Allied Management Group Y Otros v. Oriental Bank
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Allied Management Group, Inc.; Rafael Portela Rodríguez Certiorari Recurridos
v. 2020 TSPR 52
Oriental Bank 204 DPR _____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2016-759
Fecha: 30 de junio de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Julio Nigaglioni Arrache
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Susana B. Castro Cintrón
Materia: Derecho Procesal Civil: Aplicación de las disposiciones relacionadas a la paralización automática bajo el Código de Quiebras federal, la figura de parte indispensable y el requisito de agotar remedios según la Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ALLIED MANAGEMENT GROUP, INC.; RAFAEL PORTELA RODRÍGUEZ
Recurridos
v. CC-2016-759
ORIENTAL BANK
El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.
En esta ocasión tenemos ante nuestra consideración tres
señalamientos, todos basados en asuntos jurisdiccionales.
Específicamente, nos corresponde determinar si en este caso
aplican las disposiciones relacionadas a la paralización
automática, si falta una parte indispensable en el
procedimiento y si era necesario agotar los remedios
administrativos provistos en la Financial Institutions
Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989 (FIRREA).
A continuación, esbozamos los antecedentes fácticos
pertinentes al caso de autos.
I
El 30 de mayo de 2007, R-G Premier Bank of Puerto Rico
(R-G) y Allied Financial, Inc. (AFI), suscribieron un CC-2016-759 2
contrato denominado “Mortgage Warehousing Credit
Agreement”, en virtud del cual R-G extendió a AFI una línea
de crédito comercial por la suma principal de $3,300,000.
El propósito del referido contrato era proveer a AFI una
línea de crédito que le permitiera a su vez realizar
préstamos comerciales y residenciales a terceros. R-G se
comprometió a otorgarle adelantos a AFI, de tiempo en
tiempo, que no excedieran de $3,300,000 en una base
rotativa.
Así las cosas, el 26 de junio de 2007, AFI concedió a
Villas de Costa Jobos, Inc. (Costa Jobos) un préstamo
hipotecario por la suma principal de $1,200,000, mediante
un acuerdo denominado “Non-Revolving Credit Facility
Agreement”. En esa misma fecha, Costa Jobos y AFI
suscribieron un “Mortgage Note Pledge Agreement” mediante
el cual Costa Jobos entregó en prenda a AFI dos pagarés
hipotecarios, uno por la suma principal de $800,000 y otro
por $400,000, como garantía del repago de las obligaciones
contraídas en el contrato de préstamo hipotecario.
En garantía de los referidos pagarés hipotecarios y
otros créditos accesorios, Costa Jobos constituyó una
hipoteca por $800,000 y otra por $400,000 sobre una
propiedad sita en el Barrio Bajuras de Isabela. Las
obligaciones contraídas por las partes en el “Mortgage
Warehousing Credit Agreement” fueron garantizadas por el
Sr. Rafael Portela Rodríguez. Bajo los términos de este
contrato, el 3 de agosto de 2007, AFI solicitó a R-G un CC-2016-759 3
adelanto de $1,080,000 mediante el modelo de solicitud
estipulado por ambas partes, intitulado “Request for
Advance”.1 Como garantía por el adelanto, AFI entregó a R-
G los dos pagarés hipotecarios que, a su vez, Costa Jobos
le había otorgado en prenda como garantía del préstamo
hipotecario.
Posteriormente, Allied Management Group, Inc. (AMGI)
adquirió la propiedad hipotecada por Costa Jobos y asumió
1 Según surge de la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 13 de enero de 2016, la cual adoptó los hechos estipulados por las partes en la Moción conjunta sobre estipulación de hechos materiales que no están en controversia, el “Request for Advance” dispone lo siguiente: We hereby apply for an advance of $1,080,000.00 to be made under the terms and conditions of our Mortgage Warehousing Credit Agreement with you dated May 30, 2007 (‘the Credit Agreement’). We hereby certify that there exists no default in the observance or performance by us of the Credit Agreement or any other agreement to which you are a party or in which, to our knowledge, you have an interest. We enclose the Schedule of Pledge Collateral and the documents to be retained in your files, in pledge, until the Advance represented by each Mortgage is repaid. In the case of individual mortgages, we enclosed the documents required by Article 5 of the Credit Agreement, duly executed before a Notary Public. These documents are to be held by you as Mortgage Collateral until the corresponding Advance, and all accrued interest thereon, is paid in full, or as otherwise provided on the Credit Agreement. We hereby certify that we have applied to corresponding insurance and promise to deliver a certificate of such insurance to you within the time and under the terms specified in the Credit Agreement or repay the funds advance to us hereunder (together with accrued interest thereon). Further, we hereby certify that we have requested form Stewart Title Guaranty Company the issuance of the title policy in your name for each Mortgage. In the event that said policy is not issued within twenty (20) days from the date of the respective Mortgage, we hereby agree to immediately repay to the Bank the amount advanced in connection with such Mortgage (together with accrued and unpaid interest thereon)”. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs.746-747. Asimismo, en lo aquí pertinente, la sección 9.2 del Mortgage Warehousing Credit Agreement dispone que “[t]he Bank shall release the Mortgage Collateral, as the case may be, upon payment of the Loan or a portion thereof in connection with each release, Borrower shall deliver to the Bank a computation showing compliance with the foregoing payment condition”. Íd., pág. 129. CC-2016-759 4
las obligaciones de este último respecto al balance
adeudado bajo los dos pagarés hipotecarios. Así, el 2 de
octubre de 2009, AMGI emitió un cheque a favor de R-G por
$1,080,000. El cheque sería acreditado como pago por el
préstamo relacionado a la propiedad de Costa Jobos.2 El 6
de octubre de 2009 fue acreditado el referido pago y, a
esa fecha, el estado de cuenta de la línea de crédito de
AFI con R-G reflejaba que esta no adeudaba intereses.3
El 30 noviembre de 2009, AFI y R-G suscribieron un
contrato intitulado “Term Loan Agreement” que modificaba
el “Mortgage Warehousing Credit Agreement” suscrito en el
2007 a los fines de convertir la suma adeudada en un
contrato a término por dos años, al cabo de los cuales AFI
debía saldar la totalidad de las sumas adeudadas. Sin
embargo, el 30 de abril de 2010, la Oficina del Comisionado
de Instituciones Financieras (OCIF) cerró las operaciones
de R-G y el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
fue nombrado síndico. A su vez, mediante acuerdo entre el
FDIC y Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank), este último
adquirió varios activos de R-G, incluyendo los dos pagarés
que este poseía en garantía por el préstamo concedido a
AFI.
Así las cosas, el 4 de noviembre de 2013, AMGI, que
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Allied Management Group, Inc.; Rafael Portela Rodríguez Certiorari Recurridos
v. 2020 TSPR 52
Oriental Bank 204 DPR _____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2016-759
Fecha: 30 de junio de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel II
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Julio Nigaglioni Arrache
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Susana B. Castro Cintrón
Materia: Derecho Procesal Civil: Aplicación de las disposiciones relacionadas a la paralización automática bajo el Código de Quiebras federal, la figura de parte indispensable y el requisito de agotar remedios según la Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ALLIED MANAGEMENT GROUP, INC.; RAFAEL PORTELA RODRÍGUEZ
Recurridos
v. CC-2016-759
ORIENTAL BANK
El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.
En esta ocasión tenemos ante nuestra consideración tres
señalamientos, todos basados en asuntos jurisdiccionales.
Específicamente, nos corresponde determinar si en este caso
aplican las disposiciones relacionadas a la paralización
automática, si falta una parte indispensable en el
procedimiento y si era necesario agotar los remedios
administrativos provistos en la Financial Institutions
Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989 (FIRREA).
A continuación, esbozamos los antecedentes fácticos
pertinentes al caso de autos.
I
El 30 de mayo de 2007, R-G Premier Bank of Puerto Rico
(R-G) y Allied Financial, Inc. (AFI), suscribieron un CC-2016-759 2
contrato denominado “Mortgage Warehousing Credit
Agreement”, en virtud del cual R-G extendió a AFI una línea
de crédito comercial por la suma principal de $3,300,000.
El propósito del referido contrato era proveer a AFI una
línea de crédito que le permitiera a su vez realizar
préstamos comerciales y residenciales a terceros. R-G se
comprometió a otorgarle adelantos a AFI, de tiempo en
tiempo, que no excedieran de $3,300,000 en una base
rotativa.
Así las cosas, el 26 de junio de 2007, AFI concedió a
Villas de Costa Jobos, Inc. (Costa Jobos) un préstamo
hipotecario por la suma principal de $1,200,000, mediante
un acuerdo denominado “Non-Revolving Credit Facility
Agreement”. En esa misma fecha, Costa Jobos y AFI
suscribieron un “Mortgage Note Pledge Agreement” mediante
el cual Costa Jobos entregó en prenda a AFI dos pagarés
hipotecarios, uno por la suma principal de $800,000 y otro
por $400,000, como garantía del repago de las obligaciones
contraídas en el contrato de préstamo hipotecario.
