pago que en 1999 ASICO le envió y que, sin embargo, fue rechazado y devuelto por ésta. Es decir, sólo tiene derecho a recibir un reembolso por las primas cobradas luego de expirada la póliza, además de los intereses correspondientes a tales sumas. CC-2001-1039 22
asegurado y la compañía de seguros por lo que, luego de
esa fecha, no existía nada a lo cual dicha compañía
pudiera haber renunciado.
V
Por los fundamentos antes expuestos, procede expedir
el auto de certiorari radicado y confirmar la sentencia
emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado CC-2001-1039 23
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto y dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Todos los Jueces intervienen por Regla de Necesidad. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión disidente a la cual se unieron el Juez Presidente señor Andréu García y el Juez Asociado señor Hernández Denton.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2001-1039 24
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI, a la cual se unen el Juez Presidente señor ANDRÉU GARCÍA y el Juez Asociado señor HERNÁNDEZ DENTON.
San Juan, Puerto “. . Rico, . lasa ideas 11 de de febrero de 2003. justicia y equidad
son esenciales y consustanciales a la
noción del Derecho, el cual dejaría de En el caso de autos, una mayoría del cumplir sus finalidades morales y Tribunal resuelve que la efectividad de una sociales si no aspirase a realizar la póliza de seguro de vida había terminado a la justicia, y no una justicia abstracta y fecha de su expiración, teórica, sino una justicia realista y
humana...
. . . el juez debe obediencia a la ley, y CC-2001-1039 25
a pesar de que la compañía aseguradora que expidió dicha
póliza, que recibía los pagos de las primas mensuales
correspondientes directamente de una cuenta bancaria del
asegurado, continuó cobrando dichas primas durante 19 meses
después de la referida fecha de expiración y hasta el
fallecimiento del asegurado. Por las razones que brevemente
señalo a continuación, disiento. Veamos.
La opinión de la mayoría del Tribunal dedica la mayor
parte de sus páginas a discutir algunos conceptos normativos y
doctrinas jurídicas de otras jurisdicciones sobre cuándo y cómo
se estima que una compañía de seguro ha renunciado a los
términos de una póliza de seguro. En particular, se traen a
colación varias decisiones de tribunales estatales
norteamericanos que, al amparo del derecho que prevalece en
esas jurisdicciones, han distinguido entre el vencimiento de
una póliza por “caducidad” y el vencimiento de una póliza por
“expiración” y que han resuelto que si bien una aseguradora
puede renunciar a una cláusula de vencimiento por “caducidad”,
no puede renunciar a una cláusula de vencimiento por
“expiración”. Así, los patéticos hechos del caso de autos, que
conturban el sentido de justicia de cualquier persona
razonable, quedan subvalorados por el uso de unos conceptos
normativos que no proceden de nuestro propio ordenamiento
jurídico.
Dichos conceptos, muy favorables a las compañías
aseguradoras, son objeto de una extensa consideración por la
mayoría del Tribunal en su opinión. Lo que no recibe ninguna
atención, como se verá más adelante, son los conceptos
normativos y doctrinas jurídicas de nuestra propia jurisdicción CC-2001-1039 26
que podrían favorecer a la beneficiaria de la póliza en
cuestión.
El análisis unilateral del asunto también se refleja en
que la mayoría del Tribunal tampoco le da atención seria alguna
al hecho crucial de que la compañía del caso de autos estuvo
cobrando mes por mes, durante el largo período de 19 meses, las
primas de la póliza supuestamente expirada, sin chistar, para
luego negarse a pagar. En ese largo período de 19 meses la
aseguradora cobró las primas de la póliza supuestamente vencida
sin que los distintos funcionarios de ésta que seguramente
sabían de ello--agentes de cuentas, empleados de tesorería,
contables, auditores, ejecutivos--tomaran medida alguna para
remediar la situación. ¿Cómo contabilizó la aseguradora tales
pagos de primas? Y más aun, ¿es que esa conducta taimada de la
aseguradora no tiene consecuencias jurídicas?
