Constructora Estelar, S.E. v. Autoridad De Edificios Públicos
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constructora Estelar, S.E. y Otros
Recurridos Certiorari v. 2011 TSPR 139 Autoridad de Edificios Públicos Y Otros 183 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC - 2009 - 259 Cons. CC - 2009 - 267
Fecha: 28 de septiembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región de San Juan, Panel II
Jueza Ponente: Hon. Carlos A. Cabán García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Enrique R. Adames Soto Lcdo. Oscar M. González Rivera Lcda. Vivian Rodríguez Ortiz
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Edilberto Berríos Pérez
Abogado de Seaboard Surety Co.
Lcdo. Alfredo Fernández Martínez
Materia: Laudo de Arbitraje
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurridos
v.
Autoridad de Edificios Públicos y Otros CC-2009-259
Peticionarios Cons. Certiorari
Constructora Estelar
Peticionario CC-2009-267 v.
Autoridad de Edificios Públicos y Otros
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2011.
Nos corresponde atender unas controversias
relacionadas con la Ley para Autorizar la Celebración de
Convenios de Arbitraje en Puerto Rico, Ley Núm. 376 de 8
de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. § 3201, et seq. (Ley de
Arbitraje). Específicamente, si la prórroga a un término
establecido para emitir un laudo de arbitraje debe ser por
escrito a tenor con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley
de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3214. Además, debemos
establecer si un decreto emitido transcurrido el plazo
dispuesto es automáticamente inválido. Igualmente, debemos CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 2
entender la facultad del Tribunal de Primera Instancia
para revisar un laudo en el que sólo se sometió a
arbitraje la determinación sobre la validez de una
declaración de incumplimiento contractual.
Luego de un análisis de la doctrina atinente,
concluimos que el Art. 14 de la Ley de Arbitraje, supra,
no aplica cuando las partes acordaron un término para
emitir un laudo de arbitraje, por lo que no es un
requisito que su prórroga conste por escrito. De igual
forma, ultimamos que el decreto formulado en exceso al
referido periodo no es automáticamente nulo. A su vez,
enmarcamos la facultad del Tribunal de Primera Instancia
para revisar un laudo de arbitraje.
I
Un trasfondo de los hechos medulares ante nuestra
consideración refleja que el 12 de marzo de 1992 la
Autoridad de Vivienda Pública (AVP) y la Autoridad de
Edificios Públicos (AEP) acordaron que la última
administraría la modernización de ciertos residenciales
públicos conforme a un programa general de mejoras de la
Administración de Vivienda Federal (HUD).1 Como parte del
referido programa, se celebró una subasta para el proyecto
conocido como “Modernización del Residencial Ernesto Ramos
Antonini”, Segunda Fase. El proyecto consistía de la
modernización de 384 unidades de vivienda en 38 edificios
1 Los residenciales públicos en cuestión, son: Ernesto Ramos Antonini, Manuel A. Pérez, Torres de la Sabana, Margaritas II, Margaritas III y Perla del Caribe. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 3
y trabajos de mejoras a las calles y áreas comunales tales
como edificio de Head Start, centro comunal, parque de
pelotas y gradas. La subasta fue adjudicada a favor de la
Constructora Estelar, S.E. (Constructora Estelar), por lo
que el 23 de julio de 1993 ésta, la AVP y la AEP otorgaron
el respectivo contrato.2 Seaboard Surety Corp. (Seaboard
Surety) emitió la fianza de pago y cumplimiento.
El 15 de noviembre de 1995 las partes se declararon
mutuamente en incumplimiento sustancial (default). En
esencia, la AEP y la AVP entendieron que Constructora
Estelar retrasó la obra por no contar con personal y
materiales suficientes, y poseer una pobre situación
económica. Por su parte, Constructora Estelar adujo, entre
otras, que la AEP y la AVP no entregaban nuevos edificios
para trabajar, no recibían edificios completados, exigían
labores que no fueron contratadas, paralizaban labores y
no pagaban las órdenes de cambio. Como consecuencia de
ello, la AVP y la AEP requirieron a Seaboard Surety la
asunción y terminación de las obras. El 7 de febrero de
1996 todas las partes suscribieron un contrato denominado
Takeover Agreement para que Seaboard Surety completara el
proyecto de modernización, a tenor con los términos del
2 La AVP compareció como dueña de la obra, la AEP como administradora de los contratos de construcción y Constructora Estelar como contratista general. El contrato original fue adjudicado por $11,515,000. La remodelación inició el 2 de agosto de 1993 y la fecha de terminación original estaba pautada para el 26 de septiembre de 1995. Véase, Apéndice, CC-2009-09-259, a la pág. 287. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 4
contrato originalmente suscrito entre AVP, AEP y
Constructora Estelar.
Como parte del Takeover Agreement relacionado con el
residencial Ernesto Ramos Antonini, las partes pactaron
que cualquier causa de acción por daños causados en virtud
del contrato suscrito por éstas no sería sometido a
arbitraje y podría ser iniciado ante los tribunales.3 Por
el contrario, la única controversia a ser dilucidada ante
un panel de árbitros sería si fue correcta la declaración
de incumplimiento emitida por la AVP y la AEP.4
En lo pertinente al arbitraje, el Takeover Agreement
dispone:
[n]otwithstanding contractual provisions under the General Conditions, particularly Article 15.2 (among others) and the limitations therein contained as to scope of any arbitration, the parties except as otherwise provided hereby agree and covenant to determine the propriety of the default issue and submit said disputes to arbitration within thirty (30) days after the execution of this Agreement. This provision is to
3 El Takeover Agreement establece que:
Notwithstanding any other provision of this Agreement, no cause of action that either party to the construction contract might have against the other for damages caused by nonperformance of contract shall not be submitted to arbitration. The party to the construction contract which feels entitled to such cause of action shall be authorized to initiate such action in any court of competent jurisdiction.
Véase, Takeover Agreement, Apéndice, CC-2009-259, a la pág. 172. 4 El Takeover Agreement dispone que: “the parties except as otherwise provided hereby agree and covenant to determine the propriety of the default issue and submit said disputes to arbitration”. Véase, Takeover Agreement, Apéndice, CC-2009-259, a la pág. 171. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 5
be construed as a “formal submission agreement”. It shall not be necessary, indispensable or precondition that the architect issues any opinion or decision prior to commencement of arbitration proceedings. The final decision of the arbitration panel shall be binding on all parties who participate. The arbitrators shall be three (3) and will be selected under the provision of Article 15.2 of the Contractual General Conditions.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Constructora Estelar, S.E. y Otros
Recurridos Certiorari v. 2011 TSPR 139 Autoridad de Edificios Públicos Y Otros 183 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC - 2009 - 259 Cons. CC - 2009 - 267
Fecha: 28 de septiembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región de San Juan, Panel II
Jueza Ponente: Hon. Carlos A. Cabán García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Enrique R. Adames Soto Lcdo. Oscar M. González Rivera Lcda. Vivian Rodríguez Ortiz
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Edilberto Berríos Pérez
Abogado de Seaboard Surety Co.
Lcdo. Alfredo Fernández Martínez
Materia: Laudo de Arbitraje
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
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v.
Autoridad de Edificios Públicos y Otros CC-2009-259
Peticionarios Cons. Certiorari
Constructora Estelar
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Autoridad de Edificios Públicos y Otros
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2011.
Nos corresponde atender unas controversias
relacionadas con la Ley para Autorizar la Celebración de
Convenios de Arbitraje en Puerto Rico, Ley Núm. 376 de 8
de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. § 3201, et seq. (Ley de
Arbitraje). Específicamente, si la prórroga a un término
establecido para emitir un laudo de arbitraje debe ser por
escrito a tenor con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley
de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3214. Además, debemos
establecer si un decreto emitido transcurrido el plazo
dispuesto es automáticamente inválido. Igualmente, debemos CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 2
entender la facultad del Tribunal de Primera Instancia
para revisar un laudo en el que sólo se sometió a
arbitraje la determinación sobre la validez de una
declaración de incumplimiento contractual.
Luego de un análisis de la doctrina atinente,
concluimos que el Art. 14 de la Ley de Arbitraje, supra,
no aplica cuando las partes acordaron un término para
emitir un laudo de arbitraje, por lo que no es un
requisito que su prórroga conste por escrito. De igual
forma, ultimamos que el decreto formulado en exceso al
referido periodo no es automáticamente nulo. A su vez,
enmarcamos la facultad del Tribunal de Primera Instancia
para revisar un laudo de arbitraje.
I
Un trasfondo de los hechos medulares ante nuestra
consideración refleja que el 12 de marzo de 1992 la
Autoridad de Vivienda Pública (AVP) y la Autoridad de
Edificios Públicos (AEP) acordaron que la última
administraría la modernización de ciertos residenciales
públicos conforme a un programa general de mejoras de la
Administración de Vivienda Federal (HUD).1 Como parte del
referido programa, se celebró una subasta para el proyecto
conocido como “Modernización del Residencial Ernesto Ramos
Antonini”, Segunda Fase. El proyecto consistía de la
modernización de 384 unidades de vivienda en 38 edificios
1 Los residenciales públicos en cuestión, son: Ernesto Ramos Antonini, Manuel A. Pérez, Torres de la Sabana, Margaritas II, Margaritas III y Perla del Caribe. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 3
y trabajos de mejoras a las calles y áreas comunales tales
como edificio de Head Start, centro comunal, parque de
pelotas y gradas. La subasta fue adjudicada a favor de la
Constructora Estelar, S.E. (Constructora Estelar), por lo
que el 23 de julio de 1993 ésta, la AVP y la AEP otorgaron
el respectivo contrato.2 Seaboard Surety Corp. (Seaboard
Surety) emitió la fianza de pago y cumplimiento.
El 15 de noviembre de 1995 las partes se declararon
mutuamente en incumplimiento sustancial (default). En
esencia, la AEP y la AVP entendieron que Constructora
Estelar retrasó la obra por no contar con personal y
materiales suficientes, y poseer una pobre situación
económica. Por su parte, Constructora Estelar adujo, entre
otras, que la AEP y la AVP no entregaban nuevos edificios
para trabajar, no recibían edificios completados, exigían
labores que no fueron contratadas, paralizaban labores y
no pagaban las órdenes de cambio. Como consecuencia de
ello, la AVP y la AEP requirieron a Seaboard Surety la
asunción y terminación de las obras. El 7 de febrero de
1996 todas las partes suscribieron un contrato denominado
Takeover Agreement para que Seaboard Surety completara el
proyecto de modernización, a tenor con los términos del
2 La AVP compareció como dueña de la obra, la AEP como administradora de los contratos de construcción y Constructora Estelar como contratista general. El contrato original fue adjudicado por $11,515,000. La remodelación inició el 2 de agosto de 1993 y la fecha de terminación original estaba pautada para el 26 de septiembre de 1995. Véase, Apéndice, CC-2009-09-259, a la pág. 287. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 4
contrato originalmente suscrito entre AVP, AEP y
Constructora Estelar.
Como parte del Takeover Agreement relacionado con el
residencial Ernesto Ramos Antonini, las partes pactaron
que cualquier causa de acción por daños causados en virtud
del contrato suscrito por éstas no sería sometido a
arbitraje y podría ser iniciado ante los tribunales.3 Por
el contrario, la única controversia a ser dilucidada ante
un panel de árbitros sería si fue correcta la declaración
de incumplimiento emitida por la AVP y la AEP.4
En lo pertinente al arbitraje, el Takeover Agreement
dispone:
[n]otwithstanding contractual provisions under the General Conditions, particularly Article 15.2 (among others) and the limitations therein contained as to scope of any arbitration, the parties except as otherwise provided hereby agree and covenant to determine the propriety of the default issue and submit said disputes to arbitration within thirty (30) days after the execution of this Agreement. This provision is to
3 El Takeover Agreement establece que:
Notwithstanding any other provision of this Agreement, no cause of action that either party to the construction contract might have against the other for damages caused by nonperformance of contract shall not be submitted to arbitration. The party to the construction contract which feels entitled to such cause of action shall be authorized to initiate such action in any court of competent jurisdiction.