En garantía de los referidos pagarés hipotecarios y
otros créditos accesorios, Costa Jobos constituyó una
hipoteca por $800,000 y otra por $400,000 sobre una
propiedad sita en el Barrio Bajuras de Isabela. Las
obligaciones contraídas por las partes en el “Mortgage
Warehousing Credit Agreement” fueron garantizadas por el
Sr. Rafael Portela Rodríguez. Bajo los términos de este
contrato, el 3 de agosto de 2007, AFI solicitó a R-G un CC-2016-759 3
adelanto de $1,080,000 mediante el modelo de solicitud
estipulado por ambas partes, intitulado “Request for
Advance”.1 Como garantía por el adelanto, AFI entregó a R-
G los dos pagarés hipotecarios que, a su vez, Costa Jobos
le había otorgado en prenda como garantía del préstamo
hipotecario.
Posteriormente, Allied Management Group, Inc. (AMGI)
adquirió la propiedad hipotecada por Costa Jobos y asumió
1 Según surge de la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 13 de enero de 2016, la cual adoptó los hechos estipulados por las partes en la Moción conjunta sobre estipulación de hechos materiales que no están en controversia, el “Request for Advance” dispone lo siguiente: We hereby apply for an advance of $1,080,000.00 to be made under the terms and conditions of our Mortgage Warehousing Credit Agreement with you dated May 30, 2007 (‘the Credit Agreement’). We hereby certify that there exists no default in the observance or performance by us of the Credit Agreement or any other agreement to which you are a party or in which, to our knowledge, you have an interest. We enclose the Schedule of Pledge Collateral and the documents to be retained in your files, in pledge, until the Advance represented by each Mortgage is repaid. In the case of individual mortgages, we enclosed the documents required by Article 5 of the Credit Agreement, duly executed before a Notary Public. These documents are to be held by you as Mortgage Collateral until the corresponding Advance, and all accrued interest thereon, is paid in full, or as otherwise provided on the Credit Agreement. We hereby certify that we have applied to corresponding insurance and promise to deliver a certificate of such insurance to you within the time and under the terms specified in the Credit Agreement or repay the funds advance to us hereunder (together with accrued interest thereon). Further, we hereby certify that we have requested form Stewart Title Guaranty Company the issuance of the title policy in your name for each Mortgage. In the event that said policy is not issued within twenty (20) days from the date of the respective Mortgage, we hereby agree to immediately repay to the Bank the amount advanced in connection with such Mortgage (together with accrued and unpaid interest thereon)”. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs.746-747. Asimismo, en lo aquí pertinente, la sección 9.2 del Mortgage Warehousing Credit Agreement dispone que “[t]he Bank shall release the Mortgage Collateral, as the case may be, upon payment of the Loan or a portion thereof in connection with each release, Borrower shall deliver to the Bank a computation showing compliance with the foregoing payment condition”. Íd., pág. 129. CC-2016-759 4
las obligaciones de este último respecto al balance
adeudado bajo los dos pagarés hipotecarios. Así, el 2 de
octubre de 2009, AMGI emitió un cheque a favor de R-G por
$1,080,000. El cheque sería acreditado como pago por el
préstamo relacionado a la propiedad de Costa Jobos.2 El 6
de octubre de 2009 fue acreditado el referido pago y, a
esa fecha, el estado de cuenta de la línea de crédito de
AFI con R-G reflejaba que esta no adeudaba intereses.3
El 30 noviembre de 2009, AFI y R-G suscribieron un
contrato intitulado “Term Loan Agreement” que modificaba
el “Mortgage Warehousing Credit Agreement” suscrito en el
2007 a los fines de convertir la suma adeudada en un
contrato a término por dos años, al cabo de los cuales AFI
debía saldar la totalidad de las sumas adeudadas. Sin
embargo, el 30 de abril de 2010, la Oficina del Comisionado
de Instituciones Financieras (OCIF) cerró las operaciones
de R-G y el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
fue nombrado síndico. A su vez, mediante acuerdo entre el
FDIC y Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank), este último
adquirió varios activos de R-G, incluyendo los dos pagarés
que este poseía en garantía por el préstamo concedido a
AFI.
Así las cosas, el 4 de noviembre de 2013, AMGI, que
había emitido un cheque a favor de R-G por $1,080,000 en
Íd., pág. 253. Específicamente, el cheque disponía lo siguiente: 2
“Pay of loan of Isabela Land”. Íd. 3 Íd., pág. 749. CC-2016-759 5
el 2009, requirió a Scotiabank la devolución de los dos
pagarés hipotecarios. Junto a su petición, acompañó una
carta suscrita por AFI autorizando a Scotiabank a
entregarle a AMGI los referidos pagarés. Sin embargo,
Scotiabank se negó a devolverlos. Por ello, el 21 de
noviembre de 2013, AMGI envió una segunda comunicación a
Scotiabank requiriéndole la entrega de los pagarés. No
obstante, el 26 de noviembre de 2013 Scotiabank respondió,
mediante carta, que no procedía su devolución.
Consecuentemente, el 19 de diciembre de 2013 AMGI
presentó una demanda contra Scotiabank ante el Tribunal de
Primera Instancia reclamando la devolución de los dos
pagarés hipotecarios, que originalmente fueron dados en
prenda a R-G para garantizar un adelanto de $1,080,000,
conforme a un contrato suscrito entre AFI y R-G. Además,
AMGI exigió $1,200,000 en daños y perjuicios.
El 29 de enero de 2014 las partes solicitaron
conjuntamente la paralización de los procedimientos, ya
que se encontraban en conversaciones transaccionales. Sin
embargo, incapaces de llegar a un acuerdo, Scotiabank
contestó la demanda el 24 de junio de 2014 negando las
alegaciones y presentando una serie de defensas
afirmativas. En esencia, sostuvo que, según el contrato de
préstamo intitulado “Term Loan Agreement” suscrito entre
AFI y R-G, los pagarés aseguran la totalidad de la
facilidad de crédito que R-G otorgó a AFI y no solo el
adelanto de los $1,080,000 concedido bajo una línea de CC-2016-759 6
crédito extendida por R-G a AFI en el 2007. A esos fines,
adujo que los pagarés constituyen la colateral de
Scotiabank, por lo cual se negó a entregarlos.
Posteriormente, el 12 de septiembre de 2014, AMGI
presentó una Moción de sentencia sumaria parcial. En la
misma, instó al tribunal de instancia a dictar sentencia
en cuanto a la devolución de los dos pagarés en posesión
de Scotiabank, dejando pendiente la acción en daños y
perjuicios. El 6 de noviembre de 2014 Scotiabank presentó
su Oposición a solicitud de sentencia sumaria y Moción para
que se desestime la demanda por falta de jurisdicción. En
su oposición, Scotiabank arguyó que el Tribunal de Primera
Instancia no tenía jurisdicción sobre la materia a tenor
con FIRREA. Asimismo, entre otras cosas, adujo que AMGI
dio los pagarés en disputa como garantía de deudas
presentes y futuras, y que Scotiabank es un tenedor de
buena fe. AMGI ripostó con la presentación de una Réplica
a la oposición a solicitud de sentencia sumaria y moción
para que se desestime la demanda por falta de jurisdicción
el 5 de diciembre de 2014.
El 9 de diciembre de 2014 Scotiabank solicitó que se
paralizaran los procedimientos hasta que se adjudicara una
solicitud de consolidación que dicha parte presentó sobre
el caso de autos con Scotiabank de Puerto Rico v. Allied
Financial, Inc., KCD2013-2856.4 En su solicitud de
4 En el caso Scotiabank de Puerto Rico v. Allied Financial, Inc., KCD2013-2856, Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) demandó a Allied Financial, Inc. (AFI) en cobro de dinero y ejecución de hipotecas por CC-2016-759 7
paralización, Scotiabank alegó que en ambos casos se le
reclamó la devolución de los pagarés bajo la misma teoría
legal. Por su parte, AMGI y el señor Portela Rodríguez se
opusieron a esa solicitud por entender que fue incorrecta
la representación que se hizo a la otra Sala del foro de
instancia al informar que en ambos pleitos se exigió la
devolución de los pagarés, por estar el caso en una etapa
procesal avanzada, por haber sido solicitada la
paralización de los procedimientos justo cuando está
próxima a ser resuelta la controversia principal del
litigio sobre la entrega de los pagarés retenidos por
Scotiabank y por ser perjudicial el retraso de la
adjudicación de esta controversia.
Luego de varios incidentes procesales, el 14 de agosto
de 2015 las partes presentaron una Moción conjunta sobre
estipulación de hechos materiales que no están en
controversia. Así las cosas, el 13 de enero de 2016 el
Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución,
mediante la cual declaró no ha lugar la solicitud de
sentencia sumaria parcial presentada por AMGI y la moción
de desestimación presentada por Scotiabank. Además,
decretó la paralización de los procedimientos en el caso,
hasta tanto se adjudicaran las controversias en el otro
pleito pendiente ante el foro de instancia.
los otros préstamos que compró al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y que aún estaban pendientes de pago. CC-2016-759 8
Cabe destacar que, en esa misma fecha, AFI presentó
una petición de quiebra ante la Corte de Quiebras de
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con el
propósito de reestructurar el pago de sus deudas bajo el
Capítulo 11 del Código de Quiebras Federal.