Pasando ahora a identificar, aunque sólo sea brevemente,
los conceptos, doctrinas y figuras jurídicas de nuestro propio
ordenamiento jurídico que la mayoría del Tribunal no menciona o
desatiende en su opinión, pero que son pertinentes al caso de
autos y podrían favorecer a la beneficiaria de la póliza de
vida en cuestión, debe examinarse en primer lugar lo relativo
al precedente específico que existe en nuestra jurisprudencia
con respecto al caso de autos: Rosario v. Atlantic Southern
Ins. Co., 95 D.P.R. 759 (1968), en adelante “Rosario”.
La mayoría del Tribunal decreta en su opinión, en esencia,
que nuestro dictamen en Rosario no aplica al caso de autos
porque éste giraba en torno a una cláusula de caducidad de la
póliza mientras que el que ahora nos ocupa gira en torno a una
cláusula de expiración de la póliza. CC-2001-1039 27
Lo primero que sorprende sobre la distinción aludida que
formula la mayoría en su opinión es que nada dice ésta sobre el
diferente grado de finalidad que de ordinario tienen en nuestro
derecho los términos de caducidad frente a los de expiración.
Como bien señalamos en una opinión previa nuestra, que
involucraba precisamente a una compañía de seguros, los
términos de caducidad tienen un “irremisible efecto extintivo
de derechos” que no tienen otros términos. E.L.A. v. Great
Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 825, 833 (1978). Se caracterizan por
su tajante finalidad. Por ello, si en Rosario estuvimos
compelidos a responsabilizar a la aseguradora a pesar de que
estaba en juego un drástico término de caducidad, ¿cómo es
posible que en el caso de autos la mayoría libere a la
aseguradora cuando sólo está en juego un mero término de
expiración, que en nuestro derecho en general es de menor
finalidad que el de caducidad? La mayoría ni alude a esta
incongruencia. Ciertamente no explica porqué en el campo
especializado del derecho de seguros de Puerto Rico deba
invertirse el grado de finalidad que tienen los conceptos
normativos referidos en nuestro ordenamiento jurídico
ordinariamente.
Por otro lado, y más importante aun, ¿es realmente
inaplicable al caso de autos lo que hicimos en Rosario? Allí,
más allá de los meros conceptos y los legalismos, decidimos que
una póliza de vida continuaba en vigor, a pesar de que el
asegurado había dejado de pagar varias de las primas
correspondientes después de expirado el período de gracia para
ello. Resolvimos de ese modo porque la aseguradora cobró las
primas pendientes de pago aunque dicho cobro se hizo muy
tardíamente, pasados ya seis plazos desde la fecha en que la
póliza había expirado. Afincándonos en el principio medular de
que los contratos de seguro se interpretan liberalmente a favor CC-2001-1039 28
del asegurado, determinamos que al cobrar las primas ya
vencidas, la aseguradora había renunciado al vencimiento
automático de la póliza. Aunque en dicha opinión hicimos
extensa referencia a enjundiosos aspectos técnicos de la
normativa aplicable, concluimos nuestro análisis con una clara
alusión a la determinante estimativa jurídica subyacente en
nuestro dictamen. Hicimos patente nuestro juicio sobre lo que
requería la equidad en ese caso. Expresamente señalamos
entonces que era insostenible que una compañía de seguro
cobrase varias primas de una póliza ya vencida para luego
negarse a pagar al beneficiario el monto de la póliza al
fallecer el asegurado, a base de que la póliza había vencido.
Aparte de los conceptualismos, por clara analogía, parece
igualmente insostenible que una aseguradora continúe cobrando
por 19 meses las primas de una póliza que ya estaba expirada,
para luego negarse a pagar el monto de ésta al fallecer el
asegurado, a base de que la póliza había vencido. El claro
sentido jurídico y justiciero de nuestra decisión en Rosario v.
Atlantic Southern Ins. Co., supra, y su innegable valor como
precedente aquí, están ausentes en la decisión de la mayoría en
el caso de autos, ahogados por el intenso conceptualismo
unilateral y foráneo que arropa al decreto mayoritario.