Véase, Takeover Agreement, Apéndice, CC-2009-259, a la pág. 172. 4 El Takeover Agreement dispone que: “the parties except as otherwise provided hereby agree and covenant to determine the propriety of the default issue and submit said disputes to arbitration”. Véase, Takeover Agreement, Apéndice, CC-2009-259, a la pág. 171. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 5
be construed as a “formal submission agreement”. It shall not be necessary, indispensable or precondition that the architect issues any opinion or decision prior to commencement of arbitration proceedings. The final decision of the arbitration panel shall be binding on all parties who participate. The arbitrators shall be three (3) and will be selected under the provision of Article 15.2 of the Contractual General Conditions. The arbitrators shall decide the disputes submitted to them pursuant to the Laws of Puerto Rico and the decision shall conform to Law. The rules of the American Arbitration Association (AAA) shall not be applicable, except to supplement areas of controversy or doubt, in such event the applicable rules of the AAA shall be those that will become effective March 31, 1996. The parties to the arbitration shall be entitled to discovery in a limited fashion, unless mutually agreed otherwise; namely each party shall be entitled to take a maximum of three (3) oral depositions per project; the parties shall exchange all relevant documents and shall be entitled to inspection of documents. Arbitrators shall admit into evidence only relevant documents, relevant regarding the issues submitted for decision and a limited periphery thereof.
Final hearing shall be held within 90 days from date hereof and unless mutually agreed the maximum hearing period shall be twelve full working days, with time allocated equally to each party, the time on cross examination shall be considered as time consumed by the party propounding the questions. All evidence that makes reference to numbers, figures or computations be it time, money, cost, damages, change orders, certifications or similar matter shall be submitted trough summaries. The arbitrators shall issue their written decision within thirty (30) days from the date when the hearings close. The arbitrators shall issue their decision with specific findings of fact and conclusions of law. The final decision of the arbitration panel shall be final, except as it may be challenged, questioned or attacked under the provisions of the Laws of Puerto Rico and this submission agreement; the final findings of fact and conclusions of law shall be binding on all parties to the arbitration for all legal purposes. Nothing considered as having been resolved for or against either party and shall be CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 6
considered as all rights and prerogatives related thereto having been fully reserved. [Énfasis nuestro] A la luz de lo acordado, el 15 de noviembre de 1996
Constructora Estelar y otros demandaron en daños y
perjuicios a la AVP, AEP y Seaboard Surety.5 A su vez,
comenzó entre las partes el proceso de arbitraje suscrito
en el Takeover Agreement.6
El proceso de arbitraje comenzó con la selección del
panel de árbitros compuesto por el Ingeniero Jorge
Guillermety, y los licenciados Antonio Moreda González y
Antonio Corretjer Piquer.7
5 Posteriormente, el 5 de marzo de 1997 Constructora Estelar presentó una demanda enmendada que comprende causas de acción de alegaciones de culpa, negligencia, craso menosprecio al daño, interferencia con relaciones contractuales, ausencia de buena fe y falta de pago. La AEP y la AVP solicitaron la desestimación de la demanda al alegar que las referidas reclamaciones eran contractuales y debían ser dilucidadas por arbitraje. El foro de instancia denegó desestimar la acción instada por Constructora Estelar. Ello fue objeto de estudio por el Tribunal de Apelaciones en el recurso KLCE9701042 que fue denegado mediante resolución de 8 de enero de 1998. 6 El Takeover Agreement establecía que los procedimientos se celebrarían en un término de noventa (90) días. Originalmente, la AEP y AVP cuestionaron la jurisdicción del panel de árbitros al aducir que el término para celebrar la vista final culminó. Ante ello, el panel de árbitros paralizó los procedimientos en espera de que el Tribunal de Primera Instancia atendiera el planteamiento jurisdiccional. El foro primario determinó que el panel de árbitros tenía jurisdicción. La AEP y AVP acudieron ante el Tribunal de Apelaciones, KLCE199900277 que denegó el recurso mediante resolución de 14 de mayo de 1999. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la conducta de la AEP y AVP era inconsistente con el procedimiento de arbitraje que apoyó y patrocinó durante dos años. No existe controversia con relación a este particular. 7 El Ing. Jorge M. Guillermety fue nombrado por la AEP y la AVP. Constructora Estelar y Seaboard Surety nominaron al licenciado Moreda González, y el tribunal designó al licenciado Corretjer Piquer. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 7
El panel de árbitros celebró sobre cincuenta y cinco
(55) días de vistas que comenzaron el 31 de enero de 2000
y culminaron el 6 de diciembre de 2001. Durante dichas
vistas, hubo numerosos testigos y prueba pericial en
ingeniería y contabilidad. Además, las partes sometieron
memorandos post-vistas y memorandos de réplica a vencer el
1ro de abril de 2002.
Finalmente, el panel de árbitros emitió un extenso
laudo el 15 de mayo de 2002. Por una parte, el Ing.
Guillermety y el licenciado Corretjer Piquer concluyeron
que la declaración de incumplimiento emitida por la AEP y
AVP era apropiada. Por el contrario, el licenciado Moreda
González emitió una opinión disidente en la cual determinó
que no estaba justificada la declaración de
incumplimiento.8
En desacuerdo con el laudo emitido, Seaboard Surety y
Constructora Estelar presentaron ante el Tribunal de
Primera Instancia sendas solicitudes de revocación, el 12
de agosto de 2002 y el 9 de agosto de 2002,
respectivamente.9
8 Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 536-614. 9 Las solicitudes para revocar el laudo, al amparo del Art. 24 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3224, fueron presentadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrega del laudo en la acción de daños y perjuicios presentada por Constructora Estelar el 15 de noviembre de 1996. Véanse, “Solicitud de Revocación y/o Anulación de Laudo de Arbitraje” presentada por Surety Board, Apéndice, CC-2009-259, a las págs. 276-323; “Moción para Revocar o Anular Laudo” presentada por Constructora Estelar, Apéndice, CC-2009-259, a las págs. 327-334; “Memorándum en Apoyo a Moción para Revocar o Anular Laudo” presentada por CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 8
Por su parte, Seaboard Surety impugnó el laudo al
indicar que los hechos para sustentarlo son contrarios a
derecho, se le privó de su derecho a seleccionar la forma
en que podía cumplir su obligación al amparo de la fianza
emitida, tomó en consideración evidencia inadmisible, al
concluirse que no tenían un derecho a un periodo de cura
(cure period)10 y al entender que fue emitido sin
jurisdicción debido a que no fue dictado dentro del
término de treinta (30) días a partir de la última vista
de arbitraje conforme a lo dispuesto en la ley y el
acuerdo de sumisión sin que dicho término fuera extendido
por escrito.11
Por otro lado, Constructora Estelar objetó el laudo de
arbitraje al señalar, entre otras, que la opinión
mayoritaria de los árbitros que firmaron el decreto
delegaron sus funciones de evaluar y aquilatar la
Constructora Estelar, Apéndice, CC-2009-259, a las págs. 341-416; “Relación de Hechos Determinados en el Laudo Mayoritario y Señalamiento de Inconsistencias y Errores en los Mismos” presentada por Constructora Estelar, Apéndice, CC-2009-259, a las págs. 417-479. 10 Este es un periodo que se brinda al contratista para que pueda reparar el alegado incumplimiento. Por regla general, comienza con una notificación escrita al contratista en el que se le informa sobre la falta alegada. La industria de la construcción reconoce este tipo de periodo de cura antes de que se decrete la terminación del contrato. Véase, M. Klinger y otros, The Construction Project: phases, people, terms, paperwork, processes, Estados Unidos, American Bar Association, 2006, 173. 11 Con relación a este particular, Seaboard Surety hace referencia a la cláusula del Takeover Agreement que establece como sigue: “This Agreement shall not be changed, amended or altered in any way except in writing CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 9
evidencia, violaron el debido proceso de ley al no
reconocer ni impartir vigencia a las estipulaciones y
admisiones de las partes, actuaron contrario a derecho y
luego de expirado el término jurisdiccional de treinta
(30) días para ello sin que éste fuera prorrogado por
escrito, por lo que no surte efecto. Constructora Estelar
arguye que el referido término expiró el 1ro de mayo de
2002.12 Para sostener su impugnación ante el Tribunal de
Primera Instancia, Constructora Estelar presentó un
memorándum en apoyo a su contención y una relación de
hechos determinados con un señalamiento de inconsistencias
y errores.
El 18 de febrero de 2003 la AEP presentó su postura
en cuanto a la solicitud de impugnación del laudo de
arbitraje.13 A tales efectos, la AEP argumentó que el
Tribunal de Primera Instancia está vedado de revisar la
apreciación de los hechos determinados por el panel de
árbitros debido a que les corresponde a éstos aquilatar la
prueba. La AEP enfatizó que la norma jurídica es a favor
del arbitraje por lo que los tribunales no se inclinan a
revocar los laudos. En torno al aspecto concerniente a la
jurisdicción, la AEP indicó que las partes extendieron el
and executed by both the Owner/Agent and Surety”. Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a la pág. 174. 12 Véase, “Memorándum en Apoyo a Moción para Revocar o Anular Laudo”, Apéndice, CC-2009-259, a la pág. 375. 13 Véase, “Solicitud de Desestimación de Impugnación de Laudo de Arbitraje” presentada por la AEP, Apéndice, CC- 2009-259, a las págs. 227-235. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 10
término para que el panel de árbitros emitiera el laudo a
cuarenta y cinco (45) días a partir de que se sometieran
las réplicas a los memorandos, es decir, desde el 1ro de
abril de 2002, por lo que el tiempo para emitir el laudo
culminaba el 16 de mayo de 2002. La AEP presentó
declaraciones juradas del licenciado Corretjer Piquer y
del Ing. Guillermety para establecer que el caso quedó
finalmente sometido el 1 de abril de 2002 y que el término
para rendir el laudo vencía el 16 de mayo de 2002.14
Además, hizo referencia a la “Moción Informando Término
para Emisión de Laudo de Conformidad con Pacto Unánime”
suscrita por Constructora Estelar con fecha del 9 de mayo
de 2002.15
14 Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 238-242. 15 En ésta se expresa, en lo pertinente:
Comparece la parte demandante, por conducto de su representación legal que suscribe, y respetuosamente informa lo siguiente;
1. En las vistas de arbitraje se pactó unánimemente lo siguiente, con el consentimiento de los árbitros en vista evidenciaria y con la presencia de todos los abogados:
a El término para someter los memorandos post-vistas vencería el 20 de febrero de 2002.
b Las partes presentarían un memorando de réplica para el 25 de marzo de 2002.
c El Panel, debido al volumen de evidencia y los datos que el caso conlleva, tendría el término de cuarenta y cinco días calendario desde la radicación del memorándum de réplica para emitir su laudo. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 11
A tenor con ello, la AEP señaló que no existen razones
para que proceda la revocación y/o anulación del laudo, es
decir, no se incurrió en fraude, parcialidad, corrupción,
y los árbitros no se excedieron de sus funciones conforme
al acuerdo de sumisión, por lo que procede la confirmación
del decreto. De igual forma, la AVP presentó en abril de
2003 su postura con relación a la impugnación del laudo
sometida por Constructora Estelar y Seaboard Surety.16 En
efecto, la AVP señaló que las determinaciones de hecho
sobre la interpretación del contrato y la prueba recibida
no son revisables judicialmente. A la vez, la AVP
concurrió con lo expresado por la AEP en su solicitud de
desestimación.