Consecuentemente, los procedimientos en Scotiabank de
Puerto Rico v. Allied Financial, Inc., KCD2013-2856
quedaron paralizados.
Inconforme con la determinación del tribunal de
instancia, AMGI presentó un recurso de certiorari ante el
Tribunal de Apelaciones, en el cual, esencialmente, señaló
que el foro primario incidió al paralizar los
procedimientos en lugar de aplicar el Derecho y resolver
los méritos de la moción de sentencia sumaria parcial y al
no ordenar a Scotiabank la devolución de los pagarés
solicitados por AMGI.
Luego de evaluar los escritos de las partes, el 8 de
junio de 2016 el Tribunal de Apelaciones notificó una
sentencia sumaria parcial a favor de AMGI y ordenó que le
devolvieran los pagarés hipotecarios objeto de la
reclamación. Ello, por entender que en este caso no
aplicaba FIRREA, y que el incumplimiento alegado no era
imputable al banco fallido R-G ni al FDIC como dispone la
referida ley. En cuanto a la alegación de falta de parte
indispensable de WM Capital Partners 53, LLC (WM Capital),
institución a la cual Scotiabank presuntamente le traspasó
los pagarés hipotecarios en disputa, resolvió que no eran CC-2016-759 9
indispensables en el pleito, ya que de ser necesario
podrían reclamar contra Scotiabank, en un pleito separado,
el asunto de los pagarés. Por consiguiente, devolvió el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que continuara
con la acción de daños y perjuicios que quedó pendiente.
Insatisfecho, el 8 de agosto de 2019, Scotiabank
presentó un recurso de certiorari ante nos, en el cual
señaló lo siguiente:
Erró el Tribunal de Apelaciones al asumir jurisdicción y adjudicar la titularidad de los pagarés cuando la jurisdicción sobre esta controversia la tiene la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Erró el Tribunal de Apelaciones al asumir jurisdicción sobre el caso ante la ausencia de una parte indispensable.
Erró el Tribunal de Apelaciones al asumir jurisdicción sobre el caso a pesar de que los recurridos no agotaron los remedios administrativos requeridos por FIRREA.5
En esencia, Scotiabank adujo que el foro apelativo
intermedio no tenía jurisdicción para adjudicar la
titularidad de los pagarés, ya que esa controversia se
encontraba ante la consideración de la Corte de Quiebras.
Asimismo, indicó que faltaba una parte indispensable, WM
Capital, ya que dicha institución es quien posee
actualmente los pagarés objeto de este pleito. Finalmente,
Scotiabank sostuvo que para que los tribunales estatales
tuvieran jurisdicción sobre el caso, AMGI tenía que haber
agotado los remedios administrativos requeridos por
5 Petición de certiorari, pág. 12. CC-2016-759 10
FIRREA. Ello pues, a su entender, la ley es clara en que
se privó de jurisdicción, tanto a los tribunales estatales
como a los federales, de atender reclamaciones sobre
cualquier acto u omisión de la institución bancaria
fallida.
Oportunamente, AMGI presentó su oposición a la
petición de certiorari mediante la cual alegó que no existe
controversia alguna en cuanto a que el presente caso no
está paralizado ni se encuentra bajo la jurisdicción del
Tribunal de Quiebras, ya que tanto WM Capital como AFI,
quienes son las partes de la acción adversativa que se está
ventilando ante la Corte de Quiebras, reconocen que el
asunto sobre la titularidad de los pagarés está bajo la
jurisdicción de los tribunales estatales, y lo que ellos
están litigando en el procedimiento adversativo es el
derecho de retracto de crédito litigioso que reclama AFI
para adquirir los préstamos que compró WM Capital a
Scotiabank. En cuanto a la alegación de parte
indispensable, AMGI indicó que, independientemente de lo
que hizo Scotiabank con los pagarés saldados por AMGI,
dicha institución responde por la entrega de estos para su
cancelación y, en su defecto, debe compensar a AMGI por el
valor de los pagarés. De igual modo, expresó que a este
caso no aplican los procedimientos bajo FIRREA, pues R-G
(la institución fallida) nunca se negó a entregar los
pagarés. Por lo tanto, nunca hubo actos u omisiones de R- CC-2016-759 11
G que requiriesen agotar el procedimiento administrativo
que establece FIRREA.
El recurso de certiorari se expidió. Estando pendiente
el caso para ser resuelto, se presentó una Solicitud de
sustitución de parte demandada. Desde el 31 de diciembre
de 2019, Scotiabank se fusionó con Oriental Bank (Oriental
o parte peticionaria), convirtiéndose este último en la
entidad bancaria subsistente tras la fusión. Por ello, se
solicitó la sustitución de Scotiabank por Oriental como la
parte peticionara. A esos efectos, el 14 de febrero de 2020
emitimos una Resolución, mediante la cual ordenamos al
Secretario de este Tribunal realizar la sustitución de
parte correspondiente y enmendar el epígrafe del caso. Tras
examinar los alegatos de ambas partes, procedemos a
resolver.
II
A. La jurisdicción de los tribunales
La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal
para considerar y decidir casos y controversias.6 Es por
eso que, la falta de jurisdicción de un tribunal, incide
directamente sobre el poder mismo para adjudicar una
controversia.7 De ese modo, la ausencia de jurisdicción
6 Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); S.L.G.
Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Véanse, además: González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). 7 Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra, págs. 249-250; Souffront
v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). CC-2016-759 12
trae varias consecuencias, tales como el que no sea
susceptible de ser subsanada; las partes no puedan
conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco
puede este arrogársela; conlleva la nulidad de los
dictámenes emitidos; impone a los tribunales el ineludible
deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los
tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro
de donde procede el recurso, y puede presentarse en
cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las
partes o por el tribunal motu proprio.8
En ese sentido, hemos sido enfáticos en que los
tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción
y que no poseen discreción para asumirla donde no la
tienen.9 Por consiguiente, los asuntos relacionados a la
jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben
atenderse con primacía a cualesquier otros.10 Esto pues,
“[u]na sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal,
es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto,
inexistente”.11 A causa de ello, “cuando un tribunal
determina que no tiene jurisdicción para intervenir en un
asunto, procede la inmediata desestimación del recurso
S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra; González v. 8
Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855; Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra, pág. 9 250; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Íd. Véase, además, Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 10
DPR 436, 439 (1950). 11 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921 (2000). CC-2016-759 13
apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos
para el perfeccionamiento de estos recursos”.12
Como hemos repetido en múltiples ocasiones, es deber
de los foros adjudicativos examinar tanto su propia
jurisdicción como la del foro de donde procede el recurso
ante su consideración.13 En vista de eso, este Tribunal
tiene la responsabilidad de asegurarse que nuestro foro
apelativo intermedio imparta justicia conforme al ámbito
de autoridad que se le ha conferido estatutariamente.14 Por
ello, cuando el Tribunal de Apelaciones asuma jurisdicción
en un recurso sin tenerla, es nuestro deber así declararlo
y desestimar el recurso.15
B. Los efectos de la paralización automática en los pleitos pendientes
Una de las protecciones instituidas en el Código de
Quiebras para aquellos que se acogen a este es la
paralización automática, puesto que impide, “entre otras
cosas, el comienzo o la continuación de cualquier proceso
judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo
haber sido interpuesto contra el deudor, o para ejercitar
Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra; S.L.G. Solá-Moreno v. 12
Bengoa Becerra, supra, pág. 682. Véanse, además: Souffront v. A.A.A., supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 13 Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra; S.L.G. Szendrey-Ramos
v. F. Castillo, supra, pág. 883. 14 Íd. 15 Íd. CC-2016-759 14
cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se
iniciara la quiebra”. (Énfasis suplido).16
Una vez presentada la petición de quiebra, la
paralización automática surte efecto, extendiéndose hasta
que se dicte la sentencia final.17 Cabe destacar que esta
no requiere notificación formal para ser efectiva.18 El
efecto principal de la paralización automática es que
detiene el comienzo o la continuación de cualquier acción
judicial o administrativa contra el deudor, pendiente o
que pudo comenzar antes del inicio de la petición de
quiebra.19 Asimismo, prohíbe las acciones judiciales y
administrativas que se inicien contra el deudor para
recuperar reclamaciones hechas con anterioridad a la
petición así como las acciones para cumplir sentencias que
se obtuvieron antes de que la petición de quiebra se
iniciara.20
No obstante, hay que resaltar que, de ordinario, esta
protección es exclusiva del deudor que se acoge a la
quiebra, por lo cual “[l]a responsabilidad de una persona
que es codeudor, fiador o en alguna forma garantizador de
un quebrado no se altera por la adjudicación en quiebra de
16 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490-491 (2010). Véase, además, 11 USCA sec. 362. 17 Íd. Véase, además, In re Jamo, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). 18 Íd. 19 11 USC sec. 362(a)(1). 20 Íd. CC-2016-759 15
éste”.21 Esto tiene el propósito de garantizar el ejercicio
de cualquier acción que tenga el acreedor contra cualquier
otra persona que se hubiere obligado conjuntamente con el
deudor quebrado.22
Ahora bien, las Cortes de Quiebras tienen amplia
discreción para terminar, anular, modificar o condicionar,
a solicitud de parte o motu proprio, los efectos de la
paralización automática por alguna de las causas enumeradas
en el Código de Quiebras.23 Una de esas circunstancias
ocurre cuando una Corte de Quiebras pone fin a la
paralización automática para permitir que un litigio
continúe en otro foro, especialmente si involucra
multiplicidad de partes, si está listo para juicio, o si
es lo más prudente en atención al aspecto de economía
judicial.24
Por otro lado, una Corte de Quiebras puede modificar
una paralización automática para permitir que ciertos
aspectos de una controversia se diluciden en otro foro,
por ser el más apropiado para ello, y, a la vez, retener
jurisdicción sobre otros aspectos de la controversia.25 La
21 Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 DPR 374, 380 (1961). Véanse,
además: 11 USCA sec. 524(e); 2 Collier on Bankruptcy Sec. 362.03[3][d] (2010). 22 Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra, pág. 256; Cámara Insular
Etc. v. Anadón, supra, pág. 380. 23 11 USCA sec. 362. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491; Collier, 24
supra, Vol. 3, Sec. 362.07[3][a]. 25 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 492. Véase, John's
Insulation v. L. Addison & Assocs., 156 F.3d 101, 110 (1er Cir. 1998). CC-2016-759 16
Corte de Quiebras deberá ejercer su discreción de acuerdo
con las circunstancias del caso particular.26
C. Ausencia de parte indispensable
La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
dispone que “[l]as personas que tengan un interés común
sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia,
se harán partes y se acumularán como demandantes o
demandadas, según corresponda”. Es decir, sin la presencia
de una parte indispensable las cuestiones litigiosas no
pueden adjudicarse correctamente, ya que sus derechos
quedarían afectados.27 Esta regla está basada en dos
principios fundamentales, estos son: (1) la protección
constitucional que impide que una persona sea privada de
la libertad y de su propiedad sin un debido proceso de ley,
y (2) la necesidad de incluir a una parte indispensable
para que el decreto judicial emitido sea completo.28
Cabe precisar que el “interés común” al que hace
referencia la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, no
es cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser
real e inmediato y no puede tratarse de meras
26Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491; Collier, supra, Vol. 3, Sec. 362.07[1]. 27 López García v. López García, 200 DPR 50, 63 (2018). Véanse:
Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 (2003); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993). 28 López García v. López García, supra, pág. 64; Cepeda Torres v.