Es menester notar que en el caso de autos nos enfrentamos
a una situación novel, que no está regida concretamente por
nuestro Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 101, et seq. Por
ello nuestra responsabilidad judicial para adjudicar la
cuestión ante nuestra consideración es acudir a las figuras que
sean aplicables al caso de autos, provenientes de nuestro
Código Civil. Ello, por razón de que hemos resuelto ya que el
Código Civil de Puerto Rico constituye la “fuente de derecho CC-2001-1039 29
supletorio al que deberá acudirse” para adjudicar cuestiones
relativas a seguros en situaciones no previstas por el Código
de Seguros. Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters,
111 D.P.R. 1, 6 (1981). Pasemos, pues, a examinar brevemente
algunas figuras o conceptos normativos civilistas aplicables
aquí.
La mayoría en su opinión nada menciona sobre nuestra
normativa con respecto a la novación. Como se sabe, nuestro
ordenamiento jurídico expresamente dispone en el Art. 1157 del
Código Civil que las obligaciones pueden modificarse de varias
maneras, una de las cuales consiste en variar sus condiciones
principales. 31 L.P.R.A. sec. 3241. En efecto, hemos reconocido
en nuestra jurisprudencia que en nuestra jurisdicción existen
dos tipos de novación: (1) la extintiva, mediante la cual se
extingue una obligación que existía antes; y (2) la
modificativa, que sólo apareja la variación de alguna condición
de una obligación que subsiste en cuanto a sus otros términos.
Véase, Teacher’s Annuity v. Sociedad de Gananciales, 115 D.P.R.
277 (1984); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473 (1980);
Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973).
Una de las novaciones modificativas que hemos reconocido
expresamente en nuestra jurisprudencia es precisamente aquella
en la que se cambia la duración del término de un contrato.
Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 D.P.R. 571 (1989).
Se trata de un tipo de modificación que ha sido objeto de
examen en la doctrina civilista. Puig Brutau, Fundamentos de
Derecho Civil, Tomo I, Vol. II, 3ra ed., págs. 388-391, 397-399
(1985).
La novación referida ocurre cuando las partes así lo han
acordado, o cuando tal intención de las partes puede inferirse
de las circunstancias que rodean el caso particular. Warner
Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 389; Hernández v. CC-2001-1039 30
Burgos, 40 D.P.R. 460, 463 (1930). Existe, pues, la novación
tácita. Vázquez Bote, Derecho Civil de P.R., Tomo III. Vol. I,
pág. 380 (ed. 1976). Véase, además, Teacher’s Annuity v.
Sociedad de Gananciales, supra, págs. 289-290. También es claro
que los contratos de seguro son susceptibles de modificarse
mediante la novación. Véase, Muñiz v. Aetna Casualty & Surety
Co., 38 D.P.R. 839 (1928); y Teacher’s Annuity v. Sociedad de
Gananciales, supra.
En el caso de autos, el asegurado permitió que se
continuaran haciendo descuentos de su cuenta bancaria para
pagar las primas de la póliza de vida en cuestión durante un
período de 19 meses después de la fecha de vencimiento de ésta.
Por su parte, la aseguradora continuó recibiendo y aceptando
tales pagos durante todo ese extenso tiempo. Tales
circunstancias apuntan seguramente a una modificación tácita
por ambas partes del término de vencimiento de la póliza. Ello
constituye la interpretación más razonable del comportamiento
tanto del asegurado como de la compañía aseguradora. Si el pago
de las primas hubiese ocurrido sólo dos o tres veces después de
la fecha de vencimiento de la póliza, podría conjeturarse que
se debió a un error tanto del asegurado como de la aseguradora.
Lo que no se puede asumir es que tanto el asegurado como la
aseguradora cometieron tal error, sin ni siquiera darse cuenta
de ello, mes por mes, durante 19 meses. Tal interpretación
sería patentemente contraria a la experiencia de las personas
razonables que examinan a tiempo sus estados de cuentas
bancarios, y al modus operandi de las empresas ordinarias que
contabilizan sus ingresos debidamente. No podemos suponer que
las partes aquí actuaron irracionalmente sino todo lo
contrario: debemos presumir que las cosas ocurrieron de acuerdo
a su curso ordinario. Véase la Regla 16 de Evidencia, CC-2001-1039 31
particularmente los incisos (4), (7), (11), (19) y (20). 32
L.P.R.A., Ap. IV, R.16.