2. Las fechas fueron modificadas a solicitud de una u otra parte con el consentimiento unánime del Panel. Inicialmente Estelar solicitó tiempo adicional para someter su memorando, a lo que las demás partes consintieron. Subsiguientemente Vivienda Pública solicitó tiempo para someter el memorando de réplica, a vencer el 1 de abril de 2002. Todas las demás partes expresaron su consentimiento, por lo que todas las partes sometieron sus memorandos de réplica el 1 de abril de 2002.
3. Considerando los acuerdos sobre términos de radicación, las extensiones pactadas y la fecha en que, como consecuencia, la controversia quedó sometida al Panel, el término para emitir laudo vence el 16 de mayo de 2002.
POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de la información aquí contenida.
Véase, Apéndice CC-2009-0259, a las págs. 480-481. 16 Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 208-213. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 12
El Tribunal de Primera Instancia celebró una audiencia
argumentativa, y una vez examinadas las contenciones de
las partes con sus respectivos apéndices que contenían la
prueba presentada ante el panel de arbitraje y las
transcripciones de las referidas audiencias,17 emitió
sentencia parcial el 15 de noviembre de 2006, archivada en
autos el 5 de diciembre de 2006.18 Mediante el referido
dictamen, el foro primario revocó el laudo emitido al
concluir que la declaración de incumplimiento efectuada
por la AEP y la AVP fue errónea en los hechos, forma y en
derecho.
Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia
destacó que las partes pactaron que el laudo de arbitraje
sería emitido conforme a derecho en cuanto a la validez de
la declaración de incumplimiento del proyecto Ernesto
Ramos Antonini. El foro primario reconoció que su función
estaba limitada a revisar el laudo por el expediente del
arbitraje, por lo que concedería deferencia a todo hecho
determinado por el panel de árbitros que estuviera
sostenido por la prueba sustancial sometida y admitida por
el tribunal de acuerdo con un balance racional de la
prueba. Asimismo, expresó que un hecho estipulado o
17 No contamos con el expediente del panel de árbitros, la transcripción de dichos procedimientos ni la evidencia documental aquilatada. Tampoco poseemos copia de los memorandos y réplicas presentadas por las partes durante dicho proceso. 18 Recordamos, que la impugnación del laudo de arbitraje fue presentada dentro del caso de daños y CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 13
admitido por las partes reducía la controversia entre
éstas y un error en la determinación de un hecho que no
está sostenido o es contrario a la prueba, constituyen un
error de derecho.19
El Tribunal de Primera Instancia recogió en detalle
aquellos hechos que consideró estaban apoyados por la
prueba presentada para concluir que el laudo mayoritario
no está sostenido por el récord en su totalidad y es
contrario a las admisiones, estipulaciones, reconocimiento
y obligaciones de las partes. El foro primario concluyó
que Constructora Estelar no abandonó el proyecto. Por el
contrario, estableció que la AVP y la AEP no administraron
el contrato diligentemente.
El Tribunal de Primera Instancia atendió el
planteamiento sobre la jurisdicción del panel de árbitros
esgrimido por Constructora Estelar. A estos efectos, el
foro primario expresó que:
La ausencia de una extensión de tiempo por escrito y firmada por la letra de la ley priva al panel arbitral de jurisdicción. Evitamos profundizar en dicho tema para evitar un choque entre la letra de dicha ley y planteamientos sobre su validez, pues habiéndose decretado la revocación del laudo, el punto es innecesario.20
El 15 de diciembre de 2006 la AEP presentó una
reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos
perjuicios presentado por Constructora Estelar en el año 1996. 19 Véase, sentencia parcial, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 127-128. 20 Véase, sentencia parcial, Apéndice CC-2009-0259, a las págs. 158-159. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 14
adicionales de la sentencia parcial.21 Adujo que procedía
que el Tribunal de Primera Instancia reconsiderara su
dictamen al sostener que el foro primario carece de
jurisdicción para revocar el laudo y sustituir las
determinaciones de hechos del panel de árbitros, por lo
que procede confirmar el laudo de arbitraje. A su vez, AEP
solicitó al foro de instancia una serie de determinaciones
de hechos adicionales esencialmente dirigidas a establecer
una cadena de eventos para concluir que Constructora
Estelar incumplió el contrato para la modernización de
Ernesto Ramos Antonini sin que las actuaciones de la AVP y
la AEP afectaran el desarrollo del proyecto.
El Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes
replicar a la solicitud de reconsideración y
determinaciones de hechos adicionales mediante Orden
emitida el 28 de diciembre de 2006, notificada el 31 de
enero de 2007. 22
Entretanto, el 29 de diciembre de 2006, Constructora
Estelar presentó su oposición a la solicitud de
reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales
presentada por la AEP.23 En compendio, señaló que el
Tribunal de Primera Instancia tiene autoridad para revocar
el laudo y actuó correctamente al constatar que los hechos
determinados por el panel de arbitraje estuvieron
21 Véase, “Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales”, Apéndice, CC-2009- 0259, a las págs. 100-117. 22 Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 615-616. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 15
sostenidos por la prueba o no fueron contrarios a las
admisiones de las partes. Arguyó que dicha potestad surge
del convenio de arbitraje al requerir que el laudo emitido
sea conforme a derecho. De otra parte, debatió que no
procedía la solicitud de determinaciones de hechos
adicionales ya que la función del Tribunal de Primera
Instancia al revisar un decreto de arbitraje es una de
naturaleza apelativa.
Por su parte, el 10 de enero de 2007 Seaboard Surety
presentó su oposición en la que expresó que las partes
pactaron que el laudo debió ser conforme a derecho, por lo
que el Tribunal de Primera Instancia estaba facultado para
revisar que las determinaciones de hechos acogidas por el
panel de árbitros estuviesen sustentadas por la prueba.
Asimismo, Seaboard Surety sostuvo que la solicitud de
determinaciones de hechos es frívola.24
Luego de múltiples escritos presentados por las partes
en apoyo a las posturas antes reseñadas,25 el 2 de mayo de
2007, notificada el 9 de mayo de 2007, el Tribunal de
23 Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 86-99. 24 Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 74-85. 25 Véase, “Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración” presentada por la AEP el 22 de febrero de 2007, “Respuesta a Réplica a Moción de Reconsideración” presentada el 14 de marzo de 2007 por Constructora Estelar, “Dúplica a Réplica a Oposición a Moción Solicitando Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales” presentada el 28 de marzo de 2007 por Surety Seaboard, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 617-623,650-652. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 16
Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud
presentada el 15 de diciembre de 2006 por la AEP.26
Así las cosas, el 8 de junio de 2007 la AVP y la AEP
presentaron una “Apelación Conjunta” ante el Tribunal de
Apelaciones. En ésta cuestionaron la facultad del Tribunal
de Primera Instancia para revocar el laudo de arbitraje.
Éstas argumentaron que la decisión del panel era final y
definitiva para las partes, por lo que las determinaciones
de hechos eran vinculantes y obligaban al foro primario
cuyo deber era aplicar el derecho a partir de los hechos
determinados por los árbitros. Igualmente, adujeron que
las únicas razones por las cuales procedía revocar un
decreto están enunciadas en la Ley de Arbitraje.27
Constructora Estelar y Seaboard Surety se opusieron a
la postura de AVP y AEP presentada ante el Tribunal de
Apelaciones. En sumario, Constructora Estelar argumentó
que el laudo debía ser conforme a derecho, por lo que los
hechos determinados por el panel de árbitros deben estar
sostenidos por la totalidad de la prueba admitida,
estipulada y presentada conforme a los principios del
26 Véase, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 690-691. Originalmente, el Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de la AEP mediante orden del 28 de diciembre de 2006, notificada el 31 de enero de 2007. Id., a las págs. 615-616. Luego, el 14 de febrero de 2007, notificada el día 22 de ese mes y año, declaró No Ha Lugar la solicitud presentada por la AEP. Id., a las págs. 636-637. Sin embargo, el 9 de marzo de 2007, notificada el 20 de marzo de 2007 el foro primario dejó sin efecto esta determinación. Id., a las págs. 640-642. 27 Véase, Art. 22, Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3222. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 17
debido proceso de ley. De no estar sostenidos por el
expediente, el foro primario puede emitir determinaciones
de hechos nuevas o adicionales.
Durante el trámite ante el Tribunal de Apelaciones,
dicho foro indagó en torno al aspecto del término para que
el panel de árbitros emitiera el laudo. Específicamente,
el foro intermedio auscultó si hubo un acuerdo escrito
entre las partes para prorrogar el mismo.
Como corolario de lo anterior, las partes sometieron
alegatos suplementarios.28 AEP señaló que el término para
que el panel de arbitraje emitiera el laudo fue prorrogado
por las partes y ello fue recogido mediante moción
presentada por Constructora Estelar con la anuencia de
todas las partes.29
Por su parte, Constructora Estelar expresamente indicó
que nunca ha existido un acuerdo escrito y firmado por
todas las partes para extender el término para emitir el
laudo y tampoco se ha ratificado por mutuo acuerdo y
reducido a escrito que el laudo se haya emitido luego de
expirado el término de ley. Por tanto, aduce que ello es
un requisito constitutivo lo que hace el laudo nulo en
ausencia de un acuerdo escrito para prorrogar el periodo
para emitir el decreto. De igual forma, Constructora
Estelar expuso que ello le causó un daño sustancial ya que
28 Véase, “Alegato Suplementario” presentado por la AEP, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 1040-1060. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 18
en ese tiempo se preparó un proyecto de laudo que
incorporaba los argumentos diseñados por la AEP y la AVP.30
Finalmente, Constructora Estelar señaló que el arbitraje
estaba delimitado en tiempo, por lo que el único mecanismo
que resta para dilucidar la controversia consiste en
acudir al tribunal donde existe un caso pendiente.
De otra parte, Seaboard Surety señaló que no media un
acuerdo escrito para la extensión del término para emitir
el laudo conforme a lo que las partes acordaron en el
contrato. Así, pues, arguyó que no aplican las
disposiciones contenidas en el Art. 14 de la Ley de
Arbitraje, supra.31 Al igual que Constructora Estelar,
29 La AEP se refiere a la “Moción Informando Término para Emisión de Laudo de Conformidad con Pacto Unánime”. Véase, nota al calce 15. 30 Constructora Estelar cita el Art. 14 de la Ley de Arbitraje Comercial, 32 L.P.R.A. § 3214 y el Takeover Agreement. A pesar de ello, Constructora Estelar indicó que durante las vistas de arbitraje las partes alcanzaron un compromiso para prorrogar el término para emitir el laudo a cuarenta y cinco días desde que se sometiere el último memorando, por lo que según dicho compromiso, expiró el 16 de mayo de 2002. Asimismo, al igual que la AEP, indicó que informó sobre lo acordado a las partes y al árbitro sin que se hubiera presentado oposición de clase alguna. Constructora Estelar destacó que cuando la AEP se opuso a la impugnación del laudo ratificó e informó por escrito que se había prorrogado el término para emitir el mismo. Constructora Estelar indicó que la AVP adoptó por referencia lo indicado por la AEP, pero que Seaboard Surety nunca ha expresado por escrito su anuencia a la referida prórroga. Véase, “Memorando Suplementario conforme Resolución del 29 de agosto de 2008”, Apéndice, CC2009-0259, a las págs. 1066-1084. Nótese, que Constructora Estelar no acudió ante el Tribunal de Apelaciones para plantear que el panel de árbitros actuó sin jurisdicción. 31 Seaboard Surety indicó que Constructora Estelar hizo un esfuerzo por obtener un acuerdo escrito concediendo la extensión del término, el cual suscribiría, pero como se CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 19
Seaboard Surety argumentó que ante la falta de
jurisdicción para proceder el arbitraje, lo que procede es
que el Tribunal de Primera Instancia dilucide la
controversia en el pleito pendiente ante dicho foro.32
Entretanto, Constructora Estelar solicitó la
desestimación del recurso presentado ante el Tribunal de
Apelaciones por entender que el mismo era tardío.33 Adujo
que la moción de reconsideración no interrumpió el término
para acudir ante el foro intermedio y la solicitud de
determinaciones de hechos no estaba disponible cuando el
Tribunal de Primera Instancia funge como foro revisor.