García Ortiz, supra, pág. 704. CC-2016-759 17
especulaciones o de un interés futuro.29 A esos fines, este
Tribunal ha dispuesto que “no se trata de cualquier interés
sobre un pleito, sino de un interés de tal orden que impida
la confección de un derecho adecuado sin afectar o destruir
radicalmente los derechos a esa parte”.30
Los tribunales deberán evaluar los hechos específicos
de cada caso para determinar si debe acumularse a una parte
en un pleito o no. A esos efectos, es necesario “hacer un
análisis juicioso sobre los derechos de las partes que no
están presentes y las consecuencias de que se unan al
procedimiento”.31 De ese modo, es primordial precisar si el
tribunal puede conceder un remedio final, completo y justo
a las partes presentes sin afectar los intereses de la
parte ausente.32
D. Remedios Administrativos al amparo de FIRREA
En el 1989, el Congreso de Estados Unidos aprobó
FIRREA con el propósito de remediar la inestabilidad de
las instituciones depositarias.33 Como parte de los cambios
introducidos por FIRREA, quedó establecida la autoridad de
la FDIC para actuar como síndico de instituciones
29 López García v. López García, supra; Pérez Rosa v. Morales
Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007); Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 435. 30 López García v. López García, supra; Romero v. S.L.G. Reyes,
164 DPR 721, 733 (2005). 31 López García v. López García, supra, pág. 65. 32 Íd.; Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. 33 Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 (codificada según enmendada
en 12 USCA sec. 1811, et seq.); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 323-324 (2001). CC-2016-759 18
financieras que hayan fallado.34 En su función como síndico,
la FDIC se entiende sucesor de la institución fallida en
todos sus derechos y obligaciones.35 Así las cosas, la FDIC
también puede transferir los derechos de la institución
fallida a un tercero.36
Como aseguradora, la FDIC tiene el deber de pagar a
los depositarios de la institución fallida.37 Para ello
cuenta con dos opciones principales: (1) puede liquidar
los activos, o (2) vender los activos a otra institución
depositaria.38 La segunda opción generalmente se manifiesta
en un contrato de compra y asunción.39 Este proceso conlleva
que la FDIC venda a otra institución depositaria los
activos de la institución fallida, de manera que la
34 12 USCA sec. 1821(d). Para descripción detallada de la FDIC y
su funcionamiento, véase: M.R. Schroeder, The Law and Regulations of Financial Institutions, EE UU, Ed. Warren, Gorham & Lamont, 1995, Vol. I, págs. 11.1 – 11.37. 35 12 USCA sec. 1821(d)(2)(A). Schroeder, op. cit., págs. 12.14- 12.15: The FDIC as conservator or receiver succeeds to all the rights, property and privileges of the institution. The officers and directors of the institution, as well as the stockholders of the bank, are precluded from dealing in any way with the institutions assets while the receivership continues. As conservator or receiver, the FDIC operates the insured depository institution with all the powers of the institution and its shareholders, directors, and officers and conducts all business of the institution, collecting all obligations and money due, performing all functions of the institution in the name of the institution and acting to “preserve and conserve the assets and property” of the institution. 36 12 USCA sec. 1821(d)(2)(G). 37 Íd.; Schroeder, op. cit., pág. 12.22, al citar Gunter v. Hutcheson, 674 F.2d 862, 865 (11mo Cir. 1982) (“The Federal Deposit Insurance Corporation is a federal agency which insures bank deposits. As insurer one of the primary duties of the FDIC is to pay the depositors of the failed bank”). 12 USCA sec. 1821(a)(1)(A); Schroeder, op. cit., al citar Gunter 38
v. Hutcheson, supra. 39 Véase, Schroeder, op. cit., págs. 12.22-12.27. CC-2016-759 19
reapertura no interrumpa las operaciones bancarias.40 En
este caso, esta adquiere los activos y las
responsabilidades de la institución fallida. Así, la
solución es beneficiosa para las tres partes
involucradas.41
La FDIC recibe los activos de la institución fallida,
se encarga de sus operaciones y resuelve los reclamos que
surjan contra esta.42 El procedimiento para resolver estos
reclamos se recoge en 12 USCA sec. 1821(d).43 Por otro lado,
la FDIC tiene el deber de publicar una notificación para
los acreedores de la institución fallida, la cual debe
incluir la fecha límite para presentar sus reclamos.44
Además, la ley establece los periodos y procedimientos que
tienen tanto los acreedores para presentar sus reclamos
como para la FDIC resolverlos o rechazarlos.45
40 Schroeder, op. cit., pág. 12.23, al citar Gunter v. Hutcheson, supra. 41 Íd. (“The FDIC minimizes its loss, the purchasing bank receives a new investment and expansion opportunity at low risk, and the depositors of the failed bank are protected from the vagaries of the closing and liquidating procedure”). Íd., págs. 12.23-12.24, al citar Gunter v. Hutcheson, supra, págs. 865-866. 42 M.A. de Freitas, Exhaustion of remedies requirement under
Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act (FIRREA) (12 U.S.C.A. § 1821(d)) with respect to claims against failed financial institution, Federal Deposit Insurance Corporation, or Resolution Trust Corporation, 122 ALR Fed. 519 sec. 2(a) (1994). 43 de Freitas, supra. Véanse: 12 USCA sec. 1821(d)(3)(“Authority
of receiver to determine claims”); 12 USCA sec. 1821(d)(4)(“Rulemaking authority relating to determination of claims”); 12 USCA sec. 1821(d)(5)(“Procedures for determination of claims”); 12 USCA sec. 1821(d)(6)(“Provision for agency review or judicial determination of claims”); 12 USCA sec. 1821(d)(7)(“Review of claims”). 44 de Freitas, supra. 45 Véase: Schroeder, op. cit., págs. 12.48-12.57. CC-2016-759 20
Uno de los propósitos de la aprobación de FIRREA fue
buscar que los asuntos de las instituciones depositarias
fallidas se trabajaran de forma expedita.46 Como parte del
marco legal de FIRREA, el Congreso buscó limitar la
intervención judicial en los asuntos bajo el poder de la
FDIC.47 En el caso de las funciones de la FDIC como síndico,
la ley dispone un límite a la revisión judicial:
(D) Limitation on judicial review Except as otherwise provided in this subsection, no court shall have jurisdiction over— (i) any claim or action for payment from, o any action seeking a determination of rights with respect to, the assets of any depositary institution for which the Corporation has been appointed receiver, including assets which the Corporation may acquire from itself as such receiver; or (ii) any claim relating to any act or omission of such institution or the Corporation as receiver.48
Esta disposición se ha interpretado como la fuente de
la obligatoriedad de agotar los remedios administrativos
antes de acudir a los tribunales.49 En esencia, los
Tribunales de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos
46 Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 (codificada según enmendada
en 12 USCA sec. 1811, et seq.) (“To provide funds from public and private sources to deal expeditiously with failed depository institutions”. Sec. 101). 47 Véase, 12 USCA sec. 1821(d). 48 12 USCA sec. 1821(d)(13)(D). La palabra “Corporation” en este
caso se refiere a la FDIC. 12 USCA sec. 1811. Véanse: Westberg v. F.D.I.C., 741 F.3d 1301 (Cir. DC 2014); 49
Acosta-Ramírez v. BPPR, 712 F.3d 14, 19 (1er Cir. 2013) (citando a Marquis v. F.D.I.C., 965 F.2d 1148, 1152 (1er Cir. 1992)); Benson v. JPMorgan Chase Bank, 673 F.3d 1207, 1211-1212 (9no Cir. 2012) (citando a Henderson v. Bank of New England, 986 F.2d 319, 321 (9no Cir. 1993)); Village of Oakwood v. State Bank & Trust Co., 539 F.3d 373, 385 (6to Cir. 2008) (citando a Home Capital Collateral, Inc. v. F.D.I.C., 96 F.3d 760, 763-764 (5to Cir. 1996)). Véase, también, de Freitas, supra. (“It is well accepted, however, that a federal court does not obtain subject matter jurisdiction over a claim until the claimant exhausts the administrative claims procedure under that section”). CC-2016-759 21
han resuelto que la interpretación conjunta de las
disposiciones de la subsección 1821(d) de FIRREA da a
entender que el agotar los remedios administrativos es un
requisito jurisdiccional.50
A pesar de la amplia aceptación del requisito de
agotar remedios administrativos como requisito
jurisdiccional al amparo de FIRREA, los tribunales han
diferido y atendido controversias de su interpretación en
cuanto a su aplicabilidad en distintos contextos. Esto
incluye distinciones sobre contra quién o por quién se
presentó el reclamo, qué tipo de reclamo era y cuándo
surgió el reclamo. Por ejemplo, ha surgido el argumento en
cuanto a que el requisito de agotar remedios
administrativos no aplica a deudores, solo a acreedores de
las instituciones fracasadas.51 Estos argumentos han sido
rechazados por los tribunales de circuito.52 En Freeman v.