Aquí cuando menos pudo haber mediado una novación
modificativa de la póliza de vida en cuestión pero la mayoría
ni menciona el asunto en su opinión.
Existe otra normativa civilista en nuestro propio
ordenamiento jurídico que es pertinente al caso de autos, que
la mayoría del Tribunal tampoco discute en su opinión. Se trata
de la normativa relativa a la buena fe en los contratos.
Como se sabe, el Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico
dispone que los contratos válidos obligan “no sólo al
cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a todas
las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la
buena fe, al uso y a la ley”, 31 L.P.R.A. sec. 3375.
Fundamentados en esta disposición, hemos reconocido en nuestra
jurisprudencia que los tribunales tienen la facultad de ejercer
una función modificadora con respecto a los términos de un
contrato a los fines de exigir deberes especiales de conducta a
alguna parte contratante cuando la buena fe lo requiera. Hemos
aplicado la referida doctrina de la buena fe incluso con
respecto a los contratos de seguro. Rodríguez Reyes v.
Caribbean Hosp. Corp., 141 D.P.R. 182, 187 (1996); González v.
Commonwealth Ins. Co., 140 D.P.R. 673, 683-684 (1996); Mun. de
San Juan v. Great Amer. Ins. Co., 117 D.P.R. 632, 637 (1986).
Expresamente hemos resuelto que un asegurador tiene un deber de
actuar de buena fe hacia el asegurado, al decidir que una
póliza sigue en vigor aunque el asegurado no haya cumplido con
su deber de notificar la reclamación correspondiente dentro del
término de vigencia de la póliza, si la aseguradora a su vez no
cumplió con su deber de buena fe de advertirle al asegurado CC-2001-1039 32
sobre la insuficiencia de unos documentos sometidos por éste.
Rodríguez Reyes v. Caribbean Hosp. Corp., supra.
Es menester resaltar que con referencia al principio de
buena fe, hemos reconocido que en todo contrato está implícito
el elemento de justicia objetiva, por lo que hay facultad en
los tribunales para atemperar la excesiva onerosidad de algún
término contractual que hiera el principio de la reciprocidad
de las prestaciones. Util. Cons. Servs. v. Mun. de San Juan,
115 D.P.R. 88, 89-90 (1984). Véase, además, López de Victoria
v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982); y M. Godreau, Lealtad y
Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. U.P.R. 367 (1989).
A la luz de la normativa de la buena fe referida antes, en
el caso de autos cabe cuando menos preguntarse si es cónsono
con dicha normativa el comportamiento de la aseguradora de
seguir cobrando las primas de la póliza mes por mes durante 19
meses después del supuesto vencimiento del contrato, para
entonces negarse a honrar la póliza al fallecer el asegurado.
Tal comportamiento no parece estar en armonía con el principio
de la reciprocidad de las prestaciones, en vista de que para la
aseguradora los pagos de la prima durante 19 meses no dio lugar
a ninguna consecuencia de aseguramiento.
De la aplicación aquí del referido principio civilista
sobre la buena fe, pues, surgiría la obligación de la
aseguradora de honrar el contrato de seguro en cuestión aun
luego de su fecha de terminación, como contraprestación por las
primas recibidas y retenidas después de esa fecha. Esta
consecuencia del principio de la buena fe estaría en clara
armonía con las normas y conceptos más elementales del derecho
de seguros. Como bien se señala en la eminente obra Couch on
Insurance, el pago de las primas de una póliza de seguro y el
aseguramiento que garantiza tal póliza son prestaciones
recíprocas inextríncables: CC-2001-1039 33
“The premium paid by the insured and the peril assumed by the insurer are correlatives, inseparable from each other... attachment of risk is an implied condition of payment of premium”.11
“Premium and risk are the very essence a contract of insurance and each is dependent and inseparable from the other”.12
A pesar de lo pertinente que es al caso de autos el
referido principio civilista de la buena fe, la mayoría del
Tribunal ni menciona el asunto en su opinión, aunque la postura
que sí favorece es a todas luces contraria al elemento de
justicia objetivo implícito en el contrato de seguros del caso
de autos.