Seaboard Surety se unió a la solicitud de desestimación.
La AEP se opuso a la desestimación indicando que
cuando el Tribunal de Primera Instancia acogió la moción
de reconsideración no había transcurrido el término para
acudir ante el Tribunal de Apelaciones.34 Constructora
Estelar, por su parte, replicó a dicha petición.35
le notificó que AEP y AVP no firmarían el mismo, no procedió a firmarlo. 32 Tampoco Seaboard Surety cuestionó la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia ante el Tribunal de Apelaciones. 33 Véase, “Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción”, Apéndice, CC-2009-0259, a las págs. 1186-1193. 34 Véase, “Oposición a Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Solicitud de Orden”, Apéndice, CC- 2009-0259, a las págs. 1204-1209. 35 Véase, “Réplica a Oposición a Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción”, Apéndice CC- 2009-0259, a las págs. 1217-1231. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 20
El 5 de febrero de 2009 el Tribunal de Apelaciones
declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación
presentada por Constructora Estelar y paralizó los
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. El
foro intermedio concluyó que la moción presentada
interrumpió el término para acudir en alzada al
solicitarse determinaciones de hechos adicionales.36
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones emitió la
Sentencia ante nuestra consideración. En ésta resolvió que
el panel de árbitros no tenía jurisdicción para emitir el
laudo de arbitraje. Al así hacerlo, el Tribunal de
Apelaciones, en una concepción rígida del derecho y del
proceso de arbitraje, concluyó que la prórroga del término
para emitir el laudo debía constar por escrito. En su
análisis, el Tribunal de Apelaciones se limitó a concluir
que el término para emitir el laudo era de treinta (30)
días calendario a partir de la última vista ante el panel
de árbitros, por lo que invalidó el laudo. El foro
intermedio razonó que la autoridad de los árbitros estaba
limitada por el acuerdo de sumisión sin auscultar la
inequívoca conducta de las partes. Asimismo, entendió que
no se cumplió con los requisitos para prorrogar el término
36 El Tribunal de Apelaciones había emitido una Resolución el 3 de febrero de 2009 declarando No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Constructora Estelar solicitó reconsideración. El Tribunal de Apelaciones procedió a emitir una Resolución Enmendada el 5 de febrero de 2009. Nuevamente, Constructora Estelar solicitó reconsideración de la Resolución Enmendada, la cual fue declarada No Ha Lugar el 24 de febrero de 2009. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 21
para emitir el laudo conforme dispone el Art. 14 de la Ley
de Arbitraje, supra, ya que no existe un acuerdo escrito y
firmado por todas las partes.37 Predicado en ello, el
Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal de
Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos conforme el Art. 22 de la Ley de Arbitraje,
32 L.P.R.A. § 3222.38
Inconforme, la AEP en conjunto con la AVP
comparecieron ante este Tribunal.39 De igual forma,
Constructora Estelar impugnó la sentencia del foro
intermedio.40 Los referidos recursos fueron consolidados el
25 de junio de 2010.
Ante nos, Constructora Estelar señaló esencialmente
que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción
para atender la petición presentada por la AEP y la AVP
ante dicho foro, por lo que solicita se revoque al foro
37 Al así resolver, el Tribunal de Apelaciones entendió que no era necesario decidir si el Tribunal de Primera Instancia erró al revocar el laudo de arbitraje impugnado. 38 En lo pertinente, el Art. 22 de la Ley de Arbitraje, supra, establece:
En el caso que se revoque un laudo, el tribunal podrá a su discreción ordenar una nueva vista ante los mismos árbitros, o ante árbitros nuevos a seleccionarse en la forma en que se disponga en el convenio para la selección de los árbitros originales, y cualquier disposición que limite el término dentro del cual los árbitros podrán llegar a una decisión se considerará aplicable al nuevo arbitraje y a comenzar desde la fecha de la orden del tribunal. 39 Dicho recurso corresponde al CC-2009-0259. 40 El recurso presentado por Constructora Estelar fue identificado como el CC-2009-00267. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 22
intermedio. Los errores señalados por Constructora Estelar
son:
PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR- Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que tenía jurisdicción para atender el recurso de Certiorari, y concluir que el término para recurrir en alzada quedó interrumpido cuando la acogida por el Tribunal de Instancia a la moción, llamada reconsideración, fue notificada veintisiete días luego de haber expirado el término para recurrir en alzada.
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR- Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la moción presentada por la AEP/AVP que tituló Solicitud de Reconsideración y Determinaciones de Hechos Adicionales es tal cosa, independientemente de su contenido, carente de fundamentos, de referencias a la evidencia, de señalamiento de materialidad y/o citas al récord.
Por su parte, AEP y AVP cuestionaron la referida
sentencia al señalar que erró el Tribunal de Apelaciones
al concluir que el panel de árbitros no tenía jurisdicción
para emitir el laudo debido a que no se extendió el
término para ello en un acuerdo escrito y firmado por
todas las partes y al no revocar la sentencia parcial
emitida por el Tribunal de Primera Instancia que sustituyó
y modificó las determinaciones de hechos emitidas por los
árbitros. La AEP y la AVP señalaron los siguientes
errores:
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR EN SU SENTENCIA QUE EL PANEL DE ÁRBITROS QUE ATENDIÓ EL ARBITRAJE NO TENÍA JURISDICCIÓN PARA EMITIR EL MISMO DEBIDO A QUE LA EXTENSIÓN DEL TÉRMINO PARA ELLO NO FUE REALIZADA POR ESCRITO Y SUSCRITA POR TODAS LAS PARTES.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO REVOCAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA MEDIANTE CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 23
LA CUAL SE “REVOCÓ” EL LAUDO DE ARBITRAJE, SIN JURISDICCIÓN PARA ELLO.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO REVOCAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA POR SUSTITUIR LAS DETERMINACIONES DE HECHOS REALIZADAS POR EL PANEL DE ÁRBITROS Y CONTENIDAS EN EL LAUDO, LUEGO DE ÉSTOS AQUILATAR LA PRUEBA DURANTE 55 DÍAS DE VISTAS EVIDENCIARIAS, SIN CONCEDERLE LA DEFERENCIA Y RESPETO QUE DICHAS DETERMINACIONES MERECEN Y SIN MEDIAR UNA DETERMINACIÓN PREVIA DE PASIÓN, PREJUICIO O PARCIALIDAD.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO REVOCAR LA SENTENCIA PARCIAL EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA FAVORECIENDO LA PARTE RECURRIDA, PORQUE AÚN SI HUBIESE TENIDO RAZÓN AL CONCLUIR QUE EL PANEL DE ÁRBITROS HABÍA ERRADO COMO ASUNTO DE DERECHO, NO TENÍA AUTORIDAD PARA MODIFICAR SUS CONCLUSIONES DE HECHOS, POR LO QUE LO ÚNICO QUE PODÍA HACER EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERA DEVOLVER LA CONTROVERSIA A DICHO PANEL.
Ante ese cuadro procede dilucidar si el Tribunal de
Apelaciones tenía jurisdicción para atender los errores
señalados por la AVP y la AEP; cuáles son los requisitos
para prorrogar un término establecido para emitir un laudo
de arbitraje y sus posibles consecuencias.
II
En primer lugar, atenderemos la controversia planteada
por Constructora Estelar ya que ésta alude a la
jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender los
méritos del reclamo de la AEP y la AVP. Veamos.
Es norma conocida que los tribunales debemos ser
celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando
obligados a considerarla aun en ausencia de algún
señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello
es que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 24
los tribunales poseemos para atender una controversia ante
nuestra consideración. Tal asunto debe ser resuelto con
preferencia porque de carecer de jurisdicción para atender
un asunto, lo único que corresponde hacer es así
manifestarlo. S.L.G. Szendrey- Ramos v. F. Castillo, 169
D.P.R. 873, 883 (2007); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal,
153 D.P.R. 357, 366-367 (2001); Pagán v. Alcalde Mun. de
Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997); González Santos v.
Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989).
El no tener la potestad para atender un asunto no
puede ser corregido ni atribuido por el tribunal. García
v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007); Vázquez
v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda
Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984). Es doctrina reiterada
que la falta de jurisdicción sobre la materia conlleva
obligatoriamente las siguientes consecuencias: (1) no es
susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden
voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a
un tribunal ni el tribunal lo puede hacer motu proprio;
(3) los dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) los
tribunales apelativos deben examinar la jurisdicción del
foro de donde procede el recurso y, (5) el planteamiento
de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en
cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las
partes o por el tribunal motu proprio. Vázquez v.
A.R.P.E., supra. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 25
En el caso ante nos, estamos ante una revisión de un
laudo de arbitraje. Al emitirse la sentencia parcial por
el Tribunal de Primera Instancia, la revisión de las
órdenes y sentencias emitidas por el foro primario,
confirmando, modificando, corrigiendo o revocando un laudo
de arbitraje, son revisables mediante el recurso de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.41 Habida cuenta
de ello, el Tribunal de Apelaciones tiene competencia para
revisar las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera
Instancia en el ejercicio de su jurisdicción para
considerar la impugnación de laudos arbitrales. El recurso
debe ser presentado dentro del término de treinta (30)
días siguientes a la fecha en que dictó la sentencia
recurrida.
41 Véanse, el Art. 28 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3228, el inciso (b) del Art. 4.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 L.P.R.A. § 24y (b) y la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32(D). El inciso (b) del Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003 dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá “mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”.
Por su parte, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece que:
El recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizara mediante la presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. Ese término es de cumplimiento estricto. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 26
Ahora bien, hay que tener presente que al momento de
los hechos ante nuestra consideración, estaban vigentes
las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap.
III,42 las cuales permitían varios procedimientos una vez
dictada una sentencia por el Tribunal de Primera
Instancia. De los procedimientos post-sentencia se destaca
la moción de reconsideración y la solicitud de
determinaciones de hechos y conclusiones de derechos
adicionales regidas por las Reglas 47 y 43.3 de las Reglas
de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47
y R 43.3, respectivamente.
La antigua moción de reconsideración regida por la
Regla 47, supra, permitía a una parte adversamente
afectada por una sentencia o resolución solicitar la
reconsideración de ésta en un plazo jurisdiccional de
quince (15) días desde la notificación de la resolución o
la fecha de archivo en autos de la sentencia. Presentada a
tiempo, el Tribunal de Primera Instancia estaba obligado a
considerar la solicitud de reconsideración. Una vez
reflexionada, el foro primario tenía tres alternativas a
seguir: (1) tomar, dentro del término de diez (10) días,
"alguna determinación" respecto a la referida moción --por
ejemplo, señalar la misma para vista, concederle término a
la otra parte para que se exprese, etc.-- en cuya
situación se entendía interrumpido el término de revisión;
42 La discusión está enmarcada en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 vigentes al momento de los hechos ante nuestro estudio. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 27
(2) declararla expresamente sin lugar dentro del
mencionado término de diez (10) días; y (3) dejar
transcurrir el término de diez (10) días sin tomar acción
alguna lo que constituía un rechazo de plano. En estas dos
últimas situaciones, se consideraba que la moción de
reconsideración no interrumpió el término de revisión.
Rodríguez Medina v. Mehne, 168 D.P.R. 570, 574-575 (2006);
Flores Concepción v. Taino Motors, 168 D.P.R. 504, 516-
518(2006); Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618,
632-634 (1991).