F.D.I.C., 56 F.3d 1394, 1400 (Cir. DC 1995), el tribunal
rechazó los argumentos de los reclamantes a los efectos de
50MTB Enterprises, Inc. v. ADC Venture, 780 F.3d 1256, 1259 (9no Cir. 2015). 51 de Freitas, supra. (“It may be tempting to argue that the claims-exhaustion requirement of 12 U.S.C.A. § 1821(d) applies only to “creditors” of a financial institution, not “debtors” such as borrowers on loans made by institutions”). 52 Véanse: McCarthy v. F.D.I.C., 348 F.3d 1075, 1079-1080 (9no Cir. 2003) (seguido en Rundgren v. Washington Mut. Bank, FA, 760 F.3d 1056, 1061-1062 (9no Cir. 2014)); Tri-State Hotels, Inc. v. F.D.I.C., 79 F.3d 707, 714 (8vo Cir. 1996); Freeman v. F.D.I.C., 56 F.3d 1394, 1400 (Cir. DC 1995); National Union Fire Ins. Co. v. City Savings, 28 F.3d 376, 389 (3er Cir. 1994). Existe una excepción reconocida en el caso de las cortes de quiebra. Véase: Freeman v. F.D.I.C., supra, pág. 1401. (“The concern underlying these cases is clear: if bankruptcy courts are ousted of jurisdiction […], the unity of the bankruptcy process may be fractured and some bankruptcy-related claims would be determined […] by FDIC administrative tribunals, which […] have little expertise in bankruptcy matters”). CC-2016-759 22
que su estatus de deudor les libraba del requisito de
agotar remedios administrativos:
The Freemans nonetheless contend that § 1821(d) applies only to claims for payment by “creditors” of the failed institution. They insist that as debtors they are not Madison’s “creditors” and therefore are not subject to the § 1821(d) jurisdictional bar. This contention, however, does not comport with the statutory language. The statute expressly bars courts from hearing any “claim or action for payment from” or “action seeking a determination of rights with respect to” the assets of a failed bank by the FDIC as receiver, unless the administrative claims process is exhausted. (Énfasis en el original y citas omitidas).53
El mismo razonamiento se ha seguido posteriormente.
En esencia, los tribunales han entendido que el lenguaje
del estatuto es sumamente amplio, y no puede entenderse
como limitado a los acreedores.54
Al citar al Primer Circuito en Marquis v. F.D.I.C.,
965 F.2d 1148, 1152 (1er Cir. 1992), la corte de Freeman
v. F.D.I.C., supra, definió que “esta barrera
jurisdiccional aplica a tres tipos distintivos de reclamos
o acciones: (1) todo reclamo que solicite pago de los
activos de las instituciones afectadas; (2) toda acción
que solicite satisfacción de esos activos; y (3) toda
acción para determinar los derechos vis a vis esos
activos”. (Traducción nuestra) (Cita y comillas
53 Freeman v. F.D.I.C., supra. 54 Tri-State Hotels, Inc. v. F.D.I.C., supra. (“Rather than mention creditors or limit its application to creditors, § 1821 (d)(13)(D) bars any claim or action for payment from, or any action seeking a determination of rights with respect to the failed institution’s assets unless administrative remedies have been exhausted”. (Énfasis en el original y comillas omitidas)). CC-2016-759 23
omitidas).55 Por lo tanto, cualquier parte que solicite
estos remedios con respecto a una institución fallida queda
afectada por el requisito.56
Por otro lado, hay división entre los circuitos sobre
si aplica el requisito jurisdiccional de la misma manera a
reclamos que se presentan previo a la entrada del FDIC, y
posteriormente.57 Un sector doctrinario de los circuitos ha
determinado que el requisito jurisdiccional aplica
igualmente a los reclamos previos y posteriores al
nombramiento del síndico (“pre- and post-receivership
claims”).58 Sin embargo, incluso entre aquellos circuitos
que han decidido que en ambos casos se debe acudir a los
remedios administrativos, se ha resuelto que no se trata
de una causa para desestimar un caso si estaba pendiente
al momento del nombramiento de la FDIC como síndico.59 Otro
55 Freeman v. F.D.I.C., supra, pág. 1400. 56 Íd. 57Véase: D.M. Roarty, Resolving Pre-Receivership Claims Against Failed Savings and Loans: An Unnecessarily Exhausting Experience, 63 Fordham L. Rev. 2315, 2330-2345 (1995). (“Although this Note focuses on those cases involving the RTC as receiver, the conclusions reached are equally applicable to lawsuits involving the FDIC”. Íd., págs. 2318-2319). 58 Véanse: Intercontinental Travel Marketing, Inc. v. F.D.I.C.,
45 F.3d 1278, 1282-1284 (9no Cir. 1994); Brady Development Co., Inc. v. Resolution Trust Corp., 14 F.3d 998, 1006 (4to Cir. 1994); Marquis v. F.D.I.C., supra, pág. 1151. (“We think that FIRREA makes participation in the administrative claims review process mandatory for all parties asserting claims against failed institutions, regardless of whether lawsuits to enforce those claims were initiated prior to the appointment of a receiver”). Véanse: Intercontinental Travel Marketing, Inc. v. F.D.I.C., 59
supra, pág. 1284. (“We agree that a stay may be appropriate where the district court examines jurisdiction when the claimant still has time to file an administrative claim with the FDIC before the administrative bar date passes”.); Brady Development Co., Inc. v. Resolution Trust Corp., supra. (“Pending actions must be stayed until the outcome of the administrative process”.); Marquis v. F.D.I.C., supra, pág. 1154. (“[Read] as constructing a scheme under which courts CC-2016-759 24
sector doctrinario entiende que FIRREA no veda de ninguna
manera que los tribunales atiendan los casos pendientes.60
En el presente caso nos interesa conocer cómo los
circuitos han interpretado las disposiciones de la sec.
1821(d)(13)(D) cuando se trata de un banco que ha adquirido
los activos de la institución fallida del FDIC.
Primeramente, debe observarse que el estatuto tiene
un lenguaje claro. Como mencionamos, la disposición abarca
todo reclamo o acción que se relacione con los activos de
la institución fallida o con los actos u omisiones de esta
o de la FDIC como síndico.61 El inciso (i) limita las
acciones que soliciten pago o determinación de derechos
sobre activos de la institución fallida.62 Por otro lado,
el inciso (ii) limita las acciones que surjan por un acto
u omisión de la institución fallida y la FDIC.63 Se trata
de un criterio funcional, no de forma.64 No surge
will retain jurisdiction over pending lawsuits—suspending, rather than dismissing, the suits—subject to a stay of proceedings as may be appropriate to permit exhaustion of the administrative review process as it pertains to the underlying claims”). 60 Véase: Whatley v. Resolution Trust Corp., 32 F.3d 905, 907-
909 (5to Cir. 1994): Congress created a separate scheme for the handling of pre- receivership actions, giving the receiver the privilege, but not the duty to request a stay of judicial proceedings so that it might first consider the pending claim administratively. Neither a request for a stay nor the failure to request a stay deprives the district court of jurisdiction. Rather, if the receiver requests a stay, the court will defer action temporarily. 61 12 USCA sec. 1821(d)(13)(D). 62 Íd. 63 Íd. Rundgren v. Washington Mut. Bank, supra, pág. 1064. (“Where 64
a claim is functionally, albeit not formally, against a depository institution for which the FDIC is receiver, it is a ‘claim’ within CC-2016-759 25
clasificación alguna que limite la figura del demandado,
solo la causa que da lugar a la acción. Así también han
resuelto varios circuitos federales.
En Benson v. JP Morgan Chase Bank, 673 F.3d 1207 (9no
Cir. 2012), el Noveno Circuito atendió un caso en el cual
un grupo de inversionistas demandó al banco, JP Morgan
Chase Bank (JP Morgan), como sucesor de Washington Mutual
(WaMu), por una estafa.65 Los inversionistas argumentaron
que JP Morgan, al adquirir los activos y los pasivos de
WaMu conforme a FIRREA, era responsable tanto como sucesor
de WaMu como por haber continuado las prácticas
problemáticas de esta posterior a su asunción.66 La corte
de distrito desestimó la demanda por falta de jurisdicción,
porque los inversionistas no habían agotado los remedios
administrativos provistos en FIRREA.67 El Noveno Circuito
separó este asunto en dos controversias: (1) si FIRREA
extiende a JP Morgan la defensa de remedios administrativos
por la conducta de WaMu, y (2) si FIRREA extiende a JP
Morgan la defensa de remedios administrativos por la
conducta propia.68 Así las cosas, resolvió en la afirmativa
la primera, y en la negativa la segunda.69 El Noveno
the meaning of FIRREA’s administrative claims process”). (Énfasis suprimido y citas omitidas). 65Específicamente demandan por un llamado “Ponzi scheme”. Benson v. JP Morgan Chase Bank, supra, pág. 1209. 66 Íd. 67 Íd. 68 Íd. 69 Íd. Particularmente, se dispuso lo siguiente: CC-2016-759 26
Circuito entendió que el lenguaje inequívoco de FIRREA
distingue entre la base fáctica de los reclamos,
independientemente de la identidad de la institución.70
Entiéndase, que lo importante no es contra quién se ejerce
la acción (sea el banco fallido, la FDIC o el banco que
adquiere los activos) sino los hechos que dan lugar al
reclamo.71 Esto, dado a que la limitación jurisdiccional
aplica a cualquier reclamo relacionado a un acto u omisión
de la institución fallida o el FDIC como síndico.72 No
obstante, por esta misma razón, resolvió el Noveno Circuito
que no se extendía el requisito a acciones que se basaran
en actos u omisiones cometidas por el banco que adquiere
los activos de la institución fallida.73 El razonamiento de
este tribunal se siguió igualmente en otros circuitos.74
We reject plaintiff’s first contention. Litigants cannot avoid FIRREA’s administrative requirements through strategic pleading. Accordingly, we join three other circuits in concluding that a claim asserted against a purchasing bank based on the conduct of the failed bank must be exhausted under FIRREA. The same is not true, however, with respect to claims based on purchasing bank’s post- purchase actions. Such claims are not governed by FIRREA. They could not, and accordingly need not, be exhausted before the FDIC. (Citas omitidas y énfasis suplido). 70 Benson v. JP Morgan Chase Bank, supra, pág. 1212. 71 Íd. 72 12 USCA sec. 1821(d)(13)(D); Benson v. JP Morgan Chase Bank, supra. 73 Benson v. JP Morgan Chase Bank, supra, pág. 1215. 74 Willner v. Dimon, 849 F.3d 93 (4to Cir. 2017); Tellado v.
IndyMac Mortg. Services, 707 F.3d 275 (3er Cir. 2013); Farnik v. F.D.I.C., 707 F.3d 717 (7mo Cir. 2013) (“Recognizing that strategic case captioning would allow creditors to completely bypass FIRREA’s administrative process, we join our sister circuits and hold that the FIRREA administrative exhaustion requirement is based not on the entity named as defendant but on the actor responsible for the alleged wrongdoing”. Íd., pág. 723); Acosta-Ramírez v. BPPR, supra. (“Looking to the substance rather than the form, the plaintiffs’ claims are indeed claims against the receivership. […] The plaintiffs may not avoid that reality through strategic pleading. Their claims are CC-2016-759 27
En una decisión anterior, el Circuito del Distrito de
Columbia (Circuito de DC) resolvió de manera similar y con
sujetos semejantes. En American Nat. Ins. Co. v. F.D.I.C.,
642 F.3d 1137 (Cir. DC 2011), un grupo de bonistas de una
institución depositaria demandaron en daños y perjuicios.
Los bonistas alegaron que JP Morgan, a través de actos
impropios, ejerció presión sobre el gobierno federal para
que adquirieran a WaMu y se lo vendieran.75 El tribunal de
distrito desestimó la demanda porque los bonistas no habían
agotado los remedios administrativos de FIRREA.76 En
apelación, el Circuito de DC hace una distinción importante
entre lo que es un reclamo al amparo de FIRREA y la
situación de los bonistas.77 Específicamente, dispuso lo
siguiente:
First, subsection (ii) of § 1824(d)(13)(D) bars only claims that relate to an act or omission of the failed bank of the FDIC-as-receiver, and appellants’ suit is simply not a “claim” under FIRREA. In FIRREA, the word “claim” is a term-of-art that refers only to claims that are resolvable through the FIRREA administrative process, and the only claims that are resolvable through the administrative process are claims against the depository institution for which the FDIC is receiver. Because appellants’ suit is against a third-party bank for its own wrongdoing, not against the depository institution for which the FDIC is receiver, their suit is not a claim within the meaning of the Act and this is not barred by subsection (ii). (Paréntesis suprimido).
jurisdictionally barred”. Íd., pág. 21); Village of Oakwood v. State Bank & Trust Co., supra, págs. 384-386. 75 American Nat. Ins. Co. v. F.D.I.C., 642 F.3d 1137, 1139 (Cir. D.C. 2011). La demanda se instó en el tribunal estatal, pero se removió con la intervención de la FDIC. 76 Íd. 77 Íd., pág. 1142. CC-2016-759 28
Second, although subsection (i) of § 1824(d)(13)(D) reaches more broadly than (ii), encompassing not just “claims” but also “action[s] for payment from, or […] seeking a determination of rights with respect to, the assets of any depositary institution for which the [FDIC] has been appointed receiver,” its plain language excludes the suit brought by appellants. Appellants’ suit seeks relief from JPMC for its own conduct; the mere fact that JPMC now owns assets that Washington Mutual once owned does not render this suit one against or seeking a determination of rights with respect to those assets. (Cita omitida y corchetes en el original).78
De lo anterior entendemos que la distinción es una
fáctica. En este caso, a pesar de la similitud formal,
funcionalmente se distingue de la situación que aparece
posteriormente en el Noveno Circuito, pues, realmente se
trató de una acción torticera de la institución depositaria
que adquiere los activos por FIRREA. Por esa razón, revocó
la determinación de falta de jurisdicción.79
E. El contrato de prenda
La prenda se define como “el derecho real constituido
en garantía del cumplimiento de [una obligación], mediante
el cual el acreedor, luego de obtener la posesión material
de un bien mueble […], queda facultado para venderlo, en
caso de incumplimiento”.80 Un contrato de prenda debe
cumplir con los siguientes requisitos esenciales:
(1) Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. (2) Que la cosa pignorada […] pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca.
78 Íd. 79 Íd., pág. 1145. 80 J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Centro
Gráfico del Caribe Inc., 1995, T. II, pág. 480. CC-2016-759 29
(3) Que las personas que constituyan la prenda […] tengan la libre disposición de sus bienes o en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto.81
Adicionalmente, la cosa en que consiste la prenda debe
ser susceptible a enajenación, una vez venza la obligación
principal.82 Por último, la prenda requiere que se ponga la
cosa en posesión del acreedor para que se constituya el
contrato.83 El deudor no puede solicitar la restitución de
la cosa mientras no pague la deuda y sus intereses.84 Por
otro lado, no es oponible a tercero a menos que “conste la
certeza de la fecha por documento auténtico”.85
Mientras dura el derecho de prenda, el acreedor tiene
derecho de retención sobre la cosa.86 Tan pronto se extinga
el derecho de prenda, el acreedor debe devolver la cosa
pignorada.87 Sin embargo, si el deudor contrajera otra deuda
con el acreedor mientras dura el derecho de retención, el
81 Art. 1756 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5001. 82 Art. 1757 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5002. 83 Art. 1762 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5021. 84 Art. 1770 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5029. 85 Art. 1764 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5023. Véase, también, Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 503 (1980): La prenda, como se sabe, no es un contrato de constitución formal. Para su existencia basta que se haya concertado de cualquier manera lícita y que cumpla con los requisitos intrínsecos que el Código exige (Art. 1762); puede constituirse hasta verbalmente, y obligará a las partes. Lo que ocurre es que para que pueda oponerse con éxito frente a terceros la certeza de su fecha deberá constar por documento auténtico. Este pequeño requisito de formalidad, para que pueda operar contra terceros, se basa en el propósito de evitar la simulación de créditos pignoraticios por un deudor en perjuicio y fraude de terceros acreedores suyos. 86 Art. 1765 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5024. 87 J. R. Vélez Torres, op. cit., pág. 483. CC-2016-759 30
acreedor podrá prorrogar la retención hasta que se
satisfagan ambos créditos.88 “Ahora bien, durante la
vigencia del contrato de prenda, no puede el acreedor
disponer de la cosa”.89 Esto, pues el acreedor tiene la
obligación de restituirla una vez quede satisfecha la
obligación principal.90
Cabe destacar que el propósito de las restricciones
al uso y el destino del bien prendario es conservar la
integridad del bien pignorado pues, una vez quede
satisfecho el crédito, la cosa dada en prenda revertirá a
quien la constituyó.91 Así, la restitución es la última
obligación del acreedor prendario.92 Como hemos expresado,
la restitución no es otra cosa que la devolución del bien
dado en prenda a quien la constituyó en garantía del pago
de una deuda. (Énfasis en el original).93
La obligación del acreedor a restituir la cosa surge
inmediatamente cuando se paga la deuda.94 Si este pago se
efectuara por un tercero, en determinadas circunstancias,
se puede dar el efecto de subrogación.95 En este caso, la
obligación no se extingue y las garantías permanecen
88 Íd. 89 Íd. 90 Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank, 140 DPR 703, 711 (1996). 91 Íd. 92 Íd. 93 Íd. 94 Íd., págs. 711-712. 95 Íd., pág. 713. CC-2016-759 31
vivas.96 Este derecho es susceptible a renuncia, siempre
que esta “sea clara, terminante, explícita e inequívoca”.97
En Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank, 140 DPR 703
(1996), este Tribunal resolvió una controversia similar a
los hechos del caso de autos.
En esencia, Eastern Sands, Inc. (Eastern) garantizó
con prenda un préstamo concedido por Roig Commercial Bank
(Roig). En lo pertinente, el presidente de Eastern, el Sr.
Francisco Rincón, en su carácter personal, saldó la deuda
de Eastern con Roig y solicitó la devolución de la cosa
dada en prenda. Discutimos en ese caso que, si Eastern
hubiera pagado la obligación por sí misma, correspondería
que se le devolviera la cosa inmediatamente. Sin embargo,
no fue Eastern quien pagó. Al haber pagado el señor Rincón,
un tercero con interés en el cumplimiento de la obligación,
este se subrogó en la posición de acreedor y le
correspondía la posesión de la cosa dada en prenda, como
accesorio del crédito adquirido.98 Entre otras cosas,
resolvimos que la enajenación del “pagaré dado en prenda a
Roig constituye una violación del deber de custodia y
cuidado de pater familiae que impone la ley y viola el
deber de restitución que tenía Roig como acreedor
pignoraticio”.99 También enunciamos que “la demora del
96 Íd. 97 Íd., págs. 719-720. 98 Íd., pág. 717. 99 Íd., pág. 723. CC-2016-759 32
señor Rincón en requerir del ROIG la entrega de la prenda”
no constituía renuncia de su derecho.100 “Un retraso en el
ejercicio de un derecho no da base para presumir la
intención inequívoca de renunciarlo, máxime cuando se trata
de una acción sin término prescriptivo fijo, que queda
sujeta al plazo de quince años”.101
III
En este caso, la parte peticionaria hizo tres
señalamientos de error, todos basados en cuestiones
jurisdiccionales. La primera alegación es sobre la
aplicabilidad de la paralización automática, la segunda
trata la alegada falta de parte indispensable y la tercera
versa sobre la necesidad de agotar los remedios
administrativos provistos en FIRREA. Veamos cada uno de
ellos por separado.
En su primer señalamiento de error, la parte
peticionaria sostiene que la paralización automática del
procedimiento de quiebra, al cual se sometió AFI, abarcaba
toda la controversia en torno a los pagarés por formar
parte del caudal de AFI.102 Cabe destacar que, en la
sentencia recurrida, esta controversia solo se menciona en
forma de un escolio que lee:
El 28 de enero de 2016 el Tribunal de Primera Instancia decretó el archivo administrativo del caso debido a que Allied Financial, Inc., se acogió a los beneficios
100 Íd., pág. 720. 101 Íd. 102 Petición de certiorari, pág. 14. CC-2016-759 33
de la Ley de Quiebras. No obstante, este Tribunal entiende que la determinación de la Corte de Quiebras no impide la resolución en los méritos del presente caso.103
Ahora bien, es menester recordar que AFI, la
corporación que se acogió al procedimiento de quiebra, no
es una parte en el caso ante nuestra consideración. Como
hemos mencionado, los efectos de la paralización automática
aplican exclusivamente al deudor que se acoge al
procedimiento de quiebra, mas no así a terceros. Por
consiguiente, no es correcto en Derecho extender esa
paralización a AMGI como pretende la parte peticionaria.
Además, AMGI anejó a su alegato, para conocimiento de
este Tribunal, una transcripción y la minuta
correspondiente de los procedimientos ocurridos en la
acción adversativa instada por AFI en contra de WM Capital,
la parte que presuntamente adquirió los pagarés en
controversia de la parte peticionaria.104 De estos
documentos surge que la Corte de Quiebras no ha extendido
la paralización automática al presente pleito. Por el
contrario, lo que hizo fue suspender los asuntos
relacionados a la controversia referente a los pagarés
hasta tanto esta Curia emita su determinación al
respecto.105 Específicamente, la minuta de la Corte de
Quiebras lee: “Debtor’s confirmation and its objection to
103 Apéndice de la petición de certiorari, pág. 6. 104 Apéndice del alegato de los recurridos, págs. 94-113. 105 Alegato de los recurridos, págs. 23-28. CC-2016-759 34
WM’s claim no. 2 are held in abeyance until the resolution
of the adversary case and until the resolution of the state
court action before the Puerto Rico Supreme Court”.
(Énfasis suplido).106
Curiosamente, la parte peticionaria incluye en sus
anejos documentos del mismo trámite, pero llega a una
conclusión distinta.107 Este aduce que se privó de
jurisdicción a los tribunales estatales por virtud del
procedimiento de quiebra, sin embargo, incluye entre sus
apéndices la minuta que dispone la suspensión de la
controversia en cuanto a los pagarés.108 Incluso, aneja
sendas mociones de las partes en ese caso que dejan clara
la distinción señalada por AMGI entre la controversia sobre
los pagarés y la controversia central de la acción
adversativa, el retracto de crédito litigioso:
3. In this case Debtor has filed adversary proceeding no.: 16-0033 in order to assert the right to purchase the litigious credit for the same amount the credit was purchased by WM Capital from Scotiabank. . . . . . . . . 5. The Debtor also objects the extent of the security claimed by WM. WM is claiming that Claim #2 is fully secured by certain mortgages. Among the mortgages included, WM is asserting a lien over Property #2748 on account of two mortgage notes for $800,000.00 and $400,000.00. Nevertheless, the Debtor does not have any interest in this property. The same was sold to a third party, (Allied Management Group) who paid in full these notes to
106 Apéndice del alegato de los recurridos, pág. 112. 107 Véase, Índice del apéndice del alegato del peticionario. 108 Apéndice del alegato del peticionario, págs. 219-220. CC-2016-759 35
Debtor’s original lender R&G Premier Bank of Puerto Rico (R&G). 6. When the FDIC closed R&G and thereafter sold its assets to Scotiabank, Allied Management requested the turnover of the mortgage notes to Scotiabank. Scotiabank refused to tender the notes and the matter is subject of state court litigation. (Énfasis suplido).109
De lo anterior surge claramente que los pagarés en
controversia no son objeto de la acción adversativa.
Primero, porque así lo reconoce la propia Corte de
Quiebras, quien decidió ordenar la suspensión del asunto
hasta tanto se dilucide dicha controversia en los
tribunales estatales, y segundo, porque su titularidad no
es un hecho medular en la acción adversativa. Simplemente
debe adjudicarse la titularidad para determinar si WM
Capital ha presentado colateral suficiente para asegurar
su reclamo, cuestión que se ha encomendado al tribunal
estatal. Más aún, en contestación a la moción citada, WM
Capital responde:
This controversy is currently being litigated in the Supreme Court of Puerto Rico and is still pending resolution between Allied Management and Scotiabank. […] Since the issue raised in objection deals with property that is not part of the estate and mortgages issued by an entity that is not the Debtor, and, since these issues are pending before the Supreme Court, the Court should deny the Objection, or defer consideration of the same, until a final judgement is issued on this matter in the pending local court litigation. (Énfasis suplido).110
Por todo lo anterior, entendemos que no se ha privado
de jurisdicción a los foros estatales para adjudicar la
109 Íd., págs. 203-205. 110 Íd., pág. 216. CC-2016-759 36
controversia relacionada a la titularidad de los pagarés.
Consecuentemente, no se cometió el error señalado.
En su segundo señalamiento de error, la parte
peticionaria sostuvo que WM Capital es parte indispensable
en este litigio debido a que es la tenedora actual de los
pagarés en controversia.111 A esos efectos, el Tribunal de
Apelaciones resolvió que, aun en el caso de que exista un
acuerdo entre WM Capital y la parte peticionaria que haya
privado de tenencia al peticionario,112 no es indispensable
la presencia de WM Capital en el litigio, pues la
adjudicación final no le privaría de remedio.113 AMGI
tendría disponible una acción de daños contra la parte
peticionaria o, en el supuesto de que el peticionario se
encontrara imposibilitado de devolver los pagarés, tendría
que pagarle el importe del valor de estos.114 Los argumentos
levantados por la parte peticionaria descansan sobre la
posibilidad de que el procedimiento de quiebra adjudique
la titularidad de los pagarés y de esa manera se prive de
derecho a AMGI.115 No obstante, como ya indicamos, la Corte
de Quiebras reconoció que son los tribunales estatales
quienes adjudicarán la controversia sobre la titularidad
de los pagarés. En ese sentido, carecen de méritos los
111 Petición de certiorari, pág. 17. 112 Apéndice de la petición de certiorari, pág. 13: “Debemos señalar
que en el expediente no obran documentos que evidencien el referido acuerdo o contrato entre Scotiabank y WM Partners”. 113 Íd., pág. 13. 114 Íd., págs. 13-14. 115 Petición de certiorari, págs. 16-17. CC-2016-759 37
argumentos presentados por la parte peticionaria. Además,
coincidimos con la determinación del Tribunal de
Apelaciones sobre las otras acciones disponibles que
tendría AMGI si la parte peticionaria tuviera que
devolverle los pagarés y fuera incapaz de ello. Por lo
tanto, entendemos que el foro apelativo intermedio resolvió
correctamente.
Finalmente, la parte peticionaria alegó que el
Tribunal de Apelaciones incidió al asumir jurisdicción
sobre el caso, a pesar de que no se agotaron los remedios
administrativos que dispone FIRREA. A esos fines, debemos
determinar si era requisito jurisdiccional que AMGI agotara
los remedios administrativos al amparo de FIRREA para
ejercer su acción contra la parte peticionaria.
En primer lugar, cabe precisar que AMGI sostuvo en su
alegato que no era requisito agotar los remedios
administrativos, porque “los actos y omisiones que se
reclaman en este pleito no son atribuibles a R-G sino a
Scotiabank”.116 Esta posición fue avalada por el Tribunal
de Apelaciones al disponer lo siguiente:
En el presente caso los Peticionarios [AMGI] saldaron la deuda de $1,080,000.00 garantizada con los dos pagarés en disputa en octubre del año 2009. Los Peticionarios solicitaron la devolución de los pagarés en el año 2013, cuando Scotiabank tenía la posesión de estos. Consecuentemente, el incumplimiento con los términos del ‘Mortgage Warehouse Credit Agreement’ y del ‘Term Loan Agreement’ ocurrió en el 2013, cuando Scotiabank se negó a devolver los dos pagarés saldos. Ante este escenario, el incumplimiento no es imputable al banco fallido RG ni al FDIC, por lo cual no aplica
116 Alegato de los recurridos, pág. 37. CC-2016-759 38
el procedimiento administrativo provisto por FIRREA. Además, es apropiado señalar que la FIRREA no autoriza el incumplimiento con obligaciones contractuales.117
Así las cosas, en el presente caso lo que corresponde
es determinar si la acción instada en contra de la parte
peticionaria constituye un reclamo al amparo de la sec.
1821(d)(13)(D) de FIRREA, de manera que sea jurisdiccional
el requisito de los remedios administrativos.
Aquí la parte peticionaria es una institución
depositaria que adquirió los activos de R-G a través del
FDIC, facultado para ello por FIRREA. Al tratarse de
activos adquiridos por FIRREA, corresponde primero
determinar si estamos ante una situación contemplada por
el inciso (i) o (ii) de la limitación judicial de FIRREA.
Es decir, primero debemos resolver si estamos ante una
acción solicitando pago o determinación de derechos sobre
los activos, o si, de lo contrario, estamos ante una acción
u omisión. Esto, porque si estamos ante una situación bajo
el inciso (i), el tribunal estaría vedado por completo para
actuar. Sin embargo, si se trata de un escenario enmarcado
en el inciso (ii), lo determinante será si las acciones u
omisiones fueron por parte de R-G, de la FDIC como síndico,
o de la parte peticionaria por sí mismo. Para ello,
examinemos las circunstancias particulares que dieron
origen a la reclamación en este caso.
117 Apéndice de la petición de certiorari, pág. 10. CC-2016-759 39
Primeramente, debemos señalar que la obligación sobre
la cual versa este caso es un contrato de prenda suscrito
entre R-G y AFI.118 A través de este, R-G concedió a AFI un
adelanto de una línea de crédito y, como garantía de pago,
AFI entregó en prenda los pagarés.119 Conforme alega AMGI,
una vez AFI saldara el monto del adelanto se le devolverían
los pagarés dados en prenda.120 No obstante, a pesar de que
AMGI pagó el monto correspondiente y, como tercero con
interés activó el derecho de subrogación, este nunca
solicitó a R-G la devolución de los pagarés.121 No fue hasta
que la parte peticionaria adquiere los pagarés que AMGI
peticionó su devolución. Así, ante la negativa de la parte
peticionaria surge la presente causa de acción.
A base de lo anterior, podemos colegir que no estamos
ante un escenario bajo el inciso (i) de la sec.
1821(d)(13)(D) de FIRREA. Es decir, en este caso no se está
solicitando el pago o la determinación de derechos sobre
activos de la institución fallida, o sea, de R-G. Este
pleito trata sobre un incumplimiento contractual que, a
primera vista, podría estar enmarcado en el inciso (ii)
sobre las acciones u omisiones del banco fallido o del
FDIC. Ahora bien, siguiendo la interpretación que han
118 Íd., págs. 3-4. 119 Íd., pág. 4. 120 Íd., págs. 11-12. 121 Incluso, en su alegato, la parte peticionaria declara que
“Allied Management ni Allied Financial exigieron la devolución de los pagarés cuando remitieron la suma de dinero a R-G”. Alegato del peticionario, pág. 7. CC-2016-759 40
brindado los circuitos a este inciso, habría que evaluar a
quién se atribuye la acción u omisión, si a R-G, al FDIC o
a la parte peticionaria. Esto pues, como mencionamos, el
referido inciso (ii) solo sería aplicable cuando las
acciones u omisiones son atribuibles a la institución
fallida o al FDIC.
Al examinar los hechos de este caso, es preciso
mencionar que, aun cuando la obligación de R-G de entregar
los pagarés hubiese surgido desde que AMGI satisfizo la
deuda de AFI, no fue hasta que la parte peticionaria se
negó a entregarlos que se entendería violentado
definitivamente el contrato de prenda. Ello, pues el pago
de AMGI no extinguió el contrato, sino que causó su
subrogación en la posición del acreedor. AMGI, como dueño
de la propiedad hipotecada a favor de AFI y objeto de los
pagarés aquí en controversia, es un tercero con interés
cuyo pago de la obligación activó la subrogación. A base
de estos hechos, es claro que la acción ocurrió como
resultado del incumplimiento de la parte peticionaria con
el contrato de prenda. Es decir, el incumplimiento no fue
por parte del banco fallido o por la FDIC, sino que fue
por el banco sucesor. Por lo tanto, no reunía los
requisitos dispuestos en el inciso (ii) y, por
consiguiente, no se tenían que agotar los remedios
administrativos dispuestos por FIRREA. Así, los tribunales
estatales tenían jurisdicción para atender la demanda
instada. CC-2016-759 41
Por todo lo anterior, resolvemos que no se cometieron
los errores señalados y, por consiguiente, el Tribunal de
Apelaciones actuó con jurisdicción al emitir su
determinación. Así, se confirma el dictamen recurrido.122
IV
Por los fundamentos que anteceden, se confirma el
dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado
122 Es preciso señalar que la parte peticionaria no impugnó los
méritos de la determinación del Tribunal de Apelaciones ante este Tribunal, entiéndase, el asunto de la titularidad de los pagarés. A esos efectos, este dispuso lo siguiente: “[E]n este recurso no pretendemos que el Honorable Tribunal resuelva qui[é]n es el titular de los pagarés hipotecarios de Isabela. En el caso de epígrafe solo planteamos que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para adjudicar esa controversia ante los procedimientos seguidos ante la Corte de Quiebras y la ausencia de WM Capital como parte indispensable”. Alegato del peticionario, pág. 45. EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, se confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo
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