En los acápites anteriores de esta Opinión, hemos hecho
hincapié en que nuestro propio ordenamiento jurídico tiene
varios conceptos normativos y doctrinas jurídicas que podrían
favorecer al beneficiario de la póliza de seguro de vida del
caso de autos, que la mayoría del Tribunal no consideró de modo
alguno en su opinión. Ahora en este acápite debemos resaltar
que en las propias jurisdicciones estatales norteamericanas en
cuya jurisprudencia se apoya el dictamen mayoritario, se ha
reconocido una postura frente a situaciones como las que aquí
nos concierne que es también contraria a la adoptada por la
mayoría en su opinión aquí.
En efecto, numerosos tribunales estatales de Estados
Unidos, en casos similares o análogos al de autos, han resuelto
que cuando una compañía aseguradora a sabiendas recibe y
retiene primas pagadas por el asegurado de una póliza ya
vencida, dicha compañía renuncia a la defensa de que la póliza
11 5 Couch on Insurance, 2d, págs. 534-535. 12 6 Couch on Insurance, 2d, pág. 849. CC-2001-1039 34
no estaba en vigor y viene obligada a pagar el monto del seguro
al beneficiario al morir el asegurado. El principio se resumió
en forma clara y elocuente por el Tribunal Supremo de Alabama
en Washington Nat’l Ins. Co. of América v. Parker, 164 So. 303,
304 (1935):
“Probably there is no principle of insurance law more firmly settled, nor better grounded in justice and reason, than that an insurer, who receives and retains premiums, the very consideration for carrying the insurance risk, with knowledge of facts which, under stipulations for his benefit, would, in the absence of such knowledge, empower him to treat the policy as having never been in force, or as being no longer in force, will be held to have waived such stipulations. Waiver, strictly speaking, is a matter of intent. But, in such case, no proof of actual intent is required. Any other intent, in such case, would work a positive wrong or fraud on the insured. The law charges the insurer with the intent to waive under the doctrine of estoppel.”
Así mismo, el Tribunal Supremo de Arkansas, en Riverside Ins.
Co. of América v. Parker, 375 S.W. 2d 225, 237 (1964), ha
enfatizado que:
An insurer will not be permitted to retain unearned premiums paid, and still deny liability on the policy.
El principio mencionado antes ha sido sostenido por tantos
tribunales estatales norteamericanos que una de las conocidas
autoridades en materia de derecho de seguros de ese país afirma
que:
“Generally, an insurer is precluded from asserting a forfeiture where, after acquiring knowledge of facts constituting a breach of condition, it retains the unearned portion of the premium or fails to tender it back with reasonable promptness... when insurer received check in payment of policy, it was under duty either to issue policy or else notify insured within reasonable time that it was refusing to issue policy and return amount of premium.”
Holmes’ Appleman on Insurance, 2d, Vol. V, págs. 389-391.
Véase, además, Larr v. Minnesota Mut. Life Ins. Co., 924 F 2d
65, (Miss. 1991); U & I Properties, Inc. v. Republic Nat’l Life CC-2001-1039 35
Ins. Co., 519 P 2d 19 (Wash. 1974); Chicago Ins. Co. v. Camors,
296 F Supp 1335 (Ga. 1969); Englishtown Auction Sales, Inc. v.
Mount Vernon Fire Ins. Co., 271 A 2d 292 (N.J. 1970); Pitts v.
New York Life Ins. Co., 148 S.E. 2d 369 (Miss. 1966); Combined
American Ins. Co. v. Parker, 377 S.W. 2d 213 (Tex. 1964). Veáse
también, 9 Couch on Insurance, 2d. pág. 684.
A la luz de esta realidad jurisprudencial y doctrinal
norteamericana, ¿cómo puede justificarse la decisión de la
mayoría en el caso de autos?