Ahora bien, aún transcurrido el término dispuesto de
diez (10) días en la Regla 47, supra, el Tribunal de
Primera Instancia podía acoger la moción de
reconsideración oportunamente presentada siempre y cuando
lo hiciera y notificara dentro del periodo para acudir
ante el Tribunal de Apelaciones o antes de que se
presentara algún recurso dentro del referido término; en
cuyo caso se interrumpía el plazo para acudir ante el
Tribunal de Apelaciones.43 Sindicato de Bomberos Unidos de
P.R. v. Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y otros, res. 26
de enero de 2011, 2011 T.S.P.R. 12, 180 D.P.R. ___;R & G
Mortgage v. Arroyo Torres y otros, res. 30 de diciembre de
2010, 2010 T.S.P.R. 236, 180 D.P.R.____;Caro v. Cardona,
43 Bajo las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, una oportuna y bien fundamentada moción de reconsideración interrumpe automáticamente el término para acudir en alzada. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 28
158 D.P.R. 592, 598-600 (2003); Lagares v. E.L.A., 144
D.P.R. 601, 612-613 (1997).
Además de la moción de reconsideración, bajo el
esquema de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, una
parte podía solicitar una serie de determinaciones
adicionales de hechos y conclusiones de derecho de una
sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia al
amparo de la antigua Regla 43.3, supra. La referida
solicitud debía ser presentada no más tarde de diez (10)
días después de haberse archivado en autos copia de la
notificación de la sentencia y el tribunal podía,
entonces, enmendar la sentencia de conformidad.44 El efecto
que ello acarreaba consistía en que los términos para
acudir ante el Tribunal Intermedio eran interrumpidos y
comenzaban a contarse nuevamente tan pronto se resolviera
las determinaciones y conclusiones solicitadas. Regla 43.4
de las de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap.
III, R. 43.4; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153
D.P.R. 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649,
653-654 (2000).
A tenor con la solicitud hecha conforme a la Regla
43.3, supra, el Tribunal de Primera Instancia tenía plena
oportunidad de enmendar y corregir cualquier error
cometido, y por lo tanto, hacer justicia cumplida. Es por
44 Hoy día esta moción debe ser solicitada en un término de quince (15) días después del archivo en autos de la sentencia. De presentarse una moción de reconsideración o de nuevo juicio, deberán solicitarse todas en un solo escrito. 32 L.P.R.A. Ap. V R. 43.1. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 29
ello que la moción debía contener una relación, aunque
fuera sucinta, de cuáles hechos a juicio del solicitante
debían ser enmendados o los que no habían sido
determinados por el tribunal sentenciador. La referida
moción debía contener determinaciones específicas que se
fundaran en cuestiones sustanciales relacionadas con los
hechos pertinentes o conclusiones de derechos materiales.
García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 6-7
(2007); Vega, et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 596-
597 (2002); Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938-
939 (1997).
Claro está, la mera solicitud al amparo de la Regla
43.3, supra, no obligaba al juez de instancia a tener que
formular determinaciones de hechos adicionales o enmendar
los ya determinados. La determinación del juez es una
meramente discrecional. Recordemos que el juez de
instancia al examinar la solicitud generalizada de una
parte no podía hacer determinaciones de hechos adicionales
que pudieran estar en contradicción con las
determinaciones de hechos ya formuladas que están avaladas
por la prueba desfilada ante sí, o en oposición a sus
propias conclusiones de derecho apoyadas en los hechos
debidamente probados. En otras palabras, el foro de
instancia no estaba obligado a realizar determinaciones de
hechos y de derecho adicionales o enmendar las ya
realizadas si estimaba que las mismas no procedían.
Carattini v. Collazo Sist. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 30
357 (2003); Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267,
319 (1997).
En atención a las actuaciones del Tribunal de Primera
Instancia al revisar un laudo de arbitraje, hemos
establecido que ello es análogo al de una revisión
administrativa y que el rol del foro primario es el de un
foro apelativo. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc.,
116 D.P.R. 348, 354-355 (1985). De igual forma, hemos
analizado que la moción de determinaciones de hechos
adicionales está disponible al revisar un laudo de
arbitraje en las mismas instancias en las que procede una
solicitud al amparo de la Regla 43.3, supra. A estos
efectos, establecimos que en estos casos las
determinaciones de hechos pueden ser revisadas cuando no
están sostenidas por evidencia sustancial en el récord,
por lo que, el foro de instancia podría emitir
determinaciones de hechos nuevas o adicionales en cuyo
caso estaría disponible la moción al amparo de la Regla
43.3, supra. U.I.T.I.C.E. v. C.E.A.T., 147 D.P.R. 522, 528
(1999).45
Con el marco doctrinal antes enunciado pasemos a
atender la reclamación de Constructora Estelar con
45 En el referido caso, este Tribunal concluyó en un arbitraje laboral que la solicitud al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.3, no interrumpió el término para recurrir en alzada porque el foro de instancia no hizo determinaciones de hechos nuevas o adicionales y la moción fue radicada fuera del término jurisdiccional dispuesto para ello. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 31
relación a la falta de jurisdicción del Tribunal de
Apelaciones.
III
El planteamiento central de Constructora Estelar
estriba en que el Tribunal de Apelaciones carecía de
jurisdicción para atender el recurso que le fuera
presentado por la AVP y la AEP. Su argumento medular
consiste en que la solicitud de reconsideración presentada
por la AEP no interrumpió el término para acudir ante el
foro intermedio ya que no fue acogida y notificada dentro
del término para que el Tribunal de Primera Instancia
pudiera entender en la misma. A su vez, Constructora
Estelar expresó que la moción presentada no constituye una
solicitud de determinaciones de hechos adicionales. No le
asiste la razón.
El tracto procesal refleja que el Tribunal de Primera
Instancia emitió la sentencia parcial el 15 de noviembre
de 2006, archivada en autos el 5 de diciembre de 2006. En
el término dispuesto para ello, el 15 de diciembre de
2006, la AEP presentó una solicitud de reconsideración y
una solicitud de determinaciones de hechos adicionales.
El 28 de diciembre de 2006 el foro primario acogió la
moción de reconsideración y determinaciones de hechos
adicionales. Sin embargo, dicha actuación fue notificada
el 31 de enero de 2007. Indudablemente, la moción de
reconsideración no interrumpió el término para acudir en
alzada. Es evidente que la notificación acogiendo la CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 32
moción de reconsideración fue notificada en exceso del
término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones, el
cual vencía el 4 de enero de 2007. Bajo estas
circunstancias, la moción de reconsideración no
interrumpió el término para acudir en alzada. Reiteramos
que la notificación es parte integral de la actuación
judicial, por lo que para que una orden o resolución surta
efecto, tiene que ser emitida y notificada a las partes.46
A pesar de lo anterior, la AEP no tan solo presentó
una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera
Instancia sino que, además, solicitó que el referido foro
determinara una serie de hechos que consideraba relevantes
y probados con relación a la declaración de
incumplimiento. Por tanto, debemos atender si la moción al
amparo de la Regla 43.3, supra, interrumpió el término
para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Entendemos en
la afirmativa.
Como hemos discutido, la moción de determinaciones de
hechos adicionales, de ordinario, está disponible durante
la revisión de un laudo de arbitraje en circunstancias
particulares en las que el foro primario revisa, emite o
modifica las determinaciones de hechos debido a que éstas
no están sostenidas por la evidencia sustancial.
Precisamente, esta es la situación del caso ante nuestra
consideración en las que el Tribunal de Primera Instancia
procedió a establecer determinaciones de hechos debido a
46 Véase, Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 600 (2003). CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 33
que concluyó que las consignadas por el panel de árbitros
no estaban apoyadas en la prueba presentada. En estas
circunstancias era permisible la presentación de la moción
al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra.
Además, al examinar la referida solicitud, los hechos
exigidos están encaminados a establecer que la AEP y la
AVP no incumplieron con el contrato entre las partes ni
contribuyeron a las alegadas dilaciones de Constructora
Estelar. Igualmente, pretenden establecer que Constructora
Estelar no tenía la capacidad para cumplir con lo
contratado, no entregó las fases terminadas, se atrasó en
los trabajos por falta de materiales y mano de obra, los
edificios afectados con pintura de plomo no detuvieron la
construcción en otras áreas, la falta de la aprobación de
las órdenes de cambio no afectó el progreso de la obra, a
la fecha de la declaración de incumplimiento el proyecto
estaba atrasado, que no trabajó en las terminaciones de
los edificios e incumplió con cláusulas esenciales del
contrato. A la luz de ello, consideramos que la moción
cumple con los requisitos jurisprudenciales establecidos
por este Tribunal. La misma propone al foro primario una
serie de hechos específicos y pertinentes a la
disposición del recurso independiente de si el Tribunal de
Primera Instancia descartó o no alguna de estas
determinaciones.47
47 Véase, García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 8 (2007). CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 34
A la luz de lo anterior, el término de treinta (30)
días para acudir ante el foro intermedio comenzó a
computarse a partir de que el Tribunal de Primera
Instancia notificó el No Ha Lugar a la solicitud de la
AEP, a saber, desde el 9 de mayo de 2007, por lo que el
recurso del 8 de junio de 2007 ante el Tribunal de
Apelaciones fue presentado a tiempo. El Tribunal de
Apelaciones no erró al emitir su Resolución Enmendada del
5 de febrero de 2009 en la que concluyó que el término
para acudir en alzada quedó interrumpido al solicitarse
las determinaciones de hechos adicionales.
Consecuentemente, el error señalado por Constructora
Estelar en su recurso ante este Tribunal no fue cometido.
IV
Rebasado el asunto jurisdiccional del Tribunal de
Apelaciones nos corresponde entender en los planteamientos
traídos ante nuestra atención por la AEP y la AVP. Para
ello debemos establecer la norma imperante con relación al
arbitraje en Puerto Rico. Igualmente, por primera vez, se
nos plantea que la prórroga del periodo para emitir un
laudo convenida por las partes requiere que conste por
escrito conforme los postulados del Art. 14 de la Ley de
Arbitraje, supra. Además, determinaremos si el panel de
árbitros tenía facultad para emitir el laudo impugnado.
En múltiples ocasiones hemos destacado que existe un
interés por parte del Estado en promover métodos alternos
de adjudicación como lo es la mediación y el CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 35
arbitraje. Ello, pues, la resolución por vías alternas al
trámite judicial resulta, entre otras cosas, en menos
costos para los litigantes, así como una solución más
rápida a las controversias litigiosas. Por tal razón, en
Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor
del arbitraje como método alterno para la solución de
disputas y toda duda sobre si procede o no el arbitraje
debe resolverse a favor de éste conforme ha sido pactado.
Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1000-1001,
1006 (2010); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179
D.P.R. 359, 368 (2010); Municipio de Mayagüez v. Lebrón,
167 D.P.R. 713, 721 (2006); Crufon Const. v. Aut. Edif.
Púbs., 156 D.P.R. 197, 205 (2002); Medina v. Cruz Azul de
P.R., 155 D.P.R. 735, 738 (2001); PaineWebber, Inc. v.
Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000); McGregor-
Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970).
En nuestra jurisdicción existen dos tipos principales
de arbitraje voluntario: el arbitraje comercial y el
arbitraje industrial u obrero-patronal. Aquino González v.
Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros, res. 25 de mayo de 2011, 2011
T.S.P.R. 77, 182 D.P.R.____ (2011). El presente caso trata
sobre una disputa que surge entre las partes que acordaron
someterse al arbitraje comercial.
Desde principios de la década de los cuarenta, y como
norma general, no nos inclinamos a decretar la nulidad de
un laudo fácilmente a menos que exista algún defecto o CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 36
insuficiencia en la sumisión o en el laudo que lo
invalide; el procedimiento se haya desviado de manera
sustancial y perjudicial; se alegue y pruebe fraude o mala
conducta, o la comisión grave y perjudicial de un error
que equivalga a la violación del debido proceso de ley.48
Al así hacerlo, este Tribunal ha adoptado los principios
relativos al efecto del laudo arbitral y al ámbito de su
revisión vigentes en los distintos estados y en la
jurisdicción federal. Autoridad sobre Hogares v. Tribl.
Superior, 82 D.P.R. 344, 355 (1961).
En armonía con dichos postulados, el legislador aprobó
la Ley de Arbitraje.49 De esta forma reemplazó al Derecho
Español, que rigió el campo del arbitraje comercial, al
derogar los Arts. 790 al 839 y el Art. 487 de la Novísima
Ley de Enjuiciamiento Civil para España y Ultramar
promulgada por R.D. de 3 de febrero de 1881. Véase,
Seafarers Inter’l Union v. Trib. Superior, 86 D.P.R. 803,
812 n. 2 (1962); Art. 29 de la Ley de Arbitraje, 32
L.P.R.A. § 3229. La Ley de Arbitraje regula el arbitraje
comercial en Puerto Rico y fue adoptada en nuestra
jurisdicción siguiendo el andamiaje y los modelos sobre
48 Véanse, Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949); Ríos v. Puerto Rico Cement Corporation, 66 D.P.R. 470 (1946). 49 La Ley de Arbitraje no aplica a los convenios de arbitraje entre patronos y empleados, los cuales están regidos por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 29 L.P.R.A. § 61, et seq. Sin embargo, al analizar los laudos de arbitraje comercial hemos hecho referencia a la CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 37
arbitraje de California y leyes similares de otros
estados, en los procedimientos de Nueva York y en la Ley
Federal de Arbitraje.50 D. Helfeld, La Jurisprudencia
Creadora: Factor Determinante en el Desarrollo del Derecho
de Arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jur. U.P.R. 1, 54-55
(2001).
Como consecuencia de su origen, hemos acudido a la
jurisprudencia federal y estatal como modelo para la
resolución de las controversias ante nos. VDE Corporation
v. F & R Contractors, res. 15 de octubre de 2010, 2010
T.S.P.R. 210, 180 D.P.R.____; Municipio de Mayagüez v.
Lebrón, supra.
Con la referida medida, se ampliaron las controversias
que las partes pueden someter a arbitraje.51 El Art. 1 de
la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3201, establece que dos
o más partes pueden convenir por escrito en someter a
arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de
una acción existente entre ellos a la fecha del convenio o
de cualquier controversia futura. Tal acuerdo es válido
excepto por los fundamentos en derecho para revocar
cualquier convenio. Martínez Marrero et al. v. González
jurisprudencia interpretativa de los laudos obrero- patronales. 50 Véase, 9 U.S.C. § 1, et seq. La Ley Federal de Arbitraje aplica a contratos en el comercio interestatal y establece que las cláusulas de arbitraje en esos contratos son válidas, irrevocables y mandatorias. 51 Nótese que el arbitraje para las disputas obreros- patronales es anterior al estar cobijado por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico del año 1945. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 38
Droz, et al., res. el 11 de enero de 2011, 2011 T.S.P.R.
3, 180 D.P.R.___; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,
supra, a la pág. 366; Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs.,
supra, a la pág. 204.
Conforme el Art. 1 de la Ley de Arbitraje, supra, el
arbitraje es una figura inherentemente contractual que se
puede exigir cuando se ha pactado y ello consta por
escrito. Municipio de Mayagüez v. Lebrón, supra, a la pág.
720; Crufon v. Aut. Edif. Púbs., supra; U.C.P.R. v.
Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 144 (1994). A
tono con lo anterior, el convenio de sumisión es el que
confiere la facultad decisional al árbitro y delimita su
esfera de acción; por lo que es nulo cualquier laudo que
se exceda de los poderes así delegados. Rivera v.
Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979).
En cuanto al arbitraje comercial el caso normativo es
Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, supra, en el
cual, con miras a fortalecer estos procedimientos, este
Tribunal auscultó la intención legislativa para concluir
que no siendo un laudo de arbitraje conforme a derecho no
procedía la revisión en su fondo o los méritos respecto a
cualquier error de apreciación o de interpretación de los
hechos y de la ley, a menos que proceda decretarse su
revocación, modificación o corrección cuando acontecieren
los motivos dispuestos en la Ley de Arbitraje. Como norma
general, y cuando las partes no han acordado que el laudo
sea conforme a derecho, finalizado el trámite de CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 39
arbitraje, las determinaciones realizadas por el árbitro
son finales e inapelables y no pueden litigarse ante los
tribunales. Tampoco se puede indagar sobre el proceso
deliberativo, mental y decisional del árbitro. Mucho menos
resultan revisables alegados errores en la apreciación de
la prueba o en la aplicación del derecho. Febus y otros v.
MARPE Const. Corp., 135 D.P.R. 206, 216-217 (1994); Junta
de Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S Co., 69 D.P.R.
782, 800 (1949).
Por el contrario, este Tribunal ha sido enfático al
destacar que si en el convenio de sumisión las partes
acordaron que el laudo sería emitido con arreglo a
derecho, el tribunal tiene la facultad para revisar los
méritos jurídicos del laudo. Vivoni Farage v. Ortiz Carro,
supra, a la pág. 1007; Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos
P.R., 149 D.P.R. 347, 353 (1999); Febus y otros v. MARPE
Const. Corp., supra; J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124
D.P.R. 846, 849 (1989); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator
Co., 105 D.P.R. 832, 836-837 (1977); United Steelworkers
v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661, 667 (1966). En
estos casos la revisión judicial es análoga a la de las
decisiones administrativas. C.F.S.E. v. Unión de Médicos,
170 D.P.R. 443, 449 (2007); Rivera v. Adm. Trib., 144
D.P.R. 808, 821-822 (1998). Por tal razón, las
determinaciones de hechos en laudos de arbitraje conforme
a derecho pueden ser revisadas cuando no están sostenidas
por evidencia sustancial en el expediente. U.T.I.C.E. v. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 40
C.E.A.T., supra, a la pág. 528.52 Claro está, aún en estos
casos, los tribunales de instancia no deben inclinarse a
decretar la nulidad del fallo a menos que efectivamente el
mismo no haya resuelto la controversia conforme a derecho.
Una mera discrepancia de criterio no justifica la
intervención judicial, pues, ello derrotaría los
propósitos fundamentales del arbitraje. Rivera v.
Samaritano & Co., Inc., supra, a las págs. 608-609. Al ser
el escrutinio de la decisión de arbitraje equivalente al
de los foros administrativos, la intervención con las
determinaciones de hechos del árbitro si éstas encuentran
apoyo en la totalidad de la prueba dirimida soslaya el
principio de deferencia que impera en este tipo de
revisión. Las disposiciones sobre los hechos solamente
podrán revocarse cuando resulten irrazonables, arbitrarias
o ilegales. Torres Santiago v. Departamento de Justicia,
res. 25 de mayo de 2011, 2011 T.S.P.R. 78, 182 D.P.R.____.
Además, véanse, Pereira Suárez v. Junta de Directores del
Condominio Ponciana, res. 30 de junio de 2011, 2011
T.S.P.R. 102, 182 D.P.R.___; Domínguez v. Caguas
Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999). El que el
laudo tenga que ser emitido conforme a derecho no conlleva
52 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997). Véanse, además, Comisión de Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998 (2008); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999); Fuertes y Otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76-77 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); García Oyola v. J.C.A., 142 D.P.R. 532, 540 (1997). CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 41
que las partes re-litiguen ante el foro de instancia como
un juicio plenario cada una de las controversias surgidas.
U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348,
354-355 (1985).
Además de lo antes establecido, e independiente de si
el laudo es conforme a derecho o no, el legislador
estableció en la Ley de Arbitraje que el tribunal podría
revocar un laudo de arbitraje cuando: (1) se obtuvo
mediante corrupción, fraude u otro medio indebido; (2)
hubo parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o
de cualquiera de ellos; (3) los árbitros actuaron
erróneamente al tratar de posponer la vista luego de causa
justificada para ello, o al rehusar oír evidencia
pertinente y material a la controversia, o cuando
incurriesen en cualquier error que perjudique los derechos
de cualesquiera de las partes; (4) cuando los árbitros se
extiendan en sus funciones o el laudo emitido no resuelva
de forma final y definitiva la controversia sometida; y
(5) no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el
procedimiento se inició sin la intención de arbitrar. En
estos casos, donde proceda la revocación del laudo, el
tribunal tendrá la discreción para ordenar una nueva vista
ante los mismos árbitros, o ante otros nuevos a
seleccionarse conforme al convenio para la selección de
éstos originalmente, y cualquier disposición que limite el
término de éstos para llegar a una decisión se considerará CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 42
aplicable al nuevo arbitraje. Art. 22 de la Ley de
Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3222.
Igualmente, la Ley de Arbitraje contempla situaciones
en las que procede la modificación o corrección del laudo
cuando: (1) hubo evidente error en el cálculo en cuanto a
unas cifras, error en la descripción de la persona, cosa o
propiedad; (2) los árbitros hayan resuelto sobre materia
que no le fuera sometida; (3) el laudo sea imperfecto en
materia de forma, sin afectar los méritos de la
controversia. Art. 23 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A.
§ 3223.
Dicho marco doctrinario revela que la revisión de los
laudos de arbitraje al amparo de la Ley de Arbitraje se
circunscribe a las razones contenidas en el referido
estatuto, es decir, la determinación de fraude, conducta
impropia, falta del debido proceso de ley, violación a la
política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no
resuelve todos los asuntos en controversia. Sin embargo,
si las partes acordaron que el laudo sería conforme a
derecho, los tribunales pueden intervenir en atención a la
norma aplicable, por lo que en estos casos la revisión es
análoga a la intervención judicial de las decisiones
administrativas.
V
A los fines de resolver el debate ante esta Curia,
debemos, en primer lugar, precisar si el panel de árbitros
tenía facultad para emitir el laudo transcurrido el CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 43
término dispuesto por las partes para ello. De concluir
que no tenía la potestad para emitir el laudo procede la
revocación del decreto emitido, como intimó el Tribunal de
Apelaciones a tenor con el Art. 22 de la Ley de Arbitraje,
supra. De lo contrario, y bajo el crisol doctrinario antes
enunciado, nos corresponde delimitar cuál era la función
del Tribunal de Primera Instancia al revisar el laudo
impugnado.
Como hemos establecido, la Ley de Arbitraje está
fundamentada en el convenio y la voluntad de las partes
para someter a arbitraje una controversia. Para ello, el
estatuto establece unos parámetros mínimos que regulan el
arbitraje y limitan la intromisión judicial con el fin de
promover este método de solución de disputas sin
menoscabar la autoridad de los tribunales para intervenir
y obligar a las partes a proceder al arbitraje de
conformidad con lo convenido por éstas.53
De igual forma, la Ley de Arbitraje contempla aquellas
instancias del nombramiento, juramento, renuncia,
compensación y recusación de los árbitros, la
incomparecencia de las partes, citaciones a testigos,
presentación de evidencia, la forma del laudo, su
53 Véanse, Arts. 3 y 4 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. secs. 3203 y 3204; Moncharsh v. Heiley & Blase, 3 Cal.4th 1, 10 Cal. Rptr. 2d 183 (1992); City of Oakland v. United Public Employees, 179 Cal. App.3d 356, 224 Cal. Rptr. 523 (1986). CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 44
revocación, modificación o confirmación, el efecto de una
sentencia y la procedencia de la revisión de éstas.54
En aras de propiciar la solución rápida y evitar la
dilación excesiva durante la adjudicación de la
controversia sometida a arbitraje, la Asamblea Legislativa
incluyó un término directivo para emitir el laudo si las
partes no fijaban el mismo. Al así hacerlo, el legislador
no limitó la voluntad de las partes ya que reconoció la
facultad de éstas para prorrogar el referido término
incluso luego de emitido el laudo. Para ello estableció un
requisito de forma que consiste en que la prórroga o
ratificación en casos donde no se hubiere estipulado un
plazo las partes lo hicieran por escrito. A estos efectos,
El Art. 14 de la Ley de Arbitraje establece:
Si el término dentro del cual deberá adjudicarse el laudo no se fijare en el convenio de arbitraje, el mismo deberá dictarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de la vista, y cualquier laudo dictado con posterioridad a la expiración de dichos treinta (30) días no surtirá efecto legal, a menos que las partes de mutuo acuerdo prorroguen el término dentro del cual pueda dictarse o lo ratifiquen cuando el mismo fuere dictado con posterioridad a la expiración del término de treinta (30) días. Cualquier prórroga del término o ratificación se hará por escrito y se firmará por todas las partes al arbitraje. 32 L.P.R.A. § 3214.
De la letra clara del Art. 14, supra, surge
indudablemente que éste aplica cuando las partes no han
pactado un término para emitir el laudo. Dicho periodo es
uno directivo para evitar la dilación al emitir el decreto
de arbitraje sin menoscabar la voluntad de las partes para
54 Véase, Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3201, et seq. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 45
prorrogar el referido plazo.55 Predicado en ello, el
legislador abdicó su función de implementar un lapso
uniforme para emitir un laudo de arbitraje. Al así
hacerlo, consagró el propósito de nuestra Ley de Arbitraje
de otorgar un mayor grado de flexibilidad a su
implantación, conforme a lo convenido por las partes.56
Cabe señalar, sin embargo, que la Ley de Arbitraje
dispone que una de las razones para revocar un laudo de
arbitraje consiste en que el árbitro se extienda de sus
funciones.57 Al referirse a ello, aludimos a cuál es la
controversia a ser objeto del convenio de sumisión, los
términos pactados para someterse a arbitraje o que el
laudo sea emitido en determinado momento conforme
dispuesto por un estatuto o acordado por las partes.
Como establecimos, en Puerto Rico la Ley de Arbitraje
dispone un término directivo para emitir un laudo cuando
ello no ha sido fijado por las partes. No obstante, y dado
el indubitado carácter contractual del arbitraje, las
partes pueden convenir que el laudo sea emitido en
55 Véanse, Fagnani v. Integrity Finance Corp., 53 Del. 193, 167 A.2d 67 (1960) en donde no hubo un consentimiento oral ni escrito por las partes para extender el lapso en que se emitiría el laudo y el tribunal no dirimió si la parte renunció al referido término; Danbury Rubber Co. v. United Rubber, Cork, etc., 145 Conn. 53, 138 A.2d 783 (1958); International Broth. of Teamsters, etc. v. Saphiro, 138 Conn. 57, 82 A.2d 345 (1951). 56 Véanse, D. Helfeld, La Jurisprudencia Creadora: Factor Determinante en el Desarrollo del Derecho de Arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jur. U.P.R. 1, 55 (2001); Art. 1 de la Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A. § 3201. 57 Véase, Art. 22 de la Ley de Arbitraje, supra. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 46
determinado periodo.58 El legislador no impuso un término
fijo para que el laudo fuera emitido. Así las cosas, el
propósito de establecer un término aplicable, salvo pacto
en contrario, para emitir el laudo consiste en la solución
rápida de las controversias sometidas a arbitraje.59
Una vez las partes acuerdan establecer un término para
emitir el laudo, éste no puede ser alterado por el
árbitro. Sin embargo, nada impide que las partes puedan
acordar extender, y renunciar o prescindir el término
dispuesto para pronunciar el decreto. M. Domke, Domke on
Commercial Arbitration: The Law and Practice of Commercial
Arbitration, 3ra ed., Minnesota Ed., West Thomson, 2009,
Vol. I, § 34:1, a las págs. 1-5.
Ahora bien, el efecto de que el árbitro se exceda del
periodo conferido para emitir el laudo es un asunto que
nos corresponde atender. Como regla general, la facultad
de un árbitro para emitir un laudo está limitada por el
tiempo que las partes le concedieron para así hacerlo, por
lo que transcurrido dicho término el decreto es nulo o no
58 En el ámbito obrero-patronal, la Ley de Relaciones del Trabajo no establece un término fijo para rendir el laudo de arbitraje, por lo que las partes pueden convenir el mismo. El término de adjudicación puede ser prorrogado tácitamente. Véase, Junta de Rel. Trabajo v. Corona Brewing Corp., 83 D.P.R. 40 (1961). 59 Se entiende que el término para emitir el laudo comienza a decursar cuando toda la evidencia y argumentaciones de las partes han sido recibidas o cuando los memorandos han sido presentados. Véanse, Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works, 5th ed., Washington D.C., The Bureau of National Affairs, 1997, págs. 379-380; Koch Oil, S.A. v. Transocean Gulf Oil Co., 751 F.2d 551 (2d Cir. 1985). CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 47
puede ser ejecutado. Véanse: Rosario v. Carrasquillo, 451
N.Y.S.2d 776, 88 A.D. 2d 874 (1982); General Metals Corp.
v. Precision Lodge 1600 of Intern. Ass'n of Machinists,
AFL-CIO, 183 Cal. App. 2d 586, Cal. Rptr. 910 (1960);
Public Utility Const. v. Gas Appliance Workers of State
of N.J. Local No. 274 v. Public Service Elec. & Gas Co.,
35 N.J. Super. 414, 114 A.2d 443 (App. Div. 1955);
Brotherhood of Railway and Steamship Clerks, Freight
Handlers, Express and Station Employees v. Norfolk
Southern Ry. Co., 143 F.2d 1015, 154 A.L.R. 1385(C.C.A. 4th
Cir. 1944); Goerke Kirch Co. v. Goerke Kirch Holding Co.,
118 N.J. Eq. 1, 176 A. 902 (1935).
Cabe señalar, sin embargo, que la nulidad del decreto
no es automática y un examen de la jurisprudencia federal
revela que en muy pocas situaciones se ha declarado la
nulidad del laudo.60 En innumerables ocasiones se han
convalidado los procesos de arbitraje aun cuando se haya
excedido el término para emitir los mismos. Domke, supra;
Elkouri & Elkouri, How Arbitration Works, 5th ed.,
Wahington D.C., The Bureau of National Affairs, 1997,
págs. 380-381. Además, véanse, A. E. Korpela,
“Construction and Effect of Contractual or Statutory
Provisions Fixing Time Within Which Arbitration Award Must
Be Made”, 56 ALR 3d 815 (1974).
60 Ello resulta cónsono con la política pública de fomentar el arbitraje para la resolución de disputas y toda duda sobre éste debe resolverse a su favor. Véase, VDE Corporation v. F & R Contrators, res. 15 octubre de 2010, 2010 T.S.P.R. 210, 180 D.P.R.____. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 48
La jurisprudencia examinada demuestra varias
situaciones en las que se ha validado la decisión de un
panel de arbitraje transcurrido el término para ello. A
modo de ejemplo, se han sostenido laudos de arbitraje al
concluir que dicho plazo es uno directivo en ausencia de
un lenguaje claro a los efectos de la naturaleza esencial
del mismo. Hasbro, Inc. v. Catalyst USA, Inc., 367 F.3d
689 (2004). Asimismo, no procede la revocación cuando se
determina que las partes renunciaron al lapso estipulado
ya sea por un acuerdo expreso o un consentimiento
implícito derivado de su conducta. Board of Educ. Unified
School Dist. No. 215 v. L.R. Foy Constr. Co., Inc., 697
P.2d 456, 237 Kan. 1 (1985); M.B. Guran Co. v. Amsdell,
459 N.E.2d 581 (1983); Local Union 560, International
Brotherhood of Teamsters v. Anchor Motor Freight, Inc.,
415 F.2d 220 (1969); Librascope, Inc. v. Wymer, 189 Cal.
App. 2d 71, 10 Cal. Rptr. 795 (1961); Nathan v. United
Jewish Center of Danbury, Inc., 20 Conn. Supp. 183, 129
A.2d 514 (1955). De igual forma, un laudo no será anulado
cuando el reclamo de la parte perdidosa fue posterior a
que el decreto fue rendido. Damrow v. Murdoch, 739 N.W.2d
229, 15 Neb. App. 920 (2007); Darin & Armstrong, Inc. v.
Monte Costella, Inc., 542 So.2d 1053 (1989); West Rock
Lodge No. 2120, Intern. Ass’n of Machinists and Aerospace
Workers, AFL-CIO v. Geometric Tool Co., etc., 406 F.2d.
284 (2do Cir. 1968); Rexburg Inv. Co. v. Dahle & Eccles
Const. Co., 36 Idaho 552, 211 P 552 (1922). Además, se han CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 49
sostenido laudos en los cuales la dilación al emitir los
mismos no constituyó una situación perjudicial a las
partes. Sopko v. Clear Channel Satellite Services, Inc.,
151 P.3d 663 (2006); Jones v. Progressive Cas. Ins. Co.,
655 N.Y.S. 2d 74 (1997).61
La postura asumida en la esfera federal es cónsona
con las Reglas establecidas por la American Arbitration
Association (AAA) la cual funge como la agencia líder en
la administración de los convenios de arbitraje tanto
laborales como comerciales. La AAA emite unas reglas que
son revisadas periódicamente y que forman la base de los
procedimientos de arbitraje, incluyendo la conducta de las
partes y los árbitros. Las partes pueden convenir en su
acuerdo para arbitrar que las reglas emitidas por la AAA
apliquen a la disputa entre éstas. Véase, Domke, op.cit.,
Vol. 1, § 4:2.62
Específicamente, y en lo pertinente, la AAA dispone
que el laudo debe ser emitido sin demora en un término no
mayor de treinta (30) días calendarios desde que culminen
los argumentos finales, o del último día en que las partes
61 Véanse, además, New York Merchants Protective Co., Inc. v. United Textiles, Inc., 879 N.Y.S.2d 693 (2009); Anderson v. Nichols, 359 S.E.2d 117 (1987);Diversified Assembly, Inc. v. RA-LIN & Associates, 368 S.E.2d 786, 186 Ga. App. 904 (1988); Brandon v. Hines, 439 A.2d 496 (1981); Globe v. Central Mut. Ins. Co., 260 N.E.2d 860, 56 A.L.R. 809, 125 Ill. App. 2d 298 (2d Dist. 1970). 62 Conforme al Takeover Agreement de las partes en el caso ante nuestra consideración, éstas acordaron que las reglas de la AAA aplicarían para suplementar aquellas áreas de controversia o duda. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 50
sometan sus declaraciones y evidencia final, a menos que
las partes hayan establecido un periodo distinto o que la
ley así lo disponga.63 A tono con ello, la AAA reconoce
que las partes pueden acordar un término distinto; el cual
puede ser modificado por consentimiento de éstas.64 Además,
y con el propósito de conceder viabilidad y finalidad al
laudo de arbitraje, la AAA estimó conveniente implantar
un mecanismo de renuncia a los referidos términos cuando
quien, luego de conocer que no se ha cumplido con el
procedimiento, continua con el arbitraje sin presentar su
objeción por escrito.65
63 Véase, Regla 43 de la American Arbitration Association (Construction Industry Arbitration Rules). La cual indica que: The award shall be made promptly by the arbitrator and, unless otherwise agreed by the parties or specified by law, no later than 30 calendar days from the date of closing the hearing, or, if oral hearings have been waived, from the due date set for receipt of the parties' final statements and proofs.
64 Véase Regla 40 de la AAA, supra. En lo pertinente:
(a) The parties may modify any period of time by mutual agreement, provided that any such modification that adversely affects the efficient resolution of the dispute is subject to review and approval by the arbitrator…. 65 Véase, Regla 39 de la AAA, supra. La cual establece que: Any party who proceeds with the arbitration after knowledge that any provision or requirement of these Rules has not been complied with and who fails to state an objection in writing shall be deemed to have waived the right to object. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 51
A la luz de lo anterior, consideramos que la política
pública en nuestra jurisdicción ha sido reiterada en
propiciar la resolución de disputas por métodos alternos,
entre éstos, el arbitraje. Constantemente, no hemos
vacilado en resolver las pugnas de si procede el arbitraje
a favor de éste. Consistentemente advertimos que el
arbitraje es una figura inherentemente contractual, por lo
que las partes están obligadas a cumplir con lo
expresamente pactado. Dicha obligación se funda en el
principio de la buena fe, el cual exige no defraudar la
confianza que el otro ha puesto en una promesa o
conducta.66 El referido principio de buena fe exige la
prohibición de actuar contra los propios actos.67 En el
campo del Derecho no podemos dar albergue a la conducta
contradictoria que mina la confianza depositada en una u
otra parte.68
Ante ese cuadro, resolvemos que el Art. 14 de la Ley
de Arbitraje, supra, no aplica en aquellos casos en los
que las partes han establecido un término para emitir un
laudo de arbitraje en el acuerdo escrito de sumisión. Las
partes tienen la libertad de establecer el tiempo que
consideren prudente para la disposición de la controversia
66 Véanse, Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3375. Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 D.P.R. 842, 852 (1991). Véase, L. Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, Cap. IV, pág. 99. 67 Véase, Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 7. 68 Véase, Int. General Electric v. Concret Builders, 104 D.P.R. 871, 876, 877 (1976). CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 52
a arbitrar. Dicho término podrá ser prorrogado por acuerdo
mutuo el que preferiblemente debe constar por escrito, y
ante la falta de dicho arreglo, se examinará la conducta
de las partes a los fines de determinar si hubo una
renuncia al mismo. Por tanto, un laudo de arbitraje
emitido en exceso al término estipulado por las partes no
es automáticamente nulo. Será el deber de los tribunales
examinar si el plazo dispuesto era esencial para resolver
la disputa, si las partes prorrogaron el mismo expresa o
implícitamente, o si éstas renunciaron a un reclamo en
cuanto a éste por la conducta desplegada y el momento en
que se objetó la actuación de los árbitros. Tal análisis
es cónsono con nuestra política pública a favor de los
métodos de resolución de disputas y la norma jurídica en
cuanto a que la voluntad de las partes se deriva de sus
actos. Resolver de otra forma atenta contra los criterios
de política pública que enmarcan las relaciones en nuestra
sociedad y atenta a la solución justa, rápida y económica
de los procesos.
VI
De los hechos antes expuestos, surge claramente que
las partes acordaron en el Takeover Agreement que el laudo
sería emitido a los treinta (30) días cuando culminaran
las vistas. De igual forma, las partes establecieron que
el acuerdo de sumisión no podía ser alterado o enmendado
excepto por escrito. Asimismo, establecieron que en caso
de duda aplicarían las Reglas acogidas por la AAA. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 53
Conforme a los hechos relatados, el proceso de vistas
culminó en diciembre de 2001, los memorandos de las partes
fueron presentados al 1ro de abril de 2002 y el 15 de mayo
de 2002 el panel de árbitros emitió su laudo.
Al examinar detenidamente el expediente, no surge que
las partes hayan objetado dicho proceder antes de emitido
el laudo. Mucho menos éstas alegaron que el plazo
dispuesto era esencial para la resolución de la
controversia ni ello se desprende del lenguaje del acuerdo
entre éstas. Tampoco aflora que las partes hayan cumplido
cabalmente con que las enmiendas o modificaciones a los
términos procesales establecidos en el Takeover Agreement
fueren realizadas por escrito. Por el contrario, los
hechos demuestran múltiples instancias en las que existía
un entendido para modificar el acuerdo sin que ello fuera
objeto de estipulación escrita. A modo de ejemplo, en
origen la controversia no fue presentada ni dirimida
dentro del tiempo estipulado, y ante el planteamiento de
falta de jurisdicción de los árbitros, el Tribunal de
Primera Instancia al examinar la conducta de dicha parte
promoviendo el procedimiento de arbitraje durante dos
años, determinó que el panel de árbitros estaba facultado
para dirimir la controversia. Además, y ante la
complejidad de la polémica, las partes extendieron el
tiempo para presentar la prueba de un máximo de doce (12)
vistas de arbitrajes, según surge del Takeover Agreement,69
69 Véanse, las páginas 4 y 5 de esta Opinión. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 54
hasta el grado que se celebraron cincuenta y cinco (55)
vistas ante el referido panel de arbitraje y acordaron
extender el tiempo para presentar sus respectivos
memorandos. Del comportamiento de las partes trasciende
que éstas por consentimiento mutuo modificaron, en varias
ocasiones, los términos contractuales ante la complejidad
de las argumentaciones presentadas al panel de árbitros.
Con relación al término para que se emitiera el laudo,
y conforme aducen todas las partes, hubo un acuerdo verbal
entre éstas y ante el panel de árbitros para prorrogar el
término a cuarenta y cinco (45) días desde que se
presentara el último memorando. La razón para ello
consistió en el volumen de evidencia y datos que eran
necesarios para emitir el laudo. Ello fue recogido e
informado al Tribunal de Primera Instancia mediante moción
del 9 de mayo de 2002.70 En dicho escrito surge claramente
el compromiso de todas las partes para extender el término
para emitir el decreto al 16 de mayo de 2002. Ninguna de
las partes se opuso a lo informado ni levantó una voz de
alerta a los efectos de que ello debía constar por
escrito.
Contrario a la confianza depositada, a tres meses de
emitido el laudo en su contra, Constructora Estelar y
Seaboard Surety impugnan el mismo, entre otras razones,
cuestionando la facultad del panel de árbitros para emitir
éste luego de transcurrido los treinta (30) días
70 Véase nota al calce núm. 15. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 55
originalmente acordados en el Takeover Agreement. Al así
hacerlo, presentaron una postura incompatible con la
conducta desplegada y renunciaron a cualquier reclamo
sobre este particular a no presentar oportunamente una
objeción a la potestad de los árbitros para emitir el
laudo el 15 de mayo de 2002.
De acuerdo con la norma jurídica establecida, no
albergamos duda de que Constructora Estelar y Seaboard
Surety renunciaron a cualquier reclamo de que el
consentimiento verbal para extender el término para emitir
el laudo tenía que constar por escrito. Más aún dimitieron
de toda petición en cuanto a que la opinión de los
árbitros fuera emitida como originalmente fue pactada.
Advertimos que éstas acordaron que en caso de duda
aplicarían las reglas de la AAA, las cuales establecen que
si la parte no objetó a tiempo renunció a su reclamo.
Asimismo, resulta claro que todas las partes acordaron
extender el referido plazo. De igual forma, no existe un
reclamo de que el término era esencial para que se
emitiera el laudo. Nótese que el proceso de arbitraje duró
por varios años. Mucho menos, Constructora Estelar y
Seaboard Surety objetaron oportunamente. Las actuaciones
de todas las partes claramente manifiestan que el término
fue extendido por quince (15) días adicionales para que el
panel de arbitraje emitiera su decreto. Ello consta por
escrito en la moción suscrita por Constructora Estelar el CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 56
9 de mayo de 2002 y está avalada por la conducta
desplegada por todas las partes.
En definitiva, el término para emitir el laudo fue
válidamente prorrogado y éste fue pronunciado dentro del
referido periodo, por lo que el panel de árbitros no se
excedió en su facultad al así hacerlo.
Por tanto, y a la luz de lo antes expuesto, erró el
Tribunal de Apelaciones al aplicar el Art. 14 de la Ley de
Arbitraje, supra, a la controversia suscitada entre las
partes y al determinar que debido a ello el laudo era
nulo.
VII
Por último, atendemos los planteamientos de la AEP y
la AVP relacionados con la facultad del Tribunal de
Primera Instancia para revocar el laudo de arbitraje.
La AEP y la AVP cuestionan la autoridad del foro
primario para sustituir las determinaciones de hechos
realizadas por el panel de árbitros. En cuanto a ello,
sostienen que habiéndose acordado que el laudo sería final
para todas las partes, el Tribunal de Primera Instancia no
podía modificar las determinaciones de hechos del panel de
arbitraje y sólo le correspondía determinar si éste se
ajustó al derecho vigente a partir de los hechos
determinados. En la alternativa, la AEP y la AVP plantean
que el Tribunal de Primera Instancia debía conceder
deferencia y respeto a las conclusiones de hechos del
panel de árbitros. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 57
Un examen del Takeover Agreement establece
expresamente que las partes acordaron que el laudo de
arbitraje sería emitido conforme a derecho. El análisis de
la doctrina antes enunciada reitera que en estas
circunstancias los tribunales pueden revisar los méritos
del laudo. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia
puede auscultar si procede la revocación del laudo a tenor
con el Art. 22 de la Ley de Arbitraje, supra, es decir, si
hubo fraude, conducta impropia, falta del debido proceso
de ley, violación a la política pública, falta de
jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos
en controversia.
Evidentemente, al haberse pactado que el dictamen
fuera conforme a derecho, y como parte del debido proceso
de ley, su revisión incluye que las determinaciones de
hechos establecidas por el panel de árbitros estén
apoyadas en la prueba presentada. Éstas serán revisadas
desde el amplio marco de deferencia que aplica a las
determinaciones realizadas por el foro que atendió y
aquilató la misma por primera vez. Por tanto, en ausencia
de pasión, arbitrariedad o irrazonabilidad, los tribunales
no intervendrán con las conclusiones de hecho realizadas
por los árbitros. Sin embargo, ello no significa que los
tribunales estén vedados de cambiar o modificar las
referidas determinaciones si al examinar las mismas éstas
son arbitrarias, irrazonables o no están apoyadas en la
prueba. Claro está, ello no conlleva que el Tribunal de CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 58
Primera Instancia pueda sustituir las determinaciones
realizadas por los árbitros para imponer su criterio.
A base de lo anterior, procede que el Tribunal de
Apelaciones considere si el Tribunal de Primera Instancia
actuó correctamente al modificar las determinaciones de
hechos emitidas por el panel de árbitros. De ello ser así
procede confirmar al foro primario. En cuyo caso, distinto
a lo sostenido por la AVP y la AEP, sería un ejercicio
fútil devolver la controversia ante el panel de árbitros
ya que éste solamente tenía autoridad para determinar si
la declaración de incumplimiento emitida por dichas
entidades gubernamentales fue válida. Por ende, de juzgar
que procede confirmar al Tribunal de Primera Instancia, no
hay razón para remitir el asunto ante arbitraje
nuevamente.
Por el contrario, si al evaluar las actuaciones del
foro primario a la luz de los postulados de deferencia
discutidos en el acápite IV de esta Opinión, el Foro
Intermedio concluye que el Tribunal de Primera Instancia
erró al modificar las determinaciones de hechos emitidas
por el panel de árbitros, ameritaría revocarlo, y en
consecuencia, dejar en pleno vigor el laudo de arbitraje.
VIII
Por todo lo antes expuesto, se revoca al Tribunal de
Apelaciones. En su consecuencia, se devuelve el caso a
dicho foro intermedio para que, con prioridad, proceda de
conformidad a lo aquí dispuesto. CC-2009-0259 cons. CC-2009-0267 59
Se dictará Sentencia de conformidad.
LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca al Tribunal de Apelaciones. En su consecuencia, se devuelve el caso a dicho foro intermedio para que, con prioridad, proceda de conformidad a lo aquí dispuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres vota conforme aunque no avala todo lo manifestado en los casos U.I.T.I.C.E. v. C.E.A.T., 147 D.P.R. 522, 528 (1999) y Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003). No obstante, en el caso que nos ocupa, ese era el estado de derecho vigente al momento de solicitar revisión en el Tribunal de Apelaciones y las partes confiaron en él. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco se une a las expresiones del Juez Asociado señor Martínez Torres. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
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