VI
Desde antaño, y en numerosas ocasiones, este Foro ha
resaltado la esencial misión que tenemos de hacer valer la
justicia en los casos que llegan ante nos. Véase, Magriz v.
Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63, 73 (1997); Rodríguez Sanabria
v. Soler Vargas, 135 D.P.R. 779, 785 (1994); Villanueva v.
Hernández Class, 128 D.P.R. 618, 636 (1991); Sánchez Acevedo v.
E.L.A., 125 D.P.R. 432, 438 (1990); In re: Santos Vías, 122
D.P.R. 881, 887 (1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120
D.P.R. 61, 73 (1987); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp.,
120 D.P.R. 283, 293 (1988); Imp. Vilca v. Hogares Crea, 118
D.P.R. 679, 685 (1987); Morales Garay v. Roldán Coss, 110
D.P.R. 701, 705 (1981); Bco. Metropolitano v. Berríos, 110
D.P.R. 721, 725 (1981); Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106
D.P.R. 672, 675 (1998); Pueblo v. Santiago, 106 D.P.R. 1, 4
(1977); Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R.
609, 612 (1976); In re: Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975);
Quiñónez v. A.C.A.A., 102 D.P.R. 746, 751 (1974); Piovanetti
Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663, 667 (1971); Silva v.
Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 903-904 (1965); Piovanetti
v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108, 122-123 (1957); Infante v. Leith, 85
D.P.R. 26, 41 (1962); Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163, 175 CC-2001-1039 36
(1953); Rodríguez v. Tribl. Mpal. & Ramos, 74 D.P.R. 656, 667
(1953); Sosa v. Sucn. Morales, 58 D.P.R. 360, 363 (1941); Porto
Rico R., L. & P. Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 340, 346
(1928); Mun. de Vega Baja v. Smith, 27 D.P.R. 632, 637-638
(1919). Incluso hemos aludido a esa alta misión llamándola
“nuestra indeclinable función rectora de hacer justicia”, In
re: Santos Vías, supra, a la vez que hemos reconocido que “el
sentido de injusticia que inquieta la conciencia . . . es
fuente espontánea de la formación del Derecho” . . ., Figueroa
v. Díaz, supra. Lo hemos sintetizado de manera elocuente en una
breve expresión, tantas veces citada, en Sucn. Bravo v. Srio.
de Hacienda, supra.
“Somos Tribunal de Justicia y aunque la Justicia se pinta ciega, como símbolo de su imparcialidad, los tribunales que la imparten deben tener los ojos abiertos para impedir que allí se frustre. Cuando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que aprisionen los remedios justos.”
Ese profundo pensamiento jurídico también ha sido
expresado, de modo más llano pero contundentemente claro, por
unos jueces de este Foro en Quiñones v. A.C.A.A., al afirmar
“Si no hay remedio en ley, el tribunal está justificado en crearlo. Después de todo, son tribunales de justicia y no centros académicos para dirimir sutilezas técnicas.”
En el caso de autos, no puede negarse lo injusto de la
conducta de la aseguradora. Esta se lucró por 19 meses corridos
del pago de las primas de una póliza supuestamente expirada.
Luego, al recibir una reclamación de la viuda del asegurado, la
beneficiaria de la póliza, la aseguradora se negó a honrar la
póliza por su supuesta expiración. Frente a este patente
desafuero, la mayoría del Tribunal opta por invocar unas
distinciones conceptuales, provenientes de otras
jurisdicciones. Se opta por tal curso decisorio a pesar de que CC-2001-1039 37
en nuestro propio ordenamiento jurídico existen conceptos y
doctrinas que no sólo son claramente aplicables, sino que,
además, resultarían en un dictamen que le haga justicia a la
viuda que la aseguradora deja desamparada con nuestro aval
aquí. Se opta por tal curso decisorio a pesar de que este
Tribunal la mayor de las veces “se ha resistido a adoptar
doctrinas y principios proclamados por tribunales continentales
que se encuentran en conflicto fundamental con nuestra
tradición jurídica y nuestro modo de vivir como pueblo”.
Infante v. Leith, supra, pág. 41, nota al calce núm. 4.
Es por todo lo anterior que yo, disiento.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO